Protección contra Ilustre Municipalidad de Vitacura

C.A. de Santiago Santiago, seis de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, actuando en representación de sus hijos menores de edad, nombre reservado y nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Vitacura, en su calidad de sostenedora del nombre reservado, por haber dispuesto la cancelación de la matrícula de los alumnos para el año escolar 2026, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en un procedimiento que califica de viciado y desproporcionado, vulnerando con ello el derecho fundamental a la educación, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 10, por lo que solicita se deje sin efecto dicha medida disciplinaria y se permita la continuidad escolar de los adolescentes en el mismo establecimiento.

Expone que el 14 de octubre de 2025 su hija nombre reservado fue víctima de hostigamientos en el transporte público por parte de otras estudiantes del colegio, culminando en una agresión física en su contra al descender en la estación de metro, ante lo cual su hija se defendió. Señala que su hijo nombre reservado, quien presenció los hechos, grabó una pequeña parte del conflicto de manera impulsiva para tener evidencia, difundiéndolo en un grupo privado y borrándolo a los pocos minutos.

Alega que el establecimiento educacional, mediante la encargada de convivencia escolar, actuó con prejuicios, aplicando el Protocolo N° 5 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y decretando inicialmente la medida de expulsión, la cual, tras un recurso de apelación, fue rebajada a cancelación de matrícula.

El recurrente sostiene que el colegio no investigó debidamente los episodios previos de acoso, no aplicó medidas de mediación, incurrió en vicios formales en la notificación y no consideró que sus hijos se encuentran en un proceso judicial proteccional que exige prioridad en el acceso y mantención en el sistema educativo.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la Ilustre Municipalidad de Vitacura, sostenedora del nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

En primer término, alega la improcedencia de la acción, argumentando que no existe un derecho indubitado y absoluto a permanecer en un establecimiento cuando se han vulnerado gravemente las normas de convivencia, y que la vía idónea para discutir aspectos técnico-educacionales y procedimentales es la Superintendencia de Educación.

En cuanto al fondo, niega que el actuar del colegio haya sido ilegal o arbitrario. Afirma que la cancelación de la matrícula es una medida ajustada a derecho, sustentada en la Ley General de Educación y en el Reglamento Interno del establecimiento (RICE). Expone que la medida se adoptó motivada por una falta gravísima cometida por los estudiantes, consistente en una agresión física (golpiza) y su posterior grabación y difusión en redes sociales por parte del alumno nombre reservado.

Señala que el colegio llevó a cabo un procedimiento racional y justo, que se garantizó el derecho a apelación (lo que derivó en la rebaja de la sanción de expulsión a cancelación de matrícula) y que la decisión se fundamentó en la obligación legal del establecimiento de proteger la integridad física y psíquica del resto de la comunidad escolar.

Argumenta que el derecho a la educación no es absoluto y encuentra su límite en el derecho a la integridad y seguridad de la comunidad educativa, la que se vio gravemente afectada por los actos de violencia descritos.

TERCERO: Que, en el marco de la tramitación de estos autos, se solicitó informe a la Superintendencia de Educación, la cual constató preliminarmente que el establecimiento educacional incurrió en inobservancias formales respecto de la normativa, tales como omisiones en la firma del director en ciertas instancias del procedimiento y deficiencias en la acreditación del derecho a presentar descargos por parte del apoderado.

Por consiguiente, la Superintendencia derivó los antecedentes a su Unidad de Fiscalización para los fines administrativos pertinentes, indicando que la medida podría no ajustarse estrictamente a las formalidades de la normativa educacional vigente. La parte recurrida formuló descargos contra este informe, señalando que la Superintendencia se extralimitó al emitir un pronunciamiento de fondo y prejuzgar sin que se haya tramitado un proceso administrativo sancionador con plena bilateralidad.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que la controversia jurídica en la especie radica en determinar si la decisión de la Ilustre Municipalidad de Vitacura y la Dirección del nombre reservado, consistente en cancelar la matrícula de los adolescentes nombre reservado y nombre reservado para el año escolar 2026, deviene en un acto ilegal o arbitrario que vulnere el derecho a la educación de los representados del actor.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes y documentos acompañados al proceso, consta que es un hecho pacífico que los alumnos participaron en un grave incidente de violencia física ocurrido fuera de las dependencias del establecimiento, y que uno de ellos registró en video dicho conflicto para luego compartirlo. Estas conductas se encuentran expresamente tipificadas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del establecimiento como faltas gravísimas, toda vez que atentan contra la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, no se advierte que la medida disciplinaria adoptada adolezca de arbitrariedad. La decisión del establecimiento se encuentra debidamente motivada en hechos concretos y reconocidos, fundándose en el imperativo de resguardar el clima escolar y la seguridad de los estudiantes.

El colegio, en ejercicio de sus potestades disciplinarias reconocidas por la ley, llevó a cabo el Protocolo N° 5, y la propia rebaja de la sanción inicial (de expulsión inmediata a cancelación de matrícula para el año siguiente) evidencia que existió una ponderación de los antecedentes y un funcionamiento efectivo de los mecanismos de revisión interna instaurados por el colegio.

El derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 N° 10 de la Carta Fundamental, no tiene un carácter absoluto y conlleva correlativos deberes para el educando, siendo el principal de ellos el acatamiento de las normas de convivencia escolar. La conducta de los menores pugnó gravemente con dichos deberes, lo que justifica razonablemente la decisión adoptada por la autoridad educacional.

OCTAVO: Que, respecto al informe evacuado por la Superintendencia de Educación, si bien dicho órgano técnico detectó posibles irregularidades formales en la tramitación del procedimiento disciplinario (tales como aspectos vinculados a las notificaciones), dichas inobservancias de índole estrictamente administrativa no poseen, en este caso particular, la entidad suficiente para desvirtuar la existencia material de la infracción gravísima cometida por los estudiantes, ni para calificar el acto final de cancelación de matrícula como irracional, caprichoso o desprovisto de fundamento legal a la luz de esta acción de emergencia. Las eventuales sanciones administrativas que procedan respecto del sostenedor seguirán su curso en el órgano fiscalizador, pero ello no obsta a la legitimidad sustantiva de la decisión del colegio para proteger a su comunidad educativa.

NOVENO: Que, por lo expuesto precedentemente, al no configurarse un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida que vulnere las garantías constitucionales invocadas por el actor, el presente arbitrio no puede prosperar y deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de sus hijos, en contra de la Ilustre Municipalidad de Vitacura y el nombre reservado.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en autos.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-26549-2025.