nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 16 de diciembre de 2025, comparece Matías Andrés Reinoso Miranda, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada legalmente por nombre reservado, por haber rechazado, a su parecer, de manera ilegal y arbitraria la solicitud de devolución de fondos previsionales de técnico extranjero mediante comprobante de fecha 18 de noviembre de 2025.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues impone al afectado una carga administrativa de imposible cumplimiento dada la situación de fuerza mayor derivada del cierre de las sedes consulares de su país de origen, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene la restitución de los caudales depositados en su cuenta de capitalización individual.

Expone que el afectado, profesional de nacionalidad venezolana con título de ingeniero en computación, solicitó la devolución de sus fondos de conformidad con lo prescrito en la Ley N° 18.156, acreditando debidamente su calidad de técnico, su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la voluntad de mantener dicha afiliación plasmada en su contrato de trabajo.

Señala que la administradora recurrida fundamentó su rechazo en la supuesta insuficiencia de la documentación para acreditar la cobertura por todos los riesgos legales y en la falta de una apostilla reciente, ignorando que desde el 29 de julio de 2024 la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile suspendió indefinidamente sus funciones, lo que constituye un hecho público y notorio que impide la obtención de nuevos certificados legalizados.

Argumenta que el afectado posee una declaración jurada emitida y legalizada en julio de 2023, cuya validez y continuidad previsional se corrobora con certificados electrónicos vigentes, por lo que la exigencia de la recurrida deviene en un rigorismo formal excesivo que contraviene el principio general de derecho ad impossibilia nemo tenetur, esto, es que nadie está obligado a cosas imposibles.

En cuanto a la infracción de garantías, explica que el acto impugnado conculca el derecho de igualdad ante la ley al otorgar un trato discriminatorio y desproporcionado al recurrente, exigiéndole requisitos de imposible satisfacción fáctica.

Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 numeral 24 de la Carta Fundamental, toda vez que los fondos previsionales son de dominio exclusivo del trabajador conforme al artículo 20 H del Decreto Ley N°3500, y su retención injustificada priva al titular de los atributos esenciales de su dominio y de la libre disposición de su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el rechazo de fecha 18 de noviembre de 2025 y se ordene a la recurrida proceder a la devolución total de los fondos previsionales del afectado dentro de quinto día, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado por esta Ilustrísima Corte, comparece la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., quien solicita el rechazo íntegro de la acción de protección deducida, con expresa condenación en costas.

Funda su pretensión, en primer término, en la improcedencia de la vía procesal elegida, toda vez que el recurso de protección no constituye un juicio de lato conocimiento para resolver materias de carácter contradictorio o declarar derechos dubitados, sino una acción cautelar de emergencia destinada a proteger derechos indubitados.

En subsidio, sostiene la inexistencia de actos ilegales o arbitrarios por parte de su representada, argumentando que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, nombre reservado, se ajustó estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Detalla que la documentación presentada por el actor resultó insuficiente para acreditar los requisitos del artículo 1° de la citada ley, por cuanto: a) la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) data del 6 de julio de 2023, excediendo el plazo de validez de 120 días determinado por la normativa sectorial para acreditar cobertura vigente; b) se acompañó una constancia de cotización sin la firma de la autoridad emisora y sin la debida apostilla o legalización exigida por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya; y c) las declaraciones juradas notariales presentadas no constituyen el medio idóneo para certificar coberturas de seguridad social en el extranjero.

Asimismo, la recurrida hace hincapié en que el actor registra una voluntad contradictoria al haber enterado cotizaciones en Chile sin haber ejercido oportunamente la facultad de exención, y subraya que, al detentar residencia definitiva en el país, el retiro de los fondos podría comprometer el principio de universalidad de la seguridad social y el erario nacional.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, resulta menester presente lo preceptuado en la Ley Nº18.156. Este cuerpo legal establece un régimen de excepción que exime de la obligación de cotizar en Chile, y autoriza la eventual devolución de fondos, condicionado al cumplimiento copulativo e insoslayable de ciertas exigencias. Su artículo 1° letras a) y b) dispone que el trabajador extranjero debe encontrarse afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Por tratarse de un régimen de exención, su interpretación y aplicación son de estricto derecho.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa, esta Corte advierte que el rechazo de la solicitud formulada a la AFP Provida S.A. se encuentra ajustado a derecho y plenamente justificado, toda vez que la constancia electrónica emitida por el IVSS no cumple con el requisito exigido en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, ya que lo requerido es un certificado en que conste que la recurrente está afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, con la cobertura mínima antes indicada.

Asimismo, la circunstancia de que el documento contenga un código de verificación electrónica no suple los requisitos de legalización o apostillamiento establecidos en el ordenamiento jurídico, cuya observancia es imperativa con independencia de las dificultades prácticas que pueda enfrentar la interesada para obtener dicha certificación.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegada vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, es preciso señalar que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente se encuentran afectos, por mandato del Decreto Ley N°3.500, a un destino legal específico, cual es el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. La devolución de dichos fondos en calidad de técnico extranjero constituye una excepción de carácter restrictivo, cuya procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento íntegro de los requisitos que establece la Ley N°18.156.

En consecuencia, no puede estimarse que exista una privación o perturbación del derecho de propiedad del recurrente, desde que el ordenamiento jurídico reconoce el carácter de ese derecho, pero establece modalidades concretas para su ejercicio, no habiéndose acreditado en autos el cumplimiento de las condiciones legales que habilitarían la entrega de los fondos.

SÉPTIMO: Que, por las mismas razones, tampoco se configura la vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. La exigencia de legalización o apostillamiento de los documentos que acreditan la afiliación previsional extranjera es de aplicación general y no importa una carga desproporcionada ni una discriminación arbitraria en perjuicio del recurrente, sino el cumplimiento de estándares normativos uniformes aplicables a todos quienes se encuentren en idéntica situación. No se advierte, entonces, trato desigual alguno que permita sustentar la vulneración de esta garantía.

OCTAVO: Que, finalmente, aun cuando se prescindiera de los razonamientos precedentes, cabe hacer presente que la acción de protección constituye, por su naturaleza, una vía cautelar de carácter excepcional y urgente, que no resulta idónea para resolver controversias que requieren de un examen de lato conocimiento, con producción de prueba y debate contradictorio en torno a la suficiencia, validez y alcance de los documentos presentados. En la especie, la determinación de si los antecedentes aportados por el recurrente satisfacen o no los requisitos legales para la devolución de fondos previsionales supone un análisis que excede el marco cautelar de la presente acción, lo que constituye un motivo adicional para desestimar el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26547-2025.