nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

Proveyendo el escrito folio 38: téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 39: por haber agotado el derecho con anterioridad, no ha lugar.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la juez del Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago Yelica Marianella nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en autorizar el remate de dos propiedades del recurrente en la causa C-5284-2021, a pesar de que estas no se encuentran embargadas en los autos sobre cobranza laboral que se siguen ante su tribunal.

Sostiene que este acto vulnera su derecho de propiedad, así como también el debido proceso, ambos garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que con fecha 18 de marzo de 2024 se emitió una certificación por parte del Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago, dando cuenta de una solicitud presentada por su parte respecto de los bienes embargados en la causa sobre cobranza laboral que se sigue en su contra, en la cual se fijó fecha para su remate el día 10 de abril de 2024. En dicha certificación, la juez recurrida autoriza el remate de dos propiedades del recurrente por una deuda que ascendería a la suma aproximada de $25.000.000.-, en circunstancias que el valor comercial de cada una de estas propiedades es de aproximadamente $100.000.000.

Afirma que las propiedades que se pretenden rematar no se encuentran actualmente embargadas, lo que constituiría un vicio que atentaría contra el debido proceso y el derecho de propiedad.

Agrega que se pretende rematar estas dos propiedades por una deuda que ni siquiera se encuentra liquidada, pasando por alto lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466 del Código del Trabajo, que exige practicar la liquidación dentro de tercero día y notificarla a las partes por carta certificada junto con el requerimiento de pago al ejecutado.

Reitera que la deuda que se le cobra ascendería a poco más de $20.000.000.-, lo que resulta completamente desproporcionado en relación al valor de las propiedades que se intentan rematar y que, además, se pretende subastar los inmuebles sin que previamente se haya trabado embargo sobre ellos, en contravención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 471 del Código del Trabajo.

Precisa que los bienes solo se encuentran cautelados por una prohibición de celebrar actos y contratos, lo que es muy distinto al embargo, el cual constituye un requisito esencial y previo para que pueda llevarse a cabo el remate tratándose de bienes inmuebles.

Expone que la ley exige que el remate se realice por un mínimo equivalente al 75% de la tasación del inmueble, la que a su vez debe ser practicada por el ministro de fe designado por el tribunal, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del mismo artículo 471, trámite que tampoco se habría verificado en el caso de autos.

En cuanto al derecho, el recurrente sostiene que los hechos antes descritos constituyen una violación a su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto no solo se ha amenazado o perturbado este derecho, sino que derechamente se le pretende privar del mismo, sin que previamente se haya practicado el embargo exigido por la ley, vulnerando de esta forma tanto la ley como la propia Constitución.

Pide, en definitiva, ordenar a la recurrida dejar sin efecto el remate pretendido para el día 10 de abril de 2024, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, con costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional en el siguiente tenor.

Expone que la causa en cuestión tiene su origen en una sentencia dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago el 1 de julio de 2021, que se encuentra ejecutoriada desde el 26 de noviembre de ese año, y que condena al recurrente al pago de diversas prestaciones e indemnizaciones laborales, entre ellas el recargo legal establecido en Ley Bustos, más las costas del juicio. Agrega que, en dicha instancia, en la última audiencia de juicio celebrada, el tribunal decretó como medida cautelar la prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un inmueble de propiedad del recurrente, inscrito a fojas 29.594 N°41.860 del Registro de Propiedades del año 2016.

Respecto de las alegaciones del recurrente relativas al monto de lo adeudado y al valor de los inmuebles cuyo remate se ha decretado, la recurrida sostiene que si bien la última liquidación practicada el 18 de enero de 2022 arroja un total de $18.517.263, nada impide que se proceda a efectuar una nueva liquidación dada su data y tomando en consideración que se persigue el pago de remuneraciones posteriores al despido del trabajador. Afirma que lo relevante es que no existen en el proceso otros bienes en los que hacer efectivo el crédito del ejecutante, como lo demuestra el embargo frustrado que consta a folio 80 de los autos, y el ejecutado no ha realizado ninguna gestión tendiente a solucionar el pago íntegro de su deuda. Agrega que este solo ha efectuado consignaciones por un total de $1.750.000 más lo retenido por la Tesorería General de la República, montos insuficientes para cubrir lo adeudado, sin que tampoco haya acreditado el pago de las cotizaciones previsionales a que fue condenado, por lo que el inmueble constituye el bien más idóneo y concreto para realizar la ejecución.

En cuanto a la falta de embargo de las propiedades reclamada por el recurrente, la jueza recurrida reconoce que en efecto estas no han sido objeto de dicha medida, sino que se encuentran afectas a una prohibición de celebrar actos y contratos decretada en su momento por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, la que se encuentra debidamente inscrita. Argumenta que en virtud de lo dispuesto en los artículos 465 y 471 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 235 N°3 del Código de Procedimiento Civil, se ha intentado llevar a cabo la ejecución del inmueble para obtener el pago de lo adeudado al trabajador, por lo que a la luz de dichas normas la medida precautoria decretada por el tribunal laboral resulta suficiente para asegurar el resultado de la acción y dar cumplimiento a lo resuelto en el fallo.

Finalmente, respecto del argumento de que se pretende rematar dos propiedades por una deuda que aún no ha sido liquidada, la recurrida afirma que el ejecutado fue requerido de pago el 14 de diciembre de 2021 y con fecha 28 de ese mismo mes y año procedió a objetar la liquidación y a oponer la excepción de pago, por lo que en su momento se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el artículo 466 del Código del Trabajo. Precisa que, si bien los inmuebles tienen roles de avalúo distintos, estos emanan de una misma escritura pública de compraventa y se encuentran inscritos a nombre del ejecutado a fojas 29.594 y N°41.860 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016. Agrega que los roles de avalúo del segundo semestre de 2023 de las propiedades ascienden $52.861.719 por el departamento 509 y a $47.143.111 por el departamento 510, y que de acuerdo al artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el ejecutado solicite una nueva tasación, lo que a la fecha no ha ocurrido, la tasación aplicable para efectos del remate será la que rija para el pago del impuesto territorial.

Hace presente que el tribunal ha hecho múltiples esfuerzos para obtener el pago del crédito adeudado al trabajador desde el año 2021, sin lograrlo hasta la fecha, por lo que conforme al marco legal vigente y con el fin de evitar mayores dilaciones, ha considerado que la medida precautoria ordenada por el tribunal laboral de base resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de autos.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en lo que dice relación con el quid del asunto materia de esta acción cautelar resulta pertinente recordar que el artículo 471 del Código del Trabajo prevé, en lo pertinente, que “Si no se ha pagado dentro del plazo señalado para ello en el inciso tercero del artículo 466, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 468, el ministro de fe designado por el tribunal procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas, tasando prudencialmente los mismos, consignándolo así en el acta de la diligencia, todo ello sin que sea necesaria orden previa del tribunal”;

QUINTO: Que luego de lo dicho, resultando reconocido expresamente por la juez a quo que los inmuebles que se intentan rematar en este proceso, si bien registran una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, decretada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, no han sido embargados en este proceso de apremio para su posterior remate, no es posible sino concluir que se han desatendido entonces por la juez a quo los principios más elementales del debido proceso en perjuicio del ejecutado, pues la ejecución en cobranza laboral debe proseguirse de acuerdo a las normas del juicio ejecutivo de obligaciones de dar, con las salvedades legales de excepción, normativa que ha sido obviada íntegramente en este caso.

Existe en el entender de la recurrida una evidente confusión sobre las instituciones jurídicas y sobre las normas procesales que deben ser acatadas en el cumplimiento de su quehacer jurisdiccional;

SEXTO: Que, así las cosas, no cabe sino concluir que el procedimiento de cobranza de marras adolece de ilegalidad que redunda en la vulneración de la garantía constitucional que se denuncia infringida, motivo que impone consecuentemente que el presente arbitrio deba ser admitido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra del Juzgado Cobranza de Santiago y, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho, se anula lo obrado en el procedimiento de cobranza C-5284-2021, a contar de la resolución que dio lugar al remate de los dos inmuebles que se individualizan en el presente arbitrio, debiendo enderezarse, de inmediato, la tramitación de la causa, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 2.651-2024.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogada Integrante señora Renée Rivero Hurtado.