Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior por haber incur

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de diciembre de 2025 comparece Matías Reinoso, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en no resolver la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la afectada dentro del plazo legal de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que han transcurrido más de 4 años sin que se dicte acto administrativo terminal respecto de dicha solicitud, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente solicitó el 30 de agosto de 2021 el reconocimiento de la condición de refugiada ante el Servicio Nacional de Migraciones y que, desde entonces, se le ha otorgado y renovado en reiteradas oportunidades una visa temporal, manteniendo arraigo laboral como asesora comercial, sin que a la fecha se haya dictado resolución final.

Alega que la omisión de la autoridad migratoria es ilegal, por cuanto el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece un plazo máximo e imperativo de 6 meses para resolver procedimientos administrativos, admitiendo como única excepción el caso fortuito o fuerza mayor.

Añade que el actuar es, además, arbitrario, pues existen otros solicitantes en condiciones equivalentes que han obtenido resolución dentro de los plazos legales, sin que exista justificación objetiva para el trato diferenciado dispensado a la afectada.

Denuncia que la conducta omisiva de las recurridas vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al dispensar un trato diferenciado y sin justificación objetiva a la afectada respecto de otros solicitantes en situación equivalente que sí han obtenido respuesta oportuna, configurando además una infracción al principio de servicialidad del Estado consagrado en el artículo 1°, inciso 4° de la Carta Fundamental.

Solicita que se ordene a las instituciones recurridas resolver la solicitud de refugio mediante la dictación de una resolución exenta con estricto apego a derecho, en un plazo que no exceda de 60 días o el que prudencialmente fije el tribunal, con expresa condena en costas a las recurridas.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, representado por María Paz Fuenzalida, abogada, evacúa su informe solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por estimar que no concurren los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que atente contra garantía constitucional alguna.

Expone que la recurrente ingresó al país el 5 de marzo de 2020 por paso fronterizo no habilitado y que con fecha 20 de diciembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada, encontrándose dicha solicitud actualmente en tramitación.

Añade que mediante Resolución Exenta NUM000 de 23 de diciembre de 2025, se otorgó a la afectada visación de residencia temporal por 8 meses, vigente hasta el 21 de septiembre de 2026, manteniendo así una condición migratoria completamente regular, sin que se haya dictado sanción migratoria alguna en su contra.

Explica que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado íntegramente por la Ley N°20.430 y el Decreto N°837, constituyendo una normativa especial que rige en plenitud la materia.

Agrega que el 20 de febrero de 2024 entró en vigencia la Ley N°21.655, que introdujo importantes modificaciones a dicho procedimiento, estableciendo nuevos requisitos de admisibilidad y formalización de las solicitudes, mediante la modificación de los artículos 2, 3, 6, 26 y 32 de la Ley N°20.430 y la incorporación de los artículos 28 bis y 28 ter.

Sostiene que para que una solicitud sea considerada formalmente admisible, debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430 y en los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, incluyendo la presentación ante autoridad competente dentro de plazo legal, el cumplimiento de los requisitos aplicables a solicitantes en situación migratoria irregular, y la acreditación de menciones mínimas exigidas reglamentariamente.

Argumenta, en relación con el plazo de tramitación, que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país constituye un caso fortuito o fuerza mayor que justifica la dilación, toda vez que ha generado un retraso considerable e irresistible para la autoridad.

Afirma que el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 tiene naturaleza de plazo no fatal, por cuanto la ley no le atribuye expresamente dicho carácter ni contempla sanción de caducidad asociada a su vencimiento, siendo por tanto meramente referencial y susceptible de ser prorrogado.

Refiere que al 13 de enero de 2025 el Servicio ha recibido 11.948 solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, concentrándose en la Región Metropolitana 6.199 de ellas, realizándose entre 108 y 140 entrevistas semanales, sin disponibilidad de agendamiento anterior al 27 de mayo de 2025, lo que impide asignar una fecha anterior sin vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

Solicita que se tenga por evacuado el informe y se rechace en todas sus partes la presente acción constitucional de protección, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de garantía constitucional alguna, sin condena en costas.

Tercero: Que la Subsecretaría del Interior, representada por Alejandra Salinas, abogada, evacúa su informe solicitando el rechazo total de la acción de protección, por estimar que no existen motivos plausibles para litigar, al no concurrir los presupuestos constitucionales ni legales que hacen procedente dicha acción.

Señala, en cuanto al marco normativo aplicable, que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado íntegramente por la Ley N°20.430 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°837, de 2010, siendo el Ministerio del Interior, a través del Subsecretario del Interior, el organismo competente para resolver mediante resolución exenta las solicitudes de reconocimiento de refugio, asesorado por la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y su Secretaría Técnica, que en los hechos ejerce el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones. Indica que la entrevista individual constituye una etapa obligatoria y esencial del procedimiento, debiendo realizarse por funcionarios idóneos conforme al artículo 30 de la Ley N°20.430, junto con la recopilación de información del país de origen del solicitante, según lo dispuesto en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

Afirma que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado requieren un análisis exhaustivo y particularmente complejo, atendida la gravedad de los fundamentos que justifican el otorgamiento de dicha protección especial.

Refiere que solo en el año 2024 se recibieron 2.498 solicitudes de refugio y 555 en 2025, debiendo contextualizarse estas cifras en el aumento exponencial de los últimos años, pues mientras entre 2010 y 2019 se contabilizaron cerca de 16.300 solicitudes, entre 2021 y 2025 se registraron más de 15.600.

Argumenta que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, criterio respaldado por reiterada jurisprudencia y que la Ley N°20.430 no establece plazo alguno para la tramitación de estas solicitudes, lo que refuerza la inexistencia de ilegalidad.

Explica que la sola pendencia de una solicitud no constituye, por sí misma, una afectación de derechos fundamentales, debiendo la parte recurrente acreditar la relación de causalidad entre la supuesta omisión y el agravio constitucional invocado y que la recurrente se encuentra amparada por el principio de no devolución, posee visación de residencia temporal vigente y se encuentra habilitada para trabajar y acceder a prestaciones sociales.

Afirma que acoger la acción vulneraría el principio de no discriminación consagrado en el artículo 8 de la Ley N°20.430, al favorecer artificialmente a quien judicializa su solicitud en desmedro de otros solicitantes que aguardan resolución por la vía regular, desvirtuando además la naturaleza cautelar y de emergencia de la acción de protección.

Solicita que se tenga por evacuado el informe requerido, se rechace en todas sus partes la acción de protección de autos, y se condene expresamente en costas a la parte recurrente, por no existir motivos plausibles para litigar.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye el hecho de no haberse dictado por los recurridos un acto terminal que resuelva la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada de la parte recurrente, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

Sexto: Que, para resolver la situación del recurrente, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

Luego, resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación;

Séptimo: Que es un hecho pacífico que no ha existido un pronunciamiento por parte del Servicio recurrido, que se ha limitado a señalar en su informe que el requerimiento se encuentra en trámite. pero habiendo realizado la solicitud el protegido el 5 de marzo de 2020, tal como lo señaló el propio Servicio Nacional de Migraciones, es decir, hace más de 5 años. En consecuencia, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad migratoria ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de las solicitudes de nacionalización que fue presentada por el actor.

Octavo: Que puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado el plazo razonable para emitir la decisión, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, de manera que la demora deviene en arbitraria.

Noveno: Que, en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece al recurrente, artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, dado que no existe razón atendible que justifique que no se proceda a su respecto del modo que regula la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Décimo: Que, en cuanto a la Subsecretaría del Interior, esta acción no podrá prosperar, por cuanto los antecedentes aún no han sido remitidos por el Servicio Nacional de Migraciones a ese organismo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento conforme a derecho respecto de la solicitud de autos, dentro del plazo de 60 días contados desde que esta sentencia adquiera el carácter de firme.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-26470-2025.