nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al realizar descuentos de su remuneración por conceptos de crédito social, pese a existir una demanda ejecutiva en trámite por la misma deuda, lo que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el N° 24 del artículo 19.

Expone el recurrente que en 2017 celebró un contrato de mutuo de dinero con la recurrida denominado "crédito social", cuyo pago fue pactado en diversas cuotas. Este crédito, añade, fue refinanciado en 2022, estableciéndose que los pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Señala luego que, transcurrido el pago de diecisiete cuotas, fue despedido de su trabajo por causas ajenas a su voluntad, cayendo en mora. Ante ello, indica el recurrente, la única opción que le ofrecieron fue repactar la deuda, lo que conllevaba un incremento artificial de la misma que lo dejaría en una situación financiera crítica.

Manifiesta que la recurrida hizo exigible el total la deuda mediante la interposición de una demanda ejecutiva con fecha 23 de mayo de 2024 en causa Rol N° C-9286-2024, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, la cual se encuentra en tramitación. No obstante lo anterior, señala que, para su sorpresa, en su remuneración de los meses de octubre y noviembre de 2024 le fueron descontados $257.947 y $230.997 respectivamente por la Caja de Compensación Los Andes, montos que incluso serían superiores al pactado según consta en la misma demanda.

El recurrente sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario, antojadizo y caprichoso, y que constituye un ejercicio de autotutela, pues haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades descuenta una suma antojadiza de su remuneración, en paralelo al cobro judicial tendiente a embargar y rematar bienes.

Sobre la arbitrariedad del acto recurrido recalca que la recurrida, al momento de interponer la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración para el cobro judicial, lo que también implica que conscientemente declinó de perseguir el pago individual de las cuotas.

Segundo: Que al evacuar el informe requerida la Caja de Compensación de Asignación Los Andes solicita el rechazo de la acción cautelar deducida.

Indica que el 31 de mayo de 2022 otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 051CON103088181, por un capital inicial de $8.597.637, a una tasa de interés mensual de 1.38%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $229.920, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de julio 2022, siendo debidamente pagadas las cuotas de los meses de julio 2022 a noviembre 2023, correspondientes a las Nos 1 a 17; así como las cuotas de los meses de diciembre 2023 y enero 2024, cuotas Nos 18 y 19, que fueron pagadas con fecha 8 de noviembre y 10 de diciembre 2024. Agrega que a la fecha esta operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de febrero a noviembre 2024, cuotas Nos 20 a 29.

Asimismo, refiere que el 7 de marzo 2023 otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 098CON103770248, por un capital inicial de $2.299.233, a una tasa de interés mensual de 2.23%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $100.820. De este crédito, las cuotas de los meses de mayo a noviembre 2023, cuotas Nos 1 a 7, fueron pagadas, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de diciembre 2023 a noviembre 2024, cuotas Nos 8 a 19.

La recurrida explica el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y señala que son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Sostiene que el mecanismo del “descuento por planilla” tiene particularidades relevantes, pues se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social; no depende de la voluntad o decisión de las Cajas de Compensación, sino que es obligatorio; la obligatoriedad recae sobre el empleador, y el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento por planilla. Argumenta que técnica y fácticamente es imposible sostener que el funcionamiento del descuento por planilla constituya una gestión de cobro por parte de la Caja, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona independientemente de la voluntad del acreedor.

En relación a la exigibilidad de la obligación, la recurrida afirma que está efectuando el cobro de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada. Expone que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, por lo que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo existe y es plenamente exigible.

La recurrida niega que exista una vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, argumentando que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas. Enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, pues las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en cuanto al conflicto planteado, es un hecho de la causa y, de acuerdo a los antecedentes acompañados, que la CCAF Los Andes, con fecha 31 de mayo de 2022 otorgó al recurrente un crédito social por el monto de $8.597.63707, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $229.920, y que el 7 de marzo 2023 le otorgó un segundo crédito social por la suma $2.299.233, pactado en 36 meses, con una cuota mensual de $100.820. Asimismo, consta de autos que a partir de las remuneraciones del mes de octubre de 2024 se procedió a descontar al recurrente la suma de $230.997, conforme consta de la liquidación de sueldo del recurrente correspondiente al mes de octubre de 2024.

Por otro lado, consta de los antecedentes y del sistema interconectado de tribunales, que el acreedor -parte recurrida- el 23 de mayo de 2024 interpuso demanda ejecutiva en contra del recurrente, accionando para el pago total de la obligación en la causa Rol N° C-9286-2024 seguida ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, esgrimiendo como título ejecutivo el pagaré suscrito por el recurrente en relación al primero de los créditos sociales que le fueron otorgados en la operación N° 051CON103088181, causa que se encuentra en actual tramitación, siendo notificada la ejecutada el 17 de julio de 2024, y habiéndose certificado con fecha 16 de agosto de 2024 que no se opusieron excepciones por la ejecutada, dándose continuación a la fase ejecutiva del mismo procedimiento y constando el embargo frustrado con fecha 19 de agosto de 2024, por no existir en el domicilio del ejecutado bienes susceptibles de embargar Quinto: Que habiéndose la recurrente constituido en mora desde el mes de febrero de 2024, se observa que el actuar de la Caja de Compensación Los Andes se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº 18.833, específicamente en su artículo 22, conforme al cual “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, no cabe sino concluir que la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra prescrita y es actualmente exigible.

Sexto: Que, como se ha razonado, no se configura el actuar ilegal o arbitrario alegado por la actora respecto de la Caja de Compensación recurrida, de modo tal que el recurso debe ser desestimado.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Andes.

Acordada contra el voto del Ministro señor Balmaceda, quien fue de opinión de acoger el recurso interpuesto, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Agrega el inciso segundo del mismo precepto que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

De la transcripción de la norma resulta claro que las Cajas de Compensación tienen el derecho, conferido por la ley, de obtener el pago de lo que adeuden afiliados a quienes hubiere concedido un crédito, mediante la deducción de las remuneraciones que efectúe la entidad empleadora también afiliada. Si el pago del crédito se hubiere pactado en cuotas mensuales, evidentemente este derecho se ejerce descontando mensualmente de la remuneración del trabajador la cuota respectiva.

2°.- Que, ahora bien, del examen a través del sistema computacional de seguimiento de causas de lo obrado en el proceso Rol N° C-9286-2024 seguida ante el Primer Juzgado Civil de Santiago sobre juicio ejecutivo de cobro de pagaré, consta que la Caja de Compensación recurrida demandó al ahora recurrente el cobro ejecutivo de un pagaré cuyo pago se había dividido en cuotas y ejerciendo el derecho que le confiere la cláusula de aceleración contenida en el título, hizo exigible el total del crédito como si fuera de plazo vencido.

En este escenario, sólo cabe concluir que la obligación originalmente pactada en cuotas pagaderas a plazo, devino pura y simple y actualmente exigible con motivo de manifestar el acreedor su intención de hacer efectiva la cláusula de aceleración, lo que aconteció con la presentación de la demanda, de modo tal que los descuentos de las cuotas del crédito con fecha posterior, que es el hecho que motiva el recurso, no encuentra sustento en la ley y resultan además arbitrarios, desde que la acreedora opta por una parte por el cobro ejecutivo del saldo total insoluto de crédito por la vía judicial y paralelamente obtiene el descuento directo de sumas de dinero de la remuneración del deudor a través del empleador correspondientes a cuotas ya inexistentes.

Lo anterior, en concepto del disidente, constituye una vulneración no permitida por el ordenamiento al derecho que la Constitución Política de la República le reconoce al recurrente en el N° 24 del artículo 19, de tal suerte que la acción de protección debió, en su concepto, ser acogida.

Regístrese y archívese.

Protección N°26.444-2024.