nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, diez de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República (en adelante CGR), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°E23.967/2025, de 13 de noviembre de 2025, notificada por correo electrónico con fecha 14 de noviembre del mismo año, mediante la cual se rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la medida disciplinaria de destitución aplicada por el Servicio de Impuestos Internos, contenida en la Resolución N°24, de 18 de agosto de 2023.

Expone que el reclamo administrativo fue presentado el 25 de agosto de 2023, al amparo del artículo 160 del Estatuto Administrativo, y que fue resuelto por la C.G.R. más de dos años después, plazo que estima contrario al mandato legal que obliga a dicho órgano a resolver dentro del término allí previsto.

Señala que el reclamo se fundó en diversos vicios del sumario administrativo instruido por el Servicio de Impuestos Internos, entre ellos la falta de determinación suficiente de la responsabilidad administrativa, la afectación del tiempo razonable de duración del procedimiento, el decaimiento del procedimiento y la vulneración del debido proceso por no habérsele permitido prestar declaración indagatoria.

Añade que los hechos que dieron origen a la formulación de cargos habrían ocurrido los días 6 de agosto y 2 de septiembre de 2019, por lo que, a la fecha en que Contraloría resolvió el reclamo administrativo, se encontraría prescrita la responsabilidad administrativa, de conformidad con los artículos 157 letra d) y 158 del Estatuto Administrativo.

Sostiene que la recurrida debió declarar la prescripción de la acción disciplinaria y el decaimiento del procedimiento, atendido el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, la formulación de cargos, la dictación del acto sancionatorio y la resolución del reclamo administrativo. Afirma que, al no hacerlo, incurrió en una actuación ilegal y arbitraria.

Agrega que el procedimiento disciplinario se habría sustentado en declaraciones de testigos de oídas y que no pudo prestar declaración indagatoria por razones médicas oportunamente comunicadas a la fiscalía administrativa, lo que, a su juicio, afectó su derecho a un procedimiento racional y justo.

Estima vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de un procedimiento e investigación racionales y justos, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°E23.967/2025, de 13 de noviembre de 2025, de la C.G.R., y se ordene dejarla sin efecto, así como la aplicación de la sanción de destitución, atendida la prescripción de la responsabilidad administrativa, o se dispongan las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, informa la Contraloría General de la República, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone que el recurso se dirige formalmente en contra de la Resolución Exenta N°E23.967/2025, mediante la cual se rechazó el reclamo deducido por el actor en contra de la medida disciplinaria de destitución aplicada por el Servicio de Impuestos Internos, contenida en la Resolución N°24, de 18 de agosto de 2023, acto administrativo exento de toma de razón y únicamente registrado por Contraloría en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.

Señala que, mediante la anterior resolución, el Servicio de Impuestos Internos sancionó al recurrente con la medida de destitución por dos hechos constitutivos de infracción estatutaria: el primero, calificado como infracción al artículo 84 letra l) de la Ley N°18.834, por constituir un acto atentatorio a la dignidad de otro funcionario; y el segundo, por configurar infracción a los artículos 52 y 62 N°4 de la Ley N°18.575, y al artículo 84 letra g) del Estatuto Administrativo.

Indica que el actor presentó reclamo ante la C.G.R. con fecha 25 de agosto de 2023, reiterado posteriormente el 23 de agosto de 2025, alegando que el procedimiento disciplinario no se ajustaba a derecho, por fundarse en una investigación viciada, al no haberse determinado claramente su responsabilidad administrativa, por no haberse acreditado su participación en los hechos imputados, por la duración del sumario, por la omisión de su declaración indagatoria y por la supuesta falta de proporcionalidad de la sanción.

Explica que, mediante la resolución impugnada, se rechazó el reclamo de ilegalidad, teniendo a la vista el sumario administrativo, el informe del Servicio de Impuestos Internos, la normativa aplicable y la jurisprudencia administrativa vigente, concluyéndose que no concurrían los vicios denunciados.

Arguye una falta de legitimación pasiva, señalando que el acto que produjo el agravio invocado por el recurrente no fue dictado por la C.G.R., sino por el Servicio de Impuestos Internos, que instruyó el sumario, formuló cargos, ponderó los antecedentes y aplicó la medida disciplinaria de destitución, mientras que la Contraloría se limitó a ejercer un control de legalidad posterior, a requerimiento del propio interesado, sin sustituir a la Administración activa en el ejercicio de su potestad disciplinaria.

Sostiene, además, que aun si se dejara sin efecto la Resolución Exenta N°E23.967/2025, ello no alteraría la vigencia de la destitución aplicada por el Servicio de Impuestos Internos ni produciría la reincorporación del recurrente, pues tales actuaciones se encuentran dentro del ámbito de competencia del servicio que dictó el acto sancionatorio.

En cuanto al fondo, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar lo debatido o la forma de un sumario administrativo, pues el actor pretende que esta Corte revise nuevamente la sustanciación del procedimiento disciplinario, el mérito de los antecedentes, la valoración de la prueba, la proporcionalidad de la sanción y la legalidad de actuaciones propias de un procedimiento reglado.

En cuanto a la prescripción, afirma que la última conducta imputada al recurrente tuvo lugar el 2 de septiembre de 2019, que la formulación de cargos fue notificada el 24 de agosto de 2020, produciéndose la suspensión del cómputo, y que, considerando las reglas de los artículos 157, 158 y 159 de la Ley N°18.834, a la fecha de dictación del acto terminal del sumario no habían transcurrido los cuatro años exigidos para tener por prescrita la acción disciplinaria.

Agrega que el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo es un procedimiento autónomo de control de legalidad, distinto del procedimiento disciplinario, por lo que el tiempo destinado a su tramitación no puede computarse para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria, la que debe apreciarse respecto del ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración activa.

En relación con el decaimiento, sostiene que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no opera automáticamente como causal invalidante del procedimiento disciplinario, y que, en todo caso, la resolución reclamada no forma parte del sumario administrativo, sino de un procedimiento posterior y autónomo de revisión de legalidad.

Finalmente, afirma que no existió ilegalidad ni arbitrariedad en el pronunciamiento de Contraloría, pues la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 160 del Estatuto Administrativo, debidamente fundada y luego del análisis de los antecedentes respectivos.

TERCERO: Que, asimismo, informa el Servicio de Impuestos Internos, señalando que, mediante Resolución Exenta N°3.734, de 3 de septiembre de 2019, la Subdirección de Contraloría Interna del Servicio de Impuestos Internos ordenó la instrucción de un sumario administrativo destinado a investigar y determinar la eventual responsabilidad administrativa del recurrente, a partir de antecedentes informados por la Directora Regional Metropolitana Santiago Norte relativos a un presunto comportamiento impropio atribuido al funcionario.

Señala que uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de septiembre de 2019, cuando el Jefe del Departamento de Avaluaciones de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte habría citado al recurrente a su oficina para asignarle labores vinculadas a la revisión y contraste de bases de datos municipales con el Catastro de Bienes Raíces, oportunidad en que el funcionario habría reaccionado de manera desproporcionada y agresiva, negándose a ejecutar la labor encomendada y profiriendo expresiones ofensivas en contra de su superior jerárquico.

Agrega que también se investigó que, el 6 de agosto de 2019, el recurrente se habría ausentado de su lugar de trabajo para asistir al Seminario Económico Security 2019, realizado en el Hotel W, comuna de Las Condes, sin contar con autorización para ello y limitándose a comunicar previamente a su jefatura que asistiría a dicha actividad, sin solicitar el permiso administrativo correspondiente.

Indica que durante la etapa investigativa se recibieron declaraciones testimoniales de la jefatura directa del funcionario, de diversos funcionarios del Departamento de Avaluaciones y de la Directora Regional respectiva, además de antecedentes documentales y correos electrónicos vinculados a los hechos investigados.

En relación con la declaración indagatoria, informa que so hicieron varias gestiones para que el sumariado prestara declaración, las que no pudieron materializarse por problemas de salud, incluso se le remitió un pliego de preguntas para que pudiera prestar declaración desde su domicilio, sin embargo, no pudo realizarse dicha actuación.

Indica que, evacuados los descargos del funcionario y analizada la totalidad de los antecedentes, la Subdirección de Contraloría Interna dictó la Resolución Exenta N°3.167, de 11 de julio de 2023, mediante la cual se aplicó la medida disciplinaria de destitución al recurrente, por estimar acreditadas las conductas imputadas y configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Añade que dicha resolución fue impugnada mediante recurso de reposición con apelación subsidiaria, ambos desestimados mediante Resoluciones Exentas N°3.413, de 1 de agosto de 2023, y N°3.522, de 9 de agosto de 2023. Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2023, se dictó el fallo de término mediante la Resolución SII N°24, debidamente registrada por la C.G.R. y notificada a la defensa para efectos de ejercer la reclamación prevista en el artículo 160 de la Ley N°18.834.

Señala que el 25 de agosto de 2023 el recurrente dedujo reclamación ante la Contraloría General de la República, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta N°E23.967/2025, de 13 de noviembre de 2025, al concluirse que el sumario administrativo instruido en contra del recurrente se ajustó a derecho.

Finalmente, sostiene que el procedimiento disciplinario se desarrolló conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, atendidas las circunstancias excepcionales que rodearon su tramitación, especialmente las solicitudes de reprogramación formuladas por la defensa del sumariado y la suspensión del procedimiento durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por COVID-19. Añade que el recurrente ha ejercido diversas acciones judiciales previas vinculadas con los mismos hechos, las que fueron desestimadas, lo que, a su juicio, refuerza la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la Administración.

CUARTO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio. Para su procedencia es indispensable que el acto impugnado pueda ser corregido de manera inmediata por esta vía y que el derecho que se invoca aparezca como indubitado.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la presente acción se dirige formalmente en contra de la Resolución Exenta N°E23.967/2025, de 13 de noviembre de 2025, dictada por la C.G.R., que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el recurrente en contra de la medida disciplinaria de destitución aplicada por el Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, del contenido del recurso se advierte que la pretensión sustancial del actor se orienta a cuestionar la legalidad del sumario administrativo instruido por el Servicio de Impuestos Internos, la suficiencia de los antecedentes reunidos, la falta de declaración indagatoria, la duración del procedimiento, la prescripción de la acción disciplinaria, el decaimiento del procedimiento y, en definitiva, la medida de destitución que le fue aplicada.

SEXTO: Que, en cuanto a la legitimación pasiva de la C.G.R., cabe tener presente que dicho órgano no instruyó el sumario administrativo, no formuló cargos, no practicó diligencias probatorias, no calificó los hechos investigados, no determinó la responsabilidad administrativa del actor ni aplicó la sanción disciplinaria de destitución.

Su intervención se produjo con posterioridad, a requerimiento del propio recurrente, al conocer del reclamo de ilegalidad deducido conforme al artículo 160 del Estatuto Administrativo. En tal contexto, la Resolución Exenta N°E23.967/2025 constituye un pronunciamiento de control administrativo sobre la reclamación formulada, pero no el acto originario que dispuso la medida expulsiva.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, aun si se dejara sin efecto la resolución emitida por la C.G.R., ello no importaría, por sí solo, la invalidación de la destitución del recurrente, por tratarse de una medida impuesta por el Servicio de Impuestos Internos en ejercicio de su potestad disciplinaria.

Así las cosas, respecto de la C.G.R. no se advierte legitimación pasiva suficiente en relación con la pretensión material deducida, desde que el agravio que el actor denuncia emana, en lo sustancial, de la sanción disciplinaria aplicada por el Servicio de Impuestos Internos y no de un acto propio del órgano contralor que haya creado, modificado o extinguido directamente su relación funcionaria.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que el Servicio de Impuestos Internos, en su informe, aportó los antecedentes relativos al procedimiento disciplinario, de los que aparece que la medida de destitución fue precedida de la instrucción formal de sumario administrativo, investigación, citaciones, resoluciones internas, formulación de cargos, oportunidad para ejercer defensa, presentación de descargos, fallo de término, recursos administrativos y posterior reclamación ante la C.G.R.

Tales antecedentes permiten descartar, en esta sede cautelar, que la sanción haya sido impuesta de plano, con prescindencia absoluta de procedimiento o sin la existencia de una estructura mínima de defensa administrativa.

NOVENO: Que, tal como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de protección no constituye una instancia revisora general de los procedimientos disciplinarios administrativos. La determinación de la responsabilidad administrativa, la suficiencia de los antecedentes reunidos en el sumario, la valoración de la prueba, la calificación jurídica de la conducta funcionaria, la procedencia de determinadas diligencias y la proporcionalidad de la sanción aplicada son materias que, por regla general, requieren un debate probatorio y jurídico de lato conocimiento, incompatible con la naturaleza urgente y cautelar de esta acción constitucional.

Tales alegaciones exceden el ámbito propio de esta acción, salvo que de los antecedentes aparezca una actuación manifiestamente ilegal, arbitraria, carente de procedimiento, desprovista de fundamento o generadora de indefensión material evidente, circunstancias que no se observan con la claridad e indubitabilidad que exige esta sede cautelar.

DÉCIMO: Que, por otra parte, en cuanto a la prescripción de la responsabilidad administrativa, de los antecedentes informados aparece que las conductas imputadas habrían ocurrido los días 6 de agosto y 2 de septiembre de 2019; que la formulación de cargos se notificó durante el año 2020; que a solicitud de la defensa, el procedimiento fue suspendido durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por COVID-19; que posteriormente fue reanudado; y que el fallo de término fue dictado mediante Resolución SII N°24, de 18 de agosto de 2023.

Sobre el particular, la C.G.R., al resolver el reclamo, sostuvo que el cómputo de la prescripción debía efectuarse respecto del ejercicio de la potestad disciplinaria por la Administración activa y no considerando el tiempo posterior de tramitación del reclamo de ilegalidad, por tratarse este último de un procedimiento autónomo de control de legalidad.

Tal razonamiento no aparece, en esta sede cautelar, como manifiestamente ilegal o arbitrario, desde que se funda en una interpretación normativa de los artículos 157, 158, 159 y 160 del Estatuto Administrativo, sin que corresponda a esta Corte, por la vía de protección, sustituir dicha interpretación mediante un examen propio de un juicio declarativo.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene recordar que la prescripción de la acción disciplinaria opera al transcurrir cuatro años contados desde el día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que le da origen, plazo que se suspende desde la notificación de la formulación de cargos, y según los antecedentes que constan en el proceso sumarial, a la fecha de dictación del acto terminal no habían transcurrido los cuatro años exigidos por el artículo 158 de la ley N°18.834.

UNDÉCIMO: Que, en relación con el decaimiento del procedimiento y la infracción del plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, cabe precisar que la duración prolongada de un procedimiento administrativo no produce, por sí misma y de manera automática, la invalidación del acto terminal, salvo que se acredite que dicha dilación tuvo influencia sustancial en lo dispositivo, afectó concretamente el derecho de defensa o produjo una indefensión material.

En la especie, si bien el recurrente funda su alegación en el transcurso del tiempo, los antecedentes informados dan cuenta de diversas circunstancias que explican la extensión del procedimiento, entre ellas solicitudes de reprogramación formuladas por la defensa, incidentes vinculados con la declaración indagatoria, dificultades de notificación, oposición de la defensa a determinadas formas de comunicación, y especialmente la suspensión del sumario durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por COVID-19, suspensión que fue solicitada por la propia defensa y luego dejada sin efecto una vez cesadas las condiciones que la justificaban.

DUODÉCIMO: Que, por lo demás, la resolución impugnada de la C.G.R. no constituye el acto terminal del asunto disciplinario, sino el pronunciamiento emitido en un procedimiento posterior y autónomo de reclamo de ilegalidad. En consecuencia, no resulta posible identificar sin más el plazo de tramitación del reclamo ante Contraloría con el plazo de sustanciación del sumario administrativo seguido por el Servicio de Impuestos Internos.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, no se advierte en los antecedentes acompañados una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el acto impugnado. Por el contrario, la resolución de la Contraloría aparece dictada en ejercicio de una potestad legal expresa, previo examen del expediente sumarial y del informe del servicio respectivo, y se funda en la inexistencia de los vicios de legalidad denunciados por el reclamante. La sola discrepancia del actor con dicho pronunciamiento no transforma el acto en arbitrario ni habilita a esta Corte para sustituir por esta vía el juicio jurídico-administrativo realizado por el órgano contralor.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado un acto ilegal o arbitrario que afecte de manera actual y directa las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Toledo.

N°Protección-26440-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por el ministro señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.