nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad de Chile, representada por su nombre reservado Alessandri, por haber dictado el Decreto Exento RA N° 309/7848/2024, que dispuso la no renovación de su contrata para el año 2025, y la Resolución Exenta N° 02363 de 26 de agosto de 2025; mediante la cual se rechazó su solicitud de teletrabajo, y se disponga su reintegro al cargo de Profesional Grado 15°, planta de profesionales, jornada de 44 horas semanales, con costas.

Funda su acción en los siguientes hechos y argumentos:

La recurrente señala desempeñarse como funcionaria de la Facultad de Economía y Negocios desde diciembre de 2015, y en calidad de contratada a contrata desde el 1 de enero de 2020, asimilada al Grado 15 de la Escala de Sueldos de Universidades Estatales, planta de profesionales, 44 horas semanales. Indica haber sido evaluada en Lista N° 1 de Distinción en el proceso calificatorio 2021-2022. Refiere que con fecha 30 de abril de 2023 nació su hijo, quien fue diagnosticado con Alergia a la Proteína de la Vaca (APLV) y posteriormente como Alérgico Alimentario Múltiple (AAM), condición de riesgo vital que le provocó un severo cuadro de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), debidamente certificado por profesional médico.

Expone que, en abril de 2024, mientras se encontraba con licencia médica, solicitó a la Coordinadora Administrativa del Departamento de Administración un retorno bajo modalidad de teletrabajo 100% remoto o formato híbrido, acompañando certificados médicos que acreditaban la dependencia de su hijo. Dicha solicitud fue rechazada. Con fecha 17 de octubre de 2024, reiteró la petición ante la jefa de Recursos Humanos de la Facultad, invocando la alerta sanitaria por viruela símica (Decreto N° 32 de 19 de agosto de 2024) y la Ley N° 21.391. La respuesta fue nuevamente negativa, con fundamento en un dictamen de la Contraloría General de la República que excluía esa alerta del supuesto normativo que obliga al empleador a ofrecer trabajo remoto. Afirma que funcionarios en situaciones análogas sí obtuvieron modalidades de trabajo híbrido, configurándose a su juicio una discriminación arbitraria. En virtud de lo anterior, interpuso denuncia ante la Dirección Jurídica de la Universidad con fecha 23 de octubre de 2024, la que fue desestimada mediante Oficio N°2006 de 19 de noviembre de 2024, resolviéndose que los hechos no constituían discriminación arbitraria sino una situación de orden organizacional. Dedujo recurso de reposición y jerárquico en subsidio, siendo resuelto este último por la Resolución Exenta N° 2363 de 26 de agosto de 2025, que confirmó lo resuelto.

Refiere que, encontrándose pendiente la resolución del recurso jerárquico, recibió con fecha 2 de diciembre de 2024 un correo electrónico de la jefa de Recursos Humanos informándole que con fecha 29 de noviembre de 2024 se había despachado carta certificada con copia del Decreto Exento RA N° 309/7848/2024, que dispuso la no renovación de su contrata para el año 2025. Indica que la carta certificada nunca fue recepcionada en su domicilio. Sostiene que dicho decreto carece de motivación objetiva y es discriminatorio, pues fundamenta la desvinculación en el uso de 210 días de licencias médicas durante el año 2024 —excluidas las licencias por maternidad— y en el incumplimiento de metas comerciales durante ese período, siendo que ambas circunstancias son consecuencia directa del ejercicio legítimo de derechos de seguridad social. Agrega que el período de servicio computando desde 2015 supera los nueve años, lo que consolida la confianza legítima en la renovación de su empleo.

La recurrente invoca vulneración de las garantías consagradas en los numerales 1°, 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En cuanto al numeral 1°, sostiene que se le sanciona por estar enferma, afectando su integridad física y psíquica. Respecto del numeral 2°, arguye discriminación arbitraria frente a otros funcionarios que conservaron su modalidad de teletrabajo. En relación con el numeral 16°, aduce que se vulnera su libertad de trabajo y la protección del empleo que la confianza legítima le garantizaba. Finalmente, respecto del numeral 24°, sostiene que la privación de su cargo y remuneraciones constituye una afectación al derecho de propiedad sobre bienes incorporales.

Segundo: Que, evacua informe el abogado Pablo Montecinos Medina, subdirector Jurídico de la Universidad de Chile, quien solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas, esgrimiendo los siguientes argumentos:

Sostiene la recurrida que el recurso resulta manifiestamente extemporáneo. Señala que el Decreto Exento RA N° 309/7848/2024 fue despachado el 29 de noviembre de 2024 y que la propia recurrente respondió un correo electrónico el 3 de diciembre de 2024 acusando recibo expreso. Indica que la acción fue deducida el 13 de diciembre de 2025, esto es, 376 días corridos después de dicho conocimiento, excediendo con creces el plazo fatal de 30 días que establece el Auto Acordado. Agrega que no resulta procedente pretender que la Resolución Exenta N° 02363 —que resolvió el recurso jerárquico deducido en materia de teletrabajo— pudiera haber reactivado el plazo para recurrir contra el decreto de no renovación, toda vez que ambos actos versan sobre materias distintas e independientes entre sí, constituyendo su petición una instrumentalización procesal. Añade que la propia recurrente reconoce haber recurrido ante la Contraloría General de la República en diciembre de 2024, lo que demuestra que tenía pleno conocimiento del acto impugnado desde esa data.

Precisa que entre 2015 y 2019 la recurrente prestó servicios a honorarios, vínculo que no le confirió la calidad de funcionaria. Su calidad “a contrata” se inició el 1 de enero de 2020 y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2024, acumulando 4 años en dicha calidad. Por tanto, al momento de adoptarse la decisión de no renovación, no se había completado el quinquenio que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido como requisito para la configuración del principio de confianza legítima. Señala, además, que la recurrente no gozaba de fuero maternal al momento de la no renovación, pues éste había expirado en julio de 2024, y que no interpuso recursos de reposición ni jerárquico en subsidio en contra del Decreto Exento RA N° 309/7848/2024, limitándose a presentar un reclamo ante la Contraloría General de la República, que resolvió abstenerse de pronunciarse por tratarse de una materia litigiosa.

Explica que la decisión de no renovar la contrata de la recurrente fue adoptada a petición del director del Departamento de Administración, mediante Memorándum de 11 de noviembre de 2024, y obedeció a un severo déficit presupuestario del Departamento. Señala que al 30 de septiembre de 2024 dicha división registraba un flujo neto negativo de M$ -601.504, proyectándose cerrar el año con M$ -653.040, cuando el compromiso era no superar un déficit de M$ -263.409. Esta situación obedecía principalmente a la baja sostenida en la venta de programas Corporativos de la Unidad de Extensión UNegocios, contexto que venía arrastrándose desde el estallido social y la pandemia. Ante la imperiosa necesidad de reducir personal del equipo de ventas, se consideró como elemento contextual la prolongada ausencia de la recurrente —Ejecutiva de Ventas— quien registraba 210 días de licencias médicas no maternales entre el 30 de abril y el 24 de noviembre de 2024, lo que había afectado la continuidad de sus funciones y el cumplimiento de metas comerciales. Destaca que las licencias médicas no fueron el fundamento último de la decisión sino un antecedente coadyuvante dentro del contexto de reducción de dotación.

Señala que el sistema de teletrabajo vigente en la Universidad de Chile y en la Facultad fue establecido conforme a los artículos 65 de la Ley N° 21.526 y 62 de la Ley N° 21.647, que facultaron a los Rectores para implementarlo bajo condiciones estrictas, entre ellas: un máximo del 60% de la dotación sujeta a esta modalidad; alternancia entre días presenciales y remotos, con un mínimo de tres días presenciales; convocatoria periódica y proceso de selección. Dichas condiciones fueron recogidas en las Resoluciones Exentas N° 01406 de 2023 y N° 0338 de 2024. Agrega que la solicitud de teletrabajo 100% remoto formulada por la recurrente en octubre de 2024, con fundamento en la alerta sanitaria por viruela símica, fue rechazada conforme al Dictamen N° E552539/2024 de la Contraloría General de la República, que expresamente señaló que esa alerta no constituye el presupuesto habilitante para imponer al empleador la obligación de ofrecer trabajo remoto. Concluye que no existió discriminación arbitraria, pues la negativa se fundó en normas objetivas aplicables a todos los funcionarios por igual.

Respecto de cada garantía invocada, la recurrida sostiene: que no existe vulneración al artículo 19 N° 1 pues la no renovación no constituyó un castigo por enfermedad sino una decisión fundada en razones presupuestarias; que no existe infracción al artículo 19 N° 2 pues la recurrente no se encontraba en situación jurídica equivalente a la de funcionarios con más de cinco años a contrata; que no existe vulneración al artículo 19 N° 16 pues el empleo a contrata es por naturaleza transitorio y no genera estabilidad; y que no existe afectación al artículo 19 N° 24 pues la jurisprudencia es uniforme en que los funcionarios públicos carecen de derecho de propiedad sobre sus cargos o futuras remuneraciones.

Tercero: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que la misma disposición enumera.

Para su procedencia se requiere, copulativamente: la existencia de un acto u omisión concreta imputable a la autoridad o a un particular; que dicho acto sea ilegal —esto es, contrario al ordenamiento jurídico positivo— o arbitrario —carente de fundamentación racional, producto del mero capricho de quien lo dicta—; y que de ello se derive una privación, perturbación o amenaza cierta y efectiva al legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías que el constituyente ha reconocido como susceptibles de esta tutela. Debido a su naturaleza cautelar y de urgencia, esta acción no constituye una instancia revisora del mérito de las decisiones administrativas ni de los procesos disciplinarios concluidos conforme a derecho.

Cuarto: Que, como cuestión previa, conviene recordar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección dispone que dicha acción deberá interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. El numeral 2° del mismo cuerpo normativo autoriza a este tribunal para declarar inadmisible el recurso desde luego, por resolución fundada, cuando su presentación fuere extemporánea.

Quinto: Que el acto administrativo cuya invalidación se pretende en lo principal es el Decreto Exento RA N° 309/7848/2024, de 27 de noviembre de 2024, mediante el cual la Universidad de Chile dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente para el año 2025. De los antecedentes acompañados consta que, con fecha 2 de diciembre de 2024, la jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad de Economía y Negocios remitió a la recurrente un correo electrónico adjuntando íntegramente el referido decreto y sus antecedentes, y que la propia recurrente respondió dicho correo con fecha 3 de diciembre de 2024, acusando recibo expreso de la decisión de no renovación. Dicha circunstancia perfeccionó el conocimiento cierto del acto impugnado en esa data, conforme a la jurisprudencia uniforme de los tribunales superiores de justicia.

Sexto: Que, siendo el 3 de diciembre de 2024 la fecha de conocimiento cierto del acto, el plazo de 30 días corridos para deducir la presente acción venció el 2 de enero de 2025. Sin embargo, el recurso fue ingresado el 13 de diciembre de 2025, esto es, 376 días después de dicho conocimiento, con lo que la acción resulta manifiestamente extemporánea.

Séptimo: Que no puede prosperar la tesis de la recurrente en orden a que el plazo debería computarse desde el 13 de noviembre de 2025, fecha en que aduce haber tomado conocimiento de la Resolución Exenta N° 02363 de 26 de agosto de 2025, que resolvió el recurso jerárquico deducido contra la desestimación del procedimiento disciplinario en materia de teletrabajo.

Ello, porque dicha resolución versa sobre una materia jurídicamente autónoma e independiente de la no renovación de contrata. En efecto, el recurso jerárquico resuelto en agosto de 2025 se refería exclusivamente a la solicitud de instrucción de un proceso disciplinario por supuesta discriminación arbitraria al denegársele el teletrabajo, cuestión que no guarda relación alguna con la legalidad o validez del Decreto Exento RA N° 309/7848/2024, respecto del cual, por lo demás, la recurrente no dedujo recurso de reposición ni jerárquico en los términos de la Ley N° 19.880.

Pretender que una resolución sobre materia diversa pueda reactivar el plazo para impugnar un acto anterior importa una instrumentalización del proceso, incompatible con la naturaleza urgente de la acción cautelar y con los principios de certeza jurídica.

Motivo suficiente para acoger la excepción de extemporaneidad intentada por la recurrida.

Octavo: Que, sin perjuicio de la extemporaneidad declarada, y a mayor abundamiento, sobre las alegaciones de fondo de la recurrente, cabe señalar que esta sostiene que la decisión de no renovar su contrata vulnera el principio de confianza legítima, invocando 9 años de servicio ininterrumpido.

Sin embargo, de los antecedentes tenidos a la vista resulta acreditado que entre 2015 y 2019 la recurrente prestó servicios en virtud de sucesivos contratos a honorarios, vínculo que no le confirió la calidad de funcionaria pública. Su calidad “a contrata” se inició recién el 1 de enero de 2020, manteniéndose hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que equivale a 4 años en dicha designación. La Corte Suprema ha fijado como criterio que el principio de confianza legítima se configura únicamente tras 5 años de servicio continuo en calidad de contrata, plazo que la recurrente no había alcanzado al momento de adoptarse la decisión de no renovación. Así lo han declarado, entre otros, los fallos Roles N° 26.112-2023 y N° 26.279-2023 de ese máximo tribunal, que expresamente establecen que no se configura actuar ilegal o arbitrario si la desvinculación, por razones justificadas, se produce antes del quinquenio. Decae, en consecuencia, el fundamento principal de la acción.

Noveno: Que, en todo caso, el Decreto Exento RA N° 309/7848/2024 contiene fundamentos razonados y respaldados en antecedentes objetivos. Del mérito de los autos se desprende que la decisión obedeció al severo déficit presupuestario del Departamento de Administración de la Facultad, derivado de una sostenida baja en la comercialización de programas Corporativos de la Unidad de Extensión UNegocios, contexto que arrastraba desde el estallido social y la pandemia y que obligó a reducir personal y ajustar la estructura del equipo de ventas.

En ese escenario, la autoridad consideró como elemento adicional y contextual la prolongada ausencia de la recurrente en su rol de Ejecutiva de Ventas, que ascendió a 210 días de licencias médicas no maternales durante el año 2024, circunstancia que incidió en la continuidad del servicio y en los resultados comerciales, sin que ello pueda estimarse como una sanción al ejercicio de un derecho.

Décimo: Que, el acto de no renovación no importó una sanción por el uso de licencias médicas. La causa determinante de la decisión fue el déficit financiero del Departamento y la necesidad de reducción de dotación en el área comercial, siendo la prolongada ausencia únicamente un antecedente coadyuvante para determinar cuáles contratas no se renovarían dentro del equipo de ventas.

No es efectivo, en consecuencia, que a la recurrente se le haya desvinculado por ejercer derechos de seguridad social ni por el uso de licencias médicas, como tampoco que las licencias de maternidad hayan sido consideradas en dicho acto, pues el decreto expresamente las excluye del período de ausentismo invocado.

Undécimo: Que, en cuanto a la denegación de teletrabajo 100% remoto, la normativa aplicable a los funcionarios de la Universidad de Chile, contenida en las Resoluciones Exentas N° 01406 de 2023 y N° 0338 de 2024, establece un sistema sujeto a convocatoria periódica, proceso de selección y modalidad híbrida con un mínimo de 3 días presenciales semanales. No existía, por tanto, norma alguna que habilitara a la Facultad para conferir teletrabajo 100% remoto al margen de dicho proceso.

A mayor abundamiento, la propia Contraloría General de la República señaló mediante Dictamen N° E552539/2024 que la alerta sanitaria por viruela símica no constituía el presupuesto normativo para imponer la obligación excepcional de teletrabajo prevista en los artículos 206 bis y 202 del Código del Trabajo. La negativa de la Facultad se ajustó, en consecuencia, al ordenamiento vigente, y no revistió carácter arbitrario.

Duodécimo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado en autos la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, el recurso de protección deducido no puede prosperar, sin perjuicio de los demás derechos que el actor pueda hacer valer ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes.

Décimo tercero: Que, por lo expuesto, se omitirá el análisis de las garantías constitucionales denunciadas, por innecesario.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se declara:

I.-se rechaza, sin costas el recurso de protección intentado en favor de nombre reservado- Cordero en contra de la Universidad de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

N°Protección-26439-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada por el ministro señor Pablo Toledo González y la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.