Protección contra Ejército de Chile y de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintiséis.

A los folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que se interpone recurso de protección por el abogado don Juan Eduardo Castro Saavedra, en representación convencional de doña nombre reservado, Cabo Segundo del Ejército de Chile, en contra del Ejército de Chile y de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, representada por su Director, el Coronel don nombre reservado, o de quien lo subrogue legalmente, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la negativa verbal y en la falta de pronunciamiento formal y motivado por parte de la institución castrense respecto de su solicitud de traslado o destinación desde la Región Metropolitana a alguna unidad militar de la comuna de Concepción o sus alrededores, específicamente al Regimiento N°6 "Chacabuco", petición formulada al amparo del Proceso Anual de Destinaciones (PAD) para el año 2026, lo que vulneraría las garantías fundamentales protegidas en el artículo 19 N°1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, así como el principio de unidad familiar y el interés superior del niño.

Expone que la recurrente tiene el cuidado personal exclusivo de dos hijos menores de edad, de 10 y 7 años, quienes padecen patologías crónicas de salud, tales como asma bronquial, trastorno por déficit atencional con hiperactividad y trastorno del lenguaje, requiriendo terapias y controles médicos permanentes. Añade que actualmente se encuentra inmersa en un complejo proceso de divorcio y en causas vigentes ante tribunales penales y de familia por violencia intrafamiliar, manteniéndose medidas cautelares de prohibición de acercamiento en contra de su cónyuge y padre de los menores. Señala que, al carecer de una red de apoyo en la ciudad de Santiago para el cuidado de sus hijos, postuló en forma regular al Plan Anual de Destinaciones (PAD 2026) y a una permuta voluntaria para ser trasladada a la ciudad de Concepción (Talcahuano), lugar donde residen sus padres y hermanos. Sostiene que, pese a haber acreditado mediante informes sociales y médicos su situación de vulnerabilidad, la institución castrense desestimó su solicitud sin emitir pronunciamiento formal ni ponderar debidamente sus circunstancias de salud y de violencia intrafamiliar, entregándole únicamente una respuesta verbal negativa.

Previa referencia al derecho aplicable, especialmente al artículo 41 de la Ley N°19.880, relativo a la obligación de los órganos del Estado de fundamentar sus resoluciones, solicita que se acoja el recurso, declarando la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión, y se ordene a los superiores del Ejército dejar sin efecto la negativa verbal, debiendo dictar, dentro de breve plazo, un acto administrativo fundado que pondere los antecedentes de salud y de violencia intrafamiliar; o bien, que esta Corte ordene derechamente el traslado de la funcionaria a una unidad militar de Concepción o sus alrededores; o, en subsidio, que adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacuó informe el Coronel don nombre reservado

nombre reservado, en su calidad de Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

Previo a referirse al fondo del asunto, alega la improcedencia de la acción cautelar, argumentando que la destinación no constituye un derecho o beneficio del funcionario, sino una obligación inherente a la carrera militar, destinada a cumplir las comisiones que disponga la autoridad; por lo cual, al no existir un derecho indubitado del funcionario para elegir o exigir su lugar de destino, no se cumplen los presupuestos básicos para que esta Corte acoja una acción de urgencia.

En cuanto a las alegaciones de la recurrente, el informe refuta, en primer término, que la solicitud haya sido denegada de manera meramente verbal y sin motivación. Señala el Ejército que la petición fue tramitada, evaluada y reevaluada en dos instancias regladas. Al efecto, indica que la funcionaria fue autorizada para intentar permutar su puesto con personal destinado a la zona sur, gestión que no prosperó por falta de interesados. Añade que se ponderaron sus antecedentes sociales y familiares, pero que el Comando de Personal resolvió formalmente no acceder al traslado, fundado en una imposibilidad técnica consistente en que las unidades de la guarnición de Concepción se encontraban sobredotadas de personal, excediendo las dotaciones contempladas en la Tabla de Distribución vigente.

En relación con el argumento de la funcionaria relativo a su permanencia por largos años en la misma repartición, el Ejército aclara que las regulaciones internas, como la Cartilla de Destinaciones, establecen un tiempo mínimo de permanencia de ocho años. En consecuencia, el cumplimiento de dicho período no constituye una causal automática de traslado, sino únicamente el umbral mínimo previsto por la dinámica institucional.

Respecto de las patologías alegadas de los hijos menores y de la necesidad de contar con apoyo familiar en Talcahuano, advierte que los certificados médicos acompañados tienen el valor de una recomendación y carecen de aptitud para obligar a la autoridad a disponer una destinación en desmedro de las necesidades del servicio.

Añade que las enfermedades diagnosticadas no conllevan riesgo vital ni exigen, por prescripción médica ineludible, que los niños deban residir específicamente en la comuna de Talcahuano. Sostiene, asimismo, que la ciudad de Santiago cuenta con amplia infraestructura médica, como el Hospital Militar y otros centros institucionales, que garantizan una adecuada cobertura y atención para los menores.

En lo relativo a la situación de violencia intrafamiliar expuesta por la recurrente, argumenta que la seguridad de la funcionaria y de sus hijos se encuentra resguardada legalmente, desde que existe una medida cautelar vigente de prohibición de acercamiento respecto del agresor. Además, destaca que la institución le proporciona apoyo mediante sala cuna, jardín infantil y establecimiento educacional en Santiago, lo que le permite cumplir sus funciones sin necesidad imperiosa de trasladarse al sur.

Finalmente, descarta las vulneraciones denunciadas. En cuanto a la integridad física y psíquica, sostiene que la decisión fue adoptada en ejercicio de facultades orgánicas, sobre la base de la falta de vacantes y sin generar un riesgo real, atendido que la situación de violencia intrafamiliar se encuentra sometida al conocimiento y control de los tribunales de familia y penales. En lo concerniente a la igualdad ante la ley, asegura que su requerimiento no fue objeto de discriminación alguna, pues fue tramitado, analizado y resuelto con arreglo al mismo procedimiento y conforme a las mismas reglas aplicables al resto de los suboficiales postulantes.

Y, por último, en cuanto al debido proceso, desestima la acusación de arbitrariedad, reiterando que el acto administrativo denegatorio se ajustó a derecho, fue debidamente fundado y comunicado por conducto regular, cumpliendo con la exigencia de motivación prevista en la Ley N°19.880.

En síntesis, el informe de 16 de enero de 2026 sostiene que la negativa a trasladar a la funcionaria obedeció a una decisión técnica, fundada exclusivamente en la falta de plazas disponibles en Concepción por sobredotación, adoptada conforme a la discrecionalidad legal del mando militar y sin infracción de derechos constitucionales.

Tercero: Que, a folio 10, el Director de la Escuela de Suboficiales ratifica en todas sus partes el informe presentado por el Comandante de la División de Personal, referido en el considerando precedente.

Cuarto: Que, a folios 12 y 15, tanto la parte recurrente como la recurrida acompañaron nuevos antecedentes relativos a la modificación de la situación administrativa de la Cabo Segundo San nombre reservado. En efecto, el Director de la Escuela de Suboficiales informó que, con fecha 23 de febrero de 2026, se dispuso la destinación de la recurrente a la zona de Concepción, acompañando el acto administrativo dictado al efecto.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción constitucional de naturaleza cautelar, sumaria y urgente, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados por el constituyente en la citada norma.

Sexto: Que, para que una acción de esta naturaleza pueda prosperar, es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —vale decir, fruto del mero capricho o carente de fundamentos racionales y objetivos— que afecte de manera directa, real y efectiva una garantía constitucional indubitada y de carácter actual. Así, la finalidad esencial de la intervención de esta magistratura es la adopción de medidas urgentes y necesarias para hacer cesar la afectación denunciada.

Séptimo: Que del examen de los antecedentes consta que, mediante presentación de fecha 10 de febrero de dos mil veintiséis, la recurrente informó a esta Corte que el Ejército de Chile, luego de reevaluar los antecedentes humanitarios, sociales y de salud de su grupo familiar, procedió a dictar el respectivo acto administrativo de traslado, destinándola de forma efectiva a una unidad militar de la guarnición de Concepción, esto es, al Regimiento N°6 "Chacabuco".

Dicha circunstancia fue corroborada documentalmente mediante la incorporación a los autos del correspondiente decreto de destinación emitido por la Dirección de Personal del Ejército de Chile.

Octavo: Que, en razón de la circunstancia descrita precedentemente, el acto denunciado como ilegal o arbitrario —esto es, la negativa de traslado— ha dejado de producir efectos al haber sido superado por un acto posterior de sentido favorable para la actora.

Noveno: Que, en las condiciones anotadas, al no existir en la actualidad una privación, perturbación o amenaza que afecte el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales protegibles de la recurrente, al encontrarse solucionado el conflicto que dio origen a la interposición de este arbitrio, este tribunal se encuentra impedido de adoptar medida alguna, toda vez que no existe derecho que restablecer. En consecuencia, el recurso de protección debe ser desestimado, al no existir medida alguna de restablecimiento que adoptar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Ejército de Chile y de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26437-2025.