Protección contra Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Carla Fernández Montero, abogada, e interpone recurso de protección en favor de 143 internos condenados recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, ex Punta Peuco, en contra de Gendarmería de Chile, por estimar que la ejecución del Decreto Supremo N° 80-2025 ha implicado una igualación material de dicho penal con recintos comunes, sin consideración a la especial situación etaria, sanitaria y criminológica de su población penal, afectando con ello el derecho a la igualdad ante la ley, atendido que la población penal del recinto está compuesta íntegramente por adultos mayores, en su mayoría septuagenarios, octogenarios y nonagenarios, varios con enfermedades crónicas, graves o terminales, de modo que no resulta asimilable a la población de los penales comunes.

Señala que la Corte Suprema, en causa Rol N° 249.389-2023, homologó por analogía el Pabellón Asistir de Colina 1 a un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, criterio que, a su juicio, evidencia la necesidad de un tratamiento penitenciario diferenciado para personas privadas de libertad de similares características.

Expone que el 29 de octubre de 2025, la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Supremo N° 80-2025, que eliminó el carácter especial de Punta Peuco y lo dejó como CCP de Til Til, pero lo hizo con una prevención expresa en orden a que, en la regulación interna del recinto, debían considerarse la normativa vigente, los tratados internacionales ratificados por Chile y lo resuelto por los tribunales en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad.

Sostiene que, pese a ello, a partir de la aplicación del referido decreto Gendarmería comenzó a ejecutar una serie de transformaciones materiales y humanas que han desmejorado sustancialmente las condiciones carcelarias del recinto, bajo la lógica de igualarlo con las cárceles comunes del país, desconociendo las diferencias objetivas que presenta esta población penal.

Refiere, en primer término, que se habría irrespetado la capacidad efectiva del recinto, generándose hacinamiento con la incorporación de treinta y dos nuevos internos, lo que habría tensionado la infraestructura sanitaria y eléctrica del penal.

Indica que los días 15 y 16 de noviembre de 2025, el establecimiento permaneció sin energía eléctrica por un colapso en el sector de guardia, y que el 29 del mismo mes y año, el único generador operativo dejó de funcionar por falta de carga de gas, prolongándose la situación por cinco días.

Agrega que existe riesgo cierto de incendio, derivado de instalaciones eléctricas deficientes, falta de señaléticas, ausencia de plan de evacuación visible para adultos mayores, acumulación de extintores en un rincón y presencia de materiales de construcción sin aislamiento respecto de la población penal.

Añade que también se ha vulnerado la segregación por edad y perfil criminológico, desde que ya han ingresado al penal tres nuevos internos más jóvenes y condenados por delitos sexuales, y el 12 de diciembre de 2025 se habría informado el próximo arribo de otros diez reos comunes provenientes de distintos penales del país, igualmente sentenciados por ilícitos similares. Afirma que ello genera un quiebre respecto de las características personales y criminológicas que justificaban el tratamiento diferenciado del recinto.

Del mismo modo, denuncia afectación al derecho de visitas, ya que se estaría reuniendo en un solo galpón a todos los familiares y amigos que concurren al penal, con el consecuente riesgo de amenazas o agresiones entre visitas o entre éstas y los internos, especialmente considerando que muchas de los internos provectos son menores de edad.

Asimismo, acusa infracción al principio de reinserción social, indicando que desde el 1 de diciembre de 2025 se habría destruido el huerto y los árboles frutales que los internos cuidaban, la gruta de la virgen María que utilizaban como espacio de reflexión espiritual, y el 4 del mismo mes y año los “rucos” en los que mantenían sus recuerdos y enseres destinados a actividades culturales y a recibir visitas en un ambiente de privacidad.

Sostiene que todas estas medidas, apreciadas en conjunto, constituyen una afectación grave, arbitraria e indebida del derecho a la igualdad, pues someten a los recurrentes a una igualdad meramente aparente con el resto de la población penal del país, desconociendo precisamente las diferencias relevantes que justificaban un tratamiento distinto.

Funda la acción en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 5 y 10 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sosteniendo que la igualdad ante la ley no supone tratar de modo idéntico a quienes se encuentran en situaciones diversas, sino precisamente reconocer esas diferencias cuando son objetivas y relevantes.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad de los actos denunciados y se ordene a Gendarmería abstenerse de continuar con las medidas adoptadas desde el 15 de noviembre de 2025 que afectan gravemente la capacidad del recinto, la segregación por edad y perfil criminológico, el derecho de visitas y el principio de reinserción social.

Segundo: Que comparece Matías Muñoz Zamorano, abogado de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, e informa en representación de la recurrida, requiriendo el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

Expone, en primer término, que las afirmaciones realizadas en el libelo no se condicen con la realidad del establecimiento. Señala que la recurrente denuncia la incorporación de treinta y dos nuevos internos como causa de hacinamiento y sobrecarga de la infraestructura sanitaria y eléctrica, pero sostiene que, a la fecha del informe, sólo habían sido trasladados tres internos al CCP de Til Til, cifra que resulta manifiestamente insuficiente para generar el impacto descrito.

Añade que el establecimiento cuenta actualmente con un nuevo grupo electrógeno plenamente operativo, capaz de abastecer la totalidad del recinto, y que las supuestas deficiencias eléctricas invocadas por la actora corresponderían, en el mejor de los casos, a situaciones ya superadas que no pueden sustentar la acción cautelar.

Rechaza igualmente la afirmación relativa a que los extintores se encontrarían apilados e inutilizables, asegurando que están distribuidos en toda la unidad penal y en óptimas condiciones de funcionamiento.

En relación con la supuesta eliminación de la segregación por edad y perfil criminológico, sostiene que los tres internos efectivamente trasladados al recinto corresponden también a personas de tercera edad, por lo que la segregación etaria del establecimiento se ha mantenido intacta. Añade que, aunque dichos internos fueron condenados por delitos de naturaleza sexual y no por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, ello no configura por sí solo una ruptura jurídicamente relevante de la segregación invocada, desde que se trata de personas de avanzada edad, privadas de libertad en cumplimiento de condenas firmes, con un nivel de peligrosidad y riesgo de reincidencia que estima comparablemente bajo. Sobre esa base, descarta que exista incompatibilidad de convivencia o afectación constitucional derivada de dicha circunstancia.

En cuanto a la denunciada afectación del derecho de visitas, afirma que tampoco corresponde a la realidad sostener que los visitantes estén siendo concentrados en un galpón en construcción, sin seguridad ni separación. Señala que las visitas y encomiendas continúan desarrollándose del mismo modo que antes del inicio de las obras, precisando que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los recintos penitenciarios del país, en el CCP de Til Til las visitas se realizan al interior del toldo o “ruco” individual de cada interno, espacios que incluso cuentan, en muchos casos, con comedor, sillones y televisión.

Agrega que ninguno de los tres internos recientemente trasladados había recibido visitas a la fecha del informe, por lo que la situación de riesgo descrita por la recurrente carecería, incluso, de base fáctica.

Puntualiza que el galpón en construcción constituye una mejora significativa, pues viene a dotar al recinto de una infraestructura formal para la realización de visitas y recepción de encomiendas, con accesibilidad universal, baños, dependencias de registro, oficinas, cámaras de seguridad, domo perimetral y equipamiento de rayos X, todo ello mediante una inversión relevante.

Respecto de la supuesta destrucción de espacios de reinserción social, expresa que los toldos o “rucos” no fueron destruidos ni eliminados, sino únicamente trasladados a un sector del recinto que no interfiriera con la ejecución de las nuevas obras. Añade que estas mismas alegaciones ya fueron formuladas por la misma abogada recurrente en el recurso de amparo Rol N° 4015-2025, el que fue rechazado por esta Corte el 19 de diciembre de 2025. Transcribe pasajes de esa sentencia, en los que se razonó que la nueva construcción tenía por objeto mejorar la atención de visitas, que no se acreditó la privación de espacios de esparcimiento ni la supresión del huerto, y que no podía estimarse que las obras implicaran trato cruel o degradante ni vulneración de normas internacionales. Destaca que, a su juicio, las alegaciones ahora reiteradas ya fueron conocidas y desestimadas por este tribunal, sin que exista una variación fáctica que justifique una conclusión diversa.

Añade que la reestructuración del CCP de Til Til no obedece a una actuación ilegal o arbitraria de Gendarmería, sino al cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno a través del Decreto N° 80 de 2025, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual el entonces CCP Punta Peuco dejó de ser un penal especial para pasar a tener el carácter de centro penitenciario común.

Sostiene que las obras ejecutadas y proyectadas responden a instrucciones impartidas por dicho ministerio desde junio de 2025, orientadas a mejorar y ampliar la infraestructura del recinto. Señala que la primera fase del proyecto contempla la construcción de cuatro módulos de reclusión, una sala de visitas y circulación de acceso, una oficina de área técnica y diversas obras complementarias eléctricas y sanitarias, con el objeto de generar treinta y dos nuevas plazas mediante la instalación de módulos de un piso para ocho personas en los patios de los módulos 1 al 4. Añade que esta obra fue licitada y adjudicada mediante Resolución N° 4149 de 3 de octubre de 2025, entregándose el terreno el 7 de octubre, con un plazo de ejecución inicialmente fijado en 120 días corridos y luego prorrogado estimativamente en 55 días, proyectándose su término para el 3 de abril de 2026. Explica que el despeje del terreno forma parte de la ruta crítica de ejecución, de modo que cualquier retraso impacta el cronograma y los costos del contrato.

En apoyo de la legalidad de su actuación, invoca el artículo 16 del D.L. N° 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, y el artículo 12 del Decreto N° 518 de 1998, Reglamento Penitenciario, para sostener que la creación, modificación o supresión de establecimientos penales corresponde al Ministerio de Justicia mediante decreto supremo, previo informe o proposición del director nacional, y que la administración interna del recinto es materia propia de la autoridad penitenciaria.

Concluye, sobre esa base, que Gendarmería se ha ceñido estrictamente a las disposiciones legales vigentes y ha actuado en cumplimiento del mandato gubernamental y ministerial que dio origen a la transformación del establecimiento.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que los actos arbitrarios e ilegales que motivan el recurso en análisis, según los términos planteados por la parte recurrente, lo configuran la ejecución de una serie de transformaciones materiales y humanas que habrían desmejorado sustancialmente las condiciones carcelarias del recinto, bajo la lógica de igualarlo con las cárceles comunes del país, desconociendo las diferencias objetivas que presenta esta población penal.

En particular alega, en primer término, que no se ha respetado la capacidad efectiva del recinto, generándose hacinamiento con la incorporación de treinta y dos nuevos internos.

Agrega que los días 15 y 16 de noviembre de 2025 el establecimiento penitenciario permaneció sin energía eléctrica por un colapso en el sector de guardia, y que el 29 del mismo mes y año, el único generador operativo dejó de funcionar por falta de carga de gas, prolongándose la situación por cinco días.

Además, afirma que existe riesgo cierto de incendio, derivado de instalaciones eléctricas deficientes, falta de señaléticas, ausencia de plan de evacuación visible para adultos mayores, acumulación de extintores en un rincón y presencia de materiales de construcción sin aislamiento respecto de la población penal.

Añade que también se ha vulnerado la segregación por edad y perfil criminológico, desde que al penal ya habrían ingresado tres nuevos internos más jóvenes y condenados por delitos sexuales, y el 12 de diciembre de 2025 se habría informado el próximo arribo de otros diez reos comunes provenientes de distintos penales del país, igualmente condenados por delitos sexuales.

También denuncia afectación al derecho de visitas, ya que se estaría reuniendo en un solo galpón a todos los familiares y amigos que concurren al penal, con el consecuente riesgo de amenazas o agresiones entre visitas o entre éstas y los internos.

Asimismo, acusa infracción del principio de reinserción social, indicando que desde el 1 de diciembre de 2025 se habría destruido el huerto y los árboles frutales que los internos cuidaban, la gruta de la Virgen María que utilizaban como espacio de reflexión espiritual, y luego, el 4 del mismo mes y año los “rucos” en los que mantenían sus recuerdos y enseres destinados a actividades culturales y a recibir visitas en un ambiente de privacidad.

Quinto: Que, en primer término, cabe destacar que la parte recurrente no ha acompañado ningún antecedente que de cuenta de la efectividad de los hechos que afirma habrían ocurrido y que constituirían la vulneración de las garantías constitucionales que acusa como infringidas, razón suficiente para rechazar este recurso de protección, teniendo en consideración su naturaleza de acción cautelar y que requiere, para la adopción de alguna medida por parte esta Corte, que no exista duda acerca de la existencia de las vulneraciones denunciadas.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que las medidas adoptadas por la recurrida, y que inciden en la denuncia que se efectúa por la recurrente, se enmarcan en la reestructuración del CCP Punta Peuco a uno de carácter común, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 80 de 2025, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En este sentido, cabe referirse a las disposiciones legales que resultan concurrentes en la especie. En efecto, el artículo 16 del D.L. 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile establece lo siguiente: “La creación, modificación o supresión de establecimientos penales y carcelarios, su clasificación, denominación y la determinación de sus características, se hará mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales y los recursos de que se disponga”.

En el mismo sentido, el artículo 12 del Decreto N° 518 de 1998, del Ministerio de Justicia, Reglamento Penitenciario, establece que: “Los establecimientos penitenciarios se crearán, modificarán o suprimirán mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional de Gendarmería de Chile, y su administración interna será materia de una Resolución de dicho Jefe de Servicio”.

Precisamente, como consecuencia de dar cumplimiento a esa preceptiva, el 4 de noviembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 80 de 19 de junio del mismo año, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se modificó el Decreto N° 580 de 1995, de la misma cartera, transformando al CCP Punta Peuco, -que tenía el carácter de ser un centro penitenciario “especial”-, el cual pasó a ser un CCP de rango común, que ahora se denomina Centro de Cumplimiento Penitenciario Til Til.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a Gendarmería de Chile le corresponde la administración de los establecimientos penitenciarios, en tanto el artículo 26 dispone que todos los internos están obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente, los de orden y disciplina, sanidad e higiene, corrección en sus relaciones y en su presentación personal, así como conservar cuidadosamente las instalaciones del establecimiento y el utensilio y vestuario que eventualmente les sean proporcionados. De lo anterior, se colige que Gendarmería de Chile puede adoptar todas las medidas que sea pertinentes para una buena administración de los recintos penitenciarios, con la única salvedad de respetar las condiciones básicas de vida que el mismo reglamento dispone, acorde con el respeto de la dignidad de los internos, lo que además se encuentra reflejado en el artículo 2 del citado reglamento, al señalar que será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.

El Decreto N° 80 de 2025, que modificó el Decreto Supremo N° 580 de 1995, en virtud del cual el CCP de Punta Peuco se convirtió en una cárcel común., señaló entre sus considerandos que “7. Que, mediante el decreto supremo Nº 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, se creó el establecimiento penal en la comuna de Tiltil con la denominación ahí indicada. Desde su creación, dicho establecimiento ha sido destinado a la privación de libertad de personas imputadas, bajo prisión preventiva, y condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, u otros delitos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidos en ese periodo. 8. Que, mediante Oficio (R) N° 496, de 11 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, remitió informe respecto de la modificación del establecimiento penitenciario en cuestión. 9. Que, las condiciones actuales del sistema penitenciario presentan desafíos en materia de gestión penitenciaria que deben ser resueltos cautelando el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2° del decreto N° 100, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 10. Que, dado lo precedentemente señalado, no resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, razón por la cual, en mérito de las circunstancias y preceptivas enunciadas, esta autoridad dispondrá, a través del presente acto administrativo, la modificación del decreto supremo N° 580, de 1995, del Ministerio de Justicia, en el sentido de cambiar la denominación y finalidad del establecimiento penitenciario creado”. Por su parte, la Contraloría General de la República, al tomar razón del referido Decreto, hizo presente, en lo pertinente, que “habida cuenta de lo informado por Gendarmería de Chile, en relación con las edades y condiciones de salud de los internos de ese establecimiento penitenciario, la eliminación del carácter "Especial" de dicha Unidad Penal, dispuesta en el punto 3, letra a), del artículo único del decreto de la suma, no puede implicar una limitación a las atribuciones de esa repartición pública, la que, en la regulación sobre la administración interna de ese recinto, debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Séptimo: Que, en relación con la denuncia de que no se habría respetado la capacidad efectiva del recinto, generándose hacinamiento con la incorporación de treinta y dos nuevos internos, la parte recurrida informó que hasta el momento sólo se han trasladado al CCP de Til Til tres sujetos, que si bien fueron condenados por delitos de carácter sexual, se trata de personas de avanzada edad, privadas de libertad en cumplimiento de condenas firmes, con un nivel de peligrosidad y riesgo de reincidencia bajo.

En cuanto a supuestos cortes de energía eléctrica y riesgo de incendio derivado de la mala calidad de las instalaciones y desorden en relación con los extintores de incendios, la recurrida señaló que el establecimiento cuenta con un nuevo grupo electrógeno plenamente operativo, y que las supuestas deficiencias eléctricas invocadas por la actora corresponderían, en el mejor de los casos, a situaciones ya superadas que no pueden sustentar la acción cautelar.

Respecto de la afectación al derecho de visitas, la recurrida precisa que en el marco de la restructuración ya referida se está implementando un nuevo galpón que mejorará la realización de visitas y recepción de encomiendas, con accesibilidad universal, baños, dependencias de registro, oficinas, cámaras de seguridad y domo perimetral y equipamiento de rayos X.

En relación con la supuesta destrucción del huerto y los árboles frutales que los internos cuidaban, de la gruta de la Virgen María que utilizaban como espacio de reflexión espiritual, y de los “rucos” en los que mantenían sus recuerdos y enseres destinados a actividades culturales y a recibir visitas en un ambiente de privacidad, cabe destacar que se trata de denuncias que ya han sido objeto de revisión por esta judicatura -Rol N° 4015-2025- constatándose que no es efectivo lo que se acusa.

Octavo: Que, atendido lo relacionado, se concluye que no se ha demostrado en estos autos un actuar ilegal y/o arbitrario por parte de la recurrida, por cuanto no se probó la existencia de ninguna de las acusaciones que se han formulado por la recurrente.

Tampoco se advierte que las medidas que están siendo implementadas en el CCP de Til Til conlleven un trato indigno para los recurrentes ni afecten sus derechos fundamentales, por cuanto, ellas no tienen otro objetivo sino dar cumplimiento a la conversión del ex centro penitenciario de Punta Peuco, dispuesta por el Decreto N° 80 de 2025, entendido dentro del marco del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2034, que en el caso del CCP de Til Til, tiene por objeto el aumento de las plazas disponibles; la habilitación de un recinto para albergar visitas; la provisión e instalación de un nuevo grupo electrógeno; y el suministro e instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas, de los cuales hay algunos en ejecución y otros ya terminados en espera de la recepción definitiva por parte de las autoridades que correspondan, de manera que se trata de adecuaciones que tienen, por principal objetivo, el mejorar las condiciones de las personas privadas de liberta en ese recinto.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Carla Fernández Montero, en favor de 143 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, hoy denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Til-Til, en contra de Gendarmería de Chile.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26436-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.