nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 4 de marzo de 2021 comparece nombre reservado, Subcomisario, quien recurre de protección en contra de Policía de Investigaciones de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta Reservada N° 216 de fecha 29 de diciembre de 2020, por cuanto asegura que vulnera las garantías constitucionales de los números 2, 3, 7 letra h), 16, 17 y 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se deje sin efecto el término de sus funciones por salud incompatible y la exoneración de la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de cualquier otra medida que se pueda disponer, con costas.

Señala que con fecha 12 de Febrero de 2021, mediante la respectiva acta de notificación de esa misma fecha, se procedió a notificar al recurrente la Resolución Exenta Reservada N° 216, de fecha 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, suscrita por el Prefecto General don nombre reservado, en su calidad de Director Subrogante, por medio de la cual se resolvió rechazar el recurso de reposición administrativo de fecha 26 de Noviembre de 2020, relativo a su caso de licencias médicas, enfermedad metal y su génesis, recurso que fue interpuesto en contra de la Resolución Exenta Reservada N° 176, de fecha 03 de Noviembre de 2020. Indica que en dicho recurso expuso latamente sus argumentaciones y fundamentos respecto de la resolución adoptada y que se traduce en su exoneración de la Policía de Investigaciones de Chile, al tiempo que declara fundadamente que la Comisión Médica de esa misma institución policial, no cumplió las disposiciones legales para su cometido como instancia médica colegiada, ya que en la resolución cuestionada se reconoce, en su considerando 5 inciso segundo, que la autoridad deberá recurrir previamente a la Comisión Médica, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, cuestión que se contiene en el Informe Técnico Reservado N° 170, de fecha 20 de Agosto de 2020; luego en el considerando 12, incisos tercero y siguientes, de la resolución exenta impugnada, se reconoce que se estudió su ficha médica y el registro de licencias médicas, por lo que puede y debe concluirse que efectivamente la aludida Comisión Médica incumplió sus funciones, más cuando se ha indicado oportunamente que su persona como recurrente eleve a instancias extra institucionales para obtener auxilio médico especializado, sin que éstos hayan sido requeridos para proporcionar sus diagnósticos, pronósticos y recomendaciones necesarias para lograr la recuperación de salud. A ese mismo respecto, la norma de la citada ley establece claramente la forma evaluación de un funcionario activo de la misma policía y nunca a meros documentos y registros de licencias médicas que sólo indican diagnósticos, tiempo de reposo y lugar en donde éste se materializará.

Sostiene que al dictarse la Resolución impugnada no se han cumplido los requisitos legales que señala, tales como la omisión manifiesta y deliberada que se desprende de los considerandos N° 5, inciso segundo, y 12, incisos tercero y siguientes, pues su persona y en su calidad de paciente y funcionario activo nunca fue evaluado por la referida Comisión Médica, sino que esa instancia médica limitó sus funciones al simple estudio de datos consignados en su ficha clínica y registro de licencias médicas, sin haber dispuesto para el efecto de informes de los médicos especialistas que lo atendieron ante su requerimiento de auxilio médico.

Manifiesta, en primer lugar, que la letra a) del artículo 150, que establece que la declaración de vacancia procederá por la causal de "salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo", mientras que el inciso primero del artículo 151 dispone que "el Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable". Estos preceptos legales facultan a la autoridad administrativa para declarar, discrecionalmente, la vacancia por salud incompatible, siendo contrarios a los artículos 1, 5 y 19, números 2, 3, 7 letra h), 16, 17 y 18, de la Constitución Política. Así, la declaración de salud irrecuperable hace patente la racionalidad, razonabilidad, oportunidad y proporcionalidad de su procedimiento y resultado, lo que no sucede con la declaración de salud incompatible con el cargo, en la que no se aprecian tales requisitos. Asegura que el Estado ha optado, en forma discrecional, por la declaración de incompatibilidad, con lo que no se protege la salud del funcionario público, sino el aseguramiento del servicio público, pero con violación de los derechos fundamentales de la persona, utilizándola como medio para cumplir un fin, lo que estaría proscrito por el inciso primero del artículo 1 de la Carta Fundamental, que consigna la dignidad de la persona humana, constituyendo ésta un fin en sí misma. Del mismo modo, en las circunstancias descritas, el Estado obtiene un beneficio pecuniario a costa del empobrecimiento correlativo de su persona como funcionario, lo que constituye un enriquecimiento sin causa e importa, asimismo, la conculcación del inciso quinto, del artículo 1°, de la Ley Fundamental, ya que no es compatible el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional con la situación de desprotección de derechos fundamentales como el acceso a la salud y el derecho a la función y su remuneración.

Afirma que la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile procedió al margen de las normas legales y reglamentarias que la rigen, a saber: 1) la cantidad de miembros que la deben componer, 2) debe estar integrada por un médico de la especialidad, en este caso de un psiquiatra, 3) debió haberse sometido a exámenes y evaluaciones a la persona o paciente, pero se analizaron documentos previamente conocidos por el Contralor de Salud y presidente de la Comisión Médica. En tales circunstancias, la Comisión Médica bajo la dirección del médico don nombre reservado, ha procedido en un acto administrativo, como juez y parte interesada, habida consideración de que su calidad de Contralor de Salud, es quien evalúa las licencias médicas, las altera a su amaño o simplemente las rechaza y, además, es quien ha resuelto recursos en contra de su propia gestión, careciendo por tanto de objetividad e imparcialidad conforme lo disponen las normas legales que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Agrega que incurre asimismo en un deliberado acto de denegación de justicia y extemporaneidad en sus resoluciones, considerándose para esos efectos, que el Informe Técnico Reservado N° 170, fue emitido de forma irregular con fecha 20 de Agosto de 2020, y sus efectos, se concretan con la Resolución Exenta Reservada N° 176, ya individualizada, con fecha 03 de Noviembre de 2020, en tanto que su homóloga 216, de fecha 29 de Diciembre de 2020, es notificada con fecha 12 de Febrero de 2021, a sabiendas que los actos administrativos requieren de prontitud conforme se desprende de los Artículos N° 4°, 7°, 10°, 11° y otros, de la Ley N° 19.880.

Segundo: Que, con fecha 1 de junio de 2021, comparece el abogado Omar Alonso Castro Torres, por la recurrida, evacuando su informe.

Señala que el recurrente, al impugnar lo resuelto por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, ha planteado una controversia respecto a la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo de un funcionario, establecida en los artículos 150 y 151 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el que contempla en todo su procedimiento las normas del debido proceso administrativo. Agrega que la naturaleza procesal de la acción constitucional de protección es ser una herramienta procesal de carácter urgente, por lo mismo, la acción de protección no puede convertirse en una nueva instancia administrativa.

Hace ver que mediante la Resolución Exenta (R) N° 176, con fecha 03.nov.020, se declaró que el recurrente presenta salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular en el período comprendido entre el 20.may.019 al 17.oct.020, 485 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional ni a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad, contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, notificada a nombre reservado con fecha 16.nov.020. Por otra parte, con fecha 20.ago.020, la Comisión Médica Institucional, emitió el Informe Técnico (R) N° 170, que se prenunció sobre la condición de salud de nombre reservado. Luego, con fecha 29.dic.020, mediante la Resolución Exenta (R) N° 216, del Director General Subrogante, Prefecto General Carlos Yáñez nombre reservado, se resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por el Subcomisario nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta (R) N° 176, del 03.nov.020, de este origen, por no aportar antecedentes que permitan modificar lo resuelto, conforme a lo razonado en la parte considerativa de la resolución.

Indica que conforme al principio de remisión, el artículo 153 del D.F.L N° 1, de 1980, aprueba el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, señala que en todas aquellas materias no previstas en el referido Estatuto, las relaciones jurídicas que se vinculan al Estado con los empleados de dicho organismo se regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Civil del Estado, lo que ha sido refrendado por el dictamen N° 23.711, de 2009, de la Contraloría General de la República.

Hace ver lo dispuesto por el artículo 151 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en cuanto a que el Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

En cuanto a que la Comisión Médica Institucional no lo sometió a exámenes médicos, ya que sólo se evaluaron documentos, indica que ello no es un requisito para declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo. Sin perjuicio de ello, mediante el Informe Técnico (R) N° 170, de fecha 20.ago.020, tuvo a la vista su ficha médica, así como también el registro que mantiene en la Sección de Licencias Médicas, dependiente del Departamento Contralor de Salud, el cual indica que sus licencias médicas exceden los seis meses permitidos por la normativa aplicable, toda vez que dichas ausencias no corresponden a accidentes en actos del servicio, enfermedad profesional ni a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad, contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo. En razón de ello, dicho órgano colegiado determinó que el estado de salud del Subcomisario nombre reservado no presenta una condición de irrecuperabilidad. En este sentido, el artículo 73 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones establece que “Corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él”. De manera que la Comisión Médica es la entidad competente para evaluar la salud de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, ya que tiene facultades exclusivas respecto del personal institucional. Así lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa, entre otros, en los Dictámenes números 35.233 de 2011, 50.510 de 2013, y 78.126 de 2015, todos de la Contraloría General de la República.

Por su parte, respecto a que la Comisión Médica Institucional no tuvo a la vista los informes de los médicos extra institucionales que lo atendieron, señala que conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 19 del Reglamento Interno de la Jefatura Nacional de Salud, dicha circunstancia es facultativa y no imperativa. Así, el citado artículo indica que “Los informes de la Comisión Médica de la Institución estarán fundados en los antecedentes clínicos del afectado que consten en su ficha clínica médica, pudiendo además solicitar los exámenes médicos complementarios que se estimen necesarios para efectos de atender la evaluación o reevaluación del interesado”.

En cuanto a que los artículos 150 y 151 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, hace ver que facultan a la autoridad administrativa para declarar discrecionalmente la salud incompatible, siendo contrario, según el recurrente, a una serie de preceptos constitucionales, es preciso indicar que mediante la Resolución Exenta (R) N° 176, de fecha 03.nov.020, de la Dirección General, se declaró que el Subcomisario nombre reservado presenta salud incompatible con el desempeño del cargo, al acumular en el período comprendido entre el 20.may.019 y el 17.oct.020, 485 días de licencia médica, sin mediar declaración de salud irrecuperable, que no corresponden a accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional ni a las otorgadas por la Ley de Medicina Preventiva o por aplicación de las normas sobre protección a la maternidad, contenidas en el Título II del Libro II del Código del Trabajo. Señala que las licencias médicas presentadas por el recurrente corresponden a afecciones psiquiátricas, las cuales no están contempladas dentro de las excepciones establecidas en el inciso segundo del referido artículo 151. A su turno, se hace presente que, conforme a la reiterada jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los dictámenes números 40.432 de 2017 y 38.312 de 2007, se informó que compete, privativamente, a la mencionada autoridad superior calificar si el goce de licencia médica, durante el lapso señalado, implica o no tener salud incompatible con el desempeño del empleo, por lo que no se advierte tal vulneración, ya que el Jefe Superior del Servicio está dotado por ley de la facultad para ello. Así, la declaración de salud incompatible con el servicio resulta ser una facultad discrecional y de exclusiva competencia de la superioridad, de forma tal que a ésta le corresponde su ejercicio, una vez constatadas las circunstancias de hecho que la hagan procedente.

En cuanto a la integración de la Comisión Médica Institucional, señala que previamente es necesario precisar las facultades que el Ordenamiento Jurídico le ha conferido a la Comisión Médica Institucional, respecto de las condiciones de salud del personal de la Policía de Investigaciones de Chile. El artículo 30 del DL 2460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, establece que: “La Comisión Médica de Policía de Investigaciones de Chile debe actuar o informar respecto del personal de la Institución, en todos aquellos casos en que las leyes o reglamentos requieran la intervención de una comisión médica. Para estos efectos, en tales casos, o en otros en que se mencione "Comisión Médica de Carabineros", la referencia debe entenderse hecha a la "Comisión Médica de Investigaciones". En cuanto a las normas que regulan el otorgamiento de beneficios previsionales de los funcionarios que se accidentaren en actos propios del servicio, es posible señalar que el inciso primero del artículo 72 del D.F.L. Nº 1, de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, prescribe que "La circunstancia de que la muerte o las lesiones sufridas por un funcionario, sean causados en accidente ocurrido en acto determinado del servicio, será establecida mediante sumario administrativo, dispuesto por la autoridad competente". Luego, el artículo 73 D.F.L. N° 1, de 1980, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile dispone lo siguiente: “Corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él (...)”. A su vez, respecto a las facultades del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, éstas se encuentran consagradas, en primer término, en el artículo 74 del precitado cuerpo estatutario, el que dispone que "El Director General de Investigaciones determinará, previo informe de la Comisión Médica y conforme lo disponga el reglamento respectivo, el grado de invalidez o la irrecuperabilidad, en su caso, del afectado y la capacidad de éste para continuar en servicio. En caso de muerte, declarará igualmente, la circunstancia de haber fallecido el funcionario a consecuencia de un accidente determinado del servicio. La determinación de la invalidez, su clasificación y la incapacidad para continuar en el servicio se hará, en definitiva, por decreto supremo”.

Transcribe los artículos 15 a 20 del Reglamento Interno de la Jefatura Nacional de Salud, aprobado por la Orden General N° 2480, de fecha 09.DIC.016, respecto a las facultades y atribuciones de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, para luego señalar que el organismo competente para pronunciarse acerca del estado de salud de los servidores policiales, es la referida Comisión Médica Institucional, no pudiendo ni siquiera la Contralaría General de la República revisar los antecedentes clínicos o elementos de juicio que sirvieron de base a la decisión que dicha entidad médica adopta. Agrega que respecto a los miembros que componen la Comisión Médica Institucional, es preciso señalar que conforme a lo consagrado en el artículo 16 de la Orden General N° 2.480, de 09.dic.016, que aprueba Reglamento Interno de la Jefatura Nacional de Salud, éste señala que la Comisión Médica estará integrada por el jefe del Departamento Contralor de Salud, quien la presidirá, y por cuatro facultativos de las especialidades de cirugía y medicina general, cardiología y traumatología, no observándose en el contenido de la norma que aquel órgano colegiado deba estar integrado por un psiquiatra. Luego, respecto de las alegaciones efectuadas en contra del Prefecto (S) nombre reservado, se advierte que se sustentan sólo en apreciaciones personales y además subjetivas del recurrente, ya que no acompaña ningún antecedente o documento que dé cuenta de su acusación.

En cuanto a la supuesta dilación con que se han emitido y notificado los actos administrativos contra los cuales recurre nombre reservado, hace presente que los plazos fijados por el ordenamiento jurídico para que los órganos de la Administración del Estado o sus agentes desarrollen sus cometidos no son fatales, por lo que su inobservancia no es causal de invalidación de los actos administrativos. Así lo ha afirmado ese Órgano de Control, mediante su Dictamen N° 24.942, de fecha 16.sep.019.

Tercero: Que, con fecha 19 de marzo de 2021, esta Corte negó lugar a orden de no innovar solicitada por el recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Sexto: Que, del relato de los hechos que la recurrente vuelca en su recurso, es claro que, no obstante pedir el recurrente que se deje sin efecto el término de sus funciones por salud incompatible y su consecuente exoneración de la Policía de Investigaciones de Chile por alegar vulneradas aquellas garantías constitucionales que señala en su libelo, el trasfondo del quid del asunto consiste en pretender transformar a esta Corte en una tercera instancia que le permita sortear lo decidido por la recurrida, por lo que resulta claro que el recurrente ha interpuesto en realidad un recurso de apelación encubierto por estar en desacuerdo con aquello resuelto por la recurrida, en circunstancias que ésta es competente para ejercer las facultades legales y administrativas que aparece ejecutando.

Lo anterior resulta inaceptable, por cuanto la presente en ningún caso constituye instancia alguna.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, es menester señalar que el artículo 151 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone en su inciso primero que el Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Por su parte, el inciso final de la citada norma dispone que no se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo, esto es, las concedidas en el contexto de la normativa que regula la protección de maternidad, supuestos que no concurren en marras.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, la declaración de salud incompatible con el servicio resulta ser una facultad discrecional y de exclusiva competencia de la recurrida, de forma tal que a ésta le corresponde su ejercicio una vez constatadas las circunstancias de hecho que la hagan procedente.

Pues bien, la norma referida confiere al Jefe Superior de Servicio, en este caso al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, la prerrogativa de declarar salud incompatible de aquellos funcionarios que se encuentren en las circunstancias fácticas que establece la norma, esto es, bastando la sola constatación de que el funcionario ha hecho uso de licencias médicas por más de seis meses, en forma continua o discontinua, lo que debe verificarse en los últimos 2 años, y que aquellas no corresponden a licencias médicas por accidentes en actos de servicio, enfermedad profesional o licencias maternales, no requiriéndose en la especie declaración de salud irrecuperable.

Octavo: Que, consecuente con lo que se viene razonando, siendo la recurrida el órgano competente para proceder como lo hizo, no se vislumbra la existencia de un derecho de carácter indubitado, requisito éste de procedencia de la acción cautelar.

Noveno: Que, la documentación acompañada por la recurrente en nada hacen variar lo señalado.

Décimo: Que por lo antes expuesto, se concluye que el recurso de protección, no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

No firma el Ministro señor Carreño, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Protección N° 2643-2021