Protección contra Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de I

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Al folio 14: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 12 de diciembre de 2025, comparece nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), de actual dotación de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, interponiendo acción constitucional de protección en representación de su hijo nombre reservado, en contra de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, por las acciones ilegales que amenazan el legítimo ejercicio del derecho a la vida y la integridad física y psíquica, así como el derecho de igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 1 de febrero de 2003 ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales, egresando en diciembre de 2005, alcanzando en la actualidad el grado de Comisario, perteneciendo hace 7 años a la Brigada indicada.

Da cuenta que su estado civil es soltero y es padre de un hijo de 6 años de edad.

Refiere que el 1 de septiembre de 2025, tomó conocimiento informal del Radiograma N° NUM000 de 31 de agosto de ese año de la recurrida, que contiene la nómina de funcionarios seleccionados del proceso concursal “Plan Anual de Destinaciones 2025”, nómina de destinados por necesidad institucional, siendo seleccionado para ser destinado a la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio, Región de Valparaíso, del que no ha sido notificado formalmente.

No obstante ello, el 2 de diciembre de 2025 fue notificado de la Resolución Exenta RA N° NUM001, de 21 de noviembre de ese año, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, disponiendo su traslado formal y definitivo a la BIRO San Antonio, a contar del 2 de enero de 2026.

Indica que atendida la distancia en la nueva destinación será imposible mantener una relación directa y regular conforme a lo acordado con la madre de su hijo, alcanzada mediante mediación y aprobada por el Juzgado de Familia de Puerto Montt, que a la fecha le permite compartir los cuidados de su hijo, asistir a reuniones al colegio donde es el apoderado, acompañarlo en actividades escolares, terapias, consultas médicas, y sus cuidados a todo evento, siendo la madre igualmente funcionaria de la PDI en Puerto Montt, estando ambos sujetos a turnos, concurrencias y servicios de guardia.

Estima que es ilegal lo actuado, en tanto afecta el interés superior de su hijo, quien se encuentra en tratamiento psicológico por la ruptura de sus padres y que ha presentado avances, siendo indispensable mantener su acompañamiento por parte del actor, generado la recurrida una disgregación de la familia como consecuencia de una decisión administrativa irracional y sin ponderación contextual de la situación emocional y familiar del traslado, desconociendo el principio constitucional que dispone que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

No discute que la recurrida tenga la facultad legal para trasladar a su personal, pero se debe tener presente la Orden General N° 2675 sobre Reglamentación de Destinaciones, que entre sus principios orientadores, Título III, artículo 11, incluye los antecedentes personales de los funcionarios, situándose en ese ámbito aspectos como la edad o estudios de los hijos y su estado de salud.

Refiere como garantías fundamentales vulneradas, en primer lugar, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, reconocida por el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, debido al traslado sin consideración alguna a más de 1.000 km. de distancia de su hijo, afectando la integridad psíquica de su núcleo familiar.

En segundo lugar, el derecho de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, siendo razonable suponer que cada situación personal puede ser distinta y tratarse en ese contexto, criterio incluso coincidente con los principios orientadores de las destinaciones referidos, que no fueron cumplidos en su caso.

Finaliza solicitando que se deje sin efecto o en su defecto se suspenda su traslado y se ordene restablecer el imperio del derecho, adoptando cualquier otra medida que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que, informa la Policía de Investigaciones de Chile, haciendo presente en primer término que esta acción no es una nueva instancia administrativa.

Luego y en cuanto al fondo, señala que la Resolución Exenta RA N° NUM001 que dispuso la nueva destinación del recurrente desarrolla los fundamentos que le parece pertinente destacar entre sus numerales 5° al 7°, que cita.

Descarta que dicho acto sea ilegal, en tanto el artículo 16 de la Orden General N° 2675 que Aprueba el Reglamento de Destinaciones de esa policía, señala que el sistema se estructura en cinco fases, que enumera y, en ese sentido, el considerando 6° de la resolución recurrida hace hincapié en el artículo 21 de ese Reglamento, que regula la fase de destinación por necesidades del servicio, indicando expresamente que “Si cumplidas las fases anteriores aún persiste el déficit o sobredotación en unidades y/o reparticiones institucionales, la Comisión de Destinaciones podrá disponer las destinaciones del personal institucional que sea necesario, a la unidad o repartición que lo requiera. En esta fase, la totalidad del personal de la institución participará en igualdad de condiciones y ningún funcionario tendrá preferencia por sobre otro.”

Respecto a la notificación del Radiograma N° NUM000 aclara que este es publicado por Circular General, al que todos los funcionarios tienen acceso mediante la intranet institucional.

En lo que se refiere al artículo 11 del Reglamento de Destinaciones, citado por el recurrente, resalta que los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas, norma contenida dentro de los principios orientadores, entendiéndose como tal las circunstancias que se tendrá a la vista por la autoridad al momento de determinar la destinación de algún funcionario, la cual no es decisiva, sino que una de las tantas aristas que se deben tener en cuenta.

Respecto a las razones de índole familiar que obstarían a la destinación, señala que todo policía tiene pleno conocimiento, desde que ingresa a la institución, que se encuentra sujeto a movilidad institucional, tal como dispone el artículo 9° del ya citado Reglamento.

En el mismo sentido, el artículo 5° letra a) del DFL N° 1 que establece el Estatuto del Personal de la PDI, define personal, estableciendo que se encuentra sometido al régimen jerárquico y disciplinario de esa institución.

Hace presente que el actor lleva ocho años cumpliendo funciones en la misma región, por lo que ya cumplió a cabalidad el tiempo mínimo exigido por el artículo 9° del Reglamento.

Cita jurisprudencia que se ha pronunciado sobre la movilidad como parte de la función policial y que se ha referido al principio del interés superior del niño.

Continúa descartando que existan vulneraciones a las garantías fundamentales del recurrente, en tanto no se verificar una perturbación a la garantía al derecho a la integridad física y psíquica, pues sólo ha procedido a hacer una destinación, acto de la esencia de la labor de todo funcionario policial.

En lo que importa a la igualdad ante la ley, estima que el recurrente se equivoca en su alegación, toda vez que no ha recibido un trato arbitrario ni desigual, citando jurisprudencia y doctrina al efecto.

Tercero: Que, como se ha señalado reiteradamente, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el hecho que motiva la interposición de la presente acción constitucional de protección es el traslado del actor ordenado por la recurrida desde la ciudad de Puerto Montt a San Antonio, lo cual considera ilegal y arbitrario, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, sobre la materia, debe tenerse presente que es atribución del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile destinar y trasladar a los funcionarios a cumplir funciones en un lugar determinado, facultad contemplada en el artículo 10 N° 3 del D.L. N° 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y delegada en el Jefe de Administración y Gestión de las Personas.

En el caso del recurrente, dicha facultad fue ejercida del modo precedentemente indicado, disponiéndose el traslado del protegido, luego de permanecer en la Región de Los Lagos por más de ocho años.

Sexto: Que la resolución que se impugna, en sus considerandos séptimo y siguientes expresa detalladamente las razones de la destinación, no pudiendo pretenderse cierta inamovilidad en el cargo y lugar donde se desempeña, pues ello es contrario a la naturaleza y características de la labor policial de movilidad institucional, de acuerdo con las necesidades nacionales y del servicio, como ya en diversos fallos de esta misma Corte se ha concluido.

Séptimo: Que, en definitiva, lo que se busca por esta vía es un nuevo pronunciamiento, lo que resulta improcedente, pues convertiría a esta Corte en una nueva instancia.

Octavo: Que, por último, examinados los antecedentes y conforme se ha reflexionado en los basamentos anteriores, la decisión adoptada por la autoridad de la Policía de Investigaciones aparece dictadas por autoridad competente, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y debidamente fundamentada, sin que se divise en ella ninguna ilegalidad o arbitrariedad.

Noveno: Que en el sentido de lo que se viene consignando, respecto al cumplimiento de la normativa por la institución recurrida, en cuanto a la Orden General N° 2675 de 26 de febrero de 2021, que aprueba el Reglamento de Destinaciones, no ha sido vulnerada por el acto recurrido, toda vez que tal como informa la recurrida el artículo 11 que incluye los “Antecedentes personales de los funcionarios”, tiene un fin orientador mas no decisivo y, no obstante reconocer el recurrente que fue notificado del acto administrativo que dispuso su nueva destinación, no refiere ni consta en forma alguna que haya interpuesto recursos administrativos en contra de dicha Resolución Exenta, pudiendo hacerlo, lo que habría permitido a la institución recurrida pronunciarse al respecto, sin perjuicio de lo que finalmente decidiera en su caso.

Décimo: Que, en estas circunstancias, debe concluirse que en la especie no concurren los fundamentos que hacen procedente el recurso de protección, por lo que se desestimará el que ha sido intentado en estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso deducido por nombre reservado nombre reservado en contra de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26402-2025.