Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, actuando en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por haber dispuesto la cancelación de la matrícula del alumno para el año escolar 2026, actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto se funda en una supuesta falta de capacitación del establecimiento para atender las necesidades del menor y se comunica fuera de plazo, vulnerando con ello el derecho fundamental a la libertad de enseñanza, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N° 11, por lo que solicita se deje sin efecto dicha medida y se proceda a la renovación de la matrícula.

En cuanto a los antecedentes de hecho que fundan el arbitrio, la recurrente expone que el 24 de octubre de 2025 fue citada a una entrevista extraordinaria en la que se le informó que a su hijo - quien presenta un diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, trastorno de conducta explosivo intermitente y coeficiente intelectual limítrofe, de acuerdo con la documentación acompañada - se le cancelaría la matrícula para el periodo 2026. Según el relato, el establecimiento manifestó no estar capacitado para atender a un alumno con tales características y sugirió su traslado a una escuela especial. Asimismo, la recurrente denuncia que, durante el resto del año escolar 2025, el menor debió trabajar en casa con guías enviadas por el colegio. Sostiene además que el alumno ha sido víctima de burlas por parte de sus compañeros y que las autoridades educativas han utilizado sus reacciones ante dichas provocaciones como pretexto para suspenderlo.

La recurrente arguye que la comunicación de la no renovación se realizó de manera extemporánea, lo que dificulta la búsqueda de una vacante en otro centro educativo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al recurrido la renovación de la matrícula del estudiante nombre reservado para el año escolar 2026.

Segundo: Que, comparece el abogado Dalton Campos Seguin, en representación de la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, quien evacua el informe de rigor solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En primer término, la recurrida hace valer la improcedencia de la acción de protección por encontrarse los hechos denunciados bajo el conocimiento y competencia de la Superintendencia de Educación. Sostiene que el recurso de protección es una acción de urgencia y naturaleza autónoma, cuya procedencia requiere la inexistencia de otros procedimientos legales idóneos. En este sentido, informa que la propia recurrente ingresó denuncias ante dicho organismo fiscalizador por los mismos hechos. Asimismo, la institución educativa derivó todos los antecedentes a la Superintendencia el 28 de noviembre de 2025 para la revisión de la medida adoptada. Por tanto, argumenta que, al estar el conflicto bajo la potestad del órgano técnico encargado por la Ley N° 20.529 de velar por la normativa educacional, la intervención de esta Corte resulta innecesaria.

En cuanto al fondo del asunto, la defensa niega la existencia de un actuar ilegal o arbitrario, afirmando que la cancelación de la matrícula para el año 2026 es una medida ajustada a derecho y proporcional a la gravedad de los hechos. Expone que el estudiante nombre reservado, quien padece Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) y pertenece al Programa de Integración Escolar (PIE), ha protagonizado reiterados episodios de agresión física y verbal hacia sus compañeros y personal docente. Detalla que, durante los años 2024 y 2025, el establecimiento agotó las instancias de apoyo, implementando un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), adecuaciones curriculares, ajustes de jornada y constantes intervenciones de su equipo psicosocial.

No obstante, lo anterior, la recurrida relata que la conducta del menor no experimentó mejoría, registrándose al menos cinco activaciones de protocolos por maltrato escolar debido a golpes, cachetadas y manotazos a otros estudiantes, así como agresiones al encargado de convivencia escolar. Esa parte subraya que estas situaciones generaron un clima de temor e inseguridad generalizada en el curso, afectando el derecho a la educación de los demás alumnos. Asimismo, acusa una falta de colaboración de la apoderada, quien no habría entregado información clínica actualizada ni informes de especialistas externos que permitieran orientar nuevos planes de apoyo.

Desde una perspectiva jurídica, la recurrida sostiene que la sanción se aplicó siguiendo estrictamente el debido proceso contemplado en su Reglamento Interno y en la Ley General de Educación. Explica que el alumno se encontraba bajo "Condicionalidad Extrema" desde septiembre de 2025, y que la nueva agresión ocurrida el 22 de octubre de ese año configuró una infracción a las normas de convivencia que, de acuerdo con los artículos 49 y 51 de su reglamento, autorizan la cancelación de matrícula en casos de reiteración y peligro para la integridad de la comunidad. Asegura que se respetó el derecho a defensa y el derecho a apelación, el cual fue resuelto y rechazado por el Consejo de Profesores tras un análisis minucioso de la trayectoria educativa del alumno.

Finalmente, la parte recurrida desmiente las acusaciones de la recurrente respecto a que se le impidió asistir a clases o que se le discriminó por su diagnóstico, afirmando que siempre se garantizó su acceso a material pedagógico durante las suspensiones y que los esfuerzos institucionales por mantenerlo en el sistema fueron superiores a lo exigido por la normativa.

Tercero: Que, comparece la Superintendencia de Educación, representada por la Encargada Jurídica de la Dirección Regional Metropolitana, doña nombre reservado, informando al tenor del recurso de protección, delimitando inicialmente sus facultades legales conforme a la Ley N°20.529, y precisa que su objeto es fiscalizar que los sostenedores se ajusten a la normativa educacional, atender denuncias y reclamos, y controlar la legalidad del uso de recursos, actuando de oficio o a petición de parte.

En lo tocante al marco normativo aplicable a la medida de expulsión adoptada por el establecimiento "Escuela nombre reservado", la informante sostiene que, si bien los directores poseen la facultad de iniciar procedimientos disciplinarios por conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, dicha potestad se encuentra estrictamente limitada por los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria. Asimismo, hace hincapié en que tales medidas solo pueden adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que garantice el debido proceso, incluyendo el derecho a descargos y a la reconsideración de la medida.

En cuanto al examen de los hechos, la Superintendencia expone que, tras analizar los antecedentes proporcionados por el establecimiento educacional con fecha 29 de enero de 2026, se constató que la medida de expulsión no se ajusta a la normativa vigente. Al respecto, señala que el sostenedor no acreditó el cumplimiento de formalidades esenciales, tales como: la notificación por escrito al apoderado del inicio del procedimiento y sus fundamentos; el otorgamiento del derecho a presentar descargos; la resolución en el plazo de diez días hábiles ante medidas cautelares; y la consulta obligatoria al Consejo de Profesores frente a la solicitud de reconsideración.

Sobre la base de tales infracciones, el órgano fiscalizador manifiesta que ha procedido a derivar el expediente a su Unidad de Fiscalización para el inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. No obstante, aclara que la institución carece de facultades legales para ordenar por sí misma la reincorporación del estudiante, limitándose su competencia a la revisión formal del procedimiento y a la aplicación de sanciones administrativas al sostenedor por las inobservancias detectadas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, la impugnación concreta a que refiere el presente arbitrio se dirige en contra de la decisión de cancelación de matrícula del hijo de la recurrente para el año 2026, comunicada personalmente por el establecimiento educacional en entrevista de 24 de octubre pasado, por cuanto aparentemente no estarían capacitados para atender las necesidades de acuerdo con el diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, trastorno de conducta explosivo intermitente y coeficiente intelectual limítrofe del alumno.

Además, alega que esta comunicación habría sido de forma extemporánea y dificulta encontrar una vacante para el año 2026 en un establecimiento distinto.

Sexto: Que, de los antecedentes agregados al proceso, y en especial del informe emitido por la Corporación Educacional nombre reservado y los documentos acompañados en folio 7, consta que el recurrido registró numerosas faltas cometidas por el estudiante entre las cuales aparecen agresiones físicas a sus compañeros, por las cuales se aplicaron diversas medidas disciplinarias, las que culminaron en la cancelación de matrícula para el presente año, previo consejo con el equipo educativo.

Séptimo: Que, del análisis de los antecedentes, no se advierte que la medida disciplinaria adolezca de ilegalidad alguna, por cuanto se ajusta a las facultades y procedimientos establecidos por el recinto educativo, el que agotó las instancias de solución de conflictos con el estudiante sin que existiera una mejora en su comportamiento.

Además, se debe tener presente que si bien el alumno presenta una situación de capacidades diferentes que requieren un enfoque cualificado en su educación e integración escolar, no se puede desconocer que su comportamiento está mermando el derecho a la educación y bienestar de los otros integrantes de la comunidad escolar, lo que llevó al colegio a tomar la decisión que se impugna.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, si bien la Superintendencia de Educación declaró que el procedimiento de cancelación de matrícula desarrollado por el Colegio no se apegó a la normativa vigente, la sanción administrativa que proviene de esa falta ya está en curso y no obsta a la decisión de este tribunal, teniendo especialmente presente lo consignado en el considerando anterior y la particularidad de que la Superintendencia no puede disponer la reincorporación del estudiante como consecuencia del procedimiento sancionatorio incoado.

Noveno: Que, por lo expuesto precedentemente, el presente arbitrio será rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Comuníquese y regístrese si no se apelare.

Protección 26.397-2025