Protección contra Colegio nombre reservado y la Superintendencia de Educación

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

A los folios 19 y 20; a todo, téngase presente.

Al folio 21: a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, en favor y representación de su hijo nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado y la Superintendencia de Educación, por haber adoptado la medida disciplinaria de cancelación de matrícula de su hijo para el año lectivo 2026, en el marco de un supuesto hostigamiento constante y una inadecuada gestión de un incidente de violencia escolar.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la medida de cancelación de matrícula de su hijo, ordenando su reincorporación al establecimiento o su reubicación en otro colegio, y se investiguen las conductas de los funcionarios involucrados.

La recurrente expone que su hijo, nombre reservado, estudiante del establecimiento recurrido durante el año académico 2025, ha sido objeto de una serie de actos que considera atentatorios a sus derechos.

Señala que, durante el año 2025, su hijo sufrió un constante hostigamiento por parte de docentes y el equipo de convivencia escolar, con comentarios despectivos atribuidos a la Encargada de Convivencia Escolar, doña nombre reservado, quien habría instado a otros estudiantes y apoderados a no relacionarse con él, calificándolo como “lo peor del colegio”.

Asimismo, relata un incidente ocurrido en el taller de Mecánica Industrial, donde estudiantes de cuarto medio habrían ingresado a agredir a su hijo, y acusa al docente nombre reservado de pasividad e incluso de una actitud burlona durante la agresión.

Agrega que, a pesar de que la conducta de nombre reservado mostró mejoras reconocidas por la funcionaria nombre reservado en ciertos momentos, estas no fueron consideradas consistentemente, lo que denota una contradicción en la valoración de su comportamiento por parte del establecimiento.

El principal fundamento de su recurso se centra en los hechos acontecidos el diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, cuando, según la recurrente, se produjo un altercado entre estudiantes, su hijo, nombre reservado, fue injustamente involucrado en dicha riña, pues su participación se limitó a intentar separar a los compañeros.

En este contexto, la recurrente cuestiona la activación del protocolo de Aula Segura, el aviso a Carabineros y el posterior traslado de los estudiantes, incluido su hijo, a la 38ª Comisaría de Puente Alto, alegando la ausencia de un acompañamiento adulto adecuado durante dicho proceso. Además, menciona la existencia de supuestos comentarios inapropiados de los funcionarios nombre reservado y nombre reservado respecto a una “pandilla”.

La recurrente argumenta que la medida de cancelación de matrícula para el año 2026, adoptada por el Colegio nombre reservado, es ilegal y arbitraria al no ajustarse a la realidad de la participación de su hijo en los hechos, quien, según su versión, actuó como mediador.

Considera que no se respetó el debido proceso en la tramitación del procedimiento sancionatorio, ni los principios de proporcionalidad, vulnerando así la potestad disciplinaria racional e imparcial que deben regir la aplicación de sanciones. Cuestiona también la aplicación de la Ley Aula Segura en este caso y la gestión general del establecimiento, la cual, a su juicio, ha sido deficiente y perjudicial para el estudiante.

Con base en lo expuesto, la recurrente sostiene que el actuar del Colegio nombre reservado y la Superintendencia de Educación vulnera los derechos fundamentales de su hijo garantizados en la Constitución Política de la República. El derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2, se vería afectado por el presunto hostigamiento y trato diferenciado que habría recibido el estudiante. Y el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 19 N°3, se conculca al no haberse respetado un procedimiento racional y justo en la aplicación de la sanción, especialmente en la valoración de los hechos. Finalmente, el derecho a la educación, asegurado en el artículo 19 N°10, se perturba gravemente con la cancelación de matrícula, que interrumpe la continuidad de sus estudios y su desarrollo académico.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se deje sin efecto la medida de cancelación de matrícula de su hijo, ordenando su reincorporación al establecimiento o, en su defecto, su reubicación en otro colegio.

Asimismo, pide que se investiguen las conductas de los funcionarios involucrados en el presunto hostigamiento y en la inadecuada gestión del incidente, y que la causa sea resuelta previa vista, concediendo alegatos a esta parte para una mejor resolución, dada la complejidad y la etapa crucial en la vida del adolescente.

SEGUNDO: Que, la parte recurrida Fundación Educacional nombre reservado, Colegio nombre reservado, por medio de su abogada doña Camila Martínez Silva, evacuó informe.

Expuso que el estudiante nombre reservado, con fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, participó en una riña pública grupal con trece estudiantes, resultando en lesiones a terceros.

Ante la gravedad de los hechos, se dio aviso a Carabineros de Chile, quienes trasladaron a los estudiantes a centros asistenciales y, posteriormente, a la 38ª Comisaría de Puente Alto, con el acompañamiento del Coordinador de Convivencia Escolar, don nombre reservado. La recurrida señaló que este hecho fue considerado flagrante y de conocimiento público, respaldado por testigos, cámaras de seguridad, constatación de lesiones y parte de Carabineros N°NUM000. Explicó que esta situación constituye una falta de gravedad extrema según su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), lo que motivó la denuncia inmediata a Carabineros y la activación del protocolo de expulsión por Ley Aula Segura, aclarando que el material audiovisual se encuentra disponible si la Corte lo requiere, conforme a la Ley N°21.430.

Sobre las supuestas vulneraciones señaladas en el recurso, afirmó que no existen antecedentes, denuncias previas ni registros formales de acoso, hostigamiento o vulneración de derechos contra el estudiante durante el año dos mil veinticinco, ni el propio alumno ha manifestado ser víctima de tales situaciones, remitiéndose para mayores detalles a un documento adjunto.

Respecto del procedimiento de Aula Segura, indicó que, en cumplimiento de la Ley N°21.128, se activó de manera inmediata el protocolo, considerando que los actos que causan daño a la integridad física o psíquica de la comunidad educativa afectan gravemente la convivencia escolar, lo cual se constató dado que varios funcionarios y estudiantes fueron agredidos físicamente, requiriendo atención médica y la emisión de diez formularios de seguro escolar.

Argumentó que el principio de proporcionalidad se cumplió cabalmente, en atención a la gravedad del acto cometido y a los antecedentes del estudiante, que incluían reiteradas faltas graves al Manual de Convivencia Escolar, la aplicación previa de medidas formativas y disciplinarias progresivas, y el incumplimiento de una condicionalidad de matrícula.

En cuanto al debido proceso, detalló que la medida de cancelación de matrícula se ajustó a la normativa vigente y al RICE 2025, presentando un cuadro con las etapas y plazos del protocolo de Aula Segura, que incluyen la activación del protocolo, la fase probatoria, la resolución y notificación, la solicitud de reconsideración, la notificación de la resolución final y el cierre del proceso con la comunicación a la Superintendencia de Educación.

Enfatizó que se cumplió con los requisitos de notificar por escrito al alumno y apoderados, y la posibilidad de presentar pruebas y recurso de reconsideración.

Aclaró que la decisión de cancelar la matrícula, y no la expulsión inmediata, se fundó en un criterio de proporcionalidad y racionalidad pedagógica, permitiendo al estudiante concluir el año escolar, siendo esta tramitación compatible con la permanencia hasta el término del año lectivo.

Señaló que la activación del protocolo de Aula Segura tuvo una función preventiva y cautelar, y que la decisión final de cancelación de matrícula respondió a un procedimiento sancionatorio debidamente tramitado, respetando el debido proceso, el derecho a defensa, plazos razonables y la ponderación de antecedentes agravantes, especialmente la reiteración de conductas violentas.

Concluyó que no existió ilegalidad ni arbitrariedad, sino una actuación gradual, preventiva y proporcional. Además, informó que el establecimiento gestionó una visita domiciliaria de apoyo, la cual fue expresamente rechazada por la apoderada.

Posteriormente, el Director remitió un correo electrónico a la apoderada el catorce de octubre de dos mil veinticinco, ofreciendo apoyo para facilitar la continuidad escolar de su hijo y entregando orientaciones sobre el Sistema de Admisión Escolar del MINEDUC y una nómina de establecimientos en Puente Alto y la Región Metropolitana. Sin embargo, la apoderada no hizo uso de las alternativas ofrecidas.

Finalmente, citó jurisprudencia para reforzar la autonomía de los establecimientos educativos en la aplicación de la Ley Aula Segura, siempre que se respete el debido proceso.

Solicita en su petitorio rechazar el recurso de protección deducido en todas sus partes.

TERCERO: Que la recurrida, Superintendencia de Educación, al evacuar su informe en autos, ha opuesto en lo principal la excepción de falta de legitimación pasiva, solicitando que esta sea acogida en todas sus partes. Para fundar su solicitud, ha expuesto que, en primer lugar, ninguna de las actuaciones planteadas en el recurso ha sido cometida por este servicio en el ejercicio de sus funciones, pues el verdadero acto impugnado refiere a un proceso disciplinario de cancelación de matrícula por parte del establecimiento educacional. En segundo lugar, indica que la acción impugnada no obedece a actos administrativos o resoluciones que hayan sido pronunciadas por esta Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones, y que la recurrente tampoco indica alguna participación concreta y precisa de esta entidad que pudiese identificar actos que fundamenten la acción de protección, ya que el recurso procede en contra de quien "por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza" en sus derechos, lo que no le es atribuible. En tercer lugar, sostiene que este servicio no tiene facultades para incidir en el resultado del proceso disciplinario de cancelación de matrícula, sin perjuicio de sus facultades fiscalizadoras dispuestas en el artículo 6, letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación. Para sustentar su argumentación, la Superintendencia cita jurisprudencia de las Iltmas. Cortes de Apelaciones de San Miguel (Rol N°15.442-2022), Rancagua (Rol N°1.737-2024) y Santiago (Rol N°18.463-2024), las cuales han acogido la excepción de falta de legitimación pasiva, resolviendo que los actos impugnados son ejecutados por el colegio y que la acción de protección no puede prosperar respecto de la Superintendencia.

En subsidio, y para el caso de que la excepción esgrimida fuera rechazada, la Superintendencia ha informado respecto de la acción de protección, solicitando su rechazo en todas sus partes con expresa condenación en costas. A tal efecto, ha señalado que, en cuanto a la normativa aplicable, la Ley N°20.529 (Ley SAC) establece que su objeto es fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, absolver consultas, investigar y resolver denuncias, e imponer sanciones, pero que su rol en los procedimientos de expulsión o cancelación de matrícula, regulados por la Ley N°20.845 ("Inclusión Escolar") y la Ley N°21.128 ("Aula Segura"), se limita a revisar, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación.

En este contexto, aclara que no cuenta con facultades legales para anular o revocar la decisión del Director del establecimiento de expulsar o cancelar la matrícula, ni para impetrar o instruir compulsivamente la reincorporación de un estudiante, ya que su competencia se circunscribe a la aplicación de sanciones administrativas al sostenedor en caso de incumplimiento de la normativa procesal.

Para corroborar su limitada competencia, invoca dictámenes de la Contraloría General de la República (N°10.000 de 2017 y N°473 de 2018) y jurisprudencia de las Iltmas. Cortes de Apelaciones de La Serena (Rol N°169-2024) y Valparaíso (Rol N°200-2024), las cuales sostienen que el restablecimiento del imperio del derecho en caso de vulneración corresponde a la judicatura. Respecto del conocimiento de los hechos, ha indicado que tomó conocimiento de éstos a partir de una denuncia presentada por una apoderada (CAS-NUM001), la cual fue cerrada preliminarmente al determinarse que el establecimiento habría adoptado oportunamente actuaciones destinadas a abordar la situación descrita.

Sin embargo, posteriormente, al revisar el expediente de cancelación de matrícula (CAS-NUM002) ingresado por la Escuela nombre reservado el 21 de octubre de 2025 respecto del alumno nombre reservado, se constató la existencia de hechos que podrían configurar una eventual vulneración a la normativa educacional vigente, dado que el establecimiento no acreditó haber informado por escrito al apoderado el inicio del procedimiento sancionatorio y sus fundamentos, no haber otorgado al apoderado el derecho a presentar descargos, y no haber resuelto el procedimiento en un período de diez días hábiles cuando se adoptó una medida cautelar. Estos antecedentes fueron derivados a la Unidad de Fiscalización mediante Ordinario N°NUM003 de fecha 26 de diciembre de 2025 para los fines procedentes.

Concluye que no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria, y que la recurrente pretende un accionar de parte de dicho organismo que atenta directamente en contra del principio de legalidad y juridicidad.

Finalmente, en cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, la Superintendencia reitera que la parte recurrente no describe qué actos o de qué forma esta entidad habría vulnerado dichas garantías, limitándose a solicitar la no aplicación de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula, para lo cual la Superintendencia carece de facultades.

CUARTO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de esta acción la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que el asunto controvertido sometido a conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la cancelación de la matrícula respecto del menor nombre reservado por parte de la recurrida Colegio nombre reservado y posterior conducta de la Superintendencia de Educación de no dejar sin efecto dicha cancelación de la matrícula, constituyó un acto arbitrario e ilegal vulnerando las garantías constitucionales que señala, fundada en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sobre el objeto de la acción precedentemente reseñado, el planteamiento de la recurrente, como se expresa en el libelo que dio origen a la formación de la presente causa, se limita a sustentar la falta de participación del estudiante por quien se acciona en los hechos que motivaron su expulsión y, al respecto, asevera quien acciona estar premunida de elementos que permitirían demostrar esa versión del estudiante, tales como un video y declaraciones. La sindicación e imputación al estudiante estaría motivada, en su concepto, en una estrategia preordenada de acoso y persecución llevada a cabo por docentes y funcionarios del establecimiento. Sin embargo, el estudiante refiere expresamente, en entrevista aparejada a la investigación, haber participado en la riña que motivó su expulsión, invocando razones que, a su entender, justificaron su intervención en defensa de terceros, siendo, además, detenido por estos hechos.

En tales condiciones, conforme el tenor de la protesta formulada por quien acciona, el recurso de protección no es la vía para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, puesto que, de una parte, la valoración de antecedentes de índole probatoria y el establecimiento de hechos diversos a los zanjados por las instancias de disciplina escolar, incluso respecto de circunstancias eventualmente constitutivas de un delito, ha de ser declarado y reparado por las vías que la propia Constitución y la legislación establecen y no mediante una acción cautelar urgente que presupone el carácter indubitado de los derechos o intereses cuyo restablecimiento se pretende.

Es precisamente para desentrañar las circunstancias referidas que la Superintendencia de Educación ha activado la fiscalización correspondiente, como consta en el proceso, y fruto de ella estará en condiciones de adoptar providencias administrativas fundadas sobre el asunto sometido a su conocimiento, sin que su actuar hasta ahora, pueda ser estimado ilegal o arbitrario por vía activa u omisiva. No se trata, por consiguiente, de un déficit de legitimación, sino derechamente de la ausencia de uno de los requisitos para que la acción pueda prosperar a su respecto, esto es, una acción ilegal o arbitraria.

Conforme lo razonado, por resultar el asunto planteado es del todo ajeno al ámbito de la acción ejercida, al no encontrarse suficientemente zanjadas circunstancias probatorias elementales para desentrañar la fisonomía y dinámica de los hechos y, en ese margen, la regularidad, proporcionalidad y motivación de la decisión expulsiva del establecimiento educacional denunciado.

En el mismo orden de ideas, respecto del proceder de la agencia administrativa de control, no cabe formular reproche alguno entretanto no concluya el procedimiento que han incoado, del que podrían, en su caso, obtener contraste las alegaciones de la recurrente. Por ende, el recurso será rechazado, como se dirá en la conclusión.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en favor y representación de su hijo nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado y la Superintendencia de Educación.

Regístrese y oportunamente archívese.

N°Protección-26393-2025.