Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 10 de febrero de 2025, comparece Gustavo Zeballos Marín, abogado, en favor de nombre reservado y de la sociedad Good Service SpA, interponiendo un recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Santiago Norte, por haber bloqueado la emisión de documentación tributaria electrónica por parte de la empresa recurrente, sin resolución fundada. Actuación que considera ilegal, arbitraria y vulneradora de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 21°, 2° y 22°.

Expone que Good Service SpA es una persona jurídica del giro actividad de apoyo a la agricultura, siendo contribuyente del impuesto al valor agregado y, como tal, debe emitir la documentación correspondiente. Indica que la representación de dicha sociedad para efectos tributarios corresponde al señor nombre reservado y que ésta inició actividades el 29 de mayo de 2023.

Sostiene que desde noviembre de 2024 se han efectuado 12 solicitudes de timbraje y autorización de folios, sin mediar por parte de la recurrida una resolución fundada del motivo por el cual se procede al bloqueo del sistema de facturación. En tal contexto, explica que, en innumerables oportunidades, han debido proporcionar documentación comercial, civil, laboral y tributaria para acreditar la efectividad de sus operaciones, como contratos con clientes y proveedores, libros de remuneraciones, certificados de declaraciones de impuesto, entre otros.

Puntualiza que desde el 6 de diciembre de 2025 (sic), la sociedad recurrente presenta un nuevo bloqueo a través de las anotaciones 52 y 45 y frente al requerimiento de folios electrónicos efectuado en febrero de este año, no han logrado que el Servicio de Impuestos Internos habilite tal forma de facturación. Lo que les ha generado perjuicios económicos que amenazan con llevar a la quiebra (sic) a la empresa.

Afirma que el actuar del Servicio de Impuestos Internos es arbitrario e ilegal en relación con los principios rectores de transparencia, probidad y responsabilidad, accesibilidad y simplificación, eficacia y eficiencia, sin que su actuar se encuentre fundado en normativa legal aplicable.

Asevera que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios que sean necesarios para su giro o actividad, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8° ter del Código Tributario, por lo que las normas que permiten al Servicio privar o limitar este derecho deben ser interpretadas restrictivamente, cumpliendo con los procedimientos establecidos para ello. Agrega que el bloqueo de timbraje de documentación tributaria electrónica no se funda en un acto administrativo motivado que, debidamente notificado, dé cuenta, además, del ejercicio de dicha potestad.

Adiciona que, aun cuando se estime que se ha cumplido con dicho requisito formal -dictación del acto administrativo que contenga los motivos del bloqueo- arguye que el señor nombre reservado no se encuentra en ninguna situación legal que le impida emitir facturas y otros documentos tributarios electrónicos.

En cuanto a infracción de garantías constitucionales, considera que, al restringirle o prohibirle el timbraje de documentos tributarios electrónicos, se le impone una sanción que no ha sido aplicada en forma legal y se le impide el desarrollo normal de sus actividades económicas, discriminándole respecto a aquellos contribuyentes que se encuentran en su misma posición jurídica, conculcando con ello sus derechos fundamentales reconocidos en los numerales 2°, 21° y 22° de la Carta Fundamental.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene el inmediato restablecimiento del imperio del derecho, específicamente, que se autorice a Good Service SpA la emisión de documentación electrónica autenticada por su representante nombre reservado, así como cualquier otra medida que la Corte estime conducente para el mismo fin, con costas.

Allegó pantallazos de la página web de la sociedad recurrente en el Servicio de Impuestos Internos, que dan cuenta de las anotaciones practicadas, su descripción y la acción requerida para subsanarlas.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, la recurrida Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

En primer lugar, afirma que no se especifica con claridad cuál es el acto u omisión particular que da origen a su acción, pues solo menciona de manera genérica algunas anotaciones registradas en el Servicio de Impuestos Internos (52 y 45), una suposición sobre un "bloqueo" del timbraje de documentación tributaria electrónica y la referencia a un presunto incumplimiento relacionado con la supuesta inexistencia de un acto administrativo que, debidamente notificado, dé cuenta del ejercicio de dicha potestad. Lo anterior, impide que sea admitido a tramitación y causa indefensión al no poder identificar el fundamento del libelo.

Luego, argumenta que no es efectivo que en la especie no exista el correspondiente acto administrativo, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos dictó y notificó válidamente al contribuyente la Resolución Exenta Nro. 165 de 12 de febrero del año en curso, donde se le comunicó una serie de circunstancias que ameritaron diferir la autorización de folios, a saber: “[…] que de las fiscalizaciones efectuadas se detectaron inconsistencias en los datos necesarios para autorizar folios; que de acuerdo a las indagaciones realizadas el contribuyente no fue ubicado en el domicilio registrado, el cual sería falso, no pudo contactarse al número telefónico informado y no se acreditó que contara con las instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad”. Por consiguiente, en virtud de los antecedentes expuestos en la referida resolución y mientras subsistieran las inconsistencias detectadas, se difirió la autorización de folios solicitada.

Considera que el Servicio de Impuestos Internos ha ejercido sus facultades de fiscalización respetando el marco legal, particularmente lo dispuesto en el artículo 6° del Código Tributario que le encomienda la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos.

Explica que el registro de las anotaciones 52 ("preventivo del jefe de departamento") y 45 ("no Ubicado, verifi. activ. o de Facturas") en sus sistemas, corresponde a un actuar ajustado a derecho. La anotación 52 se practicó el 6 de diciembre de 2024 atendido que los antecedentes presentados por el contribuyente no permitían acreditar su actividad, registrando facturaciones cruzadas con empresas relacionadas y sin demostrar la efectividad material de sus operaciones. Por su parte, la anotación 45 se registró el 8 de febrero de 2025, luego que en una visita inspectiva al domicilio informado el contribuyente no fue ubicado y, según lo informado por personal del lugar, no existiría conocimiento de la sociedad ni de su representante legal, quien no residiría ahí.

Añade que estas anotaciones tienen un objetivo meramente informativo y de control, no producen restricciones o exclusiones en el ciclo de vida del contribuyente y no son permanentes, eliminándose una vez que se subsana la situación que les dio origen, como ocurrió en la especie, en que incluso con posterioridad a su práctica se autorizaron folios al recurrente. Por tanto, concluye que no existe ilegalidad en su actuar, quien por ley puede registrar estas anotaciones para controlar situaciones de los contribuyentes y la correcta autorización de documentos tributarios electrónicos.

Respecto de la igualdad ante la ley, señala que el recurrente no aporta antecedentes que permitan realizar el análisis que tal alegación requiere, no existiendo actos del Servicio que signifiquen diferencias arbitrarias en el trato con otros contribuyentes en su misma situación, al tratarse de una actuación realizada dentro de una política general aplicable a todos los contribuyentes que se encuentran en los mismos supuestos fácticos.

Finalmente, argumenta que no se han vulnerado las garantías constitucionales denunciadas, toda vez que el contribuyente tiene libertad para desarrollar actividades económicas, respetando las normas que la regulan y, además, la citada resolución Nro. 165 contiene las razones fácticas y jurídicas por las cuales el Servicio resolvió diferir la autorización de folios, todo en estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

Por todas las razones expuestas, en el informe se solicita tener por evacuado el traslado y rechazar el recurso de protección deducido en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, la recurrida incorporó los siguientes antecedentes: 1) Resolución Exenta Nro. 165 dictada por el Servicio de Impuestos Internos el 12 de febrero de 2025; 2) Nómina de correo de notificación de la Resolución Nro. 165 por carta certificada enviada por Correos de Chile; 3) Formulario 4417, informe de verificación de actividad del recurrente de 8 de febrero de 2025, en que consta la visita realizada al domicilio informado por el contribuyente el 8 de febrero del presente; y, 4) documento extraído de la base de datos del Servicio de Impuestos Internos en que consta la "consulta de estado de folios de documentos tributarios electrónicos", en el que se advierte que la última autorización de folios al contribuyente fue el 30 de enero de 2025.

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, como cuestión preliminar, útil resulta destacar que en el ámbito del derecho tributario deben conciliarse los deberes de recaudación de los tributos que pesan sobre el Estado y las garantías individuales de los ciudadanos. De esta forma, para la procedencia del arbitrio constitucional de que se trata, se requiere que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de una acción u omisión del Servicio de Impuestos Internos, que vulnere el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales indicados y protegidos por esta vía.

Así las cosas, la clave para elucidar de qué trata esta acción cautelar está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". Y, en este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Por consiguiente, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

Sexto: Que en el caso sublite, se atribuye al Servicio de Impuestos Internos haber bloqueado ilegalmente el sistema de facturación electrónica de la sociedad recurrente, lo que le impediría desarrollar su actividad económica, afectando con ello las garantías constitucionales previstas en los numerales 2°, 21° y 22| del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, el artículo 59 bis) prevé que “[c]on el propósito de asistir a los contribuyentes y prevenir el incumplimiento tributario originado en actuaciones u omisiones del propio contribuyente o de terceros, el Servicio podrá solicitar la comparecencia de los contribuyentes que se encuentren en las situaciones que se señalan a continuación, las que podrán comparecer personalmente o representadas: […] c) Con base en los antecedentes en poder del Servicio se determine fundadamente que el contribuyente no mantiene las instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado ante el Servicio o que la dirección, correo electrónico, número de rol de avalúo de la propiedad o teléfono declarados para la obtención de rol único tributario, la realización de un inicio de actividades o la información de una modificación, conforme con los artículos 66, 68 y 69, según corresponda, sean declarados fundadamente como falsos o inexistentes”.

Y agrega el inciso final que “[e]n caso que el contribuyente no comparezca o, si comparece, no aclare las materias específicas señaladas por el Servicio, se dictará una resolución fundada dando cuenta del hecho”.

Por otra parte, el artículo 8 ter del mismo estatuto normativo establece en su inciso tercero que “[l]as autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N°825, de 1974”.

Octavo: Que, en este escenario, del mérito de los antecedentes aportados al proceso, en particular de la resolución exenta Nro. 165 de 12 de febrero de 2025 y su notificación, aparece que el Servicio de Impuestos Internos difirió la autorización de folios electrónicos a la empresa recurrente. Ello, fundado en una serie de irregularidades detectadas y que fueron puestas en conocimiento del recurrente, previamente, mediante las anotaciones 52 y 45, donde además se le indica la acción requerida para subsanar las observaciones planteadas.

Noveno: Que, así las cosas, aparece que el Servicio de Impuestos Internos ha ejercido legítimamente sus facultades de control y fiscalización consagradas en los artículos 6 Nro. 1 letra A) Nro. 1 del Código Tributario y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, comunicándole las inconsistencias detectadas conforme en los términos de los numerales 14 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario, procediendo en la especie a diferir temporalmente la autorización de documentación tributaria electrónica a la empresa recurrente, en conformidad a las disposiciones transcritas en el motivo séptimo precedente, concurriendo, conforme se razonó, el supuesto fáctico previsto en dicha normativa, particularmente en la letra c).

Décimo: Que, por consiguiente, el proceder del Servicio aparece ajustado a derecho, desde que ha obrado dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las facultades que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de sus funciones de aplicación y fiscalización tributaria.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, entendida ésta como carente de razonabilidad o proporción entre los hechos y medios utilizados para afrontarlos, por cuanto el ente fiscalizador ha explicitado tanto en las anotaciones como en la resolución exenta número 165, los motivos jurídicos y fácticos que sustentan su actuar.

Undécimo: Que, por lo demás, no logra divisarse de qué manera una actuación legítima del Servicio como la descrita pudiera conculcar las garantías constitucionales denunciadas, en particular, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita y a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, toda vez que el acto impugnado no impone una prohibición o impedimento absoluto al ejercicio de tales prerrogativas fundamentales sino una limitación temporal en el uso de un determinado sistema de emisión de documentación tributaria electrónica que se enmarca dentro de las potestades legales de fiscalización del ente recurrido. Y aun cuando ello pudiere generar dificultades operativas a la empresa, la Carta Fundamental mandata a que tales actividades se desarrollen respetando las normas legales que la regulen, entre ellas, la de comparecer ante el ente fiscalizador -cuando sea requerido- a fin de acreditar la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, lo que en el caso concreto no consta haberse subsanado.

Duodécimo: Que, por otro lado, tampoco se aprecia cómo una actuación legítima y razonada como la descrita vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley que garantizan los numerales 2° y 22° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no se han aportado antecedentes que permitan establecer un trato discriminatorio de la empresa recurrente en relación con otros contribuyentes en iguales condiciones.

Décimo Tercero: Que, por consiguiente, al no apreciarse una conducta, omisión o acto ilegal o arbitrario del Servicio de Impuestos Internos que vulnere las garantías constitucionales alegadas por la sociedad recurrente, el presente recurso no podrá prosperar.

Décimo Cuarto: Que, asimismo, cabe mencionar que si bien comparece también nombre reservado como recurrente, no se ha especificado en autos un acto u omisión ilegal o arbitraria del Servicio que le afecte en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, sino que el libelo descansa en el bloqueo para la emisión de documentos electrónicos por parte de Good Service SpA, de quien él es representante legal. Lo que, por lo demás, es coincidente con el petitorio del recurso que se dirige exclusivamente a obtener que se autorice a la sociedad la emisión de facturas electrónicas, petición que además excede a los límites de la acción entablada, habida cuenta que el actuar de la recurrida se enmarca en la potestad normativa que la ley le confiere y, además, teniendo presente que a la fecha, ya se dictó la resolución que contiene los fundamentos para diferir la autorización de folios, no existiendo, en consecuencia, medida alguna que pudiera adoptarse al respecto. De modo que, desde este punto de vista, la acción constitucional también debe ser desestimada.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por don Gustavo Zeballos Marín, en representación de nombre reservado y de Good Service SpA entablada en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese.

Rol Corte Nro. 2639-2025 (Protección)