nombre reservado con UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE - CORPORACION DE TELEVISION -CANAL 13

49 Foja: 48 Cuarenta y ocho.

Santiago, diez de abril de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 7 comparece don nombre reservado, técnico superior en electricidad y telecomunicaciones, quien interpone acción de protección en contra de Universidad Católica de Chile, Corporación de televisión, Canal 13, por considerar que se ha vulnerado el derecho garantizado en el N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al exhibirse como video en línea, en la página web de la recurrida un reportaje en que se le vincula con asaltantes al Banco Estado de Pudahuel..

A fojas 33 informa don nombre reservado, por Canal 13 S.A., solicitando el rechazo de la acción de protección interpuesta, por cuanto sólo ha ejercido su derecho a informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio y por cuanto no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad que vulnere alguna garantía constitucional del recurrente.

Encontrándose la causa en estado, se han traído los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Sostiene el recurrente que con fecha 22 de diciembre de 2013 en el noticiario Teletrece Central, se exhibió un reportaje del periodista nombre reservado que versa sobre un asalto ocurrido el día miércoles 11 diciembre del mismo año en la sucursal del Banco del Estado de la comuna de Pudahuel, el que es exhibido como video en línea en la página web de la recurrida bajo el título "Video Reveló Acción de Anarquistas Asaltantes de Bancos".

Indica que el periodista realiza una asociación infundada, arbitraria e irresponsable, entre los imputados de dicho delito y su persona, transcribiendo un pasaje de dicho video. Agrega que se exhiben en este reportaje tres fotografías que lo involucran las cuales tienen origen desconocido, una imagen en donde en las afueras del Centro de Justicia conversa con su abogada; otra imagen en donde el abogado Rodrigo Román aparece conversando con él y una tercera imagen tomada desde la distancia en donde se encuentra la imagen señalada en primer lugar pero debido a la distancia aparecen más personas rodeando los abogados, afirmando que esas imágenes no grafican alguna interacción entre su persona y el imputado por el hecho ilícito antes señalado, sólo muestra conversaciones con sus abogados.

El reportaje da también información respecto de la condena que se le impuso en el año 2007 por el delito de tenencia ilegal de armas la que cumplió con fecha 27 septiembre 2010, efectuando una vinculación entre su condena y el asalto ocurrido el 18 octubre 2007, en base a la información entregada por inteligencia, sin señalar que los tribunales no hicieron en su fallo alusión a dicho ilícito.

Agrega que producto de esta información el mismo día 22 diciembre recibió un mensaje en su celular desde la empresa en que trabaja, por parte de su jefe de proyecto haciendo alusión a ese reportaje, señalándole al día siguiente que esa situación iba ser objeto de análisis lo cual hacía correr un real peligro de perder su trabajo. Asimismo en los días siguientes diversos trabajadores le hacen preguntas respecto de lo informado por Canal 13, lo que le ha significado un sinfín de conflictos personales, preocupándole que su exitosa reinserción social se vea interrumpida por esta arbitraria vinculación realizada por la recurrida.

Sostiene que se está en presencia de una acción ilegal y arbitraria por cuanto no se ajusta a ninguna información establecida formalmente, si no que, según indica el propio reportaje, obedece a información entregada por inteligencia policial, la que no reviste las características propias de la información periodística debido a que no es comprobable ni verificable, no está sujeto a control, no reviste responsabilidad social en el contenido de la información lo que anula la posibilidad de defensa de tales dicho por su parte, y ha vulnerado y perturbado el ejercicio del derecho contemplado en el numeral 4 del artículo 19 de la constitución, agrega que no obstante la Constitución también asegura el derecho de información, también se regula la responsabilidad a la cual se encuentran los sujetos emisores respecto de las informaciones entregada ya que lo que resguarda esta garantía es que se pueda dar a conocer un hecho sin que medie censura previa, en consecuencia el derecho de informar encuentra su límite en la colisión con el ejercicio legítimo de otros derechos fundamentales especialmente el derecho al honor y a la imagen.

Concluye solicitando se acoja el recurso en todas sus partes restableciendo el imperio del derecho, ordenando la eliminación de la página de la recurrida el reportaje señalado, junto con la retractación de los dichos en dicho reportaje respecto a su persona o lo que el tribunal estime pertinente, condenando en costas a la contraria.

2°) Que informando la recurrida sostiene que no es efectivo que el reportaje en cuestión vincule al recurrente, en forma infundada, arbitraria e irresponsable, con el asalto al Banco del Estado de Pudahuel, sino con los imputados por ese delito, además se informa acerca de una condena que recayó sobre el recurrente por delitos relacionados con movimiento subversivo anarquista, su vínculo con diversas personas integrante de tales y con diferentes delitos cometidos en otras oportunidades y por otras personas en el mismo contexto subversivo anarquista.

Indica que Canal 13 ha ejercido su libertad de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, actuando al amparo del artículo 1° y 30 letra f) de la ley 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, los que transcribe, al igual que del artículo 19 N° 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica.

Expresa que siendo la libertad de informar un principio general, su limitación es una excepción por lo que debe estar expresamente contemplada en la ley, así nuestra legislación establece como excepciones el artículo 33 de la Ley de Prensa, que prohíbe divulgar la identidad de menores que hayan sido partícipes, víctimas o testigos de determinados delitos; al igual que en la ley antiterrorista, en la ley de drogas y en el artículo 189 del Código Procesal Penal, afirmando que claramente el reportaje canal 13 no se encuentra dentro de las excepciones a la libertad de informar y emitir opinión, tesis que sido sostenida por numerosos fallos de los tribunales, que cita.

Expresa por otra parte, que el reportaje no ha vulnerado garantía constitucional alguna, no ha afectado la honra del recurrente, a nadie se insultó, desacreditó o difamó, no se formularon falsas imputaciones ni se trató en forma grosera, agregando que el lenguaje utilizado es formal, serio, respetuoso y esencialmente veraz.

Agrega que los antecedentes penales del recurrente y su vinculación con grupos anarquistas y subversivos, son hechos que hace mucho tiempo ya han sido ampliamente informados por todos los medios de comunicación social del país y basta con poner el nombre nombre reservado en cualquier buscador de Internet e inmediatamente aparecen los antecedentes del sujeto, transcribiendo alguno de los más relevantes.

Concluye señalando que el reportaje no ha ofendido al recurrente sino que se limitó a exponer en forma objetiva antecedentes que lo vinculan con graves crímenes que ya son de público conocimiento desde hace años, por lo que solicita el rechazo del recurso en análisis.

3°) Que el fundamento base del acto que se denuncia como ilegal o arbitrario, se configura a juicio del recurrente por la circunstancia que en la página web de la recurrida se exhibe un video bajo el título “Video reveló acción de anarquistas asaltantes de bancos” en el que se le vincula a los grupos que asaltan bancos y a grupos anarquistas, quienes a su vez estarían vinculados con personas que pertenecieron al grupo político Mapu-Lautaro.

4°) Que el N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, responsabilidad ésta última que no compete determinar por la vía de esta acción de protección.

5°) Que analizado el video en cuestión, cuya transcripción rola a fojas 22 y siguientes, se puede constatar que, a diferencia de lo que afirma el recurrente, no lo vincula directamente con el grupo asaltante del Banco del Estado de Pudahuel, sino tangencialmente con uno de los detenidos por tal hecho, el resto de las referencias efectuadas a nombre reservado, dicen relación con hechos ya conocidos por la opinión pública en los que tuvo participación y por los que fue condenado por los tribunales de justicia. Por otra parte la alusión a que la Policía indaga nexos entre el ex movimiento Lautaro y los actuales grupos anarquistas violentos, tampoco aluden al recurrente sino a los grupos antes mencionados.

6°) Que en consecuencia, el reportaje en cuestión no puede ser considerado un acto ilegal, desde que su contenido no es sino una manifestación del derecho de informar sin censura previa, que no ha excedido el marco legal, se funda en hechos ya conocidos sin que se pueda imputar falta a la verdad en cuanto a los hechos expuestos y que se refieren al recurrido, incluso, no desvirtúa la foto que cuestiona, sino sólo que en ella no se grafica alguna interacción entre su persona y el imputado por el hecho ilícito a que se alude al iniciar el reportaje.

7°) Que en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, ni tampoco las consecuencias que éste hubiere provocado, según los dichos del recurrente, no puede existir vulneración a la garantía constitucional que se entiende afectada, por lo que el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y de acuerdo, también con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 7, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2.639-2.014.- Redacción de la Ministro (S) Dora Mondaca Rosales.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Manuel Antonio Valderrama Rebolledo e integrada, además, por la ministro (S) Dora Mondaca Rosales y la abogado integrante Sra. Paola Herrera Fuenzalida.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a diez de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.