nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el descuento efectuado en su remuneración, correspondiente al mes de noviembre de 2025 por concepto de crédito social, el que excedería el límite legal aplicable a este tipo de deducciones, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 24 y N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente suscribió con la recurrida un crédito social pagadero mediante descuentos por planilla de remuneraciones, cuyo pago se interrumpió al quedar cesante, incurriendo en mora. Agrega que desde el año 2011 cumple regularmente una obligación alimenticia y que, al reincorporarse al mercado laboral en agosto de 2025, comenzó a desempeñarse como vendedor para MARANGUNIC HERMANOS LTDA., advirtiendo en su remuneración del mes de noviembre de 2025 un descuento de $276.074 solicitado por la Caja, el que, sumado a la pensión de alimentos, redujo significativamente sus ingresos disponibles para solventar sus gastos.

Sostiene que el descuento practicado resulta ilegal y arbitrario por exceder el 25% de su remuneración líquida y, conjuntamente con la retención por alimentos, superar el límite máximo de deducciones permitido por la legislación laboral, sin que se le informara el fundamento del cálculo efectuado. Invoca como sustento de su acción el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, el artículo 58 del Código del Trabajo, el Dictamen N° 4954-2018 y las Circulares N° 2.052 y N° 2.824 de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando que se ordene el cese de los descuentos, la restitución de las sumas descontadas en exceso y de aquellas que se practiquen durante la tramitación del recurso, o, en subsidio, la devolución de la diferencia que exceda el máximo legal, con costas.

Segundo: Que Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso, por estimar que los descuentos practicados se ajustan a la normativa que regula los créditos sociales.

Expone que la Caja otorgó al recurrente, el 17 de febrero de 2025, un crédito social por la suma de $7.556.261, pactado en 48 cuotas mensuales, de las cuales las primeras fueron pagadas oportunamente, produciéndose posteriormente mora respecto de algunas cuotas, manteniéndose el crédito vigente, exigible y no prescrito. Agrega que, en cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, inició las acciones judiciales de cobranza correspondientes y que, conforme a las modificaciones introducidas por la Circular N° 3894, resulta procedente reanudar los descuentos por planilla aun cuando exista un juicio ejecutivo en tramitación, precisando que dicho mecanismo constituye una modalidad legal de pago propia del régimen de crédito social, prevista en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y no una gestión de cobranza extrajudicial. Asimismo, reconoce que el descuento efectuado en la remuneración correspondiente al mes de noviembre de 2025 superó en $37.220 el límite equivalente al 25% de la remuneración líquida del recurrente.

Sostiene que su actuación se encuentra amparada por las disposiciones de la Ley N° 18.833, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, las Circulares N° 3567 y N° 3894, los artículos 2492 y siguientes del Código Civil y el Dictamen N° 2659-2020 de dicho organismo fiscalizador, afirmando que la obligación del recurrente permanece vigente y exigible mientras no exista declaración judicial de prescripción. Finalmente, invoca diversa jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que, a su juicio, reconoce la legalidad de los descuentos por planilla aun cuando exista un procedimiento ejecutivo en curso, descartando la existencia de doble cobro o de una actuación arbitraria, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, no controvirtiéndose la legalidad de los descuentos realizados por la recurrida, sino que su monto, por estimarse que excede el máximo legal, conviene recordar que en el punto 1.17.9.7 de la Circular 3567, de 4 de enero de 2021, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, modificada por la circular 3894 de 13 de noviembre de 2025, dispone que “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar sólo podrán informar para descuento en las remuneraciones del trabajador o en la pensión del afiliado una sola cuota de un mismo crédito social, la que, además, deberá respetar el porcentaje máximo de descuento que es permitido realizar en conformidad con lo señalado en el N°1.10.2 de la presente Circular”. Por su parte, en el apartado 1.10.2 del citado estatuto se prescribe que “La cuota mensual del o de los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración, renta o pensión líquida mensual del trabajador o pensionado, respectivamente, definidas en el punto 1.9 precedente, si dicha remuneración, renta o pensión líquida, es igual o mayor al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta los 65 años de edad”.

Sexto: Que, como se ha señalado precedentemente, la recurrida admite que el monto que se ha descontado mensualmente a la recurrente excede en más de $ 37.000 mensuales el límite máximo, establecido reglamentariamente como un máximo por la autoridad regulatoria para esta clase de créditos sociales.

Séptimo: Que, en concepto de la jurisprudencia, a objeto de establecer el alcance e inteligencia de la voz ilegalidad que se describe el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha de considerarse que éste cautela la vigencia del bloque de legalidad o juridicidad, como mandato que ordena ajustarse al ordenamiento jurídico, entendido éste en un sentido amplio y por ende, abarca no solo la ley escrita, sino también los reglamentos y las instrucciones de los entes reguladores facultados por ley, es decir, considerando las facultades normativas y la potestad reglamentaria de la administración, que permiten el establecimiento de mandatos normativos vinculantes para los administrados, cuyo es precisamente el caso de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad que tiene la potestad legal para interpretar las normas, dictar circulares y emitir resoluciones de cumplimiento obligatorio para las entidades de previsión y salud (como Isapres, COMPIN o mutualidades).

OCTAVO: Que, en este predicamento entonces, no controvirtiéndose por la recurrente la existencia del crédito que origina el descuento, pero admitiéndose por la recurrida que se ha excedido en los descuentos en tope máximo previsto por la normativa a que estaba afecto, poca duda cabe que ha incurrido en una actuación ilegal, que vulnera el ordenamiento jurídico y lesiona la garantía de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, contempladas entre nosotros en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de nuestro texto fundamental, lo que determinará que se acoja el recurso de protección interpuesto, en los términos que se señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se dispone que deberá, ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia, limitar los descuentos mensuales que realice en las remuneraciones del recurrente al límite máximo del 25% establecido en la normativa aplicable y deberá liquidar y devolver debidamente reajustado conforme a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, el exceso de descuentos que se hayan realizado de las remuneraciones de nombre reservado, por el crédito que ha motivado la presente acción constitucional.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 26388-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva.

En Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.