Protección contra Tesorero Provincial de Las Condes

Santiago, siete de Julio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Primero: Que doña nombre reservado, dedujo el recurso en contra del Tesorero Provincial de Las Condes, quien careciendo de competencia, dictó la resolución en virtud de la cual decidió no someter a tramitación la excepción de no empecer el título, por estimar que se opuso extemporáneamente, afectando con ello la garantía constitucional consagrada en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política.

Sostiene que el día 30 de junio de 2016, fue notificada del mandamiento de ejecución y embargo dictado en la causa Rol 11.334-2015, seguida ante el Tesorero Provincial de las Condes. El día 29 de julio se practicó el primer embargo, momento desde el cual comenzó a correr el plazo que disponía para oponerse. Estando vigente el mismo, la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos, decretó la suspensión del procedimiento por 180 días, a la espera de la resolución de una solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora. Rechazada ésta y dejada sin efecto tal suspensión, opuso la excepción de no empecerle el título, fundada en que el documento no era título ejecutivo y no daba cuenta de una obligación líquida y actualmente exigible. Sin embargo, el 2 de marzo de este año, el Tesorero resolvió no admitirla a tramitación por ser deducida extemporáneamente.

Alega que el Tesorero actuó al margen de su competencia, transformándose en una comisión especial, que la privó del derecho a un juez natural y a un tribunal independiente e imparcial, en los términos garantizados por el artículo 19 N° 3, inciso 5°, de la Constitución Política. En efecto, la resolución dictada por dicho funcionario es ilegal, ya que de acuerdo al artículo 178 del Código Tributario, no se encuentra facultado para rechazar las excepciones opuestas, sea por razones de forma o de fondo, dado que la ley no distingue, fijándole con ello un límite material. Por otra parte, la ausencia de competencia no queda subsanada por el artículo 177 del mismo código, toda vez que no se aplica al Tesorero Provincial, cuya actuación se encuentra sujeta al límite del artículo 178 citado y a los principios de legalidad establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.

Señala que el Tesorero no disponía de la facultad para declarar inadmisible la oposición y al hacerlo ha obrado de manera contraria a derecho y se ha constituido en una comisión especial que lesiona el derecho al juez natural por lo solicita acoger el recurso, dejando sin efecto la resolución dictada con fecha 2 de marzo de 2017, ordenando remitir los antecedentes al Abogado Provincial o a la Justicia Ordinaria, adoptando todas las medidas necesarias y suficientes para restablecer el imperio del derecho y condenando en costas al recurrido.

Segundo: Que en su informe el abogado Julio Covarrubias Vásquez, lo hace por el funcionario recurrido, señalando que el recurso es inadmisible por cuanto el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero. Así lo establece, los artículos 30 y 35 de la Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado de 1975.

Señala que en el expediente administrativo Rol 11.334-2015 consta que la deuda tributaria de la recurrente está sometida al procedimiento de cobro ejecutivo contemplado en el Código Tributario, en el cual los ejecutados pueden oponer las excepciones dentro de los plazos señalados y acceder a una serie de medios destinados a solucionar los conflictos que se presenten, por lo que la recurrente ha tenido derecho a un debido proceso y prueba de ello es que recurrió contra la resolución que rechazó su oposición por extemporánea, por lo que existiendo procedimientos ordinarios para conocer y resolver el conflicto, no es procedente atacarlo por esta vía.

En cuanto al fondo, señala que la excepción opuesta no se admitió a tramitación por extemporánea y si bien la resolución fue dictada por el Tesorero Provincial de Las Condes, el acto previamente fue analizado, revisado y aprobado por la Abogado Provincial a cargo de la tramitación del expediente, según consta en el timbre y media firma estampada por éste, en la parte final de la resolución. Una vez estudiados los antecedentes se concluyó que la excepción era extemporánea, ya que excedía con creces el plazo fatal de 10 días hábiles, plazo que debía contarse desde la fecha del primer embargo trabado el 28 de julio de 2016.

Afirma que, en rigor, no hubo pronunciamiento en relación a la defensa opuesta y no es efectivo que el juez sustanciador se haya extralimitado en sus facultades legales al no admitirla a tramitación, como tampoco es efectivo que se haya impedido la remisión de los antecedentes para pronunciamiento del Abogado Provincial y los Tribunales Ordinarios de Justicia.

De lo expuesto precedentemente puede apreciarse claramente que no existe privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente, ya que las actuaciones decretadas por el juez sustanciador se han ajustado de manera estricta a la competencia que le otorga la ley en el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, por lo que procede el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que de lo informado aparece que se reconoce la efectividad del hecho que sirve de base al recurso, esto es, que hubo un pronunciamiento de parte del Tesorero declarando la extemporaneidad de la excepción deducida, sosteniendo que ello fue en un procedimiento que se tramita legalmente y que su decisión fue conocida y aprobada por el abogado provincial.

En razón de lo dicho, corresponde determinar si tal actuación se ajustó a lo que sobre el particular dispone el artículo 178 del Código Tributario.

Cuarto: Que no existiendo controversia en cuanto a la oposición de excepciones en conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 del código antes citado, cebe tener en consideración que el 178 ya referido, dispone que ante el escrito de oposición del ejecutado, el Tesorero examinará su contenido y sólo podrá pronunciarse sobre la oposición cuando fundándose en el pago de la deuda proceda acogerla íntegramente, agregando que en ningún caso podrá hacerlo sino para acoger la oposición y en los demás las excepciones serán resueltas por el abogado provincial o la justicia ordinaria, en subsidio.

Quinto: Que consta de la copia del expediente administrativo que se tiene a la vista, que la excepción opuesta por la contribuyente es la del número 3 del artículo 177 del Código Tributario, esto es, no empecerle el título al ejecutado, la que, ciertamente, ninguna relación guarda con aquella respecto de la puede pronunciarse el señor Tesorero Comunal, sino, por el contrario, debió remitir los antecedentes para que lo hiciera el abogado provincial, no obstante lo cual, dictó la resolución que motiva el presente recurso no admitiéndola a tramitación por considerarla extemporánea.

Al proceder de esta manera, actuó más allá de sus atribuciones y, por lo tanto, emitió un pronunciamiento que no le correspondía, pudiendo estimarse que se constituyó en lo que genéricamente se denomina por el texto constitucional que sirve de base al recurso, una “comisión especial”, puesto que ninguna otra calificación cabe respecto de quien, sin estar facultado por la ley realiza un juzgamiento en una materia determinada, lo hace al margen de su competencia. De esta manera, se configura una situación de hecho que violenta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°3, inciso 5, de la Constitución, en cuanto que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, si no por el Tribunal que señalare la ley y que se haya establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”

Como se dijo, el recurrido admitió haber incurrido en la conducta que se le reprocha, pero sostuvo que existió la autorización del abogado provincial para proceder de esta manera, según consta del timbre y de la “media firma” estampada al pie de la misma, pero esta circunstancia no puede considerarse suficiente para legitimar una actuación para lo cual legalmente no estaba facultado, dándose así el supuesto que autoriza acoger el presente recurso y remediar la situación producida en la forma que se dirá en lo resolutivo del mismo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Tesorero Provincial de Las Condes, dejándose sin efecto la resolución dictada por éste, con fecha dos de Marzo del año en curso, que emitió pronunciamiento sobre la excepción opuesta por aquella, en representación de nombre reservado, debiendo remitirse los antecedentes para que se pronuncie sobre la misma, al señor abogado provincial, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Código Tributario, sin costas Comuníquese, registres y en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Carlos Gajardo Galdames.

Rol N° 26.380- 2017 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y el abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.