Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Gustavo Zeballos Marín, abogado, en favor de nombre reservado y Transportes Galaxy SpA, interponiendo un recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Santiago Norte, por haber bloqueado su sistema de facturación electrónica sin resolución fundada. Actuación que consideran ilegal, arbitraria y vulneradora de los derechos fundamentales contemplados en los numerales 21, 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que Transportes Galaxy SpA es una persona jurídica del giro transporte de carga terrestre, siendo contribuyente del impuesto al valor agregado y, como tal, debe emitir la documentación correspondiente. Indica que la representación de dicha sociedad para efectos tributarios corresponde al señor nombre reservado y el inicio de actividades se efectuó el 24 de mayo de 2022.

Aduce que desde el 14 de octubre de 2024 han existido un conjunto de actos mediante los cuales el Servicio de Impuestos Internos procede a bloquear por sistema la emisión de facturas electrónicas y, luego de requerir información respecto a contratos, libros de remuneraciones, asientos contables, entre otros -la que se ha aportado en tiempo y forma- procede a habilitar nuevamente la emisión de tales documentos electrónicos. Aclara que en dicho período se han presentado 9 solicitudes de folios electrónicos y timbraje (sic) de facturas electrónicas.

Puntualiza que desde el 31 de enero del presente año la sociedad recurrente presenta un nuevo bloqueo a través de las anotaciones 52 y 45 y, frente al requerimiento de folios electrónicos efectuado el 4 de febrero pasado, no han logrado que el Servicio de Impuestos Internos habilite tal forma de facturación. Lo que les ha generado perjuicios económicos que amenazan con llevar a la quiebra (sic) a la empresa frente a la imposibilidad para cumplir las obligaciones laborales y aquellas propias del giro, acumulado un importante detrimento patrimonial.

Afirma que el actuar del Servicio de Impuestos Internos es arbitrario e ilegal en relación con los principios rectores de transparencia, probidad y responsabilidad, accesibilidad y simplificación, eficacia y eficiencia, sin que su actuar se encuentre fundado en normativa legal aplicable.

En efecto, asevera que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios que sean necesarios para su giro o actividad, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8° ter del Código Tributario, por lo que las normas que permiten al Servicio privar o limitar este derecho deben ser interpretadas restrictivamente, cumpliendo con los procedimientos establecidos para ello. Agrega que el bloqueo de timbraje de documentación tributaria electrónica no se basa en un acto administrativo fundado que, debidamente notificado, dé cuenta, además, del ejercicio de dicha potestad.

Aun cuando se considere que se ha cumplido con dicho requisito formal -dictación del acto administrativo que contenga los motivos del bloqueo- arguye que el señor nombre reservado no se encuentra en ninguna situación legal que le impida emitir facturas y otros documentos tributarios electrónicos.

En cuanto a infracción de garantías constitucionales, considera que, al restringirle o prohibirle el timbraje de documentos tributarios electrónicos, se le impone una sanción que no ha sido aplicada en forma legal y se le impide el desarrollo normal de sus actividades económicas, discriminándole respecto a aquellos contribuyentes que se encuentran en su misma posición jurídica, conculcando con ello sus derechos fundamentales reconocidos en los numerales 2, 21 y 22 de la Carta Fundamental.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene el inmediato restablecimiento del imperio del derecho, específicamente, que se autorice a Transportes Galaxy SpA la emisión de documentación electrónica autenticada por su representante nombre reservado, así como cualquier otra medida que la Corte estime conducente para el mismo fin, con costas.

Allegó pantallazos de la página web de la sociedad recurrente en el Servicio de Impuestos Internos, que dan cuenta de las anotaciones practicadas, su descripción y la acción requerida para subsanarlas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

En primer lugar, como antecedentes de hecho, expone que Transportes Galaxy SpA registra como actividades económicas propias de su giro transporte de carga por carretera, actividades de apoyo a la agricultura y otras actividades de dotación de recursos humanos. Menciona que actualmente registra su domicilio en la comuna de Lampa y anteriormente en Las Condes; sin embargo, en ninguno de ellos, a los cuales concurrieron funcionarios del Servicio, fue habido el contribuyente.

Agrega que los antecedentes que ha presentado el contribuyente no permiten acreditar su actividad, ya que tiene facturaciones cruzadas de empresas relacionadas que tienen el mismo representante -el señor nombre reservado- y no ha demostrado la efectividad material de sus operaciones respecto de sus actividades económicas, especialmente en cuanto a la supuesta prestación de servicios a la agricultura.

Manifiesta que el 31 de enero de 2025 se registró al contribuyente la anotación 52 “Preventiva del Jefe del Departamento", en atención a las inconsistencias e incumplimientos referidos y por cuanto solo presenta antecedentes de unos pocos trabajadores.

Por otra parte, sostiene que la sociedad recurrente registra autorización de folios de facturas electrónicas desde el 2 al 197, siendo la última autorización de 31 de enero de 2025. Precisa que el último requerimiento de antecedentes se formuló en respuesta a sus peticiones administrativas de 4 de febrero de 2025, comentando en ellas que iba a regularizar las observaciones que tiene, lo que a la fecha de emisión del informe, no había realizado.

Seguidamente, manifiesta que el 8 de febrero de 2025 se registró al contribuyente la anotación 45 "No Ubicado, Verifi. Activ. O De Facturas", atendido que no fue ubicado en el domicilio registrado y que, según lo informado por el personal de conserjería, no se tendría conocimiento de la existencia de la sociedad ni del representante legal, quien no residiría en el lugar.

Finalmente, refiere que el 19 de febrero de 2025 se dictó y notificó válidamente al contribuyente la Resolución Exenta Nro. 189 que difiere la autorización de folios electrónicos, por cuanto de las verificaciones efectuadas pudo constatarse que el contribuyente no contaba con las instalaciones para el desarrollo de la actividad, el número de teléfono registrado es inexistente; no pudiéndose tomar contacto con el contribuyente y el domicilio informado sería falso, lo que se constató al efectuarse una visita por parte de funcionarios del Servicio sin ser ubicado en el mismo, además de la información entregada por terceros.

Como argumentos para el rechazo de la acción cautelar entablada, afirma que el recurso carece de la precisión necesaria, toda vez que no especifica con claridad cuál es el acto particular que da origen a la acción constitucional, razón suficiente para desestimarlo.

Luego, explica que su actuar no es arbitrario ni ilegal puesto que, como se consignó, se dictó la Resolución Exenta Nro. 189 -en uso de sus facultades fiscalizadoras y de conformidad con lo previsto en el artículo 8 ter en relación con el artículo 59 bis letra c), ambos del Código Tributario- la que fue debidamente notificada el mismo día en la casilla de correo electrónico registrada por el contribuyente para efectos de las notificaciones electrónicas que realice el Servicio, dando cumplimiento a las exigencias del inciso 1° del artículo 11 del Código Tributario.

Agrega que las anotaciones efectuadas al contribuyente han sido registradas conforme a derecho, en ejercicio de la potestad normativa regulada en los artículos 6 Nro. 1 letra A) Nro. 1 del Código Tributario y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, encontrando su fundamento en las irregularidades detectadas. Especifica, en todo caso, que éstas tienen un carácter meramente informativo y de control y son alzadas una vez que termine la situación que le dio origen.

Finalmente, argumenta que no se han vulnerado las garantías constitucionales denunciadas, toda vez que el contribuyente tiene libertad para desarrollar actividades económicas, respetando las normas que la regulan y, además, la citada resolución Nro. 189 contiene las razones fácticas y jurídicas por las cuales el Servicio resolvió diferir la autorización de folios, todo en estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

Tercero: Que, a fin de acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso: 1) resolución exenta Nro.189 dictada por el Servicio el 19 de febrero de 2025; 2) certificado de notificación de 19 de febrero de 2025; 3) visualización de correo electrónico relativa a la notificación practicada; 4) visualización extraída de las bases de datos del Servicio, que acredita que el recurrente se encuentra inscrito para ser notificado por correo electrónico en la casilla indicada; 5) documento denominado "consulta de estado de folios de documentos tributarios electrónicos; y 6) copia de Formulario 4417 sobre verificación de actividades, de 8 de febrero de 2025.

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, como cuestión preliminar, útil resulta destacar que en el ámbito del derecho tributario deben conciliarse los deberes de recaudación de los tributos que pesan sobre el Estado y las garantías individuales de los ciudadanos. De esta forma, para la procedencia del arbitrio constitucional de que se trata, se requiere que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de una acción u omisión del Servicio de Impuestos Internos, que vulnere el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales indicados y protegidos por esta vía.

Así las cosas, la clave para elucidar de qué trata esta acción cautelar está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". Y, en este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Por consiguiente, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

Sexto: Que en el caso sublite, se atribuye al Servicio de Impuestos Internos haber bloqueado ilegalmente el sistema de facturación electrónica de la sociedad recurrente, lo que le impediría desarrollar su actividad económica, afectando con ello las garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 21 y 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, el artículo 59 bis) prevé que “[c]on el propósito de asistir a los contribuyentes y prevenir el incumplimiento tributario originado en actuaciones u omisiones del propio contribuyente o de terceros, el Servicio podrá solicitar la comparecencia de los contribuyentes que se encuentren en las situaciones que se señalan a continuación, las que podrán comparecer personalmente o representadas: […] c) Con base en los antecedentes en poder del Servicio se determine fundadamente que el contribuyente no mantiene las instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de la actividad o giro declarado ante el Servicio o que la dirección, correo electrónico, número de rol de avalúo de la propiedad o teléfono declarados para la obtención de rol único tributario, la realización de un inicio de actividades o la información de una modificación, conforme con los artículos 66, 68 y 69, según corresponda, sean declarados fundadamente como falsos o inexistentes”.

Y agrega el inciso final que “[e]n caso que el contribuyente no comparezca o, si comparece, no aclare las materias específicas señaladas por el Servicio, se dictará una resolución fundada dando cuenta del hecho”.

Por otra parte, el artículo 8 ter del mismo estatuto normativo establece en su inciso tercero que “[l]as autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N°825, de 1974”.

Octavo: Que, en este escenario, del mérito de los antecedentes aportados al proceso, en particular de la resolución exenta Nro. 189 de 19 de febrero de 2025 y su notificación, ambas rolantes a folio 10, aparece que el Servicio de Impuestos Internos difirió la autorización de folios electrónicos a la empresa recurrente. Ello, fundado en una serie de irregularidades detectadas y que fueron puestas en conocimiento del recurrente, previamente, mediante las anotaciones 52, 4111 y 45, donde además se le indica la acción requerida para subsanar las observaciones planteadas.

Noveno: Que, así las cosas, aparece que el Servicio de Impuestos Internos ha ejercido legítimamente sus facultades de control y fiscalización consagradas en los artículos 6 Nro. 1 letra A) Nro. 1 del Código Tributario y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, comunicándole las inconsistencias detectadas conforme a los términos de los numerales 14 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario, procediendo en la especie a diferir temporalmente la autorización de documentación tributaria electrónica a la empresa recurrente, en conformidad a las disposiciones transcritas en el motivo séptimo precedente, concurriendo, conforme se razonó, el supuesto fáctico previsto en dicha normativa, particularmente en la letra c).

Décimo: Que, por consiguiente, el proceder del Servicio aparece ajustado a derecho, desde que ha obrado dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las facultades que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de sus funciones de aplicación y fiscalización tributaria.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, entendida ésta como carente de razonabilidad o proporción entre los hechos y medios utilizados para afrontarlos, por cuanto el ente fiscalizador ha explicitado tanto en las anotaciones como en la resolución exenta número 189, los motivos jurídicos y fácticos que sustentan su actuar.

Undécimo: Que, por lo demás, no logra divisarse de qué manera una actuación legítima del Servicio como la descrita pudiera conculcar las garantías constitucionales denunciadas, en particular, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita y a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, toda vez que el acto impugnado no impone una prohibición o impedimento absoluto al ejercicio de tales prerrogativas fundamentales sino una limitación temporal en el uso de un determinado sistema de emisión de documentación tributaria electrónica que se enmarca dentro de las potestades legales de fiscalización del ente recurrido. Y aun cuando ello pudiere generar dificultades operativas a la empresa, la Carta Fundamental mandata a que tales actividades se desarrollen respetando las normas legales que la regulen, entre ellas, la de comparecer ante el ente fiscalizador -cuando sea requerido- a fin de acreditar la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, lo que en el caso concreto no consta haberse subsanado.

Duodécimo: Que, por otro lado, tampoco se aprecia cómo una actuación legítima y razonada como la descrita vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley que garantizan los numerales 2° y 22° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no se han aportado antecedentes que permitan establecer un trato discriminatorio de la empresa recurrente en relación con otros contribuyentes en iguales condiciones.

Décimo Tercero: Que, por consiguiente, al no apreciarse una conducta, omisión o acto ilegal o arbitrario del Servicio de Impuestos Internos que vulnere las garantías constitucionales alegadas por la sociedad recurrente, el presente recurso no podrá prosperar.

Décimo Cuarto: Que, asimismo, cabe mencionar que si bien comparece también nombre reservado como recurrente, no se ha especificado en autos un acto u omisión ilegal o arbitraria del Servicio que le afecte en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, sino que el libelo descansa en el bloqueo para la emisión de documentos electrónicos por parte de Transportes Galaxy SpA, de quien es el representante legal. Lo que, por lo demás, es coincidente con el petitorio del recurso que se dirige exclusivamente a obtener que se autorice a la sociedad la emisión de facturas electrónicas, petición que además excede los límites de la acción entablada, habida cuenta que el actuar de la recurrida se enmarca en la potestad normativa que la ley le confiere y, asimismo, teniendo presente que a la fecha, ya se dictó la resolución que contiene los fundamentos para diferir la autorización de folios, no existiendo, en consecuencia, medida alguna que pudiera adoptarse al respecto. De modo que, desde este punto de vista, la acción constitucional también debe ser desestimada.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por don Gustavo Zeballos Marín, en representación de nombre reservado y de Transportes Galaxy SpA entablada en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese.

Rol Nro. 2638-2025 (Protección)