Protección contra Fundación nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, tres de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado en representación de su hijo nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Fundación nombre reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la cancelación de su matrícula para el año académico 2025 y expulsión del Colegio nombre reservado, establecimiento educacional ubicado en la comuna de Lo Barnechea, vulnerando así las garantías consagradas en el artículo 19 Nos 2, 10 y 11 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 30 de octubre de 2024 su hijo fue notificado de haberse abierto en su contra un proceso sancionatorio por supuestamente haber agredido a un profesor del establecimiento mediante amenazas de golpes y graves insultos, decretándose la medida de suspensión durante el transcurso del procedimiento.

Añade que su hijo se ha mantenido en el colegio desde el pre kinder y ya en 1° básico y desde el primer día se incorporó al programa PIE (Programa de Integración Escolar), pues mantiene diagnóstico de TDA (trastorno de déficit atencional) y que debido al fallecimiento de su abuelo a fines del año 2023 sufre de una depresión, lo que lo llevó a vivenciar cambios en su conducta, incluso con síntomas de quitarse la vida en marzo de 2024, encontrándose con medicación y bajo tratamiento con psiquiatra, psicóloga y neurólogo, de todo lo cual se encuentra en conocimiento la recurrida.

Indica la recurrente que el 7 de noviembre de 2024 realizó los descargos en el proceso sancionatorio y, sin embargo, el 14 del mismo mes y año se le notificó la sanción de cancelación de matrícula y expulsión del colegio, por lo que interpuso la correspondiente apelación, sin obtener resultado favorable.

Argumenta que el acto recurrido carece de fundamento suficiente, pues no se habrían ponderado adecuadamente las circunstancias que rodean la conducta del menor, especialmente lo que dice relación con su diagnóstico, y que habría pedido las disculpas al docente involucrado.

Asimismo, sostiene que resulta desproporcionada y contraria a derecho, toda vez que no se habría respetado íntegramente el procedimiento disciplinario establecido en el reglamento interno del colegio, incumpliendo con las medidas de contención, apoyo y reparación, omitiéndose la debida entrevista al alumno respecto de las conductas imputadas y privando al alumno de la oportunidad de defenderse, además de la aplicación injustificada de un proceso sumario y simplificado, con infracción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

En virtud de lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene la renovación de la matrícula del alumno en el establecimiento para el año 2025, con el fin de restablecer el imperio del derecho y evitar la afectación de sus garantías fundamentales.

Segundo: Que informando la Sociedad nombre reservado señala que la investigación disciplinaria en contra del alumno se ajustó estrictamente a lo establecido en el reglamento interno del colegio, indicando que el proceso de expulsión y cancelación de matrícula en cuestión fue informado a la Superintendencia de Educación.

Indica que el alumno, anteriormente a los hechos había incurrido en otras faltas, siendo amonestado el 5 de junio de 2024 e informado de la pre condicionalidad.

Agrega que, una vez recibida la denuncia en contra del alumno, se le notificó a los padres del inicio del proceso sancionatorio, realizando los descargos correspondientes, los que fueron ponderados y analizados al momento de resolver la sanción, considerando que la conducta había sido gravísima al poner en riesgo la integridad física de un miembro de la comunidad escolar.

Finalmente, acompaña el reglamento interno del colegio y el expediente digital de la investigación, el cual contiene la totalidad de los documentos, actas, declaraciones, entrevistas y notificaciones practicadas en el marco del procedimiento disciplinario, debidamente foliados y enumerados.

Tercero: Que igualmente se pidió informe a la Superintendencia de Educación al tenor del presente recurso, la que indica que el establecimiento educacional recurrido ingresó un expediente de expulsión con fecha 27 de noviembre de 2024, al cual se le asignó número NUM000, y que luego de revisada la admisibilidad del expediente “se procedió a realizar análisis normativo y se tuvo a la vista posible vulneración normativa en referencia al cumplimiento en lo dispuesto en la normativa educacional vigente; en razón de ello es derivada a la Unidad de Fiscalización para continuar con la siguiente gestión.”

Informa asimismo la División Jurídica del Ministerio de Educación que el alumno nombre reservado “no registra matrícula para el año 2025.”

Posteriormente, y luego de la vista del recurso, se decreta para mejor resolver solicitar a la Superintendencia de Educación informe acerca del estado y/o resolución definitiva de proceso de fiscalización incoado respecto de la recurrida con ocasión del expediente de expulsión, la que mediante oficio de 13 de junio señala que “con fecha 25 de abril de 2025, se ejecuta fiscalización a Establecimiento Educacional, determinándose que la medida aplicada no se ajusta a la normativa educacional vigente debido a que no da cumplimiento al procedimiento dispuesto en el Art. 6° del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación”, en relación a las materias que refiere.

Por lo que con fecha 28 de abril se ordena instruir proceso administrativo al establecimiento mediante Resolución Exenta N°NUM001, el cual se encuentra asignado a fiscal instructor”.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, entonces, se hace necesario determinar si en el caso de autos ha existido efectivamente alguna acción u omisión ilegal o arbitraria que haya afectado derechos garantizados en la Constitución Política que hagan procedente la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Tal acto corresponde a la cancelación de la matrícula y expulsión de nombre reservado, resultado de un proceso sancionatorio en su contra, quien cursaba 2° año de educación media a octubre del año 2024; decisión de la recurrida que se intenta impugnar por esta vía por ser ilegal y arbitraria, toda vez que -alega la recurrente- la referida sanción efectuada sería desproporcionada y no se ajustaría a la tramitación de un debido proceso, vulnerando con ello esta garantía constitucional, además del derecho a la integridad psíquica, de igualdad ante la ley, de educación y de libertad de enseñanza.

Sexto: Que de acuerdo con el mérito de los antecedentes aportados por las partes, el motivo por el cual se sancionó al alumno consistió en un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2024, en el que durante una clase de música el alumno nombre reservado mantuvo un comportamiento “disruptivo”, por lo que se decide efectuar anotación en el libro de clases, reaccionado el estudiante con insultos, solicitándole el profesor que abandone la sala de clases, a lo que responde con amenazas e intento de agresión física.

Reacción ésta del menor que refiere la recurrida “puso en grave riesgo la integridad física del profesor nombre reservado, por lo que decisión del Director, previa opinión del Consejo de Profesores, fue por cancelar la Matrícula (MECM Medida de expulsión y cancelación de matrícula)”

Séptimo: Que del Reglamento Interno del citado establecimiento aparece que en su numeral 9 sobre Faltas al Reglamento Interno se describen las conductas constitutivas de faltas, las circunstancias que atenúan o agravan las mismas, así como la clasificación de éstas en leves, graves y gravísimas, estableciéndose como falta gravísima, entre otras, “1.

Es la actitud o comportamiento que pone en riesgo grave la integridad física o sicológica de cualquier miembro de la comunidad, incluida la propia.”

Asimismo, se contempla que cuando un estudiante transgrede las normas establecidas en el Reglamento Interno, el colegio debe tomar medidas disciplinarias formativas, las cuales deben respetar los derechos y dignidad del estudiante, no pueden ser discriminatorias, y deben ser proporcional a la falta y etapa de desarrollo del estudiante, entre las que se cuentan: Anotación en el libro de Clases, Hora Recuperativa Formativa, y Suspensión, siendo esta última “una medida formativa disciplinaria extrema y de carácter excepcional, y es legítima cuando algún integrante de la comunidad escolar está en riesgo real física y psicológicamente.” Se agrega que “la suspensión se puede extender por un plazo máximo de diez días hábiles. Una vez notificada la medida cautelar en todos los procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas entre otros.”

Seguidamente, en el numeral 10 del citado Reglamento Interno, sobre Etapas en un proceso de posible Cancelación de Matrícula, se establece un proceso gradual con sanciones que escalan desde la amonestación, pasando por la pre condicionalidad y la situación de condicionalidad, hasta la sanción de cancelación de matrícula. Luego, en cuanto a la Cancelación de la Matrícula, se establece que “un alumno condicional que persevera en su mala conducta con faltas graves o gravísimas, incurrirá en la sanción de Cancelación de Matrícula para el año escolar siguiente. Si bien esta medida considera un proceso gradual, también es posible aplicarla a faltas gravísimas que impliquen un riesgo significativo para la integridad física o psíquica de un miembro de la comunidad.”

Octavo: Que sin perjuicio de la facultad de aplicar la medida de cancelación de matrícula que tiene el colegio, es menester ponderar si la conducta que finalmente se le atribuye al estudiante, como lo es el comportamiento “disruptivo” por el cual el profesor de música decide efectuar anotación en el libro de clases, reaccionado el estudiante con “insultos”, solicitándole el profesor que abandone la sala de clases, a lo que responde con “amenazas e intento de agresión física”, reviste la magnitud o trascendencia para que pueda ser calificada como falta gravísima, considerando además que este tipo de conductas son características propias del diagnóstico del estudiante, pues se relacionan con la presencia de necesidades educativas especiales. En efecto, el estudiante ha sido diagnosticado con un Trastorno de Déficit Atencional y desde hace algún tiempo recibe medicamentos para controlar su comportamiento y también por un cuadro depresivo por la muerte reciente de su abuelo.

A este respecto, la Guía para la comprensión y desarrollo del déficit atencional, elaborada por el Ministerio de Educación, define al Trastorno de Déficit Atencional (TDA), como un trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros 7 años de la niñez y se caracteriza por un comportamiento generalizado que presenta dificultades de atención (inatención o desatención), impulsividad y, en algunos casos, hiperactividad. Este comportamiento se da en más de un contexto o situación (hogar, escuela u otro) y afecta a los niños y niñas en sus relaciones con su entorno familiar, social y educativo evidenciándose con mayor claridad cuando inician su experiencia educativa formal: la incorporación al establecimiento escolar.

Esta situación diagnóstica del alumno por cierto era conocida por el colegio, desde que fue incorporado al programa PIE (Programa de Integración Escolar) cuando empezó a cursar 1° Básico en el mismo establecimiento, y ha habido permanente comunicación a este respecto entre el colegio, los padres y los profesionales terapeutas del menor. Sin embargo, no se advierte que en los actos decisorios de la medida sancionatoria se haya hecho referencia, y menos ponderado, esta situación ni el contexto de duelo que además agravaba la condición del menor.

Noveno: Que, en este orden de ideas, se requiere entonces efectuar un análisis en cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, considerando especialmente que del catálogo de posibles medidas, se adoptó la más gravosa. Sobre el particular, se observa del tenor de las resoluciones que contienen la decisión de expulsión y cancelación de matrícula tanto del Director del establecimiento, como su ratificación por el Consejo de Profesores, que éstas no describen cuál habría sido el comportamiento “disruptivo” que ocasionó la anotación negativa por el profesor, como tampoco explican ni fundamentan de que modo la conducta del alumno puso en “significativo” riesgo la integridad física del profesor, y que fuera de tal entidad que configurara tal causal o falta gravísima que “ameritara” -como aduce la recurrida- la expulsión inmediata y cancelación de la matrícula de nombre reservado.

En efecto, tales resoluciones adolecen claramente de los fundamentos para adoptar dicha sanción en específico, limitándose a aplicarla, y sin indicar las razones por las cuales las otras posibles sanciones de menor identidad no eran idóneas al cumplimiento de los fines disciplinarios de la medida. Y si bien de los antecedentes acompañados consta que el alumno registra una amonestación previa, y un aviso de precondicionalidad, sin embargo no existen antecedentes concretos respecto de medidas formativas o reparatorias adoptadas por el colegio en atención a las conductas que le fueron reprochadas durante el año escolar.

Décimo: Que, por lo tanto, se configuró una actuación arbitraria por parte del establecimiento educacional recurrido, al disponer tan grave medida sancionatoria con deficiencias de motivación y sin justificación adecuada de su proporcionalidad, debido a su idoneidad y necesidad en relación con sus principios formativos.

Así, como se ha dicho previamente por la Corte Suprema (roles N°s 12.720-2022 y 6.334-2023), siendo la medida de no renovación o cancelación de matrícula una sanción extrema, para su adopción se requiere que la conducta que da lugar a la misma sea de una entidad que amerite adoptar dicha decisión, descartando las otras posibles medidas, cuestión que no se vislumbra en autos. Por el contrario, aparece que el colegio decidió adoptar la sanción más gravosa de su reglamento interno en contra de uno de sus estudiantes, sin considerar además las consecuencias derivadas de la decisión, atendida la separación de su comunidad estudiantil, de la que ha sido miembro por más desde pre-kinder.

Undécimo: Que, finalmente, se advierte asimismo que los hechos que motivan la expulsión del estudiante se verificaron el 29 de octubre de 2024, al día siguiente -30 de octubre- de manera verbal y por escrito se “Notifica de Cancelación de Matrícula/Expulsión” al alumno nombre reservado y sus padres, informándoles que se ha abierto un proceso sancionatorio “por las faltas gravísimas al Reglamento Interno de Convivencia escolar de su hijo que ameritan una cancelación de su matrícula/expulsión del Colegio nombre reservado y que de acuerdo a las facultades del Director considero correspondiente aplicar.” Luego de lo cual, la recurrida conociendo de la apelación interpuesta por los recurrentes, procede a ratificar la medida adoptada por el Director, esta vez tras consultar al Consejo de Profesores.

De lo expuesto se colige que en la práctica no se siguió un debido proceso, a saber, un procedimiento previo, racional y justo, por parte del establecimiento, pues no consta la etapa o acto formal en que se diera a los apoderados del menor una extensión adecuada para ejercer su derecho a defensa, ofreciendo y aportando prueba al efecto, sino solo se llevó a cabo una entrevista en la que se les comunicó la imputación para en forma inmediata resolver la cancelación de la matrícula; afectándose de tal forma la garantía del debido proceso, reconocida en el artículo 19 N°3, inciso 5° de la Constitución Política de la República.

De este modo, no resulta aceptable la medida de expulsión y cancelación de la matrícula que se ha aplicado en perjuicio del estudiante nombre reservado, también desde la perspectiva de la garantía constitucional de la igualdad, sin perjuicio que, además, ella produce una afectación del derecho a la educación que le asiste al adolescente protegido, y a la libertad y derecho de sus padres de elegir el establecimiento educacional para su hijo.

Duodécimo: Que en el mismo sentido de las irregularidades ya expuestas, abunda a lo anterior lo informado y observado por la Superintendencia de Educación -órgano encargado de fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional vigente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 20.529-, la cual previo análisis de posibles vulneraciones normativas derivó el Expediente de Expulsión a la Unidad de Fiscalización; ejecutándose posteriormente fiscalización a dicho establecimiento educacional con fecha 25 de abril de 2025, por la cual se determinó que “la medida aplicada no se ajusta a la normativa educacional vigente debido a que no da cumplimiento al procedimiento dispuesto en el Art. 6° del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, con relación a lo siguiente: 1. El E.E. no acredita que la medida disciplinaria de cancelación de matrícula se encuentra ajustada a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria y a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Educación. Toda vez que el alumno posee un diagnóstico que explicaría el comportamiento de él y la agresión verbal al profesor, situación por la cual fue sancionado. A su vez se observa que el reglamento interno establece otras medidas disciplinarias menos gravosas que se podrían aplicar en este caso. 2. El establecimiento educacional no acredita que la medida disciplinaria se adopta mediante un procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. Toda vez que no informa al apoderado la medida disciplinaria de expulsión y su derecho a presentar solicitud de reconsideración. Este solo toma conocimiento de la medida después de que el consejo de profesores se ha reunido, según lo informado por el mismo E.E. en la notificación del 14.11.2024.”

Por consiguiente, y configurándose en la especie la sanción de expulsión y cancelación de la matrícula del menor nombre reservado como ilegal y arbitraria, afectando derechos garantizados por la presente acción constitucional que requieren la adopción de medidas cautelares urgentes para la debida protección de los mismos, y así resguardar el imperio del derecho, corresponde acoger la acción cautelar como se dirá en resolutiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección impetrada en favor del menor de edad nombre reservado, en contra de la Fundación nombre reservado “Colegio nombre reservado”, la que deberá dejar sin efecto la medida de cancelación de la matrícula para dicho menor, así como su expulsión, quedando en consecuencia, vigente su matrícula para el año escolar 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra (s) señora Gahona.

No firma la ministra (s) Olaya Gahona Flores, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

N°Protección-26363-2024.