Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Secretaría del Interior Departamen

Santiago, cuatro de julio de dos mil diecisiete.- VISTOS:

Que en estos autos Rol N° 26.358 – 2017 mediante presentación enviada por el abogado del recurrente a la Oficina Judicial Virtual con fecha 18 de abril de 2017 a la Unidad de Protección, recurre don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, con domicilio en domicilio reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Secretaría del Interior Departamento de Extranjería y Migración por haber decretado su expulsión del país, de manera ilegal y arbitraria, mediante la Resolución Exenta Nº 14.005 de fecha 22 de enero de 2016, que mantuvo vigente la Resolución Exenta Nº 94.782 de fecha 09 de junio de 2015, y que fuera notificada por Oficio Ordinario Nº 10.874 de fecha 21 de marzo de 2017, solicitando de ésta Corte se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta Nº 14.005 de fecha 22 de enero de 2016 que ordenó la expulsión del país del recurrente; que se declare infringido el derecho constitucional a la libertad personal y la seguridad individual consagrado en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República; que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho, poniendo fin a la orden de expulsión; y que se remitan dichas declaraciones al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Policía de Investigaciones, Departamento de Extranjería y Policía Internacional, a fin de poder tramitar su residencia conforme a la ley.

Funda su acción, señalando que conforme al documento consistente en copia de pasaporte, que acompaña, ingresó a Chile con fecha 02 de octubre de 2013, como turista. Con fecha 10 de diciembre de 2013, estando vigente su visa de ingreso, solicitó visa sujeta a contrato de trabajo en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Posteriormente, con fecha 09 de junio de 2015 por Resolución Exenta Nº 94.782 del Departamento de Extranjería y Migración, se rechazó su solicitud de visa de residencia sujeta a contrato de trabajo por haber sido condenado, en su país de origen, a 40 meses y 25 días de prisión, por el delito de hurto calificado y agravado y a 22 de meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, indicando el mismo documento que debe hacer abandono del país. Solicitó reconsideración con fecha 18 de diciembre de 2015, indicando que la condena estaba cumplida en su país, para lo cual acompañó la documentación de rigor debidamente legalizada. El 22 de enero de 2015, fue rechazada su petición de reconsideración. Con fecha 21 de marzo de 2017, luego de enviar una carta, por Oficio Nº 10.872 se le notifica la mantención de la medida de abandono del país.

En cuanto al derecho, sostiene el recurrente que, la expulsión decretada se apoya en dos condenas, la primera de fecha 24 de marzo de 2000, habiendo transcurrido más de diez años y, la segunda de fecha 10 de marzo de 2011 por el delito de “concierto para delinquir”, figura penal que no existe en el ordenamiento jurídico nacional, siendo condenado a la pena de un año y diez meses de prisión y declarada extinta con fecha 30 de mayo de 2012, es decir, ambas penas se encuentran cumplidas, prescritas y extintas.

Continúa, haciendo cita a jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, para proceder – luego – a referir el artículo 1º de la Constitución Política de la República, artículo 19 Nº 7 de la misma Carta Fundamental, artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 9º del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Sostiene, en este sentido, que no ha cometido delito alguno en Chile y que con la medida adoptada se afecta el principio del non bis inidem del artículo 14 Nº 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firma, lo que se ve refrendado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República.

Concluye, solicitando que el recurso sea acogido en los términos ya expuestos.

Que el recurrido, por presentación de fecha 11 de mayo de 2017 – luego de haber requerido ampliación de plazo para informar en el marco de la tramitación de recurso de protección que empleó el recurrente de autos – evacuó el informe de rigor a través del abogado don Carlos Poblete Acuña, sosteniendo que con fecha 30 de diciembre de 2013, por Resolución Exenta Nº 159781 del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó al recurrente un permiso de visa sujeta a contrato, por el plazo de un año vigente hasta el 27 de febrero de 2015.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2015, requirió una prórroga de su permiso sujeta a contrato. Mediante Carta Nº 293432 de fecha 01 de junio de 2015, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia, informó que el recurrente registra, como antecedentes penales, una condena a 40 meses y 25 días de prisión por su responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado, dispuesta por sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 del Juzgado 27 Penal del Circuito y una segunda condena a 22 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, dispuesta mediante sentencia de fecha 10 de marzo de 2011 del Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Descongestión Santiago de Cali.

Agrega el informante que, por Resolución Exenta Nº 94.782 de fecha 09 de junio de 2015 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de residencia efectuada teniendo como fundamento sus antecedentes penales en el país de origen, disponiendo abandonara Chile en el plazo de 72 horas. Con fecha 18 de diciembre de 2015, el recurrente presentó una solicitud de reconsideración en contra de la Resolución Nº 94782, acompañando documentos consistentes en: Certificado de antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que consta que no registra condenas en Chile; Constancia de la Policía Nacional de Colombia, que da cuenta que no tiene asuntos pendientes con las autoridades policiales de su país de origen; Copia de la sentencia de fecha 10 de marzo de 2011 del Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Descongestión Santiago de Cali, por el que se le impuso una condena de 22 de meses de prisión por su responsabilidad en calidad de autor del delito de concierto para delinquir; Copia de sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 del Juzgado 27 Penal del Circuito, por la cual se impuso una pena de 40 meses y 25 días de prisión por su responsabilidad en calidad de autor del delito de hurto calificado y agravado; Copia de carta del Consulado General de Colombia en Chile en que la que constan las condenas antedichas impuestas al ciudadano colombiano recurrente; Copias simples de certificado de cotizaciones de salud y previsionales del recurrente; y Copia simple del contrato de trabajo.

A continuación, expone que los señalados antecedentes aportados por el recurrente no lograron desvirtuar la existencia de condenas, por lo que su solicitud de reconsideración fue rechazada mediante Resolución Exenta Nº 14.005 de fecha 22 de enero de 2016, disponiendo el abandono del territorio nacional en un plazo de 72 horas. Asimismo, según Minuta Nº 271 de fecha 03 de mayo de 2017 del Oficial de Enlace de la Policía Internacional en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se da cuenta que el último movimiento migratorio registrado por el recurrente es su entrada a territorio nacional con fecha 02 de octubre de 2013, por lo que hasta la fecha no ha dado cumplimiento a la medida.

En cuanto al derecho, que justifica su proceder, la autoridad recurrida afirma que se fundamenta su actuar en lo dispuesto en los artículos 6º, 13 inciso primero, 15 numerales 2º y 3º, 63 Nº 1, 64 inciso final y 92, todos del D.L. Nº 1.094 de 1975 “Ley de Extranjería”, como asimismo, de los artículos 13, 26 numerales 2º y 3º, 137, 138 y 178, todos del Decreto Supremo Nº 597 de 1984 del Ministerio del Interior, sobre “Reglamento de Extranjería.”

Indica, sobre el particular que, el artículo 63 Nº 1 del D.L. Nº 1.094 de 1975, señala: “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: Nº 1, Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 15.” A su vez, el artículo 15, prohíbe el ingreso a Chile de extranjeros que: Nº 2 Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres y Nº 3, Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la Ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la justicia por delitos no políticos; agregando que, el artículo 64 inciso final de la misma Ley de Extranjería, establece expresamente que: “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: Asimismo, podrán rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o utilidad nacional.”

Expresa, también, en su informe la autoridad recurrida que en la especie el ciudadano colombiano recurrente presenta dos condenas, por lo que la Resolución Exenta impugnada no puede ser calificada de desproporcionada, desde que se condice con la finalidad u objetivo perseguida por la norma de gestionar la migración en virtud de la potestad estatal reglada otorgada a la autoridad. En este sentido – refiere el informe – la orden de abandono se trata de una medida de cumplimiento voluntario por parte del recurrente, que en caso de no cumplirse en la manera señalada, se podrá decretar posteriormente la expulsión del país, que se efectúa de forma compulsiva. A su juicio, el acto administrativo en cuestión no genera privación de algún legítimo ejercicio de un derecho o garantía, que el rechazo a una solicitud de residencia, se ha basado en una causal imperativa contemplada en el artículo 63 en relación con el artículo 15 Nº 2 y Nº 3 y artículo 64, todos del D.L. Nº 10.94.

Respecto a la garantía constitucional afectada, manifiesta que, la Resolución Exenta recurrida no contiene medidas de entidad suficiente que coaccionen la libertad del recurrente, por lo que el actuar del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no constituye una conculcación ilegítima de la libertad ambulatoria o de desplazamiento del recurrente, desde que, no existe ningún hecho que constituya privación, perturbación o amenaza ilegítima o ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del recurrente.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección, por cuanto la Resolución Exenta impugnada fue ordenada por autoridad competente, dentro de sus facultades legales, con apego a la Constitución y la Ley y con motivos plausibles.

Por resolución de fecha 15 de mayo de 2017 se trajeron los autos en relación y se escucharon, en su oportunidad, en sede de protección, alegatos tanto de la parte recurrente como recurrida.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, previo a cualquier análisis es deber de estos sentenciadores advertir que en su origen el recurso intentado en autos, de acuerdo a lo que fluye de su sola lectura, fue elaborado como una acción constitucional de amparo fundada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Sin embargo, en su presentación ante la Oficina Judicial Virtual de fecha 18 de abril de 2017, como en su posterior tramitación e incluso en las alegaciones ante estos estrados, la parte recurrente lo ha sostenido permanentemente como un recurso de protección de garantías constitucionales.

Lo anterior, no obstante la naturaleza de la garantía constitucional invocada, esto es, aquella contemplada en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República sobre el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, obligará necesariamente a ésta Corte a analizar y resolver este arbitrio en sede de protección.

SEGUNDO: Que, ahora bien, como se señala en la expositiva ha deducido recurso de protección don nombre reservado, ciudadano colombiano, a propósito de la afectación que le provoca en su libertad personal y seguridad individual la existencia de una orden de expulsión desde territorio nacional dispuesta por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, contenida en la Resolución Exenta Nº 94.782 de fecha 09 de junio de 2015, reiterada mediante Resolución Exenta Nº 14.005 de fecha 22 de enero de 2016 que rechazó la petición de reconsideración al primero de estos actos administrativos.

Solicita de ésta Corte, se declare ilegal y arbitrario este acto y se ordene a la recurrida poner fin a estas actuaciones, en concreto, a la orden de expulsión que pesaría sobre su persona.

TERCERO: Que informando el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, expone – en síntesis – que dispuso mediante Resolución Exenta Nº 94782 de fecha 09 de junio de 2015 el rechazó a la solicitud de residencia efectuada por nombre reservado teniendo como fundamento sus antecedentes penales en el país de origen y disponiendo abandonara Chile en el plazo de 72 horas.

Posteriormente, rechazó la solicitud de reconsideración administrativa elevada por el recurrente respecto del acto administrativo singularizado precedentemente, mediante la dictación de la Resolución Exenta Nº 14.005 de fecha 22 de enero de 2016, reiterando la orden en cuanto disponer el abandono del territorio nacional por parte del ciudadano recurrente en un plazo de 72 horas, medida que hasta esta fecha no ha sido cumplida.

CUARTO: Que fue allegado a estos autos por la parte recurrida, para justificar su acción, copia de la Resolución Exenta Nº 94.782 de 09 de junio de 2015, copia de la Resolución Exenta Nº 14.005 de fecha 22 de enero de 2016, copia del Oficio Ordinario Nº 10.874 de fecha 21 de marzo de 2017, todos documentos emanados del Departamento Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Pasaporte del recurrente; Constancia suscrita por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Santiago de Cali, que declara extinta la pena por el delito de concierto para delinquir en el año 2011; Constancia del 27º Juzgado Penal del Circuito de la ciudad de Medellín, respecto de la condena por delito de hurto calificado y agravado en el año 2000; Certificado de cotizaciones previsionales y de salud (Plan Vital y FONASA) hasta abril de 2017 a nombre del recurrente; Tarjeta internacional de entrada a territorio de Chile del recurrente y Anexo de Contrato de Trabajo como garzón.

QUINTO: Que por su parte, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública acompañó a estos autos, en lo pertinente, copia simple de la Carta N° 293432 de fecha 01 de junio de 2015 de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, documento que respecto del ciudadano colombiano nombre reservado establece la existencia de dos condenas penales, la primera impuesta por el delito de hurto calificado y agravado mediante sentencia dictada por el Juzgado 27 Penal del Circuito de la ciudad de Medellín con fecha 24 de marzo de 2000 a una pena de 40 meses y 25 días de prisión y la segunda por el delito de concierto para delinquir mediante sentencia dictada por el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Cali – Valle de fecha 10 de marzo de 2011 a una pena de 22 meses de prisión; asimismo, se adjuntó Copia simple de la Resolución Exenta N° 94.782 de fecha 09 de junio de 2015, de ese origen; Copia simple de la solicitud de Reconsideración presentada por el recurrente ante la autoridad administrativa; Copia simple de la Resolución Exenta N° 14.005 de fecha 22 de enero de 2016 de su propia emisión y Copia de Minuta N° 271 de fecha 03 de mayo de 2017 de la Oficial de Enlace de Policía Internacional en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que da cuenta que el ciudadano colombiano nombre reservado no ha abandonado desde su ingreso el día 02 de octubre de 2013 y hasta la fecha territorio nacional de la República de Chile.

SEXTO: Que, tanto el recurrente como la autoridad administrativa recurrida están contestes que el acto que motiva la interposición de este recurso, es la decisión del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en orden a no acceder a la solicitud de residencia presentada por nombre reservado y disponer que debe proceder al abandono de territorio nacional en un plazo de 72 horas, todo lo cual constan primero de la Resolución Exenta N° 94.782 de fecha 09 de junio de 2015 y que es reiterada ante el rechazo de una petición de reconsideración elevada por el recurrente en sede administrativa, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 14.005 de fecha 22 de enero de 2016.

SÉPTIMO: Que se ha argumentado por el recurrente que la decisión adoptada a su respecto sería ilegal y arbitraria.

Pues bien, es un hecho suficientemente acreditado que el recurrente de autos presenta dos condenas, una por el delito de hurto agravado y calificado a una pena de cuarenta meses y veinticinco días de prisión y una segunda condena, que data más recientemente del año 2011, por el delito de concierto para delinquir a una pena de veintidós meses, ilícito previsto y sancionado en el artículo 340 del Código Penal de la República de Colombia, motivos que habrían llevado a la autoridad a resolver de la forma que viene siendo impugnada por esta vía.

OCTAVO: Que en cuanto a la legalidad de las Resoluciones impugnadas, debe atenderse a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile, regulando, conforme lo indica su artículo 1° todo aquello referente al ingreso al país, residencia, permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsión y control de los extranjeros.

El artículo 63 N° 1 del citado cuerpo legal, preceptúa: “Deben rechazarse las solicitudes que presente los siguientes peticionarios: N° 1.- Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 15.”

Por su parte, el aludido artículo 15 del mismo texto normativo en comento, indica: “Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: N° 2.- Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres. N° 3.- Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes y los prófugos de la justicia por delitos no políticos.”

NOVENO: Que en cuanto a la arbitrariedad comprendiendo que esta se establece cuando existe un acto caprichoso, antojadizo, carente de fundamentos, es posible manifestar que no se vislumbra que aquello acontezca en la especie, desde que, se ha podido determinar que la actuación del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no sólo ha empleado una facultad normativa contenida en el Decreto Ley N° 1.094 de 1975, sino que también ha sustentado su actuar en antecedentes fidedignos – que incluso son reconocidos como veraces por el propio recurrente – por lo que la decisión adoptada no aparece como arbitraria en el sentido estricto de la palabra.

DÉCIMO: Que, asimismo, de los antecedentes tenidos a la vista es posible determinar que lo resuelto por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública no aparece como una medida expulsiva, como denunciara el recurrente de autos. Por el contrario, la medida adoptada corresponde a aquella de abandono del país, que tal como lo afirma la autoridad recurrida no compele a la persona que es objeto de la misma a dejar territorio nacional forzadamente, desde que, supone un acto voluntario de su propio destinatario, lo que a la fecha – además – no ha acontecido.

UNDÉCIMO: Que de este modo, constituyendo requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que priven, perturben o amenacen, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Y sólo recién en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son copulativas, según surge de su redacción, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar afectadas o amagadas.

DUODÉCIMO: Que así las cosas, no es posible apreciar a juicio de ésta Corte que, las Resoluciones impugnadas emanadas del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública incurran en ilegalidad o arbitrariedad, para impetrar acudir a esta sede y requerir este amparo de garantías constitucionales, máxime cuando no consta de medio alguno allegado al recurso, primero, que la medida sea la de expulsión del país y, segundo, que los fundamentos de estos actos administrativos no se basen en antecedentes que son efectivos respecto del recurrente y que cómo se razonó en las consideraciones precedentes, son argumentos que incluso el propio recurrente reconoce como ciertos.

Por lo mismo, dado que el recurrente no ha podido justificar la existencia de un acto que pueda ser efectivamente calificado de ilegal o arbitrario proveniente de la autoridad administrativa recurrida, el presente arbitrio constitucional deberá ser rechazado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese si no se apelare.

Redacción del abogado integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.

No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

Rol Nº 26.358-2017.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.