Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veinte de abril de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Franco Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado y de nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, por haber incurrido en una omisión que califica de arbitraria e ilegal, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de regularización migratoria enviada mediante carta certificada con fecha 3 de marzo de 2025, lo que vulnera la garantía constitución consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que los recurrentes se vieron forzados a salir de Venezuela debido a la violencia generalizada y a la violación masiva de derechos humanos, ingresando a territorio nacional por un paso no habilitado el 19 de diciembre de 2022. Sostiene que, el 3 de marzo de 2025, enviaron mediante carta certificada una solicitud a la Subsecretaría del Interior para regularizar su situación migratoria bajo el amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325.

Sin embargo, alega que, tras casi nueve meses, la autoridad no ha emitido respuesta a los recurrentes ni les ha otorgado la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32 de la Ley N°20.430.

Invoca el derecho fundamental a buscar y recibir asilo contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de no devolución contemplado en la Ley N°20.430 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Afirma que la administración tiene el deber de poner las solicitudes en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado en el más breve plazo.

Solicita se ordene que se concluya el procedimiento de regularización y se les otorgue una visa temporaria de refugio mientras se evalúa su situación.

Segundo: Que, informa el abogado Sebastián González, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior pidiendo que se rechace la acción de protección con expresa condena en costas.

Refiere que existe una confusión por parte de los recurrentes entre el procedimiento de refugio regulado en la Ley N°20.430 y el de regularización extraordinaria por motivos humanitarios contenido en la Ley N°21.325, los cuales poseen requisitos y organismos competentes distintos.

Indica que no existe constancia de la existencia de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado por parte de los recurrentes que se encuentren en tramitación. Añade que, por lo anterior, no corresponde la remisión de antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado ni tampoco la concesión de una visa temporaria de refugio.

A su vez, confirma que la solicitud de regularización extraordinaria de los recurrentes se encuentra actualmente en etapa de tramitación en la Subsecretaría, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve.

Al respecto, expone que las solicitudes de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal, por casos calificados o humanitarios, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería. Agrega que este tipo de solicitudes ha experimentado un aumento exponencial.

Afirma que, debido a lo anterior, corresponde desechar cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de los recurrentes, toda vez que aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Sostiene que no existe una omisión ilegal, pues el plazo de seis meses de la Ley N°19.880 no es un plazo fatal según la jurisprudencia de la Corte Suprema. Arguye que la regularización migratoria es una facultad discrecional y excepcional de la autoridad, no un derecho del solicitante, especialmente cuando este ha infringido voluntariamente la normativa al ingresar por paso no habilitado. Finalmente, alega que acoger el recurso vulneraría la igualdad ante la ley de otros extranjeros que esperan en la vía regular sin judicializar sus casos.

Tercero: Que además se solicitó informe al Servicio Nacional de Migraciones, el que indica que conforme al artículo 155 N°9 de la Ley Nro.21.325, la potestad para otorgar residencias temporales por motivos humanitarios es exclusiva e indelegable del Subsecretario del Interior por lo que ya le ha remitido los antecedentes mediante Oficio Ordinario N°NUM000 de 3 de junio de 2025, agotando así su intervención en el trámite.

Detallan que los recurrentes no registran ingresos al territorio nacional por paso fronterizo habilitado y que el 15 de abril de 2024 requirieron el reconocimiento de la condición de refugiado, solicitudes que fueron declaradas desistidas mediante resoluciones exentas de julio de 2024, en atención a exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430 y haber presentado documentación que no permite entender por subsanado el requisito formal faltantes mencionado.

Cuarto: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que lo discutido en el presente recurso dice relación con la excesiva demora en el pronunciamiento de la solicitud de regularización, efectuada por los actores el 3 de marzo de 2025, lo que califica como vulneratorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Sexto: Que esta Corte no puede dejar de advertir que no es ésta la vía para lograr obtener una orden judicial que acelere el pronunciamiento que se echa en falta, aventajando de esta forma a quienes efectuaron igual solicitud a la suya con fecha anterior a la misma, dado que ello pudiere eventualmente vulnerar el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, precisamente respecto de aquellos que ven más demoradas aún las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes de contrario, a través de alguna acción cautelar favorable, obtienen que la autoridad administrativa se avoque con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus requerimientos.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta en favor de en favor de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 26357-2025.