Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, en beneficio de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber emitido la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha once de noviembre de dos mil veinticinco, mediante la cual se tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y por la omisión de otorgarle la visación de residente temporario, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando la garantía contemplada en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene la concesión de la visa temporaria.

Expone que, la recurrente, ciudadana venezolana, se vio forzada a escapar de su país e ingresar por pasos inhabilitados a Chile el catorce de diciembre de dos mil veinte, debido a la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en su país de origen.

Señala que, una vez en Chile, con fecha veinte de octubre de dos mil veinticinco, acudió a la Oficina de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, donde se le facilitó el formulario correspondiente, procediendo a su llenado, entrega y declaración sobre los hechos.

Agrega que, con fecha once de noviembre de dos mil veinticinco, la recurrente recibió la Resolución Exenta N° NUM000, que resolvió tenerla por desistida de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada el veinte de octubre de dos mil veinticinco, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. La autoridad migratoria recurrida fundamentó su decisión en que la solicitud en que la solicitud no reunía los requisitos para darle curso, específicamente por exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Aclara la recurrente que con fecha 9 de noviembre de 2025, había subsanado la solicitud de reconocimiento. Adicionalmente, señala que no se le ha otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1° de la Ley N° 20.430.

Hace presente en relación con el desistimiento, que no ha existido un desistimiento efectivo, ni expreso ni tácito, de su solicitud, siendo la interposición de esta acción constitucional prueba de su persistente interés. Al respecto, cita jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones que establece que el desistimiento debe ser individual, expreso y voluntario, conforme al artículo 52 del Decreto N° 837.

Afirma respecto a la vulneración del principio de proporcionalidad, que la autoridad migratoria desconoce la grave situación humanitaria y migratoria de la recurrente, incluyendo el asedio y las amenazas sufridas en su país natal por parte de agrupaciones delictuales, elementos que la calificarían como sujeto de reconocimiento de la condición de refugiado.

Agrega que la medida adoptada es desproporcionada y arbitraria, pues el principio de proporcionalidad exige que las actuaciones estatales sean justas, equilibradas y acordes al fin perseguido, sin ser excesivas. La decisión recurrida, al tener por desistida la solicitud, rompe este equilibrio, desprotegiendo un derecho fundamental y generando la eventual expulsión del país. Considera que la actuación constituye un despropósito administrativo y jurídico, al infringir el artículo 52 del Decreto N° 837 y realizar una interpretación forzada de los artículos 6° de la Ley N° 20.430 y 8° del Decreto N° 837, priorizando un requisito formal por sobre la específica realidad humanitaria de la recurrente, cuya situación se enmarca en los artículos 26, N° 1, y 2°, N° 2 y 4 de la Ley N° 20.430.

Asimismo, la recurrente alega la vulneración del principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19, N° 3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, y aplicable a las sanciones administrativas. Este principio prohíbe establecer sanciones por hechos anteriores a la ley o imponer penas más gravosas, lo que considera fundamental para la seguridad jurídica.

Adicicionalmente, la recurrida ha omitido otorgar la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32, inciso 1° de la Ley N° 20.430 y el artículo 42 del Decreto N° 837, los cuales establecen de forma perentoria e imperativa la obligación de extender dicha visación una vez presentada o formalizada la solicitud. En este sentido, se vulnera el derecho a buscar y recibir asilo como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Reitera el principio de No Devolución (artículo 4° de la Ley N° 20.430 y artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados). Enfatiza que, según el artículo 27 de la Ley N° 20.430, corresponde a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado ponderar la legitimidad o validez de los antecedentes, no a los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones.

Considera que la actuación de la recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, N° 2 de la Constitución Política de la República, al dispensarle un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros, al tenerla por desistida de su solicitud y no otorgarle la visa temporaria. El principio de proporcionalidad de los actos jurídicos se ve conculcado al priorizar requisitos formales sobre la situación humanitaria y el fondo del derecho al refugio. Asimismo, el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19, N° 3, inciso séptimo, de la Carta Fundamental, es infringido por la aplicación de la Resolución Exenta N° NUM000, que considera una sanción retroactiva al no haberse contemplado previamente los efectos de su actuación.

Concluye solicitando que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 11 de noviembre de 2025, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de dicha solicitud, concediéndole además la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1° de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación por parte de una comisión calificada.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe solicitado, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción constitucional de protección, por cuanto sostiene que no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte de la autoridad administrativa que afecte en forma alguna las garantías constitucionales incoadas por la parte recurrente, sino que su actuar se ha ceñido siempre a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido conferidas.

Indica que la recurrente no registra fecha de ingreso al territorio nacional, lo que sugiere un ingreso clandestino. Detalla que, mediante Parte Policial N° NUM004 de fecha 18 de diciembre de 2020, emitido por la Policía de Investigaciones de Arica y Parinacota, se puso en conocimiento de esta autoridad una denuncia grave por ingreso clandestino en contra de la extranjera recurrente. Luego, con fecha 19 de junio de 2023, la recurrente se inscribió en el Proceso de Empadronamiento Biométrico del año 2023, empadronándose el día 27 de noviembre del mismo año, aclarando que dicho proceso no constituye uno de regularización, sino que su objetivo era registrar e identificar a las personas extranjeras mayores de 18 años que hubieren ingresado al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio en frontera, para conocer de forma más completa su identidad y cantidad en situación irregular, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería.

Señala que, con fecha 20 de octubre de 2025, la recurrente manifestó ante este Servicio su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, registrado bajo la ID N° NUM001. Mediante Oficio Ordinario de Folio N° NUM002, de fecha 20 de octubre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se citó a la recurrente a la oficina del Departamento de Refugio y Protección Internacional, para el 27 de octubre de 2025, a fin de dar inicio a la solicitud. Consta en sus registros que la recurrente se presentó en dependencias del Servicio en la fecha y hora indicadas, entregando la información contemplada en los artículos 26 y 28 de la Ley 20.430 y el artículo 37 del Decreto Supremo 837.

Sostiene que, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 27 de octubre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, se le informó que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, al no haber cumplido con uno de los requisitos formales establecidos en la Ley 20.430 y su Reglamento, relativos a “a) Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. y b) Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.” Se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar las faltas indicadas, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, en atención a lo señalado en el artículo 28 bis de la ley 20.430 y el artículo 31 de la ley N°19.880.

Añade que, con fecha 9 de noviembre de 2025, la recurrente remitió documentación adicional a título de subsanación, acreditando haber dado cumplimiento al plazo establecido en virtud de los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, pero no así respecto del plazo establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430.

Por lo anterior, y no habiendo podido subsanar la recurrente la falta de requisitos indicada, se dispuso, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 11 de noviembre de 2025, el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, conjuntamente con la reserva de los recursos judiciales y administrativos que fueran procedentes. Asimismo, no consta en registros de esta autoridad que la recurrente hubiese interpuesto recurso administrativo alguno.

Finalmente, el Servicio señala que no ha dispuesto en contra de la extranjera recurrente una orden de abandono, la expulsión del territorio nacional, ni ninguna otra sanción migratoria. En su solicitud, la recurrente señaló haber ingresado al país el día 14 de diciembre de 2020, por paso no habilitado, no habiendo presentado documentación alguna que permitiese dar cuenta el cumplimiento de los plazos, y su requerimiento fue presentado el 20 de octubre de 2025, es decir, casi 5 años después de su ingreso.

Hace presente que, el artículo 26 de la Ley N° 20.430 permite a toda persona en territorio nacional solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su condición migratoria, en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, presencialmente o por carta certificada, según el artículo 36 bis del Reglamento. Para ser considerado solicitante de refugio, la solicitud debe ser declarada admisible y formalizada, de acuerdo con los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento. Los requisitos para la formalización son: que el solicitante haya manifestado su intención de solicitar refugio, que la solicitud haya sido presentada ante autoridad competente y dentro del plazo legal del artículo 26 de la Ley N° 20.430; que se hayan cumplido los requisitos para solicitantes de refugio que hayan ingresado por paso no habilitado y/o que ostentan condición migratoria irregular; que la solicitud contenga ciertas menciones mínimas exigidas por el artículo 28 de la Ley N° 20.430 y detalladas en el artículo 37 del Reglamento; y que, del análisis, sea declarada admisible por tener suficientes fundamentos, con arreglo al artículo 2 y 28 bis de la Ley N° 20.430.

Excepcionalmente, se podrá dar curso a la solicitud fuera de aquel plazo cuando existan antecedentes suficientes de un cambio en las circunstancias del solicitante, posteriores a su ingreso a Chile, que pongan en riesgo su vida, libertad o integridad física, en cuyo caso la solicitud debe presentarse en el mismo plazo de siete días, contado desde que ocurrió el hecho que la funda.

Reiterando, la recurrente declaró ingreso el 14 de diciembre de 2020 por paso no habilitado, y presentó su solicitud el 20 de octubre de 2025, casi cinco años después, sin documentos que acrediten cumplimiento de plazos. Sobre los requisitos para solicitantes en condición migratoria irregular, se remite al artículo 6 de la Ley N° 20.430 y los artículos 8° y 35° del Reglamento, que señalan que los extranjeros que ingresen de manera clandestina o con residencia irregular.

Expone que, de no cumplir una solicitud con las menciones y documentos mínimos exigidos, la autoridad notificará y otorgará un plazo de 15 días hábiles para subsanar, en los términos del artículo 28 ter de la Ley N° 20.430. De no cumplirse lo requerido, la solicitud se entenderá como desistida, y se entenderá que la estadía pasa a ser ilegal o irregular, pudiendo el Servicio Nacional de Migraciones ordenar y notificar la expulsión, según lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 28 bis de la Ley N°20.430. S Finalmente, en cuanto a la admisibilidad y formalización de la solicitud de refugio, el informe indica que, una vez cumplidos todos los requisitos respectivos a la forma y oportunidad de la presentación, a su contenido y fundamentación mínima, la solicitud se entenderá declarada admisible y formalizada, extendiéndose al peticionario y a su familia una visa de residencia temporaria por ocho meses, prorrogables, mientras la solicitud se encuentre en tramitación, por aplicación del artículo 32 de la Ley N° 20.430.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales, el Servicio Nacional de Migraciones sostiene que no existen fundamentos de hecho que sustenten la pretensión de la parte recurrente, ya que esta excedió el plazo de 7 días desde su ingreso clandestino al país para presentarse ante el Servicio y solicitar refugio, según lo establecido en el artículo 26 de la ley 20.430, no habiendo presentado documentación alguna que permitiese subsanar dicha circunstancia.

Argumenta que su actuar no ha sido negligente u omisivo, toda vez que, mediante Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 27 de octubre de 2025, se otorgó un nuevo plazo al solicitante para remitir antecedentes que permitiesen desvirtuar las faltas indicadas, sin que este presentara documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos.

En consecuencia, no se distingue un acto u omisión ilegal o arbitrario, emanado de esta parte, por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado, de alguna manera, el derecho fundamental que se pretende cautelar por la presente acción de protección. Por tanto, el Servicio Nacional de Migraciones solicita tener por evacuado el informe requerido, el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal de esta autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, y que esta parte no sea condenada en costas.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en la conducta, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de negarse el Servicio Nacional de Migraciones a acceder a la solicitud de refugio de la recurrente y omitir el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

QUINTO: Que, conforme consta en la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, éste declaró expresamente haber hecho ingreso al país el 14 de diciembre de 2020, y sólo concurrió ante la autoridad migratoria a fin de formular la aludida petición el 20 de octubre de 2025, esto es, aproximadamente cinco años.

SEXTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes allegados, lo cierto es que el hecho en que se sustenta la presente acción cautelar no es efectivo, puesto que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 11 de noviembre de 2025, se declaró desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por no haber concurrido ante la autoridad migratoria competente dentro del plazo de los 7 días siguientes a su ingreso clandestino al país para informar acerca de este hecho, aduciendo causa legal, de conformidad a lo previsto en los artículos 6 y 26 de la Ley N° 20.430 y 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837 del Ministerio del Interior.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, frente a esta discrepancia fáctica, estos sentenciadores no pueden tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la entidad recurrida y, consecuentemente, remediado por esta vía, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 26306-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Rafael Plaza Reveco.