Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que, comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que califica como arbitrario e ilegal respecto de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 11 de noviembre de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, acusando la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a Chile por un paso no habilitado el 14 de diciembre de 2020, huyendo de la grave crisis en su país de origen.

Sostiene que, con fecha 20 de octubre de 2025, el actor solicitó el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, entregando los antecedentes pertinentes. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° NUM001, la recurrida le exigió subsanar el requisito formal consistente en haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, según el artículo 26 de la Ley N° 20.430. Añade que, pese a haber acompañado una carta explicativa detallando su situación el 9 de noviembre de 2025, la autoridad dictó la resolución impugnada, declarando el desistimiento de la solicitud.

Arguye que el acto reprochado es ilegal y arbitrario, pues realiza una torcida interpretación del concepto de "desistimiento", el cual exige una manifestación de voluntad expresa y voluntaria de abandonar el procedimiento, situación que no ocurre en la especie. Asimismo, alega vulneración al principio de proporcionalidad y al de irretroactividad de la ley, toda vez que se le aplica una sanción procedimental no prevista al momento de su ingreso al país. Finalmente, solicita que se deje sin efecto la resolución recurrida, se ordene la continuación del procedimiento y se le otorgue la visa de residente temporario prescrita en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Segundo: Que, informa el abogado Marcelo Rivera Compán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Refiere que el recurrente ingresó de manera clandestina al país en diciembre de 2020, presentando su solicitud de refugio casi cinco años después, el 20 de octubre de 2025. Expone que la Ley N° 21.655, publicada en febrero de 2024, modificó la Ley N° 20.430, estableciendo una etapa inicial de admisibilidad. En dicho contexto, el artículo 26 dispone que la solicitud debe ser presentada en el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al territorio nacional.

Añade que, al advertir el incumplimiento de este requisito formal, se notificó al recurrente otorgándole un plazo legal de 15 días hábiles para subsanarlo, conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430. Sin embargo, los documentos acompañados por el actor a título de subsanación no permitieron acreditar el cumplimiento de los plazos legales, razón por la cual la autoridad, en estricto apego a la normativa vigente, procedió a declarar el desistimiento de la solicitud mediante la Resolución Exenta N° NUM000. Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario, sino el mero ejercicio de las facultades legales encomendadas al Servicio.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que carece de justificación racional y es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él.

Cuarto: Que, el acto impugnado en estos autos corresponde a la Resolución Exenta N° NUM000, de 11 de noviembre de 2025, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, la cual tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor, fundada en que la documentación presentada en la etapa de subsanación no logró desvirtuar el incumplimiento del plazo fatal de 7 días hábiles para impetrar dicha solicitud, conforme lo prescribe el artículo 26 de la Ley N° 20.430.

Quinto: Que, para la correcta resolución de la controversia, es menester tener presente que la Ley N° 21.655 (vigente desde febrero de 2024) introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 20.430, estableciendo un procedimiento de admisibilidad estricto. En efecto, el artículo 26 de dicho cuerpo normativo exige perentoriamente que la solicitud sea presentada en un plazo de siete días hábiles desde el ingreso. A su turno, el artículo 28 bis establece que, de no cumplirse los requisitos formales, la autoridad notificará al solicitante para que los subsane en el plazo de quince días, bajo el apercibimiento legal y expreso de que, "en caso de no cumplir con la subsanación dentro de plazo, su solicitud se tendrá por desistida".

Sexto: Que, del análisis de los antecedentes que obran en la carpeta virtual, consta de manera pacífica que el recurrente ingresó al territorio nacional por paso no habilitado el 14 de diciembre de 2020, y formalizó su intención de solicitar refugio recién el 20 de octubre de 2025. Es decir, transcurrieron casi cinco años entre ambos hitos.

Asimismo, consta que la autoridad administrativa, dando estricto cumplimiento al debido proceso y al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, dictó una primera resolución otorgando al actor el plazo de 15 días para subsanar el defecto formal. La respuesta del recurrente, consistente en un relato sobre sus penurias socioeconómicas pasadas y los efectos de la pandemia, si bien humanamente comprensibles, no logran subsanar en términos jurídicos el incumplimiento objetivo del plazo de caducidad fijado por el legislador para la admisibilidad del trámite.

Séptimo: Que, respecto a la alegación de la parte recurrente referida a una errada interpretación del concepto de "desistimiento" — sosteniendo que éste requiere voluntad expresa— y a una supuesta retroactividad de la ley, cabe señalar que tales argumentos carecen de asidero.

Por un lado, el "desistimiento" aplicado en la especie no corresponde a la figura procesal civil de renuncia voluntaria a la acción, sino a una consecuencia jurídica y sanción de orden procedimental administrativo, expresamente dispuesta por el inciso tercero del artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 ante la inactividad útil del administrado para subsanar defectos formales.

Por otro lado, no existe aplicación retroactiva de la ley ni vulneración de derechos adquiridos, toda vez que el procedimiento administrativo se inició a instancias del actor en octubre de 2025. Por consiguiente, dicho procedimiento debe regirse ineludiblemente por las normas procesales y procedimentales vigentes al momento de su incoación (Ley N° 21.655), reglando actos administrativos presentes y futuros, y no hechos consumados en el pasado.

Octavo: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 por parte del Servicio Nacional de Migraciones no reviste el carácter de ilegal, puesto que la autoridad se limitó a aplicar la normativa expresa que rige la materia, ajustándose estrictamente al mandato del artículo 28 bis de la Ley N° 20.430. Tampoco resulta arbitraria, en tanto no obedece al capricho de la Administración, sino a la constatación objetiva de un hecho innegable: la presentación extemporánea de la solicitud y la imposibilidad fáctica y jurídica de subsanar dicho incumplimiento.

En consecuencia, al no existir acto arbitrario ni ilegal que conculque la garantía fundamental de igualdad ante la ley, la presente acción cautelar carece de sustento y no podrá prosperar, haciendo inoficioso, además, pronunciarse sobre la solicitud de visación temporal (artículo 32), al encontrarse el procedimiento válidamente terminado en su etapa de admisibilidad.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-26305-2025.