Protección contra Municipalidad de Conchalí por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrid

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, funcionaria de planta del Escalafón Técnico, Grado 11°, de la Municipalidad de Conchalí, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Conchalí por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución N° NUM000, de 10 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró vacante su cargo por salud incompatible, invocando el artículo 148 de la Ley N° 18.883, sobre la base de haber acumulado 245 días de licencia médica en los últimos dos años.

Expone la recurrente que prestó servicios para la Municipalidad recurrida durante veintidós años continuos, habiéndose desempeñado los últimos de ellos en el Juzgado de Policía Local de Conchalí, sin anotaciones de demérito ni reclamos en su contra. Señala que padeció una hernia del núcleo pulposo lumbar que la obligó a ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas, en los años 2022 y 2024, permaneciendo en el intertanto en lista de espera quirúrgica del Instituto de Neurocirugía Doctor Asenjo, período durante el cual desempeñó sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, autorizada y prorrogada mediante los Decretos Nos NUM001, NUM002 y NUM003, no obstante ciertas irregularidades en la tramitación de estos últimos, respecto de las cuales formuló consultas ante la Contraloría General de la República sin obtener respuesta oportuna. Añade que, una vez alcanzada el alta médica, se reincorporó a sus funciones presenciales el 25 de abril de 2024 y las desempeñó ininterrumpidamente hasta la notificación del acto impugnado, sin generar nuevas licencias médicas asociadas a esa patología.

Sostiene que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez se pronunció en dos oportunidades -mediante las Resoluciones de Evaluación Folios N° NUM004, de 3 de enero de 2024, y N° NUM005, de 24 de julio de 2025- calificando su estado de salud como recuperable, y que pese a ello la recurrida dictó el acto impugnado fundándolo exclusivamente en el cómputo de días de licencia médica, sin ponderar el Memorándum N° NUM006 de su jefatura directa, que daba cuenta de que buena parte de ese período correspondió a trabajo efectivo bajo la modalidad remota, y sin expresar razonamiento alguno acerca de la incompatibilidad de su estado de salud -ya declarado recuperable- con las funciones del cargo.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 11 inciso segundo, 41 y 52 de la Ley N° 19.880, en orden al deber de fundamentación de los actos administrativos, y 148 de la Ley N° 18.883, para sostener que la sola existencia de licencias médicas por un lapso superior a seis meses no basta para configurar la causal de vacancia por salud incompatible, siendo indispensable que el jefe de servicio motive dicha calificación, motivación que en su concepto no concurre en la especie. Añade que la circunstancia de haberse declarado la recuperabilidad de su salud impide, a su juicio, sostener la incompatibilidad alegada.

Afirma, en definitiva, que el acto recurrido resulta arbitrario e ilegal y que vulnera las garantías de los Nos 2, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad sobre los atributos y beneficios asociados a su cargo, solicitando se deje sin efecto la Resolución N° NUM000, se ordene su restitución en el cargo en iguales condiciones y el pago de las remuneraciones y demás asignaciones no percibidas durante el período de separación, con reajustes, intereses y costas.

Segundo: Que la Municipalidad de Conchalí evacúa el informe requerido y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone la recurrida que la funcionaria nombre reservado hizo uso de licencias médicas por 245 días en los últimos dos años y que, a requerimiento del municipio, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante la Resolución de Evaluación Folio N° NUM007, se pronunció en el sentido de que su estado de salud es recuperable. Señala que conforme al artículo 148 de la Ley N° 18.883, la declaración de vacancia por salud incompatible procede cuando concurren copulativamente el uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, la ausencia de declaración de irrecuperabilidad y el informe previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, requisitos que a su juicio se verifican íntegramente respecto de la recurrente, por lo que el Alcalde obró dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

Sostiene que la modalidad de teletrabajo invocada por la recurrente para descontar días del cómputo de licencias -correspondiente al período comprendido entre agosto y diciembre de 2023- nunca fue autorizada por el municipio, en circunstancias que la Contraloría General de la República había instruido la imposibilidad de mantener dicha modalidad y que, en ese lapso, la funcionaria se encontraba haciendo uso de licencia médica, período durante el cual regía la obligación de reposo. Añade que, a raíz de estos hechos, el Alcalde ofició a la Corte de Apelaciones de Santiago poniendo en su conocimiento la actuación de la Jueza de Policía Local de Conchalí, jefatura directa de la recurrente, encontrándose en tramitación un proceso disciplinario en su contra.

En cuanto al perjuicio institucional, afirma que las prolongadas ausencias por licencia médica obligaron a redistribuir funciones entre el resto del personal municipal, con la consiguiente sobrecarga de trabajo, afectando la continuidad y oportunidad del servicio que la Municipalidad debe prestar a la comunidad, además del impacto presupuestario derivado del pago de remuneraciones sin posibilidad legal de reemplazo.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas sostiene que no se ha vulnerado la igualdad ante la ley, señalando que en el período comprendido entre agosto y diciembre de 2025 el municipio aplicó la misma causal respecto de otros cinco funcionarios, sin que se advierta un trato diferenciado respecto de la recurrente. En cuanto al derecho a la protección de la salud, afirma que el municipio se limitó a dar cumplimiento a la normativa del artículo 148 de la Ley N° 18.883, siendo la salud compatible con el cargo un requisito de la función pública. Sobre la libertad de trabajo, reitera que concurren copulativamente los requisitos legales para la declaración de vacancia. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad sobre el empleo alega que dicha noción es ajena al régimen estatutario de la Ley N° 18.883, que contempla la vacancia por salud incompatible como causal taxativa de cesación de funciones, no advirtiéndose afectación alguna a ese respecto.

Concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso por no configurarse acto ilegal ni arbitrario que afecte garantía constitucional alguna.

Tercero: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que no existe controversia en orden a que la recurrente, funcionaria de la Municipalidad de Conchalí, hizo uso de 245 días de licencia médica en un período de dos años y que la Resolución de Evaluación folio N° NUM008 de la COMPIN resolvió que presenta un estado de salud recuperable. Pues bien, el artículo 148 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prescribe que el alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Añade la norma que el alcalde, para ejercer esta facultad, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

En esta norma aparece tanto la consagración de la potestad del Alcalde para decretar la vacancia en el cargo cuando se verifique el uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, como también la necesidad de la evaluación previa de la COMPIN y la declaración de recuperabilidad de la salud, pues en caso contrario -irrecuperabilidad- lo que procede es la declaración de invalidez.

La razonabilidad de la regla legal se funda en la necesidad institucional de contar con personal que desempeñe sus funciones de manera regular y permanente, a fin de asegurar la adecuada prestación del servicio asistencial que corresponde al municipio. De este modo, la potestad del Alcalde habrá de ejercerse, en todo caso, teniendo presente dicho elemento y las circunstancias del caso concreto.

Quinto: Que, en este escenario, con los antecedentes allegados al proceso, los que se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica conforme lo dispone el párrafo primero del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se advierte que el decreto que se impugna por esta vía fue emitido después de más de un año y diez meses contados desde el informe de la COMPIN y más de un año ocho meses constados desde la reincorporación de la funcionaria a sus labores presenciales luego su última licencia.

De acuerdo con los datos aportados por la propia recurrida se observa que la ausencia por enfermedad de la recurrente se verificó hasta el 25 de abril de 2024, sin que se informe de registro de licencias posteriores, lo no permite establecer que haya existido al 10 de noviembre de 2025 -fecha de expedición de la Resolución N° NUM000- ni exista actualmente, una incompatibilidad de la salud de la actora con las funcionas que desempeña y que más parece que se trató de un evento puntual que afectó su salud en el pasado, pero que no le resta idoneidad para ejercer sus funciones en el presente.

Sexto: Que la Ley Nº 19.880 prescribe en el inciso final del artículo 11 que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos. A su turno, la primera parte del inciso cuarto del artículo 41 de la misma normativa dispone que las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo contendrán la decisión, que será fundada. A partir de estas reglas de rango legal se sostiene que los actos administrativos deben siempre motivarse, lo que supone o importa expresar las causas y fundamentos que justifican la decisión.

Ahora bien, la motivación por cierto no puede consistir en una mera o simple remisión a la norma o al sentido de la ley o a los antecedentes fácticos del caso, sino que demanda una exigencia mayor de fundamentación, máxime cuando se ejerce una potestad tan intensa como la declaración vacancia del cargo por salud incompatible.

Séptimo: Que en el caso presente la resolución que decide la incompatibilidad de salud de la actora con la función pública que desempeña se sustenta únicamente en el criterio aritmético de verificarse una hipótesis en la que puede hacerse valer la potestad en cuestión, esto es, el uso de más de ciento ochenta días de licencia médica en seis meses, más carece de una fundamentación que demuestre la necesidad de declararla en el caso concreto en atención a la considerable extensión de tiempo transcurrido desde que se verificó el supuesto de hecho que conforme a la norma permite efectuar la declaración, a fin de cumplir con la exigencia legal de fundamentación.

En efecto, no se efectúa en el acto que motiva el recurso un análisis sobre la oportunidad y proporcionalidad de la medida en relación con la no controvertida reincorporación de la actora en abril de 2024 y el regular ejercicio de sus funciones a partir de tal fecha, que demuestra su total recuperación, lo que da cuenta de una decisión inoportuna y contraria al sentido de la norma, al declararse la vacancia de un cargo que está siendo bien servido y que probablemente lo seguirá siendo atendido el tiempo transcurrido desde el período de licencias.

Octavo: Que, por consiguiente, la actuación de la recurrida resulta no sólo arbitraria en razón de su carencia de razonabilidad, sino también ilegal, por contravenir las citadas normas de la Ley N° 19.880, pues prescinde de una debida motivación que justifique la declaración de incompatibilidad de la salud en el caso concreto al verificarse más de un año y medio después de la reincorporación regular de la empleada a sus funciones, sin perjuicio de otorgar a la norma del artículo 148 de la Ley N° 18.883 una inteligencia automática que no se condice con su real sentido y finalidad.

Ahora, como consecuencia de la arbitrariedad e ilegalidad constatadas se advierte que la Municipalidad recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de la parte recurrente, garantizado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política. En este sentido y conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, se observa que la actora ha sido objeto de una diferenciación indebida, por su antigua condición de salud, al declarar que ésta resulta incompatible con el ejercicio de sus funciones, sin una motivación que justifique su oportunidad y razonabilidad. Asimismo, debe entenderse afectada igualmente su integridad psíquica, protegida en el N° 1 del mismo artículo 19, al ser privada de su fuente laboral pese a su exitosa recuperación y reincorporación regular a sus funciones durante un lapso más que suficiente.

En razón de todo lo anteriormente expuesto el recurso de protección habrá de ser acogido, en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Municipalidad de Conchalí, y a fin de restablecer el imperio del derecho se deja sin efecto Resolución N° NUM000, de 10 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo de planta por salud incompatible con el desempeño de sus funciones, debiendo el municipio adoptar las medidas pertinentes para su reincorporación al servicio.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 26.247-2025.