Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Comisión de Reconocimiento de Protecció

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad etíope, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Comisión de Reconocimiento de Protección Internacional por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar resolución final fundada respecto de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, no obstante haber transcurrido más de cuatro años y tres meses desde su presentación, actuación que estima ilegal y arbitraria por exceder todo plazo razonable y legal, contraviniendo el principio de celeridad que debe regir a la Administración del Estado, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de respeto y protección a la vida privada y a la honra, consagradas en los numerales 2° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la autoridad recurrida emitir la resolución pendiente dentro de un plazo breve y perentorio.

Que como antecedentes de contexto, el recurrente relata que sus padres fueron asesinados a temprana edad y que fue posteriormente víctima de tortura y de un encarcelamiento superior a seis meses, persecución que lo obligó a huir de su país de origen el año 2008, permaneciendo por más de doce años, hasta el 2020, en el campamento de refugiados de Shagarab, en Sudán, arribando finalmente a Chile en búsqueda de una solución duradera. En este contexto, con fecha 6 de septiembre de 2021 presentó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la autoridad migratoria, sin que a la fecha del recurso exista pronunciamiento final. Añade haber cumplido rigurosamente sus obligaciones, incluyendo múltiples renovaciones de visa, y haber presentado un reclamo formal ante el portal Ayuda Migraciones de SERMIG, individualizado con el Ticket ID N° NUM000, obteniendo únicamente una respuesta genérica e insatisfactoria que reitera que su caso se encuentra "en proceso", sin fijar plazo de resolución.

Sostiene que la referida omisión le ocasiona un daño a su integridad síquica y a su proyecto de vida, materializado en la perpetuación de un trauma crónico que agrava su vulnerabilidad y le impide superar su historial de desplazamiento; en la obstaculización de su dignidad y estabilidad, al negársele la certeza jurídica indispensable para formar una familia y desarrollarse laboralmente; y en un riesgo permanente a su certeza jurídica, por permanecer su expediente expuesto a un cierre o rechazo súbito ante eventuales cambios de política migratoria.

De este modo, de acuerdo a lo expuesto en el recurso, la dilación en la tramitación, justificada por la autoridad en la "plena capacidad de trabajo" del recurrente, resulta ilegal y lo somete a un régimen de incertidumbre jurídica indefinida, vulnerando su derecho a que su caso sea tramitado con la debida prontitud, prolongando además su sufrimiento crónico e impidiendo su integración plena, afectando gravemente su capacidad de planificar su vida y su bienestar emocional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la omisión de la CORE y de SERMIG constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenándose a dichos organismos emitir una resolución final, fundada y notificada, dentro del plazo perentorio que esta Corte determine, sugiriendo quince días, bajo apercibimiento legal.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece don José Ignacio González Troncoso, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido en su contra, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales que hacen procedente esta acción cautelar, al no existir de su parte acto u omisión que pueda calificarse de ilegal o arbitrario y que afecte alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fundando su defensa en los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Explica que el recurrente, de nacionalidad etíope, registra su primer ingreso al territorio nacional el 29 de noviembre de 2020, manifestando el 25 de noviembre de 2021 su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, motivo por el cual se le otorgó una visa de residencia temporaria, prorrogada en diversas oportunidades, siendo la última de ellas la dispuesta por Resolución Exenta N° NUM001, de 10 de diciembre de 2025, vigente hasta el 4 de septiembre de 2026, encontrándose en consecuencia el extranjero en situación migratoria regular, con su solicitud actualmente en trámite.

Esgrime en primer término una excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que, conforme al artículo 19 de la Ley N° 20.430, la facultad para resolver el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado corresponde privativamente al Ministerio del Interior, mediante resolución del Subsecretario del Interior, de manera que el Servicio recurrido carece de atribuciones legales para emitir el pronunciamiento final que se le exige, habiendo por lo demás cumplido su rol al otorgar y prorrogar la visa de residencia mientras la solicitud se encuentra pendiente.

En segundo lugar, en cuanto al tiempo de tramitación, argumenta que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 admite excepción por caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que estima configurada por el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, calificado por sentencias ejecutoriadas como un hecho que excusa la dilación sin que ello implique, por sí solo, vulneración de derechos fundamentales; agregando que dicho plazo reviste el carácter de no fatal, por no encontrarse asociado a sanción de caducidad, constituyendo un término meramente referencial y prorrogable para la Administración. En apoyo de esta tesis, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, que ha señalado que la norma referida obliga a la Administración a pronunciarse en un plazo razonable sin revestir carácter fatal, así como pronunciamientos de esa misma Ilustrísima Corte que han rechazado acciones similares por no acreditarse de qué forma la pendencia de una solicitud, encontrándose el interesado en situación migratoria regular, conculca garantías constitucionales.

Sobre la base de lo anterior, concluye que no existen antecedentes objetivos que reflejen una conducta negligente u omisiva de su parte que infrinja la Ley N° 20.430 y su Reglamento, ni un acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace derecho fundamental alguno del recurrente, por lo que solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción de protección en todas sus partes, sin costas.

TERCERO: Que comparece doña Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, evacuando informe y solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Informa que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente ya fue analizada en la sesión N° NUM002 de la referida Comisión, celebrada el 22 de diciembre de 2025, y que, luego de la tramitación correspondiente por parte de la Secretaría Técnica del Servicio Nacional de Migraciones, los antecedentes de dicha solicitud fueron remitidos a esa Subsecretaría con fecha 19 de mayo de 2026, encontrándose el acto administrativo que la resuelve actualmente en análisis ante la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

QUINTO: Que, en definitiva, la omisión que se reprocha como ilegal y arbitraria es la falta de pronunciamiento de la autoridad migratoria respecto de la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado del recurrente, formulada el 6 de septiembre de 2021.

SEXTO: Que, sin perjuicio de que esta Corte comparte la postura de que el artículo 27 de la Ley N°19.880 no establece un plazo fatal para la administración, el cual podrá atenderse atendida las particularidades de cada caso, no configurándose por tanto una omisión ilegal en la especie, lo cierto es que la demora en resolver la solicitud del recurrente carece de razonabilidad, por cuanto se extiende por un plazo cercano a los cinco años, el que se torna totalmente excesivo y desproporcionado, en atención a la naturaleza de la condición de refugiado cuyo reconocimiento se solicita, configurándose así una omisión arbitraria por parte de la administración, ya que no existe causa o justificación para que, en el extendido plazo que se ha referido, todavía no se haya emitido un pronunciamiento definitivo al respecto, vulnerándose con ello las garantías constitucionales del recurrente, como la igualdad ante la ley, en su dimensión de no discriminación arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en la norma legal citada, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, y se ordena a la Subsecretaría del Interior que emita un pronunciamiento fundado respecto de la solicitud de autos dentro del plazo razonable, no superior a sesenta días.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Valderrama Martínez, quien estuvo por rechazar la acción constitucional en análisis, teniendo presente para ello que la solicitud de refugio del actor se encuentra actualmente en estado de resolución, lo que descarta la existencia de la arbitrariedad denunciada por el actor, máxime si se considera que a la luz de lo dispuesto en el artículo 4 letra b) de la Ley N° 21.770 -Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales-, los plazos para pronunciarse respecto de la materias relacionadas el ingreso, estadía, residencia y egreso de personas naturales del país no son fatales para la Administración.

Regístrese y comuníquese N°Protección-26232-2025.