Protección contra Superintendencia de Seguridad Social por el acto que estima arbitrario e ilegal

Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, psicóloga, quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta NUM000 de 13 de noviembre de 2025 que mantuvo el rechazo de la licencia médica NUM001 extendida por 30 días a contar de 7 de agosto de 2025, por reposo injustificado.

Expone la recurrente que se desempeña como funcionaria pública en la Municipalidad de Recoleta, prestando servicios como psicóloga en establecimientos educacionales de dicha comuna. Señala que a causa de situaciones de acoso en el trabajo y un ambiente laboral nocivo presentó un cuadro depresivo-ansioso grave. Refiere que, como consecuencia de lo anterior, inició un proceso terapéutico el 1 de julio de 2025, siendo diagnosticada con un cuadro caracterizado por preocupación persistente, temor intenso, irritabilidad, labilidad emocional, dificultades en la conciliación del sueño e ideaciones suicidas.

En virtud de ello, su médico tratante extendió licencia médica por 30 días a contar del 7 de agosto de 2025. Agrega que el informe médico complementario emitido el 21 de agosto de 2025 por el Dr. nombre reservado confirma los diagnósticos de F41.3 (otros trastornos mixtos de ansiedad) y F510 (insomnio no orgánico), prescribiendo reposo domiciliario, tratamiento farmacológico continuo y derivación prioritaria a psiquiatría. Adicionalmente, existe un caso formalmente abierto ante la Mutual de Seguridad bajo la Ley N°16.744, código único nacional NUM002, con órdenes de reposo extendidas entre el 15 de julio de 2024 y el 5 de julio de 2025, lo que constituye un reconocimiento institucional del origen laboral del daño.

Precisa que, no obstante la continuidad clínica descrita, la COMPIN rechazó la licencia médica NUM001, sin expresar fundamentos suficientes. Interpuestos los recursos administrativos correspondientes, la SUSESO, mediante Resolución Exenta NUM000, confirmó dicho rechazo, argumentando que los antecedentes médicos evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral, y que la recurrente no aportó informe amplio y fundado emitido por psiquiatra que indicara evolución cronológica del cuadro clínico, plan de tratamiento, evolución de escala de funcionalidad, pronóstico y plan de reintegro laboral.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente sostiene que la resolución impugnada adolece de ilegalidad por infracción al principio de fundamentación de los actos administrativos, consagrado en el artículo 41 de la Ley N°19.880, en concordancia con el artículo 6° de la Constitución Política de la República y la Ley N°18.575. Asimismo, invoca la vulneración del artículo 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984, que exige que las resoluciones de la COMPIN contengan los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Arguye que la entidad recurrida trasladó indebidamente la carga probatoria a su persona, infringiendo el principio de celeridad del artículo 7° de la Ley N°19.880, y que omitió ejercer las facultades que el artículo 21 del referido Decreto Supremo le confiere para solicitar nuevos exámenes, interconsultas o antecedentes complementarios al profesional emisor. En lo que respecta a la arbitrariedad, argumenta que la SUSESO aprobó licencias médicas anteriores emitidas bajo el mismo diagnóstico y tratamiento, rechazando la licencia reclamada sin justificación técnica que explique la diferencia de trato, lo que vulnera el principio de confianza legítima y resulta manifiestamente incongruente.

En lo concerniente a las garantías constitucionales que estima conculcadas, la recurrente invoca, en primer término, el derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por cuanto el rechazo de la licencia médica impide su recuperación y agrava su cuadro clínico. En segundo término, invoca el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 del mismo cuerpo normativo, toda vez que la denegación del subsidio por incapacidad laboral la priva de la remuneración derivada de su trabajo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la Superintendencia de Seguridad Social ha actuado de manera ilegal y arbitraria; se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM000; se ordene de forma inmediata el pago del subsidio correspondiente a la licencia NUM001, o en subsidio, la realización de un nuevo peritaje presencial por la COMPIN; se adopten todas las medidas necesarias para la protección efectiva de las garantías constitucionales lesionadas; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Rodrigo Javier Campos Cortés, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Explica la licencia médica NUM001, fue rechazada debido a que la paciente presentaba un reposo extenso, sin contar con antecedentes médicos suficientes y actualizados que permitieran justificar su prolongación.

Indica que la recurrente interpuso recurso de reposición, acompañando antecedentes emitidos por un médico sin especialidad registrada, con diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión e insomnio no orgánico. Sin embargo, dichos antecedentes no acreditaron fecha probable de alta ni de recuperabilidad laboral, no informaron escala de gravedad de la patología ni diagnóstico psicodinámico operacionalizado, carecía de determinación de rol terapéutico, manejo por psiquiatría, detalle de síntomas y plan de tratamiento, por lo que el informe médico acompañado no logró justificar la extensión del reposo.

Agregó que se estimaron sobrepasados los rangos de reposo calificados como adecuados conforme a las guías clínicas utilizadas de manera estandarizada. Asimismo, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el referido rechazo. En cuanto al derecho, la recurrida fundó su actuación en el artículo 14 del D.S. N°3/1984, que establece como competencia privativa de la COMPIN el aprobar o rechazar licencias médicas, reducir o ampliar períodos de reposo, o modificar su modalidad, dejando constancia fundada de la resolución adoptada. Del mismo modo, invocó el D.S. N°7/2013, que aprueba el reglamento sobre guías clínicas referenciales, cuyo artículo 4, numeral II, relativo a patologías mentales, exige para reposos de continuación superiores a quince días que la licencia sea otorgada por médico psiquiatra o médico tratante con consultoría psiquiátrica, con puntaje de Escala EEAG inferior a 50 puntos e informe médico protocolizado, requisitos que en el caso no fueron satisfechos. Por lo expuesto, solicitó el rechazo del recurso de protección deducido.

Tercero: Que, comparece la abogada Andrea Cisternas Tiemann, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que la recurrente, mediante presentación de 7 de noviembre de 2025, reclamó ante dicho organismo fiscalizador por cuanto la Subcomisión Norte de la COMPIN Región Metropolitana confirmó el rechazo de la licencia médica NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 7 de agosto de 2025, por reposo no justificado.

Señaló que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluyó mediante Resolución Exenta NUM000, de fecha 13 de noviembre de 2025, que el reposo prescrito no se encontró justificado.

Precisa que la reclamante no aportó un informe amplio y fundado emitido por psiquiatra que indicase evolución cronológica del cuadro clínico, el plan de tratamiento, evolución de escala de funcionalidad ni plan de reintegro laboral.

Destacó, además, que la recurrente acumuló 60 días de reposo autorizados por patología psiquiátrica, todos otorgados por médicos generales, sin que conste derivación a especialista en psiquiatría adulto, informe de refractariedad al tratamiento, asistencia regular a psicoterapia ni implementación de intervenciones psicosociales. Agregó que el médico emisor de la licencia reclamada, don nombre reservado, no tiene especialidad en psiquiatría, circunstancia que, conforme al artículo 16 del Decreto Supremo N°7 de 2013 del Ministerio de Salud, impidió sustentar reposos psiquiátricos más allá de los 30 días permitidos para médicos generales.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida sustentó su petición de rechazo en los artículos 19 N°18 y 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley N°16.395, orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social, particularmente sus artículos 2°, 3°, 27 y 38 letras d) y e); en el D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud; en el D.S. N°3 de 1984 del mismo Ministerio, especialmente sus artículos 1° y 16; en el D.F.L. N°44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en el D.S. N°7 de 2013 del Ministerio de Salud, en particular sus artículos 4° y 16; en la Ley N°20.585; y en la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Invocó, asimismo, la jurisprudencia de la Excma.

Corte Suprema, específicamente las sentencias dictadas en los autos Rol N°2359- 2025 de 28 de mayo de 2025 y Rol N°469-2025 de 6 de marzo de 2025, en las cuales el Máximo Tribunal rechazó recursos de protección deducidos en términos similares, al estimar que la actuación de la Superintendencia se ajustó a la normativa vigente y careció de arbitrariedad o ilegalidad.

Niega que se haya cometido alguna ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional. Del mismo modo, alegó la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta NUM000 de 13 de noviembre de 2025 que mantuvo el rechazo de la licencia médica, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reclamación presentada por la recurrente.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “(…) que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado emitido por psiquiatra o médico del programa de salud mental que indique evolución cronológica del cuadro clínico y sintomatología que origine alto grado de compromiso funcional, plan de tratamiento y detalle de ajustes realizados durante el periodo de reposo cursado, evolución de escala de funcionalidad, pronóstico y plan de reintegro laboral. Asimismo, no acredita derivación o espera de evaluación por especialidad en la Red de Salud Pública, ni asistencia a psicoterapia complementaria.

Que, para efectos de acreditar una atención psicológica asociada a la emisión de una licencia médica, el informe de atención psicológica debe al menos dar cuenta del número de sesiones, frecuencia, cantidad de sesiones al momento del informe, objetivos terapéuticos, evolución y recomendaciones generales.

Que, la ausencia de tales antecedentes, no permiten a especialistas de este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de acoger el reposo médico reclamado.”. Además, se tomó en consideración que la licencia fue extendida por médico general que no cuenta con la especialidad de psiquiatría, por lo que no se cumplen los requisitos mínimos para la autorización de licencias médicas superiores a 30 días por patologías de salud mental de conformidad a las Guías Clínicas Referenciales y los criterios técnicos definidos por la Superintendencia.

Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Noveno: Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, para resolver la presente controversia es pertinente tener presente que, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, las entidades que se pronuncian sobre aprobación o rechazo de licencias médicas pueden disponer nuevos exámenes o interconsultas, visitar el domicilio del trabajador y de requerir informes al médico tratante como medidas para recopilar mayores antecedentes, el hecho de no disponerlo cuando los profesionales médicos del servicio estiman que los antecedentes que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo.

Décimo: Que, asimismo, debe considerarse lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Decreto N°3 en cuanto al plazo en que deben emitir pronunciamiento tanto la COMPIN, como la Unidad de Licencias Médicas, en su caso, factor que también limita las posibilidades de realizar exámenes o peritajes complementarios a los usuarios, ante la imposibilidad fáctica de realizar aquellos en la oportunidad establecida en la normativa.

Undécimo: Que, por lo razonado, solo cabe concluir que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 26.226-2025-Protección