Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 30 de julio de 2025, comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, ciudadana venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar que dicho órgano incurrió en un actuar ilegal y arbitrario al tener por desistida, por Resolución Exenta N° NUM000, de 11 de noviembre de 2025, su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, sin remitir los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y sin otorgar la visación de residente domicilio reservado, vulnerando con ello la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen debido a la violencia generalizada, amenazas a su seguridad personal y graves vulneraciones a los derechos humanos, ingresando a Chile por pasos no habilitados el 24 de enero de 2021, luego de salir de Venezuela el 13 de enero del mismo año. Señala que, una vez asentada en el país y tras informarse sobre su situación jurídica, concurrió el 21 de octubre de 2025 a la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones con el objeto de iniciar formalmente el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, oportunidad en que fue atendida por funcionarios del servicio, se le proporcionó el formulario respectivo, procedió a su llenado y se recibió su declaración sobre los hechos que fundan su solicitud.

Indica que, no obstante lo anterior, con fecha 11 de noviembre de 2025 la autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta N° NUM000, mediante la cual resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada presentada el 21 de octubre de 2025, fundando dicha decisión en que la solicitud no habría reunido los requisitos legales, por haber excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país y por haber ingresado por paso no habilitado sin acreditar el cumplimiento de los plazos previstos en el reglamento de la Ley N° 20.430.

Destaca que la recurrente realizó la subsanación de su solicitud con fecha 10 de noviembre de 2025, circunstancia que fue ignorada por la autoridad administrativa, la que igualmente resolvió tenerla por desistida sin efectuar previamente la derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, omisión que, a juicio del recurrente, entraba y paraliza indebidamente el procedimiento legalmente establecido.

Sostiene que no se configura en la especie un desistimiento en los términos exigidos por la normativa vigente, puesto que la Ley N° 20.430 y su reglamento, en particular el artículo 52 del Decreto Supremo N° 837, exigen que el desistimiento sea individual, expreso y voluntario, circunstancias que no concurren en el caso, toda vez que la recurrente jamás manifestó voluntad alguna de abandonar su solicitud, lo que se ve reforzado por la interposición de la presente acción constitucional. Añade que no existe norma legal que autorice a tener por configurado un desistimiento tácito en esta materia, por lo que la autoridad habría creado una hipótesis no prevista por el legislador.

Invoca jurisprudencia reciente de Cortes de Apelaciones que han resuelto en el mismo sentido, citando especialmente una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que declaró ilegal el tener por desistida una solicitud de refugio sin que exista una manifestación expresa, individual y voluntaria del solicitante, señalando que dicho proceder vulnera la garantía de igualdad ante la ley.

Alega además que la actuación de la recurrida vulnera el principio de proporcionalidad en sede administrativa, al privilegiar consideraciones formales por sobre la situación humanitaria concreta de la solicitante, exponiéndola al riesgo de expulsión o devolución a un país donde su vida y libertad se encontrarían amenazadas, en contravención del principio de no devolución consagrado en la Ley N° 20.430 y en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.

Expone asimismo que la recurrida omitió otorgar a la recurrente la visación de residente temporario prevista en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430 y en el artículo 42 del Decreto Supremo N° 837, normas de carácter imperativo que ordenan la concesión de dicha visa una vez presentada o formalizada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin establecer requisitos, condiciones o plazos adicionales. Sostiene que la negativa o dilación en la entrega de dicha visación constituye una actuación ilegal que agrava la vulneración de derechos fundamentales de la recurrente.

Desarrolla extensamente el derecho a solicitar refugio como un derecho humano fundamental, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como en la legislación nacional, destacando que corresponde a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, y no a las direcciones regionales del Servicio Nacional de Migraciones, ponderar el cumplimiento de los requisitos sustantivos de la solicitud, siendo deber de estas últimas limitarse a recibirla y remitirla oportunamente.

Concluye que el actuar de la recurrida constituye una acción ilegal y arbitraria que priva y perturba el legítimo ejercicio de la garantía de igualdad ante la ley, configurándose una situación protegible en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, se ordene continuar con la tramitación regular de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, se remitan los antecedentes a la Secretaría Técnica correspondiente y se disponga la concesión de la visa temporaria de refugio prevista en la ley, mientras se resuelve el fondo de su solicitud.

SEGUNDO: Que comparece doña Natacha Aylin Arancibia Riquelme, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe requerido por esta Corte, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección deducido, por estimar que no concurren en la especie los presupuestos constitucionales ni legales que habiliten la procedencia de la acción cautelar, al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la autoridad recurrida que vulnere alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone, en cuanto a los antecedentes fácticos, que la recurrente, ciudadana venezolana, no registra ingreso regular al territorio nacional, constando además un Oficio Reservado N° NUM001, de 13 de abril de 2024, emanado de la Policía de Investigaciones de Chile, que da cuenta de una denuncia grave por ingreso clandestino. Señala que con fecha 21 de octubre de 2025 la extranjera solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el reconocimiento de la condición de refugiada, solicitud registrada bajo el ID N° NUM002, siendo posteriormente citada para comparecer el día 28 de octubre de 2025.

Indica que, conforme al formulario de primera atención y a los antecedentes aportados por la propia solicitante, ésta declaró haber ingresado a Chile por paso no habilitado el 24 de enero de 2021, efectuando autodenuncia recién con fecha 22 de enero de 2023, circunstancia que resulta relevante para el análisis de admisibilidad de su solicitud.

Añade que, en razón de lo anterior, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 28 de octubre de 2025, el Servicio resolvió que no era posible dar curso al ingreso de la solicitud al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, por no cumplirse los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430 y su reglamento, específicamente por haber excedido el plazo legal de siete días hábiles desde el ingreso al país y por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para quienes ingresan por paso no habilitado.

Explica que, no obstante, lo anterior, y en resguardo del debido proceso administrativo, se otorgó a la recurrente un plazo de quince días hábiles para subsanar las observaciones formuladas, bajo apercibimiento expreso de tenerla por desistida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430. Señala que la recurrente evacuó la subsanación mediante una carta explicativa en la que expuso razones de carácter económico para haber abandonado su país de origen e ingresar irregularmente a Chile, antecedentes que, a juicio de la autoridad, no permitieron desvirtuar las causales de incumplimiento previamente representadas.

Refiere que, en consecuencia, y al no haberse subsanado los requisitos formales exigidos por la normativa vigente, se dictó la Resolución Exenta N° NUM000, de 11 de noviembre de 2025, mediante la cual se resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dejando constancia expresa de los recursos administrativos y judiciales que la ley franquea al solicitante, los cuales no fueron ejercidos. Precisa, asimismo, que el Servicio Nacional de Migraciones no ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la recurrente.

Desarrolla, en el ámbito jurídico, que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra regulado por la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655, el Decreto Supremo N° 837 que la reglamenta y, supletoriamente, por la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, normativa que introdujo una etapa inicial de admisibilidad y formalización de las solicitudes, estableciendo requisitos claros y plazos perentorios que deben ser cumplidos por los solicitantes. Destaca que, conforme a los artículos 26, 28, 28 bis y 28 ter de la Ley N° 20.430, así como a los artículos 8, 35 y 37 de su reglamento, sólo una vez cumplidos íntegramente los requisitos formales y de fundamentación mínima puede entenderse formalizada una solicitud de refugio y, en consecuencia, otorgarse la visa de residencia temporaria prevista en el artículo 32 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que, en la especie, la solicitud de la recurrente no cumplió con dichos requisitos, por cuanto fue presentada fuera del plazo legal, sin acreditarse razones excepcionales que justificaran dicha extemporaneidad, y sin acompañar antecedentes suficientes que permitieran tener por subsanadas las deficiencias formales advertidas.

Afirma que el desistimiento declarado no constituye una sanción, sino una consecuencia legal prevista expresamente por el legislador para el caso de incumplimiento del deber de subsanación dentro de plazo, actuando la autoridad recurrida dentro del marco de sus competencias y con estricto apego a la normativa vigente.

Agrega que la acción constitucional pretende, en los hechos, obtener por la vía judicial el reconocimiento de la condición de refugiada o la continuación forzada del procedimiento, materias cuya resolución la ley entrega de manera exclusiva a los órganos técnicos competentes, en particular a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, previa observancia de los requisitos legales, los que en este caso no se verificaron.

Concluye que no existe en la actuación del Servicio Nacional de Migraciones ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ni se ha producido privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual solicita se rechace el recurso de protección en todas sus partes, sin condena en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes allegados al proceso, no se advierte que el actuar del Servicio Nacional de Migraciones pueda ser calificado de ilegal ni arbitrario, desde que aparece acreditado que la autoridad recurrida dio estricto cumplimiento al procedimiento previsto en la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655, y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 837, en particular a lo dispuesto en los artículos 26, 28, 28 bis y 28 ter del referido cuerpo legal, así como en los artículos 8, 35 y 37 del reglamento, normas que establecen de manera expresa que solo una vez cumplidos íntegramente los requisitos formales y de fundamentación mínima puede entenderse formalizada una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y, como consecuencia de ello, otorgarse la visa de residencia temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

En la especie, resulta especialmente relevante que la propia recurrente reconoce haber ingresado al país por paso no habilitado el 24 de enero de 2021 y que solo en el mes de octubre de 2025 concurrió ante el Servicio Nacional de Migraciones para elevar su solicitud de refugio, excediendo con creces el plazo fatal de siete días hábiles contado desde su ingreso al territorio nacional que exige el artículo 26 del citado cuerpo legal, sin que, además, haya acompañado antecedentes suficientes que permitieran tener por subsanadas las deficiencias formales oportunamente advertidas por la autoridad administrativa.

QUINTO: Que, en tales condiciones, encontrándose la recurrida legalmente habilitada para tener por desistida la solicitud, en conformidad a lo expresamente previsto en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, no resulta posible reprocharle un actuar ilegal o arbitrario, toda vez que la decisión impugnada constituye una consecuencia jurídica directa del incumplimiento de los requisitos legales exigidos para la formalización de la solicitud, y no el ejercicio discrecional o caprichoso de una potestad administrativa, razón por la cual no cabe sino concluir que el recurso de protección deducido debe ser rechazado en todas sus partes, tal como se expresará en lo resolutivo.

SEXTO: Que, para finalizar, es menester relevar, una vez más, que la acción constitucional de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de las decisiones administrativas ni un mecanismo destinado a sustituir el juicio técnico que la ley ha radicado expresamente en órganos especializados de la Administración del Estado.

En efecto, las alegaciones formuladas por la recurrente, en cuanto pretenden que esta Corte examine la procedencia sustantiva del reconocimiento de la condición de refugiado o la suficiencia de los antecedentes aportados para tales efectos, exceden manifiestamente el ámbito propio de esta acción cautelar, desde que dichas materias han sido entregadas por el legislador a la autoridad técnica y administrativa competente, conforme al procedimiento reglado establecido en la Ley N° 20.430 y su normativa complementaria, no correspondiendo a esta judicatura, en consecuencia, reabrir ni reexaminar cuestiones de fondo que deben ventilarse en la sede correspondiente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-26208-2025.