Protección contra Departamento de Extranjería y Migración

C.A. de Santiago Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en nombre y a favor de nombre reservado, venezolana, cédula de identidad para extranjeros Nº RUT reservado y en contra del Departamento de Extranjería y Migración, señalando que la recurrente en cumplimiento con lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del Reglamento de Extranjería, envió solicitud de Permanencia Definitiva, que quedó signada con el código de trámite: 6828568 en fecha 29 de junio de 2020 a través de la plataforma online del Departamento de Extranjería y Migración, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite.

Sostiene que habiendo transcurrido más de un año y medio a la fecha de la presentación de esta solicitud, sin que la autoridad recurrida se haya pronunciado respecto a su solicitud de Permanencia Definitiva, demora que le trajo perjuicios tales como no obtener respuesta a la fecha del Departamento de Extranjería y Migración sobre su Solicitud de Permanencia Definitiva.

Precisa que ha requerido una ampliación de solicitud de permanencia definitiva, lo que realizó con fecha 29 de junio de 2021. Agrega que la recurrente se ha esforzado diligentemente por mantenerse dentro del país y regularizar su situación migratoria, contando con trabajo estable.

Asevera que los actos son ilegales y arbitrarios por parte del Departamento de Extranjería y Migración al no pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, a pesar de haber pasado más de un año y medio desde su presentación, sin entregar información alguna sobre la demora, y sin presentar avance alguno en la tramitación de dicha solicitud.

Señala como afectadas las garantías contempladas en el artículo 19, numeral 2 y 3 de la Constitución Política de la República, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias o incluso menos favorables les fue otorgada la Permanencia Definitiva, y a la recurrente a la fecha aún no se ha realizado la respuesta ante su solicitud.

En virtud de lo expuesto, pide que se acoja la acción de protección y se ordene al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad resolver la solicitud de Permanencia Definitiva de la recurrente, ordenando a la recurrida, que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se le otorgue sin más demora a la recurrente, la Permanencia Definitiva solicitada, o las medidas que la Ilustrísima Corte determine.

Segundo: Que doña nombre reservado, abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que el 29 de junio de 2020 la extranjera solicita ante esta autoridad permiso de permanencia definitiva y mediante Comunicación Electrónica Nº 193808887 de fecha 14 de octubre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración, se le informa a la extranjera que su solicitud avanza a etapa de análisis y se le remite la orden de giro correspondiente, para el pago de los derechos del permiso solicitado, otorgándole un plazo de 60 días para realizar el respectivo pago.

Refiere que consta que la extranjera realizó el pago de los derechos y mediante Resolución Exenta Nº 21497082 de fecha 14 de diciembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones se aprueba avance de estado de trámite de la solicitud de permiso de permanencia definitiva, certificándose que se encuentra en la etapa de análisis resolutivo, según lo dispuesto en la Circular Nº12 de fecha 24 de noviembre de 2021 del Servicio Nacional de Migraciones.

Precisa que la solicitud se encuentra en trámite, específicamente en etapa de análisis resolutivo, lo que implica la validación del pago de los derechos si corresponde, la revisión de antecedentes aportados por instituciones externas y la emisión del acto administrativo terminal que otorga o rechaza la permanencia definitiva.

Asevera que estando en tramitación la solicitud del extranjero se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, es que entiende esta autoridad que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Manifiesta que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país.

Explica que el hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, y poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia legal en el país.

Asevera que al ofrecer un constante pronunciamiento respecto del estado actual de todas las solicitudes de permanencia definitiva ingresadas en el sistema, a través de la emisión de las correspondientes resoluciones exentas, hecho que certifica una actividad constante por parte de esta autoridad en la tramitación de todas las solicitudes recibidas de esta naturaleza, no es posible configurar bajo ningún respecto alguna hipótesis de silencio administrativo, en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880. En consecuencia, no existe un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19, y no existe por tanto perturbación alguna de derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación.

Tercero: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la excesiva demora en la decisión a la solicitud de permanencia definitiva de la parte recurrente, la que fue presentada ante la recurrida con fecha 29 de junio de 2020.

Quinto: Que, de conformidad a los antecedentes allegados en el recurso y en particular, lo informado por el Departamento de Extranjería y Migración, consta que el amparado efectivamente realizó su petición de permanencia definitiva en el mes de junio de dos mil veinte. No obstante lo anterior, a la fecha ha transcurrido más de un año y medio sin haberse emitido un pronunciamiento final respecto a dicha solicitud, aun habiendo pagado los respectivos derechos.

Lo anterior, da cuenta de una vulneración al principio de celeridad contemplado en el artículo 7° de la Ley N°19.880, que señala que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.”

En ese sentido, se advierte que la demora en la tramitación de la solicitud deviene en un acto arbitrario que debe ser subsanado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge la acción constitucional interpuesta, en favor de nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a objeto de restablecer el imperio del derecho, sólo en cuanto, se ordena a la autoridad recurrida, dar curso a la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, dentro del plazo de 30 días hábiles, adoptándose una decisión definitiva sobre el particular.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-262-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señora Paola Danai Hasbun Mancilla y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalon.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.