nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado , en su propio favor , interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes , por haber dispuesto descuentos de su remuneración sin previo aviso y de manera unilateral. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que, a su juicio, la recurrida incurrió en un doble cobro de la deuda al haber judicializado previamente el cobro de la obligación y, además, haber ordenado la retención de su remuneración , vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República , que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Para fundamentar su acción, el recurrente expone que con fecha 14 de marzo de 2022, suscribió un pagaré N°82001755950 con La Araucana C.C.A.F. por un capital de $6.343.454, pagadero en 48 cuotas de $217.590, con el primer vencimiento el 30 de abril de 2022. Se pactó que el retardo o mora en el pago de cualquier cuota facultaría a la demandante para exigir el pago total de la deuda, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, conforme al artículo 9° de la Ley N° 18.010. Asimismo, se acordó la facultad de su empleador, actual o futuro, y de entidades pagadoras de pensión o subsidios de incapacidad laboral, para descontar de sus emolumentos mensuales o subsidios de cesantía los dividendos correspondientes al crédito.

Posteriormente, con fecha 8 de febrero de 2023, el recurrente suscribió una hoja de prolongación N°82001761427 por un capital de $6.249.834 más intereses, a pagar en 41 cuotas mensuales y sucesivas de $194.295, venciendo la primera el 31 de agosto de 2023 y la última el 31 de diciembre de 2026.

El recurrente señala que, debido a sus condiciones personales y económicas, ha caído en mora con la obligación, adeudando la suma de $5.944.964. En consecuencia, La Araucana C.C.A.F. lo demandó ejecutivamente en la causa C-6629-2024, tramitada ante el 3° Juzgado Civil de Concepción, caratulada "nombre reservado/nombre reservado", causa que actualmente se encuentra notificada.

Como resultado de lo anterior, y al estar actualmente afiliado a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, transformándose en un préstamo "intercaja" (a pesar de que el mutuo original fue adquirido con La Araucana C.C.A.F.) , Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha decidido oficiar a su empleador para que realice deducciones de su remuneración por planilla.

A mayor abundamiento, el recurrente indica que en la liquidación de sueldo del mes de enero de 2025, figuran descuentos por la suma de $77.695, efectuados por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. Al revisar el documento el 31 de enero de 2025, se verificó la existencia de dicho cobro.

El recurrente sostiene que jamás fue notificado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar el "abusivo e inoportuno descuento" que ordena a su empleador retener parte de su remuneración. Califica el actuar de la recurrida como arbitrario, antojadizo e ilegal, carente de fundamento, tanto en su realización como en el monto ordenado retener a su empleador. Considera que este actuar reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida de manera forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar información previa.

Asimismo, el recurrente argumenta que al judicializar La Araucana C.C.A.F. la causa para el cobro de la deuda, y al mismo tiempo que la recurrida ha decidido realizar descuentos de su remuneración, se estaría en presencia de un "doble cobro", lo cual atenta contra su derecho de propiedad.

En cuanto a los fundamentos de derecho y las garantías constitucionales vulneradas, el recurrente destaca la vulneración del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, que establece que solo la ley puede fijar el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad, así como sus limitaciones y obligaciones derivadas de su función social. Además, enfatiza que nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional.

El recurrente asevera que el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación, consistente en un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin previo aviso ni explicación del monto, constituye una vulneración flagrante a la garantía constitucional de propiedad, al ser privado y perturbado de su derecho sobre el monto descontado, lo cual podría repetirse en los próximos meses.

Por otra parte, se refiere a la Ley N° 18.833, que establece el estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.). Menciona el artículo 21 de dicha ley, que permite a las Cajas establecer un régimen de prestaciones de crédito social consistente en préstamos de dinero, regido por un reglamento especial. También cita el artículo 22, el cual establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Una vez practicada la deducción al trabajador, la parte correspondiente de la deuda se entenderá extinguida, debiendo la Caja dirigirse exclusivamente contra el empleador en caso de sumas no enteradas. En caso de que la entidad empleadora afiliada sea deudora en un procedimiento concursal de liquidación y se haya dictado la resolución de liquidación, las cuotas devengadas y descontadas que no hayan sido remesadas gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil. Las cuotas no devengadas a la fecha de la liquidación corresponderán al trabajador.

El recurrente advierte un uso arbitrario e ilegal del artículo 22 de la Ley N° 18.883, de acuerdo con la jurisprudencia, ya que una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución Política de la República y al respeto de las garantías constitucionales.

Subraya la arbitrariedad del acto al recalcar que la recurrida, al interponer la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes y cobrando la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo tanto, considera arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes ordene la retención de montos similares a los de una cuota, a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos promovieron.

En este sentido, el recurrente cita jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones como de la Excma. Corte Suprema.

Agrega, en cuanto a la arbitrariedad que la recurrida, al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, desconoció su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos. Expresa y categóricamente, esto ha sido establecido tanto por la Excelentísima Corte Suprema y como por esta Corte de Apelaciones.

La vulneración del derecho de propiedad se produce al descontarse ilegal y arbitrariamente de su remuneración la suma de $77.695 en enero de 2025, sin previo aviso o explicación del monto. Este descuento, al ser paralelo a una demanda ejecutiva por la misma deuda, configura un doble cobro, perturbando su derecho a percibir sus remuneraciones íntegras , lo que es una facultad esencial del dominio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se cese todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, se restituyan al recurrente los descuentos efectuados, así como los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción , y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, , la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes , evacuó el informe solicitado, pidiendo el rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en virtud de los antecedentes fácticos y jurídicos que a continuación se detallan.

En primer lugar, en relación con los descuentos informados al empleador del recurrente, la recurrida señala que, según su base de datos institucional, don nombre reservado, RUT RUT reservado , registra cotizaciones como trabajador afiliado a la empresa Gestiones Globales de Outsourcing S.A.. En lo que concierne al descuento efectuado por CCAF de Los Andes, por mandato de Caja La Araucana, la Superintendencia informa que, desde abril de 2014, todas las Cajas de Compensación utilizan un sistema integrado de recaudación de Créditos Sociales. Este sistema permite que la Caja de Compensación a la que el trabajador está actualmente afiliado pueda recaudar deudas pendientes o morosas, o vigentes, contraídas con otras Cajas de Compensación. Respecto al procedimiento, este sistema posibilita, en caso de una nueva afiliación, que la Caja de Compensación de la última afiliación sea la encargada de recaudar las deudas mencionadas, contraídas con anterioridad.

En este contexto, y de conformidad con los compromisos adquiridos, su representada, a través de la nómina de retenciones de crédito social de los meses de enero y febrero de 2025, comunicó al empleador del señor nombre reservado, un descuento correspondiente a la cuenta [cuenta reservada], por un monto mensual de $77.695. Este monto corresponde a un crédito otorgado en la Caja La Araucana. Es importante agregar que el monto informado en enero de 2025, fue recaudado el 10 de febrero de 2025 y sería transferido a la contraparte en la penúltima semana del mes en curso. En lo que respecta al monto informado en el mes de febrero de 2025, la recurrida indica que no se encuentra en sus arcas.

En segundo lugar, respecto al "Proyecto Intercajas", la recurrida expone que Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, actuando en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco denominado "Proyecto Intercajas".

Las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado "Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar", el cual tiene como objetivo que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella. De esta forma, se permite acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social, ya sea moroso o vigente.

En este contrato, además, es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar , y ha sido acordado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley 18.833, que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social. Esto es, precisamente, el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al artículo 1 de la Ley 18.833.

Según la cláusula cuarta de este Convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social en la modalidad intercaja, se contrataron los servicios del prestador SINACOFI. quien ha asumido todo lo relacionado con los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F. de Chile A.G. y como delegada de esta, velando por el cumplimiento de los procesamientos generados con el fin de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

Cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por el operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F. de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero. Lo anterior se debe a que tales archivos contienen antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares N° 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO una vez al mes por cada una de las Cajas, lo que significa que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla de forma oportuna, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el Comité Técnico de las C.C.A.F.. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

En el contexto normativo antes descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana , y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833.

Añade que la diputación para recibir el pago, se refiere a los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, los cuales, en general, se limitan a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada al recurrente, extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera al deudor hasta la concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22, inciso 2° de la Ley 18.833. Esto se debe a que el pago se realiza a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el propio acreedor quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación con el artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que consta de los antecedentes y por lo demás no ha sido controvertido que:

1.- Se procedió a descontar al recurrente de la liquidación de la remuneración del mes de enero del año en curso, la suma de $77.695, con motivo de la deuda contraída con la CCAF la Araucana.

2.- Que CCAF la Araucana dedujo en contra del recurrente, un juicio ejecutivo ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, por haber incurrido en mora en el pago de la deuda suscrita en su favor la que consta en un pagaré.

QUINTO: Que no habiéndose desconocido que la recurrente se encuentra en mora en el pago de la obligación particularizada precedentemente, se observa que el actuar de la Caja de Compensación Los Andes se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº 18.833, específicamente en su artículo 22, conforme al cual “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, no cabe sino concluir que la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra prescrita y es actualmente exigible.

SEXTO: Que, como se ha razonado, no se configura el actuar ilegal o arbitrario alegado por el actor respecto de la Caja de Compensación recurrida, de modo tal que el recurso debe ser desestimado.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Andes.

Acordada contra el voto del Ministro señor Balmaceda, quien fue de opinión de acoger el recurso interpuesto, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

1°.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Agrega el inciso segundo del mismo precepto que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

De la transcripción de la norma resulta claro que las Cajas de Compensación tienen el derecho, conferido por la ley, de obtener el pago de lo que adeuden afiliados a quienes hubiere concedido un crédito, mediante la deducción de las remuneraciones que efectúe la entidad empleadora también afiliada. Si el pago del crédito se hubiere pactado en cuotas mensuales, evidentemente este derecho se ejerce descontando mensualmente de la remuneración del trabajador la cuota respectiva.

2°.- Que, ahora bien, del examen a través del sistema computacional de seguimiento de causas de lo obrado en el proceso Rol N° C-9286-2024 seguida ante el Primer Juzgado Civil de Santiago sobre juicio ejecutivo de cobro de pagaré, consta que la Caja de Compensación recurrida demandó al ahora recurrente el cobro ejecutivo de un pagaré cuyo pago se había dividido en cuotas y ejerciendo el derecho que le confiere la cláusula de aceleración contenida en el título, hizo exigible el total del crédito como si fuera de plazo vencido.

En este escenario, sólo cabe concluir que la obligación originalmente pactada en cuotas pagaderas a plazo, devino pura y simple y actualmente exigible con motivo de manifestar el acreedor su intención de hacer efectiva la cláusula de aceleración, lo que aconteció con la presentación de la demanda, de modo tal que los descuentos de las cuotas del crédito con fecha posterior, que es el hecho que motiva el recurso, no encuentra sustento en la ley y resultan además arbitrarios, desde que la acreedora opta por una parte por el cobro ejecutivo del saldo total insoluto de crédito por la vía judicial y paralelamente obtiene el descuento directo de sumas de dinero de la remuneración del deudor a través del empleador correspondientes a cuotas ya inexistentes.

Lo anterior, en concepto del disidente, constituye una vulneración no permitida por el ordenamiento al derecho que la Constitución Política de la República le reconoce al recurrente en el N° 24 del artículo 19, de tal suerte que la acción de protección debió, en su concepto, ser acogida.

Regístrese y archívese.

Protección N°2618-2025.