nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD Y COMPIN

C.A. de Santiago Santiago, nueve de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 13 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado, por sí, e interpone acción de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social en relación al acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la resolución exenta N° R-01-ISESAT-177022-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024 que, en definitiva, resuelve no otorgar cobertura de seguro social respecto de patología al calificarla como patología de origen común, acto que estima vulnera las garantías previstas por los numerales 1º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que a lo largo de su relación laboral con la empresa ZECAT se originó su enfermedad profesional debido a que, desde su ingreso en junio de 2022 debió enfrentar condiciones de trabajo muy exigentes que mermaron su salud física y mental. Refiere que lo anterior en el ejercicio de su cargo de jefe de operaciones debió enfrentar una multiplicidad de funciones y jornadas de trabajo extensas de lunes a viernes y fines de semana.

Refiere que pese a la gravedad de su estado de salud debido su jefatura no adoptó las medidas adecuadas para resguardar su bienestar. Al respecto, señala que el 16 de marzo de 2024 acudió a consulta psiquiátrica particular y producto de la gravedad de su diagnóstico trastornos de adaptación y depresión moderada, éste le recomendó asistir a la mutualidad para recibir tratamiento, cuestión que comunicó el 18 de marzo de 2024 a su jefatura. Pese a ello, el mismo día fue desvinculado de la empresa de manera abrupta e injustificada.

Expone que, posteriormente al presentar su caso ante la ACHS, dicha entidad calificó que no se trataba de una enfermedad de origen labora, sino común. No obstante, los médicos tratantes que realizaron dicha calificación no eran psiquiatras ni psicólogos.

Plantea que la recurrida no analizó detalladamente los informes médicos presentados ni la documentación que justifica el origen laboral de su deterioro de salud, de manera que la decisión de la Superintendencia carece de justificación.

En virtud de lo anterior, solicita que se deje sin efecto la resolución aludida y se aprueben las licencias médicas rechazadas teniendo por justificado el reposo médico que ordene su pago, con costas.

Segundo: Que, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana informa el abogado don Alfredo Añazco González.

Señala que, revisados los antecedentes se desprende que los hechos reclamados dicen relación con la calificación de su enfermedad como común, cuestión que en su caso debe ser analizada por la Asociación Chilena De Seguridad (ACHS), según la Ley N° 16744/1968.

Tercero: Que por la Superintendencia de Seguridad Social comparece la abogada Romina Andrea Ugalde Rañileo, quien en primer lugar solicita que se declare la improcedencia de la acción.

Funda lo anterior en que los hechos que se plantean en el recurso se relacionan con establecer un derecho de seguridad social, derivado de la discusión respecto del “porcentaje de invalidez”, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente. Lo cual, a su juicio, debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal competente en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

En subsidio y, respecto del fondo, plantea que las contingencias cubiertas por el seguro social obligatorio son precisamente accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales para lo cual la patología o siniestro debe ser calificado como tal por la entidades respectivas según la adherencia del empleador (mutual u otra entidad) y depende de que en el caso concreto se cumplan o no los presupuestos contemplados en la definición establecida en el artículo 7º de la Ley Nº16.744, esto es, que se trate de una “(…).causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.”

En ese escenario normativo, indica que, para el caso concreto del recurrente, este recurrió el 8 de abril de 2024 ante la Superintendencia reclamando en contra de la Asociación Chilena De Seguridad, discrepando de la calificación de origen común asignada a la patología de salud mental que presentó y por la cual se sometió a estudio de enfermedad profesional, con DIEP del 19 de marzo de 2024 Sostiene se tuvieron a la vista los antecedentes aportados por el citado ente calificador, entre ellos, copia de la ficha clínica, informes médico y psicológico y estudio de puesto de trabajo al igual que los antecedentes aportados por el trabajador, entre los que se encuentran carta fundada, copias de correos electrónicos, imágenes de chats telefónicos e informes médicos y que, tales antecedentes, dieron como resultado que se calificar que la afección del trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención de salud en dicho organismo. Lo que motivo la resolución de fecha 10 de julio de 2024 que rechazó su reclamo respecto de la calificación realizada por la entidad calificadora y que finalmente fue ratificada por resolución de fecha 14 de noviembre de 2024 y que es objeto de impugnación a través del presente recurso.

Sostiene que lo que existe en la especie es un dictamen emanado por la SUSESO en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las facultades fiscalizadores que le fueron entregadas, de lo que se sigue que no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Finalmente, afirma que la acción de autos desborda los límites de aplicación de la acción de protección como herramienta de resguardo de derechos indubitados preexistentes, por no ser el origen laboral o común de una afección un derecho indubitado.

Cuarto: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que el acto que se califica como ilegal y arbitrario, consiste en la resolución R-01-ISESAT-177022-2024 de fecha 14 de noviembre de 2024 que rechazó el recurso de reposición presentado por el recurrente respecto de la decisión que califica su enfermedad como una de origen común y no laboral.

Según consta en dicho acto, los fundamentos principales de dicha resolución son los siguientes: “Que, se han tenido a la vista los antecedentes aportados por el citado ente calificador, entre ellos, copia de la ficha clínica, informes médico y psicológico y estudio de puesto de trabajo realizado bajo las normas de protocolo de esta Superintendencia, al igual que los antecedentes aportados por el trabajador, entre los que se encuentran presentación escrita y fundada, informes médico y psicológico y documentos de contexto.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología presentada que motivó la atención de salud en dicho organismo. En efecto, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo derivados de un liderazgo disfuncional, como tampoco de mal diseño organizacional, mantenidos por un tiempo e intensidad suficiente para explicar la presencia de la afección señalada, lo que confirma la Resolución de esta Superintendencia y no permite modificarla”.

Sexto: Que, teniendo presente el ámbito dentro del cual se desenvuelve un recurso de protección, conforme se ha indicado anteriormente, no podría esta Corte -sin con ello afectar la legalidad del órgano llamado a resolver la materia- determinar que la enfermedad que aqueja a la recurrente es de naturaleza profesional y no de origen común como se sostiene por la repartición pública recurrida, desde que tal definición debe realizarse dentro de un procedimiento normativamente regulado, por los órganos competentes establecidos en la ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y su Reglamento (Decreto N° 101, de 29 de abril de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), tal como aconteció en la especie, razón que determina el rechazo del recurso.

Por lo demás, no puede obviarse que la presente vía, dada su naturaleza cautelar de urgencia, no es aquella prevista por el legislador para conocer y resolver de la materia en que se funda el arbitrio en análisis, cuyo debate debe ser desarrollado en la sede que naturalmente corresponde a dichos asuntos, en el presente caso, ante un juzgado laboral, conforme dispone expresamente el artículo 420 del Código del Trabajo.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26153-2024.