nombre reservado con TESORERÍA GENERALLLDE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago.

Santiago, cinco de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber compensado unilateralmente y sin autorización judicial la suma de $13.163.301 de la indemnización que debía recibir en cumplimiento de una sentencia firme y ejecutoriada dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago el 17 de marzo de 2023. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que aplicó la compensación a deudas tributarias supuestamente devengadas entre los años 2013 y 2015, sin demostrar su origen, vigencia ni comunicar previamente al afectado, vulnerando con ello el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Explica que durante el año 2019, nombre reservado demandó al Estado de Chile para obtener la indemnización de los perjuicios que sufrió a raíz de la detención, tortura e incomunicación a la que fue sometido en septiembre de 1986 por agentes de la Central Nacional de Informaciones, tal como lo reconoce el informe de la Comisión Valech. Indica que, en dicho proceso judicial, el 11° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia definitiva el 17 de marzo de 2023, condenando al Fisco de Chile a pagarle la suma de $50.000.000. decisión que fue confirmada por esta Corte de Apelaciones.

En este contexto, sostiene que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó la Resolución Exenta Nro. 3153 de 21 de octubre de 2024, ordenando a la Tesorería General de la República efectuar dicho pago, más reajustes e intereses hasta la fecha del pago efectivo. Sin embargo, refiere que el organismo recaudador procedió de manera unilateral a efectuar compensaciones que alteraron sustancialmente el monto a pagar, pues solo depositó en la cuenta corriente del actor la suma de $40.768.485, sin dar razón alguna de aquello. No obstante aquello, estima que esta diferencia se explicaría por una deuda generada por obligaciones tributarias pendientes y devengadas entre los años 2013 y 2015, pues así aparecería del sistema computacional del servicio, en el que consta la realización de siete pagos no voluntarios asociados a ellas.

Argumenta que la recurrida ha actuado de forma ilegal, pues al haber compensado unilateralmente dicho crédito habría transgredido lo dispuesto en el artículo 6 del D.F.L. Nro. 1 de 1994, que establece el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, pues éste faculta al Tesorero General para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, requisito que no se cumpliría en la especie, toda vez que las supuestas deudas tributarias datan de más de nueve años atrás y el propio organismo no habría acreditado su existencia, vigencia ni cuantía exacta.

Asimismo, argumenta que la conducta de la recurrida ha devenido en arbitraria, pues la indemnización objeto de la compensación tiene un origen especial, al emanar de una sentencia firme que busca reparar graves violaciones a los derechos humanos, naturaleza que la exime de ser objeto de compensación, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1662 del Código Civil. Además, sostiene que con su actuación, el servicio se ha comportado como juez y parte al determinar unilateralmente la existencia y cuantía de deudas tributarias sin otorgar al afectado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, vulnerando así los principios del debido proceso y el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Tesorería General de la República dejar sin efecto la compensación dispuesta unilateralmente, procediendo al pago íntegro de lo ordenado en la sentencia y en la Resolución Nro. 3153 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Segundo: Que, informando, Tesorería General de la República reconoce que procedió a compensar unilateralmente la suma de $13.163.301, correspondiente a deudas tributarias generadas por formulario 21 giradas por el Servicio de Impuestos Internos, con el crédito establecido a favor del recurrente en la Resolución Exenta Nro. 3153 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fundando aquello en lo dispuesto en el artículo 6° del D.F.L. Nro. 1 de 1994. Sin embargo, explica que, tras estudiar los antecedentes contenidos en el recurso de protección, ha procedido a “descompensar” los montos descontados, por lo que el 26 de diciembre de 2024 efectuó el depósito de lo adeudado en la cuenta vista Nro. [cuenta reservada] del Banco BCI a nombre de don nombre reservado, por la suma de $13.294.934, restableciendo así el pago íntegro de lo ordenado en la resolución ministerial.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar obligaciones de pago de impuestos y multas contenidas en Formulario 21 con la suma dinero a que fue condenado el Fisco de Chile, en sede Civil, al acoger una demanda de indemnización de perjuicios deducida en su contra por responsabilidad extracontractual.

Quinto: Que de acuerdo con lo manifestado por la recurrida, y cuyos dichos se encuentran sustentados en los antecedentes que fueron aportados por dicha parte, aparece que la Tesorería General de la República ha solucionado la obligación que en su momento se negó a efectuar por motivo de compensación -conducta reprochada en la presente acción cautelar- por lo que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Séptimo: Que la parte recurrente será eximida del pago de costas por estimar esta Corte que tuvo motivo plausible para impetrar la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el arbitrio deducido por nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra la Tesorería General de la República, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nro. 26144-2024 (Protección)