nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, representado por abogado, e interpone recurso de protección contra La nombre reservado, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Holding Heineken CCU y Google Chile Limitada.

Sostiene que los recurridos mantienen disponibles y fácilmente accesibles en internet y, además, destacadas en los resultados del buscador de nombre reservado, publicaciones que considera dañinas para su honra y reputación, referidas a hechos laborales ocurridos hace más de tres años y que, según afirma, quedaron superados por un avenimiento judicial aprobado por el tribunal competente.

Expone que esta permanencia de los contenidos produciría un perjuicio actual y continuo en su vida personal, profesional y comercial, porque cualquier búsqueda con su nombre conduce de inmediato a esas noticias, perpetuando, a su juicio, un descrédito injustificado por hechos pasados.

Por ello, denuncia vulneración del derecho a la vida privada y a la honra (artículo 19 N°4) y del derecho a desarrollar una actividad económica (artículo 19 N°21), en cuanto la difusión constante afectaría su desempeño y relaciones laborales y comerciales.

En cuanto al contexto, señala que fue Gerente General de Tecnologías Industriales Buildtek S.A. entre 2010 y 2022, y que en ese marco debió adoptar decisiones de gestión, incluidas materias de organización del trabajo y jornadas. Indica que el 21 de octubre de 2021, un sindicato habría interpuesto en su contra una denuncia por prácticas antisindicales, vinculada a una supuesta falsificación de firmas para obtener autorización de jornada excepcional, causa tramitada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago bajo el RIT S-49-2021.

Agrega que el proceso terminó el 22 de septiembre de 2022, por un acuerdo de avenimiento, desistimiento y transacción, aprobado por el tribunal, sin reconocimiento de responsabilidad por su parte.

Relata que, a raíz de esa denuncia, la Federación publicó el 22 de octubre de 2021, una noticia en su sitio web, y que La nombre reservado difundió otra el 23 de octubre de 2021, ambas con títulos y lenguaje que, según el actor, no se limitarían a informar la existencia de una denuncia, sino que le atribuirían directamente conductas graves (como 'falsificación'), afectando su honra.

Añade que, pese al tiempo transcurrido y al término del juicio por avenimiento, dichas publicaciones siguen apareciendo entre los primeros resultados al buscar su nombre en nombre reservado.

Finalmente, sostiene que el 11 de noviembre de 2024, solicitó formalmente a los recurridos que eliminaran las noticias de sus portales y que nombre reservado las desindexara, dando un plazo para ello, sin obtener respuesta ni medidas concretas. Invoca como fundamento el llamado 'derecho al olvido' y cita jurisprudencia que, según afirma, ha protegido la honra frente a publicaciones injustificadamente perjudiciales. En lo petitorio, pide que se ordene a los dos sitios web eliminar las publicaciones, a nombre reservado desindexarlas, y que se condene en costas a los recurridos.

SEGUNDO: Que, compareció La nombre reservado, por su representante nombre reservado, evacuando informe y solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Reconoce haber publicado el 23 de octubre de 2021, la nota titulada “Sindicato denuncia a empresa contratista de nombre reservado por falsificación de identidad de dirigentes sindicales para flexibilizar jornada de trabajo y descanso”, la que informaba sobre la interposición de una denuncia por prácticas antisindicales tramitada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT S-49-2021.

En lo fáctico, sostiene que la publicación se limitó a informar la existencia de una denuncia judicial de carácter público, sin elaborar ni añadir hechos propios, ni tergiversar antecedentes, ni atribuir una responsabilidad ya establecida al recurrente, precisando que la información fue obtenida de fuentes públicas y oficiales, entre ellas la Oficina Judicial Virtual.

Respecto del avenimiento invocado por el actor, argumenta que ese evento posterior no altera la veracidad del hecho informado, pues la noticia daba cuenta de la existencia de la denuncia, no de una condena ni de una declaración judicial de responsabilidad, por lo que el acuerdo que puso término al juicio no desvirtúa el carácter público y noticioso del conflicto en el momento en que fue reportado.

Funda su defensa en la libertad de emitir opinión e informar del artículo 19 N°12 de la Constitución, sin censura previa, y en las normas de la Ley N°19.733.

Plantea que no existe acto ilegal o arbitrario, ya que se trató del ejercicio legítimo del quehacer periodístico al informar sobre un asunto judicial y de interés público.

Añade que el recurso de protección exige un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías constitucionales, lo que no se cumpliría por la sola circunstancia de que una publicación veraz pueda resultar incómoda o producir efectos desfavorables.

Sobre el llamado “derecho al olvido”, afirma que no se encuentra contemplado en el ordenamiento nacional y añade que si se invoca, debe resolverse mediante una ponderación entre libertad de información y derechos a la honra y vida privada, en la que el interés público del hecho informado, vinculado a actuaciones judiciales de conocimiento público, justifica la difusión y permanencia de la noticia.

Sostiene que los archivos periodísticos cumplen una función histórica y documental, y que el mero transcurso del tiempo no basta para ordenar la eliminación de noticias veraces sobre asuntos de interés público, por lo que acoger una pretensión de esta naturaleza afectaría la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a acceder a información histórica. Por todo ello, pide el rechazo del recurso respecto de La nombre reservado, con condena en costas.

TERCERO: Compareció Google Chile Limitada y, por su intermedio, nombre reservado LLC, representadas por el abogado Raimundo Moreno Cox, evacuando informe dentro de plazo y solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

La recurrida distingue el rol de ambas entidades. Explica que Google Chile Limitada es una sociedad chilena dedicada principalmente a labores de marketing, publicidad y promoción, y que no es dueña del dominio google.cl ni controla la infraestructura, algoritmos o servidores del buscador. Señala que quien efectivamente opera y administra el motor de búsqueda es nombre reservado LLC, sociedad constituida en Estados Unidos, la que comparece voluntariamente en estos autos para defenderse.

Sobre la extemporaneidad del recurso, sostiene que los enlaces cuya eliminación se pretende corresponden a publicaciones de octubre de 2021, por lo que el plazo de 30 días del Auto Acordado sobre recurso de protección estaría largamente vencido.

Añade que la tesis de la 'agresión permanente' en internet ha sido rechazada en jurisprudencia, porque desnaturaliza el carácter urgente del recurso y lo convertiría en una acción sin límite temporal, afectando la seguridad jurídica.

Afirma que nombre reservado cumple un rol de intermediario tecnológico. Señala que el buscador no crea ni edita contenidos, sino que rastrea, indexa y organiza información ya publicada por terceros.

En apoyo, invoca el régimen de 'puerto seguro' de la Ley de Propiedad Intelectual, destacando que los intermediarios no responden por contenidos de terceros bajo ciertas condiciones y que no existe un deber general de supervisión, el que además sería impracticable por el volumen de información disponible en internet.

Luego, sostiene que la desindexación de contenidos lícitos afectaría la libertad de expresión e información, invocando tanto la Constitución como estándares internacionales, en cuanto restringiría el acceso público a información y podría operar como una forma de censura posterior.

Controvierte la invocación del 'derecho al olvido', señalando que no tendría reconocimiento expreso en el derecho chileno y agrega que informes y pronunciamientos del sistema interamericano han advertido riesgos de una aplicación amplia de esa figura para la libertad de expresión, el acceso a la información y la memoria histórica.

Sostiene que la información sobre procesos judiciales integra el registro histórico y noticioso en una sociedad democrática, y que, tratándose de hechos de interés público, no habría fundamento para obligar a medios o buscadores a eliminar o desindexar contenidos por el solo paso del tiempo.

Por ello, pide que el recurso se declare inadmisible o se rechace por extemporáneo y, en subsidio, que se rechace por el fondo, con condena en costas.

CUARTO: Que, habiéndose requerido informe a la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Holding Heineken CCU, ésta no lo evacuó en los plazos legales, a pesar de los apercibimientos decretados y la aplicación de multa de dos U.T.M., por lo que se prescindió del mismo.

QUINTO: Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, exige la concurrencia de una conducta que puede revestir dos modalidades alternativas: un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico en sentido amplio (comprensivo de la Constitución, las leyes y demás normas vigentes); o bien un acto u omisión arbitrario, entendido como aquel que carece de fundamento racional y obedece al mero capricho, voluntad antojadiza o carencia de razonabilidad de quien lo ejecuta.

Ambas categorías, si bien frecuentemente concurren de manera simultánea, son jurídicamente independientes y alternativas entre sí, de modo que basta la configuración de cualquiera de ellas para satisfacer este presupuesto. Así, un acto puede ser legal pero arbitrario, cuando se ajusta formalmente a la norma, pero carece de justificación razonable, o ilegal pero no arbitrario, cuando, pese a contravenir el ordenamiento, responde a motivos plausibles.

En segundo término, dicha conducta debe provocar una afectación concreta en el legítimo ejercicio de los derechos del recurrente consistente en: a) la privación, que importa el despojo o supresión total del ejercicio del derecho, impidiendo completamente su goce; b) la perturbación, consistente en un menoscabo, alteración o dificultad parcial en dicho ejercicio, sin que este se vea completamente impedido; y c) la amenaza, configurada por un riesgo cierto, concreto e inminente de sufrir una privación o perturbación futura, lo que confiere al recurso una dimensión preventiva.

La afectación, cualquiera sea su modalidad, debe recaer sobre el ejercicio legítimo del derecho, es decir, aquel que se verifica dentro de los márgenes que el ordenamiento jurídico reconoce y ampara.

Adicionalmente, la privación, perturbación o amenaza debe ser consecuencia inmediata y necesaria del acto u omisión reprochado, de suerte que, suprimida hipotéticamente la conducta antijurídica, desaparecería también el agravio constitucional.

En tercer término, se requiere que el derecho invocado sea indubitado, vale decir, cuya titularidad y existencia resulten manifiestas y no requieran de un procedimiento declarativo previo ni de medios de prueba complejos para su acreditación. Quedan excluidos, por tanto, aquellos derechos cuya determinación exija una controversia de lato conocimiento.

Por último, el derecho afectado debe encontrarse expresamente comprendido en el catálogo taxativo que establece el artículo 20 de la Constitución, que enumera de manera restrictiva los numerales del artículo 19 susceptibles de tutela mediante esta acción cautelar.

SEXTO: Que, la alegación respecto de la excepción de extemporaneidad deducida por La nombre reservado y nombre reservado Chile, consistió en que el recurso de protección habría sido interpuesto fuera del plazo de treinta días por cuanto las publicaciones impugnadas se remontan a octubre de 2021.

Aun cuando, el marco normativo aplicable, particularmente el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que el plazo se cuenta desde la ejecución del acto u omisión lesiva, o desde que el afectado tuvo conocimiento cierto de ella. Sin embargo, este cómputo depende de la naturaleza del acto impugnado.

Aunque las publicaciones originales son de 2021, el recurrente no reclama solo ese hecho inicial, sino su mantención continua en los sitios web de los medios y en los resultados del buscador de nombre reservado. Esta permanencia configura un acto de tracto sucesivo, cuya afectación se renueva día a día mientras el contenido siga disponible.

Por lo tanto, es necesario distinguir entre actos instantáneos y actos continuados, señalando que en estos últimos el plazo para recurrir solo comienza cuando cesa la conducta lesiva. Así, tratándose de afectaciones permanentes, la vulneración se actualiza constantemente.

La jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago ha reiterado que, en situaciones permanentes, especialmente en casos de mantención de información en internet, el plazo de treinta días no corre desde la publicación original, sino que se renueva mientras persista la accesibilidad del contenido.

Aplicando estos criterios, la Corte concluye que la conducta denunciada, la disponibilidad continua de las publicaciones y su indexación en nombre reservado, constituye un acto de tracto sucesivo. Cada vez que un usuario accede a la información, el eventual agravio a la honra del recurrente se actualiza, por lo que no puede considerarse extemporáneo el recurso.

En consecuencia, se rechaza la excepción de extemporaneidad, declarando que la acción fue presentada dentro del plazo legal y corresponde analizar el fondo del asunto.

SÉPTIMO: Que, el derecho al olvido invocado por el recurrente ha sido entendido como la facultad que asiste a una persona para solicitar que determinada información personal que le concierne sea eliminada, suprimida o desindexada de internet, cuando su mantención y difusión carece de relevancia actual y le ocasiona perjuicios desproporcionados en relación con el interés público de mantener dicha información accesible.

Conforme a esta figura, en determinadas circunstancias una persona puede solicitar a los motores de búsqueda que eliminen enlaces a páginas que contengan información personal inadecuada, no pertinente o excesiva en relación con los fines del tratamiento, atendido, además, el tiempo transcurrido desde su publicación.

En ese marco, el interesado podría pedir al responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan cuando concurran supuestos específicos, tales como: que dichos datos ya no sean necesarios para la finalidad con que fueron recopilados; que el titular retire el consentimiento cuando éste sea la base del tratamiento; o que los datos hayan sido tratados de manera ilícita.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo razonado en el considerando precedente, debe tenerse presente que nuestros tribunales superiores han indicado que el denominado “derecho al olvido” no cuenta con reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico nacional como un derecho autónomo cuya tutela pueda exigirse directamente por esta vía, de modo que las solicitudes que se formulan bajo esa denominación han de resolverse mediante un ejercicio de ponderación entre garantías constitucionales en conflicto (Excma. Corte Suprema, Roles N°22.243-2015 y 11.746-2017).

Por ello, ante la inexistencia de una regulación legal específica, corresponde determinar en cada caso si la medida pretendida es constitucionalmente procedente, confrontando, por una parte, la libertad de información y de información sin censura previa (art. 19 N°12 de la Constitución), y, por otra, el derecho a la vida privada y a la honra (artículo 19 N°4 del mismo texto).

De esta manera, las solicitudes de desindexación o supresión de información en entornos digitales deben ser objeto de un examen estricto de proporcionalidad, caso a caso, analizando los derechos en conflicto conforme a criterios objetivos de ponderación. La resolución de dicha colisión de derechos refuerza la necesidad de explicitar en cada decisión las razones que justifican preferir, en el caso concreto, la libertad de información o la protección de la honra y vida privada.

Entre estos criterios, la jurisprudencia nacional y comparada ha considerado relevantes, por ejemplo: a) la veracidad de la información, en cuanto el ordenamiento ampara preferentemente la difusión de hechos verdaderos; b) el interés público comprometido, atendida la relevancia de los datos para la deliberación democrática; c) la condición del afectado, distinguiendo si se trata de personas con proyección pública o de particulares; d) el origen de la información, especialmente cuando proviene de fuentes oficiales o de acceso público; y e) el tiempo transcurrido, factor que por sí solo no impone la supresión de información veraz, pero que puede incidir en la evaluación de su necesidad y actualidad según las circunstancias del caso.

Tal escrutinio exige evitar que mecanismos asociados al denominado “derecho al olvido” operen como restricciones indirectas a la libertad de expresión o como instrumentos de alteración retrospectiva del registro histórico, imponiendo al Estado el deber de garantizar que cualquier limitación sea necesaria, idónea y estrictamente proporcional en una sociedad democrática.

NOVENO: Que, en el caso en análisis, el recurrente solicita la eliminación de publicaciones que, en su origen, dan cuenta de un hecho objetivamente veraz, consistente en la existencia de una denuncia judicial por prácticas antisindicales interpuesta en su contra, la que fue efectivamente tramitada ante la judicatura de Letras del Trabajo.

Las publicaciones cuestionadas no afirmaron que el recurrente hubiera sido condenado o declarado judicialmente responsable de los hechos denunciados, sino que por el contrario, se limitaron a informar sobre la existencia de una denuncia judicial y sobre su tramitación ante los tribunales de justicia.

Por lo tanto, la circunstancia de que dicho proceso haya concluido posteriormente mediante avenimiento, sin reconocimiento de los hechos por parte del recurrente, no convierte en falsa ni inexacta la información originalmente difundida, pues ésta versaba sobre la existencia de la denuncia y no sobre una eventual condena o declaración de responsabilidad. La noticia, en su origen, no inventó un fallo condenatorio, sino que se limitó a informar sobre un episodio judicial que efectivamente ocurrió.

DÉCIMO: Que, respecto del interés público de la información, esta Corte estima que los hechos objeto de las publicaciones cuestionadas revisten interés público.

En efecto, entre otros autores, nombre reservado ha señalado que: “la relevancia pública de la información es la única causa de legitimación para afectar el derecho a la privacidad” y tal información “es aquella que se refiere a asuntos de relevancia pública, a hechos o acontecimientos que afectan a las instituciones y funciones públicas como asimismo, hechos o acontecimientos que afectan al conjunto de los ciudadanos, además de las conductas constitutivas de delito, las restricciones autorizadas por ley o por los tribunales de justicia competentes” (Nogueira Alcalá, “Pautas para superar las tensiones entre los derechos a la libertad de opinión e información y los derechos a la honra y la vida privada”, en Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, v.17, 2004, pp. 155-156).

Por su parte, distintas instancias jurisdiccionales han sostenido que el criterio que justifica la intervención regulativa en el ejercicio de los derechos en general y en la vida privada, en particular, es el interés público, entendido éste como una necesidad social imperiosa, como aquello que afecta el bien común o como ciertos asuntos en los que por razón de su objeto resultan de interés colectivo o general conocer o difundir. En ese sentido se han pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

UNDÉCIMO: Que, aplicando los criterios precedentes al caso concreto, las denuncias por prácticas antisindicales constituyen un mecanismo esencial de protección de la libertad sindical, derecho fundamental reconocido tanto en el artículo 19 N°19 de la Constitución Política de la República como en diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile, particularmente los Convenios N°87 y N°98 de la Organización Internacional del Trabajo.

La difusión de información relativa a denuncias de esta naturaleza contribuye al debate público sobre el respeto de los derechos colectivos de los trabajadores y al escrutinio social de las prácticas empresariales en materia laboral. En consecuencia, se trata de información que reviste interés público, independientemente del resultado final del proceso judicial.

Por otro lado, la información difundida por los medios recurridos tuvo su origen en una denuncia judicial efectivamente interpuesta y tramitada ante los tribunales de justicia. Las actuaciones judiciales, por regla general, son públicas conforme al artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, y la información sobre ellas puede ser legítimamente difundida por los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de informar.

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que existe un deber del periodismo de informar sobre asuntos de interés público, y un correlativo derecho de la sociedad a recibir información e ideas sobre tales asuntos (caso nombre reservado vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 128).

Además, la difusión de información sobre denuncias por prácticas antisindicales contribuye a la formación de opinión pública sobre una materia de trascendencia social, como lo es el respeto de los derechos colectivos de los trabajadores y las garantías asociadas a la libertad sindical en el contexto de las relaciones laborales contemporáneas.

La difusión original de las noticias se enmarcó en el legítimo ejercicio de la libertad de informar. El avenimiento posterior puso fin al litigio, mas no priva de interés público a la información original, pues el hecho informado -la existencia de la denuncia- efectivamente ocurrió.

DUODÉCIMO: Que, reafirma lo antes razonado lo dispuesto en el artículo 30 inciso 2° de la Ley N°19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en cuanto preceptúa que se considerarán como hechos de interés público de una persona, entre otros, “los referentes al desempeño de funciones públicas o de una profesión u oficio cuyo ejercicio exija algún título o grado” (letra c), así como “los consistentes en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso” (letra d), y “las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social” (letra e).

Si bien el literal f) del mismo artículo se refiere específicamente a “los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos”, lo cierto es que las denuncias laborales por prácticas antisindicales, aun cuando no constituyan delitos, se vinculan con el ejercicio de funciones directivas en el ámbito empresarial, cuyo desempeño es de legítimo interés público conforme al literal c) citado.

En efecto, el recurrente ejerció el cargo de Gerente General de una empresa, función que implica la adopción de decisiones que impactan directamente en los derechos de los trabajadores. Las actuaciones vinculadas a dicho desempeño, especialmente cuando son objeto de denuncia ante los tribunales, constituyen hechos de interés público susceptibles de ser informados.

DÉCIMO TERCERO: Que, por otra parte, la historia no se borra ni se elimina, por el contrario, debe preservarse, y parte importante de ella está constituida por los registros noticiosos. Por ello dicho material se preserva y cuida en la Biblioteca Nacional, conforme al “depósito legal” establecido en el artículo 14 de la Ley N°19.733, que obliga a los medios de comunicación social electrónicos a remitir diariamente el contenido íntegro de sus publicaciones.

En este orden de ideas, no existe razón legal para concluir que las empresas periodísticas no puedan mantener en sus sitios una información de noticias pretéritas que ellas mismas dieron a conocer y en cambio la Biblioteca Nacional sí; o para que nombre reservado no pueda facilitar a sus usuarios el conocimiento de aquellas y la Biblioteca sí, pues ello implicaría incurrir en discriminaciones arbitrarias en orden a determinar quién queda autorizado a mantener el registro y su eventual divulgación y quién no, sin que exista una ley que claramente lo resuelva tratándose, como en la especie, de hechos noticiosos.

Ordenar la eliminación de noticias de los archivos de medios de comunicación implicaría que el acceso a la información volvería a tener una condición censitaria, quedando reservada para estudiosos o algún tipo de privilegiado, perdiéndose así uno de los grandes aportes de las nuevas tecnologías aplicadas en el campo de las comunicaciones sociales al quitarle el carácter universal, amplio y masivo a las modalidades de alcance.

DÉCIMO CUARTO: Que, en lo que respecta a Google Chile Limitada y nombre reservado LLC, cabe precisar que un motor de búsqueda es una herramienta tecnológica cuya función consiste en rastrear, indexar, ordenar y facilitar el acceso a información que se encuentra públicamente disponible en internet. Para ello utiliza procesos automatizados que recorren páginas accesibles al público, registran sus contenidos y los presentan como resultados frente a las consultas de los usuarios, conforme a criterios de relevancia.

En ese marco, la actividad del motor de búsqueda se limita a localizar información publicada por terceros, incorporarla a un índice de manera automatizada, almacenarla en forma transitoria y ponerla a disposición de los usuarios mediante enlaces. De ello se sigue que el buscador no crea ni edita el contenido indexado, ni ejerce control editorial sobre su elaboración, sino que cumple una función de intermediación que facilita su ubicación y consulta.

Precisamente por la naturaleza de dicha intermediación, bajo determinadas condiciones, se excluye la responsabilidad de los prestadores de servicios de internet por datos de terceros almacenados o por referencias y enlaces, en consideración a que no pueden razonablemente supervisar la totalidad de los contenidos que circulan en la red, y que imponer un deber general de control o filtrado resultaría incompatible con el libre flujo de información.

Aplicado lo anterior al caso, esta Corte concluye que no pesa sobre la empresa aludida un deber legal general de supervisión previa del contenido ajeno, de manera que esta sede cautelar no puede transformar al buscador en un órgano de control editorial de contenidos de terceros.

DÉCIMO QUINTO: Que, por lo demás, es menester precisar que la Ley N°19.733, en su Título IV, contempla el “derecho de aclaración o rectificación”, estableciendo en su artículo 16 que “toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”.

Por otra parte, los artículos 26 y siguientes del mismo cuerpo normativo regulan el procedimiento y tribunal competente para conocer de las infracciones al Título IV, en tanto que los artículos 29 y siguientes reglan los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social.

Las reflexiones anteriores permiten concluir que la acción de protección no es la vía idónea para resolver conflictos como el que se presenta en estos autos, ya que requiere del establecimiento de hechos y de una fase de discusión, cuestiones que son ajenas a una acción cautelar como la que se ha ejercido en la especie.

De consiguiente, las eventuales consecuencias y responsabilidades que pueda producir el ejercicio de los derechos que se estiman infringidos están regladas, en parte, en la Ley N°19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, de tal manera que ante cualquier daño que se haya producido o que se produzca en el futuro, el o los afectados tienen las herramientas legales para obtener la debida reparación si se reúnen las exigencias que nuestro ordenamiento jurídico contempla para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte advierte que una alternativa menos gravosa que la eliminación solicitada sería la contextualización de las noticias, mediante la incorporación de una nota del editor que informe sobre el término del proceso judicial por avenimiento, sin reconocimiento de responsabilidad. Esta medida, reconocida por la jurisprudencia (Corte Suprema, Rol 14.034-2019), permite conciliar el derecho a la información con la protección de la honra, sin afectar el registro histórico.

DÉCIMO SEXTO: Que, en mérito de todo lo razonado en los considerandos precedentes, la ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto debe resolverse en favor de la libertad de información, toda vez que:

a) Las publicaciones cuestionadas informaron verazmente sobre la existencia de una denuncia judicial por prácticas antisindicales, sin atribuir al recurrente condena o responsabilidad que no existió;

b) Los hechos informados revisten interés público, por relacionarse con la libertad sindical, la transparencia en el ejercicio de funciones directivas empresariales y actuaciones judiciales públicas;

c) La difusión original constituyó ejercicio legítimo de la libertad de informar consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República;

d) No existe en el ordenamiento jurídico chileno un 'derecho al olvido' autónomo que imponga la eliminación de noticias veraces por el mero transcurso del tiempo;

e) Los archivos periodísticos cumplen una función histórica y documental cuya preservación es de interés general;

f) El recurrente dispone de vías legales alternativas, como el derecho de aclaración o rectificación, para proteger su honra sin afectar la libertad de información.

Así las cosas, no se han configurado los actos ilegales y arbitrarios que se atribuyen a las recurridas, lo que conlleva al rechazo de la acción constitucional deducida.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

1. Que SE RECHAZA la excepción de extemporaneidad opuesta por las recurridas La nombre reservado y Google Chile Limitada (nombre reservado LLC).

2. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de La nombre reservado, Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Holding Heineken CCU, y Google Chile Limitada (nombre reservado LLC).

3. Que no se condena en costas al recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (I) don Mauricio Rettig Espinoza.

No firma la Ministro señora Hasbun Mancilla, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-26141-2024.