nombre reservado con DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE

-1- Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Carlos Anais Peña y Lillo, actuando en representación de nombre reservado, dedujo acción de protección en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile -DIPRECA-, por el acto consistente en darla de baja de dicho sistema previsional.

Explica que la recurrente contrajo matrimonio con nombre reservado, Sargento Segundo de Carabineros, bajo el régimen de sociedad conyugal, con quien tuvo dos hijas, de actuales 13 y 5 años de edad. En razón de la profesión de su marido, de conformidad a la ley, todos se encuentran inscritos en el sistema de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. No obstante lo anterior, al momento de concurrir a un centro asistencial a fin de solicitar una hora médica, tal requerimiento le fue rechazado porque no contaba con previsión, pues figuraba bloqueada en el sistema al ser dada de baja por su cónyuge, lo que corroboró el día 26 de marzo de este año, en la Sección Registro de Beneficiarios de DIPRECA, donde le entregaron un certificado de cargas familiares en que aparece con estado “Baja”, lo que califica de arbitrario e ilegal.

Argumenta que de acuerdo a las disposiciones del DFL N° 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se considera a la cónyuge como causante de asignación familiar, y que para generar los beneficios debe vivir a expresas del beneficiario que las invoque, en este caso, de su cónyuge, y que no disfrute de una renta igual o superior al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual. Por último, de acuerdo a esa misma normativa, si el beneficiario, pudiendo hacerlo, se rehusare a impetrar de la respectiva institución el derecho a la asignación familiar, maternal y/o su pago, estas pueden ser solicitadas por la persona a cuyo cargo se encuentre el causante, o por la cónyuge, en su caso.

En consecuencia, añade el libelo, el actuar de DIPRECA resulta arbitrario, pues se dio de baja a la recurrente sin mayores antecedentes, ante la sola petición de su marido, sin razones ni fundamentos del por qué se adoptó dicha decisión. Además, es ilegal, ya que se está poniendo en riesgo la integridad física de la recurrente al no poder acceder al sistema de salud al que ha estado inscrita, por concurrir a su respecto las exigencias legales, vulnerándose los derechos que le garantizan los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, al informar la recurrida, DIPRECA, expuso que la acción de protección ha debido dirigirse solo en contra de Carabineros de Chile, pues es ahí donde el marido de la recurrente presta funciones en servicio activo.

Explica que el rol de DIPRECA de ingresar al Sistema de Cargas Familiares a las personas que tienen tal calidad se lleva a cabo solo respecto de imponentes pasivos, como pensionados por retiro o montepío, o respecto de sus trabajadores regidos por el Código del Trabajo, calidades que no corresponden a don nombre reservado, quien es Sargento en servicio activo. Por ende, es Carabineros de Chile, a través de su Departamento de Personal, quien tiene competencia para reconocer como carga de familia a la recurrente.

Tercero: Que, finalmente, se requirió informe a Carabineros de Chile, institución que solicitó el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alegó que la acción de protección no es la vía idónea para resolver peticiones de esta naturaleza, que requiere rendición de pruebas, pues no existe un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, refiere que el marido de la recurrente, el 8 de septiembre de 2017, solicitó la extinción de la asignación familiar de ésta a contar de dicha fecha a la autoridad competente de Carabineros, invocando como causal que se había perdido el requisito de vivir a expensas de él, ya sea por inicio de relación laboral u obtener una pensión u otra causa y, conforme a los artículos 3° y 5° del DFL N° 150, el cónyuge es causante solo en la medida que no disfrute de una renta.

En ese sentido es que el Sargento 2° nombre reservado manifestó que ya no se cumplían los requisitos para causar la referida asignación, pues se encontraba separado de hecho de la actora desde el 11 de marzo de 2016 y, por otra parte, de acuerdo al Oficio N° 1 de 29 de junio de 2019 del referido funcionario, durante el año 2017 la propia recurrente habría manifestado su interés de retirarse de DIPRECA, ya que mantenía ofertas laborales.

Cuarto: Que son hechos que constan de esta causa que la recurrente contrajo matrimonio con el funcionario de Carabineros nombre reservado, el 27 de junio de 2013. El 4 de octubre de 2005 y el 18 de agosto de 2013 nacieron sus hijas, Anyelie y Emely. La recurrente, cónyuge del imponente nombre reservado se encuentra en estado de “BAJA” en la Dirección de Previsión de Carabineros, lo que significa que no está cubierta por su sistema médico y previsional.

Quinto: Que por Oficio N° 1, de 29 de junio de 2019, el Sargento nombre reservado pone en conocimiento de la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales Pailahueque que el 11 de marzo de 2016 procedió a tramitar el cese de la convivencia que mantenía con su cónyuge, nombre reservado, lo que se notificó a ésta en forma personal a través del Segundo Juzgado de Familia de Santiago. Agrega que durante el transcurso del año 2017, en forma verbal, ella le manifestó su intención de retirarse de DIPRECA al igual que sus hijas, accediendo solo a extinguir la carga respecto de su cónyuge, quien se encargaría de su previsión médica en forma voluntaria.

Sexto: Que por Resolución Exenta N° 528, de 21 de septiembre de 2017, de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros de la Araucanía, previas citas legales y ante la solicitud del interesado, se resolvió el cese del derecho a impetrar asignación familiar al entonces Cabo 1° nombre reservado, con las consecuencias que la recurrente detalla en su acción, marginándola del sistema de salud de que era beneficiaria en su calidad de carga familiar de su cónyuge.

Séptimo: Que en lo pertinente al recurso, el DFL N° 150, de 27 de agosto de 1981, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de las Normas Sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía Para los Trabajadores de los Sectores Privado y Público, contenidas en los Decretos Leyes Nros. 307 y 603, ambos de 1974, dispone en sus artículos 3° y 5° que la cónyuge es causante de asignación familiar, siendo requisito para ello que viva a expensas del beneficiario que las invoque, en la especie, su cónyuge, nombre reservado, y que no disfrute de una renta, cualquiera que sea su origen o procedencia, igual o superior al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual a que se refiere el inciso primero del artículo 4° de la Ley N° 18.806.

Por su parte, el artículo 11 del mismo DFL señala que la asignación familiar se pagará desde el momento en que se produzca la causa que la genere; pero sólo se hará exigible a petición de parte y una vez acreditada su existencia. Su pago se hará hasta el último día del mes en que el causante mantenga esa calidad. En caso de extinción del derecho, el beneficiario deberá comunicar tal circunstancia a la respectiva institución pagadora, dentro del plazo de 60 días contado desde que ella acontezca. Toda nulidad de matrimonio extinguirá el derecho a la asignación familiar causada por uno de los cónyuges, el último día del mes en que quede ejecutoriada la sentencia que la declare.

Octavo: Que no está en duda que la recurrente fue reconocida como causante de asignación familiar el 21 de octubre de 2015, es decir, se satisfacían las exigencias reseñadas en el párrafo primero del fundamento precedente, cesando esa condición a solicitud de su cónyuge, quien invocó como causal la siguiente: “causante deja de vivir a expensas del beneficiario, ya sea por inicio de relación laboral u obtener una pensión u otra causa“. En consecuencia, al alero del artículo 11 del DFL N° 150, reseñado en el motivo anterior, en concordancia con lo establecido en la Circular N° 2.511, de 26 de febrero de 2009, de la Superintendencia de Seguridad Social, aludida por Carabineros de Chile en su informe, bastaría para el cese del beneficio invocar una causal acompañada de cualquier documentación de respaldo en la cual el beneficiario manifieste su voluntad en términos formales y explícitos de extinguirlo.

Noveno: Que para el fin antes señalado, Carabineros de Chile recibió del funcionario su solicitud de cese sustentada en la circunstancia de encontrarse separado de hecho de su cónyuge y en la existencia de un acuerdo verbal alcanzado el año 2017 a instancias de la recurrente, quien le habría manifestado su interés de retirarse de DIPRECA, pues mantendría ofertas laborales, dictándose en definitiva la Resolución N° 528, de 21 de septiembre de 2017, de cese de asignación familiar.

Décimo: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales y/o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción, por ende: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de dicha acción u omisión se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Undécimo: Que en la especie, aun cuando el beneficiario haya invocado una causal legal para el cese de la asignación familiar, dados los efectos que ello acarrea a la causante, las circunstancias esgrimidas deben justificarse, sin embargo, las invocadas resultan del todo insuficientes para darla por establecida, logrando con ello obtener sin ningún respaldo la eliminación de su cónyuge como causante legal de asignación familiar, a pesar de que subsisten los requisitos que se tuvieron en vista para su reconocimiento, cuestión que ciertamente constituye una arbitrariedad, pues se ha procedido sobre la base de especulaciones, dando por cierto que la recurrente percibe rentas a partir de la mera afirmación que tendría “ofertas laborales”, generándose así la afectación de garantías constitucionales que invoca el recurso, como consecuencia de verse la actora privada por la vía ya señalada del derecho a impetrar los beneficios de orden médico, hospitalario y asistencial de los que era titular, lo que esta Corte debe enmendar mediante el acogimiento del recurso.

Duodécimo: Que el auxilio médico, dental, hospitalario, curativo, ambulatorio y de rehabilitación tanto del personal afecto al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile como de las personas que sean causantes de asignación familiar en conformidad a la ley -cuyo es el caso de la actora- es de cargo de dicha Dirección, como dispone el artículo 80 de la Ley N° 18.961, Orgánica de Carabineros de Chile, por lo que dada la arbitraria cesación de la condición de causante de asignación de la recurrente, deberá procederse en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Décimo Tercero: Que, sin perjuicio de lo decidido, en cuanto a la extemporaneidad alegada en estrados, basta decir para su rechazo que la recurrente tomó conocimiento del cese de su condición de causante de asignación familiar a consecuencia del rechazo de atención médica y certificación de su baja en DIPRECA, por lo que la acción fue formalizada dentro de plazo.

Por estas disquisiciones y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección entablado por el abogado Carlos Anais Peña y Lillo, en representación de doña nombre reservado, y se dispone que Carabineros de Chile deberá restablecer el derecho de asignación familiar del funcionario nombre reservado y reingresar a la recurrente al Sistema Único de Cargas Familiares. Asimismo, la Institución deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección de Previsión de Carabineros a fin de que esa entidad ingrese a la recurrente nombre reservado, como causante de asignación familiar es “estado alta”, para su cobertura por el sistema médico y previsional de dicha Dirección.

Regístrese.

Redacción de la ministro Sra. Plaza.

Protección N° 26.139-2019.- No firma la ministra señora Villadangos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicio.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y por el Ministro señor Guillermo de la Barra Dünner.