Protección contra dicho establecimiento y de la Superintendencia de Educación

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, actuando en favor de su hijo menor nombre reservado, de 15 años de edad, quien cursa segundo año de enseñanza media en el Colegio nombre reservado, de la comuna de Puente Alto y deduce recurso de protección en contra de dicho establecimiento y de la Superintendencia de Educación, fundado en la no renovación de la matrícula del referido estudiante para el año escolar 2026, decisión comunicada formalmente el día 3 de octubre de 2023 y ratificada en entrevista celebrada el 5 de diciembre del mismo año; que el recurrente imputa como acto arbitrario e ilegal la referida decisión, invocando la vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1, 4 y 11 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad psíquica, el respeto a la vida privada y honra, y la libertad de enseñanza.

En sustento de su acción expone que el menor presenta diagnósticos de Trastorno por Déficit Atencional, Trastorno Oposicionista Desafiante y Trastorno del Ánimo Depresivo, con seguimiento permanente de especialistas -neurólogo, psiquiatra y psicólogo-, circunstancias que, en su concepto, debieron ser ponderadas por el establecimiento antes de aplicar la sanción; que asimismo denuncia que los hechos que motivaron la medida no fueron debidamente investigados, que las conductas imputadas al estudiante fueron expuestas públicamente afectando su integridad psicológica, que el establecimiento rechazó extemporáneamente una carta de apelación presentada por el recurrente el 18 de noviembre de 2025, alegando que había sido presentada fuera de plazo, plazo que, según el actor, nunca fue informado, y que en la entrevista del 5 de diciembre de 2023 el Rector del colegio le comunicó en menos de cinco minutos la mantención de la medida, sin posibilidad de réplica ni de obtener copia del acta suscrita.

Acompaña, como documentos fundantes, comprobante de atención ante la Superintendencia de Educación, registros de las medidas disciplinarias aplicadas, informes de los especialistas tratantes del menor, actas de entrevistas con el colegio, copias de la correspondencia entre las partes y carta suscrita por compañeros del estudiante solicitando el levantamiento de la medida.

Señala que corresponde a esta Corte examinar si la decisión de no renovar la matrícula del menor nombre reservado fue adoptada con sujeción al ordenamiento jurídico vigente y respetando el justo y racional procedimiento exigido tanto por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República como por el artículo 46 letra f) de la Ley N° 20.370, General de Educación, y los artículos 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998, modificado por la Ley N° 21.128, debiendo verificarse especialmente si el establecimiento recurrido notificó oportunamente los cargos al alumno y a su apoderado, si otorgó una instancia efectiva de descargos y reconsideración, si la sanción impuesta guarda proporcionalidad con los hechos acreditados, y si se ponderaron adecuadamente los diagnósticos de salud mental del estudiante como circunstancia relevante para la aplicación de la medida disciplinaria.

Segundo: Que, evacuado el informe solicitado, el Colegio nombre reservado, representado por don nombre reservado

nombre reservado, expone que la decisión de no renovar la matrícula del estudiante nombre reservado para el año académico 2026 no constituyó un acto arbitrario ni ilegal, sino que se adoptó como resultado de un proceso disciplinario extenso, documentado y ajustado al Reglamento Escolar Interno y Manual de Convivencia del establecimiento; que, en síntesis, los antecedentes aportados por la recurrida dan cuenta de que, desde el ingreso del estudiante en el año 2023, el establecimiento implementó un Plan de Trabajo Individual en atención a sus diagnósticos de Trastorno por Déficit Atencional, Trastorno Oposicionista Desafiante y cuadros depresivos, realizando seguimiento continuo y reuniones periódicas con la apoderada; que durante el año 2024 el estudiante acumuló más de treinta anotaciones negativas de carácter grave y gravísimo en su hoja de vida, lo que en un primer momento motivó la decisión de no renovar su matrícula para 2025, medida que fue dejada sin efecto el 20 de diciembre de 2024 en mérito de los compromisos asumidos por el estudiante y su apoderada, otorgándosele una nueva oportunidad bajo condicionalidad definitiva; que durante el año 2025 persistieron las conductas de indisciplina, razón por la cual el 20 de mayo de ese año se emitió una carta de advertencia de condicionalidad, y posteriormente se activaron diversos protocolos de convivencia escolar por hechos de violencia y acoso respecto de compañeras del alumno.

En particular, el establecimiento refiere que el 10 de junio de 2025 se aperturó un protocolo por violencia escolar luego de que el estudiante empujara violentamente a la alumna nombre reservado, hecho corroborado mediante cámaras de seguridad y entrevistas posteriores; que el 12 de junio siguiente se inició un nuevo protocolo por acoso escolar, a partir del relato de la estudiante nombre reservado, quien denunció que el alumno la tomó físicamente e intentó introducirle un papel en la boca, surgiendo además en la investigación otros antecedentes relativos a exhibición de material pornográfico, conductas bruscas y expresiones machistas hacia compañeras. En razón de tales hechos, con fecha 19 de junio de 2025 se comunicó a la apoderada carta de condicionalidad a de no renovación de matrícula por tres faltas graves y gravísimas previstas en el reglamento interno y Manual de Convivencia Escolar, advirtiéndose expresamente que la reiteración de nuevas infracciones podría determinar la cancelación de matrícula; que, pese a ello, con fecha 17 de julio de 2025, y en respuesta a una apelación formulada por la apoderada, el Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar resolvió conceder una nueva oportunidad al estudiante, rebajando la medida a condicionalidad extrema o definitiva, No obstante, esa nueva instancia favorable, el 11 de septiembre de 2025 se aperturó un nuevo protocolo de violencia entre estudiantes, luego de que el alumno mordiera en el rostro a la estudiante nombre reservado, dejándole una marca visible y hematoma, situación que fue corroborada por testigos, apoderados y por el propio relato del estudiante.

En mérito de la gravedad y reiteración de las conductas, el incumplimiento de compromisos previamente adquiridos y el impacto negativo en la convivencia escolar, el Comité de Buena y Sana Convivencia resolvió aplicar la medida de cancelación o no renovación de matrícula, decisión que fue notificada a la apoderada con fecha 3 de octubre de 2025, siendo posteriormente apelada y ratificada el 25 de noviembre del mismo año.

La recurrida sostiene, además, que en todas las etapas del procedimiento se respetó la bilateralidad, se entrevistó al estudiante, a las víctimas, testigos y apoderada, y se coordinó incluso con la psicóloga externa tratante, agregando que la propia madre habría reconocido deficiencias en la continuidad del tratamiento farmacológico y en el seguimiento especializado del alumno, todo lo cual se expone con detalle.

Desde el punto de vista normativo, funda la legalidad de su actuación en la Ley General de Educación, en la Resolución Exenta N° 482 de la Superintendencia de Educación, en el Reglamento Escolar Interno y Manual de Convivencia del colegio y en el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito por la apoderada, concluyendo que no existe acto ilegal ni arbitrario alguno que amerite la tutela cautelar intentada, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso.

La recurrida acompaña set de la apertura de los protocolos (3) por maltrato y acoso sexual; entrevistas, correos electrónicos, hoja de vida de alumno año 2024 y 2025, plan de apoyo individual alumno; contrato de prestación de servicios educacionales; Reglamento Interno y Manual de Convivencia; resolución de cancelación de matrícula y Plan de Resguardo y Acompañamiento en Convivencia Escolar año 2026.

Tercero: Que, requerida de informe, la Superintendencia de Educación, representada por los abogados doña Paola Pollard Santander y don Rodrigo Ríos Cánepa, dedujo en lo principal excepción de falta de legitimación pasiva y, en subsidio, informó sobre el fondo de la acción deducida.

En cuanto a la excepción opuesta, sostuvo que ninguna de las actuaciones planteadas en el recurso ha sido cometida por dicho servicio en el ejercicio de sus funciones, que el acto verdaderamente impugnado consiste en una decisión disciplinaria adoptada íntegramente por el Colegio nombre reservado, y que la Superintendencia carece de facultades legales para dejar sin efecto o modificar la medida de cancelación de matrícula dispuesta por un establecimiento educacional, atribución que el legislador reservó exclusivamente a los tribunales de justicia. En apoyo de su excepción, citó jurisprudencia uniforme de distintas Cortes de Apelaciones, en las que se ha resuelto que la acción de protección no puede prosperar respecto de la Superintendencia cuando la conducta que se dice vulneratoria de derechos no le es atribuible.

En subsidio, sobre el fondo del asunto, expuso que la Superintendencia tomó conocimiento de los hechos mediante denuncia N° NUM000 ingresada por la apoderada con fecha 4 de noviembre de 2025, cuya temática correspondía a la no renovación o cancelación de matrícula de un estudiante; que, del análisis preliminar efectuado por la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, se dejó constancia de que el establecimiento habría aplicado una suspensión cautelar el 12 de septiembre de 2025 sin acreditar la sustanciación de un procedimiento previo formalmente establecido, y que el alzamiento de dicha medida fue condicionado a la presentación de un certificado médico, exigencia prima facie no prevista en la normativa educacional vigente ni en los instrumentos regulatorios del Servicio, en particular a la luz del Anexo N° 7 de la Resolución Exenta N° 482; que, asimismo, se consignó que la notificación de la cancelación de matrícula del 3 de octubre de 2025 no habría estado precedida de la comunicación oportuna y formal del inicio del procedimiento disciplinario, de los hechos imputados ni de los mecanismos para efectuar descargos, aspectos que fueron registrados como antecedentes a verificar en sede de fiscalización. En razón de ello, mediante Memo 13DR N° NUM001, de 16 de diciembre de 2025, se derivaron los antecedentes a la Unidad Regional de Fiscalización, sin que ello importe, por sí mismo, un pronunciamiento definitivo sobre la existencia de infracciones a la normativa educacional.

En cuanto a su competencia, la recurrida precisó que, conforme a los artículos 48 y 49 de la Ley N° 20.529 y al artículo 73 del mismo cuerpo legal, el catálogo de sanciones que puede imponer el Director Regional ante infracciones acreditadas comprende desde la amonestación por escrito hasta la revocación del reconocimiento oficial, sin que en parte alguna el legislador le haya conferido la potestad de ordenar la reincorporación de un alumno o dejar sin efecto una medida disciplinaria adoptada por el establecimiento, razón por la cual cualquier actuación en ese sentido importaría una vulneración del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República; y que, en consecuencia, solicitó que el recurso sea rechazado respecto de esta recurrida, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que compareció en estos autos doña nombre reservado, en representación de su hija menor nombre reservado, alumna del Colegio nombre reservado desde el año 2018, como tercero coadyuvante respecto del presente recurso de protección, al amparo del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, por tener un interés actual, directo y legítimo comprometido en el resultado del proceso.

En fundamento de su intervención, expone que su hija fue víctima de conductas de violencia y acoso escolar por parte del estudiante recurrente, las que se remontan al año 2023, cuando comenzaron las agresiones verbales, avanzando progresivamente en frecuencia e intensidad durante los años 2024 y 2025; que, en particular, en el mes de abril de 2025 el estudiante se acercó de manera violenta a la menor y le colocó un teléfono celular frente al rostro reproduciendo un video pornográfico, obligándola a observarlo, episodio que la afectó gravemente y que la llevó a guardar silencio durante varios meses; que en el mes de junio de 2025 la menor denunció los hechos y el establecimiento activó el protocolo de convivencia escolar correspondiente; que el día 10 de septiembre de 2025, durante una clase y sin provocación previa, el estudiante se acercó a la menor y la mordió violentamente en el rostro, causándole una lesión eritematosa en mejilla izquierda con forma compatible con mordedura humana, de aproximadamente 3 centímetros entre arcadas dentarias, lo que consta en el certificado médico emitido el 11 de septiembre de 2025, que consignó tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios, y que además dio cuenta de que la menor presentó crisis de pánico y llanto fácil posterior a la agresión, manifestando temor a que el hecho volviera a ocurrir; que como consecuencia de los hechos descritos, la menor inició evaluación psicológica, constando en certificado médico de diciembre de 2025 que la estudiante presenta un cuadro ansioso depresivo asociado a la vivencia de hostigamiento escolar y a la agresión física sufrida, señalándose que percibe el colegio como un entorno de peligro; que con fecha 9 de marzo de 2026, el establecimiento informó a la compareciente que el estudiante recurrente debía ser reincorporado el día 10 de marzo de 2026 en virtud de la orden de no innovar decretada en esta causa, siendo reintegrado al mismo curso, situación que determinó que la apoderada optara por retirar a su hija del establecimiento en esa fecha. Sostiene que la decisión de esta Corte afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de su representada, en particular el derecho a la vida e integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, el derecho a la educación en condiciones de seguridad y dignidad del artículo 19 N° 10, y el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, invocando además el interés superior de la niña y los artículos 3, 19, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La compareciente estima que la reincorporación del estudiante al mismo curso constituye una forma de revictimización institucional incompatible con la protección reforzada que el ordenamiento jurídico dispensa a las víctimas menores de edad.

Quinto: Que resulta pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio; que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la decisión del Colegio nombre reservado de cancelar la matrícula del estudiante nombre reservado para el año 2026, comunicada mediante carta de fecha 3 de octubre de 2025 y ratificada el 25 de noviembre del mismo año, lo cual, en concepto de la recurrente, vulneraría las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, en cuanto a la integridad psíquica del menor, y N° 11, en cuanto a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, al tenor de los antecedentes de autos, consta lo siguiente: 1.- Que el estudiante nombre reservado, de 15 años de edad a la fecha del recurso, cursó segundo año de enseñanza media en el Colegio nombre reservado durante el año lectivo 2025, presentando desde su ingreso al establecimiento en el año 2023 diagnósticos de Trastorno por Déficit Atencional, Trastorno Oposicionista Desafiante y cuadros depresivos, respecto de los cuales el establecimiento implementó un Plan de Trabajo Individual y realizó seguimiento psicoeducativo continuo. 2.- Que durante el año 2025 el establecimiento abrió tres protocolos de convivencia escolar respecto del estudiante: el Protocolo N° 5 de Violencia entre Estudiantes, el 10 de junio de 2025, por agresión física a la estudiante nombre reservado, confirmada mediante revisión de cámaras de seguridad; el Protocolo N° 6 de Acoso Escolar, el 12 de junio de 2025, a raíz del relato de la estudiante nombre reservado, quien denunció que el alumno la tomó físicamente e intentó introducirle un papel en la boca contra su voluntad, revelándose además otros episodios de exposición de material pornográfico sin consentimiento y conductas bruscas hacia compañeras; y un tercer Protocolo de Violencia entre Estudiantes, el 11 de septiembre de 2025, tras verificarse que el estudiante mordió en el rostro a la estudiante nombre reservado, dejándole marcas visibles y un hematoma, mientras se encontraba bajo condicionalidad definitiva. 3.- Que con fecha 3 de octubre de 2025, mediante carta suscrita por el Rector nombre reservado, en representación del Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar del Colegio nombre reservado, se notificó a la apoderada nombre reservado la medida disciplinaria de cancelación o no renovación de matrícula del estudiante nombre reservado para el año académico 2026, fundada en la gravedad y reiteración de las conductas descritas, el incumplimiento de compromisos previos adquiridos desde el año 2024 y el impacto negativo en la convivencia escolar; y que la referida medida fue apelada por la recurrente, siendo ratificada por el Comité de Convivencia Escolar con fecha 25 de noviembre de 2025. 4.- Que con fecha 4 de noviembre de 2025 la apoderada presentó denuncia ante la Superintendencia de Educación, Dirección Regional Metropolitana, bajo el folio N° NUM000, cuya temática correspondía a la no renovación o cancelación de matrícula de un estudiante.

Si bien dicho servicio, en un análisis de carácter preliminar, hizo observaciones en cuanto al procedimiento y mediante Memo 13DR N° NUM001, de 16 de diciembre de 2025, derivó los antecedentes a la Unidad Regional de Fiscalización, ello no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la existencia de infracciones a la normativa educacional, según precisó expresamente el propio servicio en su informe.

En estrados el abogado de la Superintendencia señaló que con ocasión de la fiscalización se determinó efectuar un acompañamiento para evitar la ilegalidad, pero que no se cursó infracción alguna al establecimiento educacional. 5.- Que en estos autos se concedió orden de no innovar que permitió la reincorporación del alumno a contar del mes de marzo de 2026 al establecimiento educacional. 6.- Que durante la tramitación del presente recurso, compareció como tercero coadyuvante doña nombre reservado, en representación de su hija menor nombre reservado, alumna del mismo establecimiento, quien acredita ser víctima directa de las conductas que motivaron la apertura de los protocolos de convivencia escolar que dieron origen a la medida impugnada; quien presenta afectación física y emocional, según consta en los certificados médicos que acompaña, haciendo presente que la reincorporación del alumno determinó el retiro de la afectada del establecimiento por parte de su apoderada.

Octavo: Que en cuanto a la legalidad de la medida impugnada, corresponde señalar, en primer término, que las conductas que motivaron la cancelación de matrícula del estudiante nombre reservado se encuentran expresamente tipificadas como faltas gravísimas en el Reglamento Escolar Interno y Manual de Convivencia del Colegio nombre reservadoÍDICA000, específicamente en su artículo 159 y en los numerales 6, 7 y 8 del catálogo de faltas gravísimas, que sancionan, respectivamente, la agresión física directa a miembros de la comunidad escolar, el hostigamiento y acoso entre estudiantes, y los golpes a integrantes de dicha comunidad; que, a su vez, las referidas conductas se enmarcan dentro de las causales habilitantes del artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, cuyo texto fue modificado por la Ley N° 21.128, que autoriza la cancelación de matrícula respecto de aquellos estudiantes que afecten gravemente la convivencia escolar, entendiéndose comprendidas en esta categoría, por disposición expresa de la ley, las agresiones físicas que produzcan lesiones y los actos de hostigamiento y acoso a miembros de la comunidad educativa.

En este punto debe tenerse en consideración que la conducta del estudiante no fue objeto de sanción repentina, sino que el establecimiento ya había aplicado el Reglamento Escolar Interno durante el año 2024, llegando en aquella oportunidad a una decisión de no renovar la matrícula para el año académico 2025, medida que fue dejada sin efecto el 20 de diciembre de 2024 en mérito de los compromisos asumidos por el estudiante y su apoderada, lo que da cuenta de que el catálogo sancionatorio del reglamento interno fue desplegado en forma progresiva, escalonada y conforme a su propio diseño normativo, descartándose desde ya cualquier reproche de ilegalidad por ausencia de tipificación o por aplicación intempestiva de la sanción máxima.

Noveno: Que el proceso disciplinario que derivó en la cancelación de matrícula estuvo precedido por la activación de tres protocolos de convivencia escolar durante el año 2025, en cada uno de los cuales se entrevistó al estudiante, a las víctimas, a testigos y a la apoderada, se coordinó con la psicóloga externa tratante del alumno, y se adoptaron medidas de apoyo psicoeducativo previas a la resolución definitiva- La sanción fue resuelta por el Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar, notificada a la apoderada mediante carta de fecha 3 de octubre de 2025, quien firmó conforme el acta respectiva, y fue ratificada el 25 de noviembre de 2025 tras la apelación interpuesta por la propia recurrente.

Décimo: Que en lo que respecta al estándar de procedimiento racional y justo exigido por el artículo 6° letra d) del DFL N° 2/1998 y por el artículo 46 letra f) de la Ley N° 20.370, dicho estándar queda satisfecho cuando el establecimiento ha notificado formalmente el inicio de la investigación al alumno y a su apoderado, les ha informado los cargos y las posibles sanciones, les ha garantizado la instancia de descargos, ha resuelto de manera fundada y ha sometido la reconsideración a consulta del Consejo de Profesores (SCA Santiago Rol N° 7685-2020). En la especie, la Carta de Advertencia de Condicionalidad emitida el 20 de mayo de 2025 satisface la exigencia legal de representación previa de la inconveniencia de las conductas y advertencia de posibles sanciones que el artículo 6° letra d) del DFL N° 2/1998 impone como requisito previo al inicio del procedimiento de cancelación, a lo que se suma la Carta de Condicionalidad Definitiva de 19 de junio de 2025, en la que se informó expresamente a la apoderada que cualquier nueva infracción, fuera leve, grave o gravísima, determinaría la cancelación de matrícula, y en cuya virtud el apoderado y el estudiante conocieron cabalmente tanto los cargos como las consecuencias disciplinarias asociadas a la reiteración de conductas. Asimismo, en reunión de 17 de noviembre de 2025, la propia apoderada reconoció no haber dado continuidad al tratamiento farmacológico indicado por los especialistas, elemento que el contrato de prestación de servicios educacionales identifica expresamente como obligación del apoderado en su cláusula quinta y que el artículo 10 letra d) de la Ley N° 20.370 reconoce como deber de corresponsabilidad de la familia en el proceso formativo.

En consecuencia, de lo expuesto se comprueba que el procedimiento seguido por el establecimiento recurrido se ajusta, en sus aspectos esenciales, al estándar de justo y racional procedimiento que la ley y la jurisprudencia exigen.

Undécimo: Que, en cuanto a la arbitrariedad de la decisión, se debe señalar que los hechos que motivaron la cancelación de matrícula se encuentran acreditados mediante antecedentes objetivos e independientes entre sí: la agresión física a la estudiante nombre reservado fue corroborada por revisión de cámaras de seguridad; la situación de acoso denunciada por la estudiante nombre reservado fue verificada mediante entrevistas a testigos, revelándose además otros episodios de conducta abusiva hacia compañeras, incluyendo la exhibición de material pornográfico sin consentimiento; y la mordedura a la estudiante nombre reservado fue reconocida por el propio estudiante en entrevista de 28 de agosto de 2025, contando además con la declaración de testigos presenciales y el registro del hematoma causado.

Ninguno de estos hechos fue imputado por razones académicas, políticas, ideológicas ni de índole distinta de la afectación concreta a la integridad física y psíquica de compañeras del establecimiento y en especial nombre reservado, de lo que se sigue que la medida adoptada no obedece al mero capricho de la autoridad sino a una ponderación racional de hechos específicos y debidamente acreditados.

La ausencia de arbitrariedad queda, además, confirmada por el hecho de que en julio de 2025 el Comité de Convivencia acogió la apelación de la apoderada y rebajó la medida de cancelación ya resuelta a condicionalidad definitiva, otorgando al estudiante una nueva oportunidad y solo ante la reiteración de conductas de agresión física en septiembre de 2025, estando vigente dicha condicionalidad, el Comité resolvió aplicar la cancelación de matrícula, lo que evidencia que la decisión no obedeció al mero capricho sino a una evaluación ponderada y secuencial de los hechos.

Tampoco se advierte discriminación alguna que pudiera viciar la decisión, toda vez que el Reglamento Escolar Interno contempla la cancelación de matrícula como medida aplicable a todos los estudiantes del establecimiento que incurran en los supuestos de hecho tipificados, resultando improcedente calificar de arbitraria una decisión que se ajusta en su causalidad a los hechos acreditados y en su sanción al catálogo reglamentario vigente.

Duodécimo: Que, en cuanto a la autonomía educacional del establecimiento, el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República reconoce a los establecimientos educacionales la libertad para organizar y conducir su proceso formativo conforme a su Proyecto Educativo Institucional, dentro del marco de la ley y el artículo 3° de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación, consagra este mismo principio al señalar que el sistema educativo deberá respetar la diversidad de proyectos educativos institucionales, en tanto no afecten los derechos garantizados a los educandos. Sobre esa base, la decisión del Colegio nombre reservado de optar por la cancelación de matrícula ante la reiteración de conductas de violencia física por parte del estudiante, pese a haber concedido en dos oportunidades previas -en diciembre de 2024 y julio de 2025-, instancias de reconsideración favorables al alumno, constituye el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria que el ordenamiento jurídico reconoce al establecimiento, por lo que no corresponde sustituir por esta vía el juicio pedagógico y formativo de la comunidad educativa, en tanto dicha determinación ha sido adoptada dentro del catálogo de sanciones previamente establecido en el Reglamento Escolar Interno, habiéndose adoptado la determinación de manera colegiada por el Comité de Buena y Sana Convivencia Escolar, con participación de directivos, docentes y equipo psicoeducativo y comunicada a la Gerencia General de la red Cognita, conforme lo exige el artículo 174 del Reglamento Escolar Interno, lo que acredita que el ejercicio de la autonomía educacional se canalizó a través de los órganos e instancias que el propio proyecto educativo del establecimiento contempla, De esta manera, el reproche de ilegalidad o arbitrariedad no puede dirigirse al establecimiento cuando ha actuado dentro del marco de sus funciones con apego a la normativa vigente y respetando las exigencias que el reglamento interno impone.

Décimo tercero: Que en lo relativo a la proporcionalidad de la medida, si bien la cancelación de matrícula constituye la sanción de mayor entidad dentro del catálogo establecido para las faltas gravísimas en el Reglamento Escolar Interno, su aplicación en la especie aparece justificada por la gravedad objetiva de las conductas que se atribuyen y que dieron origen a la activación de tres protocolos que involucran agresión física directa y acoso, provocando incluso daño corporal a compañeras del mismo curso; la reiteración de dichas conductas a lo largo del año escolar 2025, con diecinueve anotaciones negativas acumuladas en ese período, a las que se suman las que registra el año 2024 que motivaron un primer proceso de no renovación de matrícula que fue posteriormente revertido, sumado al incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la condicionalidad definitiva impuesta en julio de 2025, que expresamente advertía que cualquier nueva infracción daría lugar a la cancelación y las dos oportunidades de reconsideración que el establecimiento ya había otorgado al estudiante -en diciembre de 2024 y julio de 2025-, sin que ello redundara en un cambio efectivo de conducta, todo lo cual permite descartar que se trata de sucesos menores o aislados.

En este punto debe tenerse en consideración que la proporcionalidad no exige necesariamente la sanción más benigna posible, sino aquella que guarda adecuada correspondencia con la gravedad de los hechos y con el historial disciplinario previo del estudiante, siendo la cancelación de matrícula la respuesta proporcionada, más aún cuando se han agotado las medidas de apoyo previas y el alumno persiste en conductas que afectan la integridad física de terceros miembros de la comunidad escolar y que incluso habrían significado el retiro del establecimiento educacional de al menos una de las alumnas afectadas.

Por todo lo expuesto, no concurre en la especie el supuesto básico que hace procedente la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cual es la existencia de un acto que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario y, por ende, tampoco pueden estimarse vulneradas las garantías constitucionales que se estiman amagadas por el recurrente, razones por las cuales el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado y de la Superintendencia de Educación.

Atendido lo anterior se deja sin efecto la orden de no innovar concedida en autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la ministra Paula Rodríguez Fondón.

No firma la ministra Paula Fondón Rodríguez, no obstante de haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrase ausente.

N° Protección-26129-2025.