Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinte de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, ciudadano de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 26 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el abandono del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y se ordenó el archivo de su solicitud, disponiéndose además su obligación de hacer abandono del país en el plazo de 15 días, actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que dicha resolución fue notificada por correo electrónico a una casilla que el recurrente no pudo revisar oportunamente por haber extraviado su teléfono celular, circunstancia ajena a su voluntad, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, protección de la familia y libre circulación, garantizados por la Constitución Política de la República.

Señala que llegó a Chile el 29 de noviembre de 2020, ingresando por el paso fronterizo Pisiga-Colchane, desde Bolivia, huyendo de la crisis política, social, económica y humanitaria que afecta a Venezuela. Desde su arribo, cumplió con los trámites legales disponibles, efectuando la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile y completando el proceso de empadronamiento biométrico ante el Servicio Nacional de Migraciones. Señala asimismo que no registra antecedentes penales ni en Venezuela ni en Chile, que trabaja como soldador en el área de metalurgia con jornada completa, y que tiene arraigo familiar relevante, toda vez que convive con su hija de 2 años de edad, nombre reservado, de nacionalidad chilena, y con sus padres, nombre reservado, residente definitivo, y nombre reservado, residente temporaria, ambos de nacionalidad venezolana y con residencia legal en Chile.

Agrega que el 9 de septiembre de 2025 fue citado para el trámite inicial de reconocimiento de la condición de refugiado, cita a la que no pudo concurrir por no haber recibido la notificación oportunamente, debido a la pérdida de su teléfono celular. Frente a ello, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta impugnada, declarando el abandono del procedimiento y ordenándole abandonar el país.

Invoca el artículo 1° de la Constitución Política de la República; los artículos 1° y 6° de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, que consagran el principio de no discriminación y el deber de protección estatal independientemente del estatus migratorio; la Ley N° 18.216, que permite considerar el arraigo como factor relevante; la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados y la Declaración de Cartagena de 1984; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; y el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la libertad de circulación. Alega que la resolución impugnada afecta su derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado arbitrariamente, al imponérsele la obligación de abandonar el país sin considerar sus circunstancias particulares; vulnera asimismo el derecho a la protección de la vida familiar, al separarlo de su hija chilena y de sus padres con residencia legal en Chile; y lesiona su derecho a la libre circulación y permanencia, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por Chile.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la nulidad de la Resolución Exenta N° NUM000; se decrete orden de no innovar respecto de lo dispuesto en dicha resolución; y se disponga la continuidad de los trámites migratorios ya iniciados, a fin de regularizar su situación migratoria en el país.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, por estimar que no concurren los presupuestos constitucionales ni legales para su procedencia, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Relata que nombre reservado ingresó clandestinamente al territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado, sin que exista registro oficial de su fecha de ingreso. Agrega que, mediante Parte Policial N° NUM001 de fecha 21 de diciembre de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile puso en conocimiento de la autoridad migratoria una denuncia grave por dicho ingreso clandestino, lo que motivó que, mediante Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 26 de febrero de 2021, dictada por la otrora Intendencia Regional de Tarapacá, se resolviera la expulsión del recurrente del territorio nacional, acto administrativo que, hasta la fecha, no ha sido impugnado por éste mediante gestión alguna.

Prosigue señalando que, con fecha 9 de septiembre de 2025, el recurrente solicitó ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, quedando dicha solicitud registrada bajo el ID N° NUM003. En la misma fecha, mediante Oficio Ordinario Folio N° NUM004, se le notificó al recurrente, al correo electrónico por él mismo registrado y debidamente validado ante la autoridad — DIRECCION000—, la cita de entrevista de elegibilidad para el día 3 de octubre de 2025. En dicha comunicación se le advirtió expresamente que, en caso de no presentarse, debería informar los motivos de su inasistencia dentro de los 30 días siguientes, y que, transcurridos 7 días adicionales sin efectuar diligencia alguna, se declararía el abandono del procedimiento con el consecuente archivo de su solicitud.

No obstante lo anterior, el recurrente no concurrió a la entrevista de elegibilidad el día fijado, ni realizó gestión alguna posterior para justificar su inasistencia ni para reactivar el procedimiento, incumpliendo las obligaciones de colaboración y cooperación establecidas en el artículo 33 de la Ley N° 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados.

Sostiene que la entrevista de elegibilidad constituye un elemento esencial e irrenunciable del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, conforme al artículo 40 del Decreto N° 837 de 2010. Añade que la paralización del procedimiento por más de 30 días por inactividad del solicitante configura la hipótesis de abandono prevista en el artículo 43 de la Ley N° 19.880, concordado con el artículo 52 del Decreto N° 837, que faculta al Servicio Nacional de Migraciones para ordenar el archivo de la solicitud mediante resolución fundada, previa notificación con apercibimiento. Concluye que, habiendo actuado en estricto apego a la normativa vigente, no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que haya privado, perturbado o amenazado el ejercicio legítimo de derecho constitucional alguno del recurrente.

En virtud de los fundamentos expuestos, la parte recurrida solicita que se rechace en todas sus partes la presente acción constitucional de protección, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, solicitando asimismo que se rechace cualquier condena en costas en su contra.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el artículo 40 del Decreto N°837, que establece el Reglamento de la Ley de Refugio dispone: “Artículo 40.- Entrevista individual.

Toda persona que formalice una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, deberá ser entrevistada de manera individual, por personal idóneo que se desempeñe en el Ministerio del Interior, en un lugar que garantice la confidencialidad de la entrevista.

Los que no fuesen solicitantes principales del reconocimiento de la condición de refugiado, que sean miembros del grupo familiar, también podrán ser entrevistados individualmente, a fin de garantizar que tengan la oportunidad de exponer su caso y formalizar una solicitud en forma independiente.

El solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado y los miembros de su grupo familiar que lo acompañen, podrán elegir entrevistadores e intérpretes de su mismo sexo. El entrevistador deberá ser especialmente capacitado a fin de identificar cualquier factor cultural; religioso; de género o de índole personal, tales como la edad y el nivel educacional, que pudieran afectar su habilidad para presentar su caso.

La entrevista será considerada como un elemento esencial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado.”

Que el artículo 52 inciso 2° del mismo reglamento dispone: “El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante por más de treinta días, que paralice el procedimiento. El Servicio Nacional de Migraciones notificará al solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley N° 19.880, indicándole que debe efectuar las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento. Transcurrido dicho plazo, sin que se verifique actuación del solicitante, la autoridad declarará el abandono del procedimiento, y dictará la resolución de archivo correspondiente. Dicha resolución se notificará al solicitante según lo preceptuado en el citado artículo 46 de la ley N° 19.880.”

QUINTO: Que, de la simple lectura del artículo 40 antes mencionado, y tal como señala en su inciso final, queda por establecido que la entrevista es un elemento esencial del procedimiento de la condición de refugiado, siendo un hecho no controvertido en estos autos que el extranjero no asistió a la citación que le fue efectuada por la autoridad.

SEXTO: Que, luego, si bien el recurrente señala que no pudo asistir atendido el hecho de que había perdido su teléfono celular, lo cierto es que el mismo, y sin perjuicio de su inasistencia, pasados más de 37 días no informó a la autoridad de los motivos de su falta, ni tampoco solicitó en dicho plazo se le citara nuevamente a una nueva entrevista, motivo por lo cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del decreto antes mencionado, era procedente para la autoridad decretar el abandono del procedimiento, atendida la inactividad del interesado de conformidad con los plazos debidamente establecidos.

SÉPTIMO: Que, en definitiva, no avizorándose un actuar ilegal o arbitrario por parte del Servicio Nacional de Migraciones, y siendo esto un requisito de la presente acción cautelar, necesariamente la misma deberá ser desestimada, tal como se dirá en definitiva, sin que sea necesario analizar las demás alegaciones formuladas por las partes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección-26127-2025.