nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

C.A. de Santiago Santiago, doce de junio de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha ocho de diciembre del año dos mil veinticinco, comparece don Jorge Alberto Ortega Gutiérrez, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, representada legalmente por su Alcaldesa doña Karina Delfino Mussa, por haber dictado el acto ilegal y arbitrario contenido en el Decreto Alcaldicio Personal N°624 de fecha 11 de noviembre de 2025, notificado el 25 del mismo mes y año, mediante el cual se declaró la salud incompatible de la recurrente y la consecuente vacancia de su cargo de planta, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2°, 3° y 24, por lo que solicita se deje sin efecto el referido decreto y se ordene su reintegro inmediato con el pago de remuneraciones devengadas.

Expone que la recurrente ingresó a la Municipalidad recurrida el 1 de octubre de 2002, detentando actualmente la propiedad de un cargo en la planta administrativa, grado 13°, del Juzgado de Policía Local de la comuna, con una trayectoria de veintitrés años de servicios calificados en lista de distinción.

Refiere que, a consecuencia de un accidente sufrido en dependencias municipales en octubre de 2023, padece de una coxartrosis derecha severa que ha requerido reposo prolongado por 793 días y una futura intervención de endoprótesis de cadera. No obstante, destaca que la Resolución Exenta N°131/25/480/24 de la COMPIN determinó expresamente que su estado de salud es recuperable, por lo que la decisión de la autoridad edilicia de declarar la vacancia por la causal del artículo 148 de la Ley N°18.883 resulta improcedente.

Fundamenta su pretensión jurídica en que, tras la modificación introducida por la Ley N°21.050, el informe de la COMPIN posee carácter vinculante en cuanto a la determinación de la recuperabilidad, lo que inhibe la facultad discrecional del Alcalde para declarar la incompatibilidad.

Arguye, asimismo, que el acto impugnado adolece de una falacia de motivación al intentar justificar la remoción en la carga laboral de otros funcionarios y en la demanda de servicio del Juzgado de Policía Local de la comuna, lo que constituye una desviación de poder al utilizar una causal de salud para resolver problemas de dotación de personal.

Sostiene que la actuación recurrida vulnera la igualdad ante la ley al imponerle un trato discriminatorio fundado en variables exógenas a su idoneidad física; infringe la garantía del debido proceso administrativo al no haber sido oída ni haber podido controvertir los informes de gestión interna que sustentan el decreto; y, finalmente, lesiona su derecho de propiedad sobre el cargo y las remuneraciones de naturaleza alimentaria que de él emanan.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Personal N°624 de 2025, disponiendo su reintegro a las labores que desempeñaba, el pago de todas las remuneraciones que debió percibir durante el tiempo de la separación y la plena vigencia de sus condiciones estatutarias, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando el informe de rigor a folio 11 de estos autos, comparece la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal y solicita el rechazo íntegro de la acción de protección intentada, con expresa condena en costas.

Funda sus alegaciones en la estricta legalidad del Decreto Alcaldicio Personal N°624, de 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se declaró la vacancia del cargo de la recurrente por la causal de salud incompatible, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 147, letra a), y 148 de la Ley N°18.883.

Señala que la actora, es funcionaria de planta desde el año 2020, y registró en los últimos dos años un exceso de licencias médicas que supera los setecientos días, situación que se mantuvo incluso con posterioridad a la dictación del acto impugnado.

Esgrime como argumentos jurídicos que la declaración de salud "recuperable" por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) no constituye un óbice para el ejercicio de la facultad alcaldicia; por el contrario, argumenta que el tenor literal del artículo 148 exige precisamente que no medie una declaración de irrecuperabilidad para configurar la incompatibilidad por razones de gestión.

Asimismo, destaca que el acto administrativo se encuentra debidamente motivado en las necesidades del servicio, específicamente en la alta demanda del Juzgado de Policía Local de la comuna, donde la ausencia prolongada de la recurrente generó un vacío funcional que debió ser suplido por otros operarios, afectando los principios de eficiencia y eficacia que rigen a la Administración del Estado.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, niega la vulneración de la igualdad ante la ley, por cuanto la medida se funda en un presupuesto fáctico objetivo y legal, y rechaza la infracción al derecho de propiedad, toda vez que el vínculo estatutario está sujeto a las causales de cese que la propia ley establece.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haberse dictado por la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal la Decreto Alcaldicio Personal N°624, de 11 de noviembre de 2025, que declaró vacante el cargo de la actora por salud incompatible, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en los numerales 2°, 3° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha actuación se ajustó o no a derecho.

Quinto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida se apoya en un hecho no controvertido, a saber, que la recurrente, en su calidad de funcionaria del Juzgado de Policía Local dependiente de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, acumuló un total de 793 (setecientos noventa y tres) días de licencia médica en el último periodo de dos años, considerados hasta el 11 de noviembre de 2025, y que, sobre el particular, fue solicitada a la COMPIN, organismo técnico competente para evaluar la irrecuperabilidad de su salud, la que resolvió que la recurrente mantenía un estado de salud recuperable.

Sexto: Que, las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarada por la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal por medio del Decreto Alcaldicio Personal N°624, de 11 de noviembre de 2025, notificada el día 25 del mismo mes y año.

Séptimo: Que es del caso señalar que, la duración de las ausencias de la servidora con motivo de las licencias médicas, esto es, 793 días en un lapso de casi dos años, ciertamente se enmarca en la situación prevista en el inciso 1° del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. En lo demás, no se han demostrado en el proceso administrativo circunstancias extraordinarias ligadas a la clase o categoría de enfermedad u otras circunstancias inusuales que permitan concluir que preservar el empleo público de la recurrente, no altera la exigencia de continuidad y eficiencia del servicio público en que radica el discurso de justificación de la potestad legalmente prevista que ha ejercido la recurrida.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Octavo: Que, como se dijo y a mayor abundamiento, se debe tener en consideración que la determinación cuestionada por esta vía no es más que expresión de la preservación del principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado, habiendo sido contratada la recurrente para prestar funciones eminentemente presenciales, de las que el servicio público se vio privado por más de dos años, lo que ciertamente pudo haber afectado severamente la aptitud del Estado para cumplir con los requerimientos de los usuarios.

Noveno: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de salud de la actora –que se relaciona con una causal de cese de labores diferente a la que motivó la resolución recurrida, esto es el tener un salud irrecuperable, la que es ajena al motivo por el que la se declaró la vacancia del cargo de la reclamante-, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

A mayor abundamiento, tampoco puede atribuirse arbitrariedad a la decisión contenida en el Decreto Alcaldicio Personal N°624 de fecha 11 de noviembre de 2025, por cuanto los fundamentos fácticos y normativos del acto han sido debidamente expresados en el acto administrativo impugnado, pudiendo desprenderse de su simple lectura los argumentos contenidos en la determinación adoptada, cumpliendo con la exigencia prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Décimo: Que, conforme con lo razonado anteriormente, esta Corte estima que el Decreto Alcaldicio Personal N°624 de fecha 11 de noviembre de 2025, que dispuso la declaración de vacancia del cargo que ostentaba la recurrente por la causal de salud incompatible no es ilegal ni arbitraria, pues emana de la autoridad competente, y sus fundamentos se ajustan al procedimiento establecido en la normativa que lo regula y a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República vinculante a los órganos de la Administración del Estado, fundamentando debidamente el por qué su estado de salud era incompatible con el cargo.

Por lo demás, la declaración de irrecuperabilidad de la salud reconoce en la ley efectos distintos a la declaración de incompatibilidad, pues se trata de situaciones diferentes, y la exigencia en orden a que previo a la declaración de esta última sea necesario contar con informe de la COMPIN que declare si la condición de salud es o no recuperable sólo tiene relevancia, precisamente, para determinar qué tipo de declaración es la que resulta procedente, pero nada obsta a que existiendo salud recuperable, la vacancia del cargo se disponga en razón de la incompatibilidad, en el evento que concurran los supuestos legales para ello, como acontece en el caso presente.

Undécimo: Que, en consecuencia, no advirtiendo esta magistratura en la actuación de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que el acto impugnado, como se dijo, ha sido dictado por autoridad competente, dentro de sus competencias, y con fundamentación suficiente, el presente arbitrio será, como se dirá, rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26122-2025.