COMERCIAL PICHARA SPA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO nombre reservado NORTE

nombre reservado, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, abogado, en representación de Comercial Pichara SpA, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Norte, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación del ORD N° 1854, de 15 de diciembre de 2017, que no da curso la solicitud de reconsideración incoada respecto de la aplicación de una multa administrativa; resolución que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se acoja el presente recurso, ordenando tomar todas las medidas que estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, y en especial ordenar a la recurrida dejar sin efecto el Ordinario N° 1854 de 15 de diciembre de 2017, y en consecuencia, conocer y resolver la reclamación administrativa presentada, por haber sido interpuesta dentro de plazo legal.

Funda su pretensión indicando que el día 21 de julio de 2017 en el curso de la fiscalización se le cursa una multa administrativa por un total de 240 UTM, bajo la resolución 8400/17/39, la que fue notificada con fecha 16 de octubre de 2017 mediante carta certificada.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, optó por presentar una reconsideración de multa, la que fue ingresada el día 15 de noviembre 2017, esto es, dentro de 30 días hábiles, desde la fecha en que se notificó la multa.

� No obstante lo anterior, el fecha 15 de diciembre de 2017, la recurrida dicta la Resolución N°1854, la que constituye un acto ilegal y arbitrario, debido a que no da curso a la solicitud de reconsideración interpuesta por considerar que la misma no cumplía con los requisitos legales, al haber sido interpuesta de forma extemporánea, esto al por no haber sido presentada dentro de 30 días corridos, contados desde la notificación de la multa.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, sostiene que se ha producido una actuación ilegal y arbitraria por parte de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Norte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880, que dice relación con el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, disposición legal que expresamente señala que estos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Que el fundamento de la resolución administrativa que motiva el presente recurso consiste en que el plazo para recurrir de reconsideración administrativa contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, sería supuestamente de 30 días corridos. Sin embargo, la disposición contenida en el artículo 512 de dicho cuerpo legal no consagra regla alguna respecto al cómputo del plazo, puesto que no se refiere expresamente si es de días hábiles o corridos.

Que el presente caso se trata de un procedimiento administrativo, por lo que debe aplicarse la ley que precisamente establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, el cual consagra la regla de que, el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, corresponde a días hábiles; y que existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, ésta debe primar por sobre las normas de carácter general contenidas en otros cuerpos legales.

En consecuencia, la reconsideración administrativa se encuentra presentada absolutamente dentro de plazo, ya que si se considera que la fecha de notificación fue el 16 de octubre de 2017, día en el que efectivamente se le entrega la misiva, y que se trata el cómputo de días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos, el plazo vencía recién el día 29 de diciembre de 2017.

Indica a su vez que la carta certificada que le fue enviada y que contenía la resolución de multa, no tiene ni un solo timbre en el que aparezca la fecha en que ésta fue depositada en Correos de Chile, lo cual dificulta adicionalmente el derecho a defensa. De hecho, aparecen 2 timbres en el sobre, uno de fecha 07 de octubre y otro de fecha 16 de octubre de 2017, determinando de esta manera el órgano administrativo de forma arbitraria la fecha de notificación y la forma del cómputo del plazo.

Sin embargo, al parecer la carta fue depositada en Correos de Chile el 02 de octubre de 2017, y el 16 de octubre de 2017 entregada a esta parte, naciendo en ese momento el plazo para reconsiderar administrativamente.

Que el artículo 508 del Código del Trabajo, que establece que las notificaciones se entienden practicadas al sexto día hábil desde la recepción de la carta en oficinas de correo respectiva (02 de octubre de 2017), se debe entender que la resolución fue notificada el 11 de octubre de 2017, venciendo en este caso el plazo recién el 24 de noviembre de 2017. Por ello, en ninguno de los casos que se tome en consideración como fecha para determinar la fecha de la notificación, ya sea 11 de octubre o 16 de octubre de 2017, puede estimarse que la presentación de la reconsideración fue interpuesta de manera extemporánea a los 30 días hábiles.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas invoca el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política.

En relación al artículo 19 N°2 “La igualdad ante la Ley” señala que la resolución recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, que atenta contra dicha garantía, ya que en contravención al artículo 25 de la Ley 18.880, de forma injustificada se ha negado a tramitar un recurso administrativo presentado oportunamente. Se ha dado con dicha negación un trato arbitrario y discriminatorio a Comercial Pichara SpA, al privársele de acceder a un recurso que la ley dispone para todas personas, aplicando en definitiva un plazo que no existe en norma alguna, y por ende dándole a la reconsideración administrativa un tratamiento especial y distinto en relación a otros actos de la administración, realizando en consecuencia una distinción ilegal.

� En cuanto al art 19 N°24 “El derecho de propiedad” indica que al negarse a tramitar la reconsideración administrativa presentada ella se encuentra obligada al pago de la multa cursada, sufriendo un evidente detrimento en su patrimonio, el cual no debería soportar, puesto que ni siquiera se han conocido los argumentos de la reconsideración de multa que debieran llevar a dejar sin efecto la multa cursada.

Por todo lo anterior, solicita se haga lugar al recurso, decretando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a la recurrente, específicamente disponiendo que se deje sin efecto el ORD N° 1854, ordenando a la Inspección conocer de la reconsideración administrativa presentada con fecha 15 de noviembre de 2017 en contra de la resolución 8400/17/39 de fecha 31 de agosto de 2017.

Segundo: Que evacuando informe la recurrida, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Primeramente alega la improcedencia del recurso, pues éste se ha interpuesto en contra de una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo. Considerando además que se trata de materias complejas, que requieren por su especial condición el aportar pruebas, en oportunidades procesales específicas, y que exigen también un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación.

En cuanto al fondo, indica que su actuación se ajusta plenamente a sus facultades, sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 511 del Código del Trabajo expresamente dispone la facultad del Servicio de reconsiderar las multas cumpliéndose los requisitos que la propia ley establece al efecto.

Que la argumentación esgrimida por la recurrente para señalar que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no corridos, aplicándosele los términos indicados en el artículo 25 de la ley N° 19.880, es un error.

Respecto del plazo establecido en la ley para solicitar reconsideración administrativa de multas, el artículo 512 del Código del Trabajo dispone que: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. Es decir, la norma transcrita no establece si el plazo de 30 días es de días corridos o de días hábiles.

Que del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, se advierte que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

Que la resolución impugnada sustenta su validez legal no solo en las consideraciones ya señaladas, sino también en lo resuelto expresamente por la Contraloría General de la Republica, en su carácter de entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, y que en uso de su facultad de dictaminar, ha emitido el dictamen Nº64.985, de fecha 20 de Noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, y lo que ha reiterado su posición al respecto emitiendo un nuevo Dictamen Nº 17.344, de fecha 10 de Marzo de 2014, que en definitiva viene en ratificar la postura mantenida hasta la fecha en cuanto al cómputo del plazo discutido.

A mayor abundamiento, es preciso indicar que el artículo 22 del Código Civil establece como regla que: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera en que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.” En aplicación de esta norma, se debe atender a la regla interpretativa contenida en el artículo 435 inciso 3º del Código del Trabajo, que estatuye que los términos de días que establece el Título I de este libro, se entenderán suspendidos durante los días feriados, por lo que a contrario sensu, la disposición del artículo 512 del mismo cuerpo legal que faculta la interposición de la reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa, por encontrarse en el siguiente título del mismo libro, queda fuera del ámbito de aplicación de la regla, y por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados, siendo por tanto un plazo de días corridos.

Expone a su vez que el propio artículo 25 de la ley N° 19.880 que pretende aplicar la reclamante señala “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles”, vale decir la propia norma excluye su aplicación a plazos establecidos en otro cuerpo legal, como es el caso del Código del Trabajo y el artículo 512 que nos ocupa.

Hace mención que ha emitido Circular 73, de fecha 08 de junio de 2010, y actualmente vigente, que refleja, al igual que sus antecesoras, lo resuelto por el órgano contralor.

En consideración a lo anterior, refiere que no es procedente aplicar supletoriamente, como sostiene la actora, el artículo 25 de la Ley N° 19.880, puesto que dicha ley contempla procedimientos administrativos de carácter genérico, es decir, aplicable cuando no exista un procedimiento especial que no es lo que ocurre en este caso, precisamente porque los artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, se refieren a los plazos para recurrir contra decisiones del ente fiscalizador y la forma en que debe hacer, es decir no existe un vacío que debe ser suplido con la Ley N° 19.880, debiendo utilizarse para determinar la naturaleza del plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil, que nos lleva derechamente a concluir que el plazo es de días corridos.

Por ello, el actuar de este Servicio se ha regido por la legalidad vigente, y en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente para dictaminar la naturaleza del plazo discutido, como es la Contraloría General de la Republica.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad alegada por la recurrente al dictarse el ORD N° 1854 refiere la recurrida que la resolución en cuestión carece de ilegalidad, pues fue dictada con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, esto es, al resolver la materia sometida a su conocimiento se actuó con estricto apego a las normas constitucionales, del Código del Trabajo y del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, así como en concordancia a lo instruido expresamente por la Contraloría General de la Republica, según ya hemos expuesto.

En consecuencia, la resolución impugnada por esta vía no es arbitraria, pues no es el fruto del mero capricho o de la sin razón del Servicio, sino que es producto de la misión que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo de manera expresa.

En lo referente a las garantías constitucionales afectadas hace presente que la recurrente señala que se ha vulnerado la garantía establecida en el Nº 2 del artículo 19º de la Constitución Política de la República, y que de manera alguna se ha vulnerado la norma señalada, pues el Servicio viene resolviendo de esta misma forma en todas las solicitudes de reconsideración que se le presentan, con lo cual es evidente que en caso alguno se vulnera la igualdad entre los administrados, ya que la resolución recurrida resuelve sobre la base un pronunciamiento de autoridad competente, que ha determinado de manera general como ha de resolverse en situaciones como la planteada.

En lo que concierne al derecho de propiedad dice que la resolución de multa dictada no amenaza en ningún aspecto el derecho de propiedad de los recurrentes y que hay que preguntarse si el cumplimiento de los mandatos legales irrenunciables son propiedad que pueda ser dispuesta a su arbitrio por las empresas y los trabajadores, sin perjuicio de cumplir o no con la ley, siendo clara la respuesta en cuanto a que ningún particular puede sustraerse al imperio del derecho, y más aún, alegar que tal mandato es un gravamen ilícito a sus derechos de propiedad, es que resulta inatendible tal pretensión.

Tercero: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes se puede establecer que el recurrente presentó reconsideración en contra de la multa impuesta por la Inspección Comuna del Trabajo nombre reservado Norte y dicho organismo lo rechazó por estimar que el plazo para solicitar tal reconsideración estaba vencido por aplicación del artículo 512 del Código del Trabajo, decisión que se funda en la existencia de dictámenes emanados de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia que invoca, los que han establecido que el término corresponde a días corridos.

Quinto Que para una adecuada resolución, cabe dilucidar si el plazo contenido en el artículo 512 del Código del Trabajo trata sobre días hábiles o corridos.

Sexto: Que ha de tenerse presente que el citado artículo regula la facultad del Director del Trabajo para dejar sin efecto o en su caso rebajar las multas impuestas por funcionarios de su dependencia, sin que intervenga el órgano jurisdiccional, salvo para conocer de la reclamación respecto de la facultad recién mencionada, es decir, se está ante una etapa netamente administrativa.

Asentado lo anterior, sólo cabe sustentar que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y, por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código Laboral, debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, disposición que establece que éstos son de días hábiles, siendo inhábiles los días antes señalados. En efecto, al existir una modalidad de cómputo de los plazos “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general contenidas en el Código Civil.

Séptimo: Que según consta en el formulario acompañado por la reclamada, el escrito de reconsideración fue interpuesto por el actor el día 15 de noviembre de 2017. De manera tal, que de acuerdo a lo razonado en el motivo anterior, aquel fue deducido dentro de plazo, por cuanto la resolución de la multa fue notificada a la recurrente con fecha 16 de octubre de 2017.

Octavo: Que, por consiguiente, la actuación de la Inspección del Trabajo, mediante el Ord. N° 1854 de 15 de diciembre de 2017 constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro del plazo legal, afectando la garantía constitucional del derecho de igualdad ante la ley reconocida en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al dársele un trato discriminatorio en la aplicación correcta de la ley, cuestión que conllevará acoger el recurso interpuesto por la recurrente en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Noveno: Que las alegaciones de improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido debe ser desestimada, por cuanto el propio constituyente ha establecido la acción cautelar de protección, sin perjuicio de los demás derechos y recursos que establece la ley.

Décimo: Que la misma suerte sigue la alegación de improcedencia por supuesta falta de requisitos constitucionales para la interposición del recurso, desde que esta Corte ha constatado un trato discriminatorio en la aplicación de la ley al caso sub-lite.

Undécimo: Que habiéndose acogido el recurso por la garantía antes señalada, se omitirá pronunciamiento respecto de la otra garantía supuestamente conculcada.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre esta materia, se acoge, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Comercial Pichara SpA, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Norte, dejándose sin efecto el Ord N° 1854 de 15 de diciembre de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N°8400/17/39.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

Rol N° 2612-2018.