Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 8 de diciembre de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, actuando en beneficio de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, representada legalmente por su jefe don nombre reservado, por la falta de respuesta a la solicitud de refugio presentada por la interesada, así como en la omisión de envío de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Tal omisión es calificada como ilegal y arbitraria, por cuanto vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene dar curso al procedimiento y se conceda la respectiva visación de residente temporario.

En cuanto a los antecedentes fácticos, se expone que la recurrente se vio forzada a abandonar Venezuela debido a la violencia generalizada y la violación masiva de derechos humanos en dicho país, ingresando a territorio nacional por paso no habilitado el 18 de abril de 2025. Con el fin de regularizar su situación, la Sra. nombre reservado concurrió el 23 de abril de 2025 a las dependencias de la recurrida para iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, instancia en la cual se le realizó la entrevista pertinente y se recepcionó la documentación requerida. No obstante, se hace hincapié en que, desde aquella fecha, la autoridad migratoria no ha vuelto a contactar a la solicitante ni le ha otorgado la visación de residente temporario que por ley le corresponde, a pesar de haber cumplido con los requisitos normativos.

Respecto de los fundamentos de derecho, la parte recurrente sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, amparado por el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 5° de la Constitución Política, que obliga al Estado a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. Se invoca asimismo la Ley N° 20.430, resaltando el principio de "no devolución" y el deber de los funcionarios de informar a la Secretaría Técnica sobre toda solicitud de refugio en el más breve plazo, conforme a los artículos 4°, 26 y 27 de dicho cuerpo legal. Argumenta que las Direcciones Regionales no tienen facultades deliberativas sobre la validez de los antecedentes, debiendo limitarse a formalizar la solicitud para que sea la comisión calificada quien pondere el cumplimiento de los requisitos.

En relación con la afectación de garantías, el recurso explica que el proceder omisivo del Servicio Nacional de Migraciones constituye una discriminación arbitraria en comparación con el trato dispensado a otros extranjeros en situaciones análogas, lo que se traduce en una perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de la igualdad ante la ley. Se sostiene que esta inactividad administrativa carece de racionalidad y proporcionalidad, contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente y los manuales de procedimiento interno de la propia institución, privando a la recurrente de la seguridad jurídica y la protección internacional que su condición demanda.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se resuelva que la autoridad administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, ordenando que se concluya el procedimiento de refugio iniciado, dándole el curso legal que corresponde, y se disponga la concesión de la visa temporaria de refugio prescrita en el artículo 32 inciso 1º de la Ley N° 20.430, mientras se aguarda la evaluación definitiva de la comisión competente.

Segundo: Que, con fecha 12 de enero de 2026, doña Natacha Aylin Arancibia Riquelme, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe solicitado, instando por el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por cuanto niega la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria atribuible a su representada que afecte las garantías constitucionales de la recurrente.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la recurrida expone que doña nombre reservado ingresó al país por un paso no habilitado, situación que consta en el Parte Policial NUM000 de 5 de mayo de 2025 de la Policía de Investigaciones de Chile por denuncia de ingreso clandestino. No obstante lo anterior, precisa que la administración ha dado curso progresivo a la solicitud de refugio presentada el 23 de abril de 2025, citando a la interesada mediante Oficio Ordinario Folio NUM001, de esa misma fecha, a una entrevista de admisibilidad, la cual se llevó a cabo el día 10 de julio de 2025.

En dicha instancia, la recurrente acompañó los documentos requeridos y se procedió a realizar la entrevista respectiva, encontrándose actualmente la solicitud en la etapa de "Análisis de Informe". Por consiguiente, la autoridad migratoria sostiene que el procedimiento se encuentra vigente y pendiente de resolución, sin que se haya dictado sanción alguna en contra de la recurrente.

Respecto de los fundamentos de derecho, el informe destaca la entrada en vigencia de la Ley N° 21.655, que modificó la Ley N° 20.430 estableciendo una etapa inicial de admisibilidad para la determinación de la condición de refugiado. Argumenta que para que un extranjero sea considerado legalmente como solicitante de refugio, su requerimiento debe ser declarado admisible y formalizado conforme a los nuevos requisitos legales y reglamentarios. En este sentido, la defensa sostiene que la mera manifestación de voluntad no implica una concesión automática del estatus, sino que el interesado debe someterse a las etapas procesales que la ley especial contempla.

Asimismo, la recurrida invoca el artículo 26 de la Ley N° 20.430, señalando que mientras la solicitud se encuentre en trámite, el extranjero debe mantenerse a disposición de la autoridad migratoria. Sostiene que esta disposición legal actúa como una protección para el recurrente, ya que garantiza su permanencia en el territorio nacional y prohíbe a la administración dictar medidas de expulsión o abandono mientras no exista una resolución fundada que resuelva el fondo de la petición. De este modo, descarta una conducta negligente u omisiva, subrayando que la recurrente se encuentra resguardada por el solo ministerio de la ley durante la sustanciación del proceso administrativo.

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Migraciones contextualiza la demora alegada informando sobre el alto volumen de trabajo, indicando que al 13 de enero de 2025 se han registrado 11.948 solicitudes a nivel nacional, de las cuales 6.199 corresponden a la Región Metropolitana. Este dato es utilizado para reafirmar que no existe un trato discriminatorio, sino una tramitación ajustada a la realidad operativa de la institución.

Finalmente, el informe concluye solicitando tener por evacuado el traslado, rechazar la acción constitucional en todas sus partes y no condenar en costas a la institución.

Acompaña, en el otrosí de su presentación, el Oficio Ordinario de citación, el formulario de primera atención y el acta de la entrevista de admisibilidad de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar la existencia de un acto u omisión que adolezca de dichas características y que tenga la aptitud de afectar los derechos fundamentales protegidos.

Cuarto: Que el acto reprochado en estos autos consiste en la demora o falta de pronunciamiento definitivo por parte del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la solicitud presentada el 23 de abril de 2025 para iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado Quinto: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es necesario ponderar la naturaleza del procedimiento administrativo en cuestión. Según se desprende de los antecedentes, la actora fue citada mediante Oficio Ordinario Folio NUM001, de esa misma fecha, a una entrevista de admisibilidad, la cual se llevó a cabo efectivamente el día 10 de julio de 2025. En dicha instancia, la recurrente acompañó los documentos requeridos y se procedió a realizar la entrevista respectiva, encontrándose actualmente la solicitud en la etapa de "Análisis de Informe”.

Sexto: Que, en cuanto a la arbitrariedad, esta supone un actuar caprichoso, carente de razonabilidad o motivado por el mero antojo de la autoridad. Del informe evacuado por el Servicio recurrido se desprende que la solicitud no ha sido ignorada, sino que se encuentra en estado de "Análisis", siguiendo el orden de prelación y sometida a la abundante carga de trabajo que es de público conocimiento afecta al organismo migratorio. No se advierte, por tanto, una discriminación arbitraria en contra de la recurrente ni existe evidencia de que se haya dado preferencia injustificada a otras solicitudes posteriores en idénticas condiciones.

Séptimo: Que, en consecuencia, no configurándose en la especie un acto u omisión que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario en los términos que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental, y tratándose de una materia técnica cuya resolución final corresponde a la autoridad administrativa dentro de sus facultades privativas -las cuales no han caducado-, la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26116-2025.