nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente;

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, médico cirujano dentista, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, por los siguientes hechos que expone.

Sostiene que, en el año 1978, titulada como cirujano dentista, ingresó a trabajar en el Servicio Nacional de Salud, área Norte, siendo designada como General de Zona en la comuna de Til Til, así, luego de una serie de traspasos a lo largo de los años, se mantuvo durante 28 años en el Servicio, en los que cotizó, de forma ininterrumpida en la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, y en el Fondo de Desahucio. Lo anterior ocurrió hasta el año 2022, cuando decidió desvincularse voluntariamente del Servicio Público, acogiéndose a la jubilación, sin que se hubiese formulado reparo alguno de la administración pública, por sus cotizaciones en todos esos años como funcionaria pública.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario, acusa que requirió el pago de su desahucio contemplado en los artículos 102 y siguientes del Estatuto Administrativo, DFL 338 de 1960, lo que le fue denegado mediante DES: N°162.677/22; contra esta Resolución, presentó recurso de reposición y reconsideración de oficio, los que igualmente fueron rechazados el 30 de octubre de 2024, por Folio E559397/2024, siendo notificada el 12 de noviembre de ese mismo año, desconociéndose el verdadero Estatuto al cual perteneció y su condición de empleada pública.

Explica que, una vez obtenida su jubilación en la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, requirió mediante el respectivo formulario su decreto de jubilación a la Contraloría General de la República, el pago de su desahucio, amparada en los artículos 140 y siguientes del Estatuto Administrativo, DFL 338, Ley 18.834, artículos transitorios 14 y 12, sin embargo, esto fue rechazado el 22 de junio de 2022 fundada en que, al reincorporarse al Servicio de Salud Norte (año 1993, luego de la Beca de Especialización de la Universidad de Chile) las normas del DFL 338 de 1960 se encontraban derogadas, manteniéndose únicamente para los funcionarios que se encontraban laborando a dicha fecha, por aplicación del artículo 13 transitorio. En contra este acto interpuso los recursos antes señalados.

Manifiesta que luego de 2 años, obtuvo respuesta a sus recursos, en el cual se manifiesta que si bien con anterioridad a su jubilación la protegida no se desvinculó a la Administración del Estado, al momento de ser trasladada a la atención primaria de la Municipalidad de Santiago, paso a regirse, en materia laboral, por el Código del Trabajo, cesando la obligación de cotizar al Fondo de Seguro Social para Empleados Públicos y al reincorporarse al Servicio de Salud Metropolitano Norte, el 1 de abril de 1993, comenzó a regirse por la Ley N°18.834, que no contempla normas sobre desahucio.

Reprocha que esta resolución es ilegal y arbitraria por cuanto desconoce su calidad de funcionaria pública, lo que es perjudicial para sus derechos, su legítima confianza, y sus derechos adquiridos como tal.

Se refiere a la retroactividad de los actos administrativos, y señala que, conforme al artículo 52 de la Ley N°19.880, se aplicaría excepcionalmente a los casos en que se produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, por lo que estima que una conclusión diferencia conculcaría los principios de igualdad ante la ley y buena fe administrativa.

Luego, analiza las garantías fundamentales que acusa como conculcadas, estas son, las contenidas en los numerales 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, indica que tampoco se ha puesto a disposición de la actora las sumas que fueron descontadas indebidamente, con reajustes e intereses, y conforme a lo expuesto en este recurso, solicita que la acción sea acogida, dejando sin efecto, anular o modificar el acto administrativo de 30 de octubre de 2024, Dictamen folio E559397/2024.

SEGUNDO: Que, la Contraloría General de la República evacúa su informe, señala que el 16 de mayo de 2022, la señora nombre reservado realizó una solicitud de desahucio que fue rechazada a través del oficio N°1.549, de 22 de junio de 2022, debido a que no le asistió el derecho a percibir dicho beneficio, puesto que se reincorporó a la Administración del Estado con posterioridad al 23 de septiembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley N°18.834, que derogó las normas sobre desahucio contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960, manteniéndose únicamente para aquellos funcionarios que, cumpliendo con los requisitos, se encontraban laborando a dicha fecha, de acuerdo con lo señalado en su artículo 13 transitorio. El 31 de julio de 2023, la recurrente solicitó la reconsideración del citado pronunciamiento, el cual fue resuelto a través del oficio N° E559.397, de 2024, reiterando lo mencionado previamente, en el sentido que no tiene derecho a obtener el desahucio de que se trata, procediendo, por tanto, la restitución de las cotizaciones enteradas erróneamente por dicho concepto.

Explica que las cantidades cotizadas indebidamente deben ser restituidas con su respectivo reajuste, porque de acuerdo con la aplicación de los principios generales de justicia y equilibrio económico de las prestaciones se infiere que la única forma real y efectiva de restituir el perjuicio económico del funcionario que erróneamente y de buena fe, cotizó en un fondo que no le correspondía, sin producir un enriquecimiento sin causa para la Administración, es a través del reintegro de una cantidad que tenga el mismo valor adquisitivo de lo que se cotizó.

Sostiene que, no obstante, a la fecha, el Servicio no ha informado las cantidades cotizadas erróneamente en el Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, pese que ello fue nuevamente requerido mediante el oficio recurrido el 30 de octubre de 2024.

A continuación, alega la extemporaneidad de la presente acción, ya que, en el año 2022, ya tenía conocimiento del rechazo del desahucio que por esta vía se reclama, es decir, hace por lo menos dos años a la época de interposición del recurso.

También reprocha que lo discutido sería ajeno a la naturaleza cautelar de la presente acción, ya que se solicita que esta Corte disponga que le corresponde percibir la indemnización por desahucio, no siendo esta un derecho preexistente o indubitado. Tampoco es una sustitución de la acción de cobro de pesos.

Indica que en este caso no existe ilegalidad ni arbitrariedad ya que se ha actuado conforme a la ley, se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas, en virtud del artículo 4° de la Ley N°14.832, así como las normas que regulan el otorgamiento del beneficio indemnizatorio de que se trata, previsto en el citado artículo 102 y siguientes, del Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960, del Ministerio de Hacienda, por lo que el acto recurrido se ha emitido de acuerdo con la habilitación que las mencionadas normas han otorgado a la Contraloría General, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia. Tampoco resulta arbitraria la actuación de este Organismo de Control, puesto que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que el oficio de este origen fue expedido a expresa solicitud de la recurrente, en base al estudio acabado de los antecedentes acompañados, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y producto de una actuación legitima de la recurrida, efectuada en el ejercicio de sus atribuciones, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho.

En cuanto al fondo de la acción deducida, aduce que, a contar del 1 de abril de 1992, se efectuó su traspaso a la Municipalidad de Independencia, en similares condiciones legales, esto es, regulada por la nueva normativa contenida en la ley N° 18.834, vínculo laboral que se extendió hasta el 31 de marzo de 1993; y, respecto del desahucio que se reclama, el 1 de abril de 1993, luego de su alejamiento de la Municipalidad de Independencia, se reincorporó nuevamente al Servicio de Salud Metropolitano Norte, designación que se materializó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 18.834 (23 de septiembre de 1989), que derogó las normas sobre desahucio contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 338, de 1960, del Ministerio de Hacienda, manteniéndose únicamente para aquellos funcionarios que, cumpliendo con los requisitos, se encontraban laborando a dicha fecha de acuerdo con lo señalado en su artículo 13 transitorio.

Sostiene que, es posible advertir que, con anterioridad a su cese de funciones en el Servicio de Salud materializado en el año 2022, la señora nombre reservado pasó a regirse en materia laboral por el Código del Trabajo, cesando desde ese momento su obligación de cotizar al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos.

Agrega que, conforme con lo previsto en los artículos 102, 103 y 107 del Decreto con Fuerza de Ley N°338, de 1960, del Ministerio de Hacienda, el desahucio es un derecho patrimonial que podrá ser ejercido una vez que el trabajador se retire del empleo que sirva, por cualquier causa, correspondiéndole una indemnización equivalente a un mes de remuneraciones sobre las cuales haya efectuado imposiciones, por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados, sin que pueda exceder de veinticuatro veces dicho valor, el cual se paga con los recursos provenientes del "Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos".

Finalmente, manifiesta que no existe aplicación retroactiva de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, y que en este caso no se han vulnerado garantías fundamentales, solicitando que se desestime la presente acción en todas sus partes.

TERCERO: Que, también evacúa su informe el Servicio de Salud Metropolitano Norte, de acuerdo con lo solicitado por esta Corte. Al respecto, indica que al momento del retiro voluntario de la protegida, esta desempeñaba funciones en el CDT perteneciente al Hospital San José y que, la jefa de la Unidad de Remuneraciones del mentado establecimiento, informó a ese Servicio de Salud que la recurrente en mención se acogió a retiro voluntario a contar del día 30 de abril del año 2022 y en su oportunidad la Contraloría General de la República, a través de oficio enviado a dicho establecimiento, indicó que a la ex funcionaria no le asistía el derecho a percibir desahucio, por lo cual instruyó detallar los montos descontados bajo este concepto, desde el periodo de junio 1993 hasta abril del año 2022, y de lo cual se hizo entrega a la funcionaria para ser presentado en el Ente Contralor y luego en la Tesorería General de la República que es quien paga.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que constituyen requisitos indispensables para la procedencia de la acción cautelar de protección; los siguientes:

a) Que se constate la existencia de un acto o se incurra en una omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, b) que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; y, c) que se deduzca dentro del plazo que contempla el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema que regula en la materia.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD SEXTO: Que la recurrida Contraloría General de la República ha alegado que el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea porque la recurrente ha tenido conocimiento de la negativa de su representada a la devolución del desahucio, con anterioridad a la resolución de la reconsideración, por tanto, fuera del plazo de treinta días del que señala el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

SEPTIMO: Que para resolver la excepción planteada cabe considerar los siguientes antecedentes de la causa:

a) Por Oficio N°1549, de 22 de junio del año 2022, la Contraloría General de la República desechó la petición de la recurrente en cuanto a la devolución del desahucio fundado en el Decreto con Fuerza de Ley 338, solicitado por esta.

b) Con fecha 30 de octubre del año 2024, la misma recurrida, desestimó el recurso de reconsideración deducido por la parte recurrente y reiteró lo ya decidido en el Oficio N° 1549 de 22 de junio del año 2022.

c) El recurso de protección fue interpuesto en esta Corte, con fecha 12 de diciembre del año 2024.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes expuestos precedentemente, la recurrente tomó conocimiento de la negativa a la devolución del desahucio al que cree tener derecho, desde la fecha en que se dictó el Oficio N°1549, esto es, el día 22 de junio del año 2022; interponiendo la acción cautelar, solo el día 12 de diciembre del año 2024, excediendo con creces, el plazo de treinta días corridos que se requiere para interponer la acción cautelar; y que al deducir el recurso de reconsideración, lo que se ha hecho es que se ha creado un plazo artificial, para con ello intentar impugnar lo resuelto por la recurrida, ahora mediante la vía proteccional, lo que resulta improcedente.

NOVENO: Que por todo lo expuesto, el recurso ha sido deducido en forma extemporánea; y por tanto, no puede prosperar y debe ser desestimado.

II.- EN CUANTO AL FONDO:

DECIMO: Que, sin perjuicio que habiéndose acogido la excepción de extemporaneidad planteado por la recurrida, ello sería suficiente para desechar desde ya el recurso; en cuanto al fondo, este tampoco podría prosperar, por cuanto en razón a la materia- devolución del desahucio fundada en el decreto con fuerza de ley N°338 del año 1960- este excede la naturaleza de la presente acción cautelar, por cuanto debe determinarse en un juicio declarativo la procedencia de dicho derecho en favor de la recurrente.

UNDECIMO: Que por todo lo expuesto el arbitrio debe desecharse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Redacción de la ministra señora Marisol Rojas Moya.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

No firma la abogada integrante señora María Fernanda Vásquez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°26.102-2024