nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinte de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, chileno, gestor de salud, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, representada por don nombre reservado, por el acto de descontar de sus remuneraciones a través de su empleador parte del monto de una deuda que mantenía con la Caja, lo que a su juicio vulnera el artículo 19 número 24° de nuestra Carta Fundamental.

Expone que suscribió un pagaré por un crédito social regido por la Ley N°18.010, el cual contemplaba una cláusula de aceleración en caso de mora, y que, a raíz del incumplimiento en los pagos, la recurrida procedió a solicitar a su empleador, Unidad Coronaria Móvil S.A., que realizara descuentos por planilla de su remuneración, sin haberle notificado previamente ni a él ni a su empleador la decisión, los fundamentos del cobro ni la fórmula de cálculo.

Señala que con fecha 2 de diciembre de 2024 tomó conocimiento, mediante la liquidación de sueldo correspondiente al mes de noviembre de ese año, de un descuento por la suma de $122.102 ordenado por la Caja de Compensación, sin previa comunicación ni entrega de antecedentes, lo que considera un acto ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional del derecho de propiedad.

Alega que ha sido privado de una parte esencial de su remuneración sin proceso legal ni procedimiento judicial previo, lo que afecta su derecho a usar, gozar y disponer de sus bienes conforme al artículo 19 N°24 de la Constitución.

Afirma que la entidad recurrida debió haber ejercido mecanismos judiciales para el cobro, como una acción ejecutiva fundada en el pagaré o una demanda de cobro de pesos, y no haber ordenado directamente el descuento por planilla.

Solicita se acoja el recurso de protección, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del descuento efectuado, se ordene el cese inmediato de la retención de sus remuneraciones y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección constitucional.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, comparece don Matías Javier Zoroquiain Vélez, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando su rechazo en todas sus partes por improcedente.

Explica que su representada ha actuado dentro del marco del sistema de recaudación integrado denominado “Intercajas”, que regula la coordinación entre Cajas de Compensación para la cobranza y distribución de cuotas correspondientes a créditos sociales otorgados por cualquiera de ellas.

Señala que, en este caso, la deuda que mantiene el recurrente corresponde a un crédito social concedido por la Caja de Compensación La Araucana, y que su representada solo ha actuado como intermediaria en el proceso de cobro, remesando los descuentos al acreedor conforme al mecanismo previsto legalmente.

Indica que esta actuación se encuentra expresamente amparada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración del trabajador por el empleador afiliado, conforme a las normas que regulan las cotizaciones previsionales.

Añade que dicha disposición se complementa con el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley N° 17.322, los cuales imponen la obligación del empleador de retener y declarar este tipo de descuentos.

Alega que, en virtud del sistema Intercajas, la Caja La Araucana informó a su representada de la morosidad del actor, lo que motivó la inclusión de la deuda en las planillas de cobro mensuales dirigidas a su empleador, Unidad Coronaria Móvil S.A., quien practicó el descuento en noviembre de 2024 por la suma de $122.102, remesada luego a la caja acreedora. Añade que también se dispuso el cobro de igual suma en el mes siguiente.

Sostiene que esta práctica ha sido validada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, citando expresamente la sentencia de fecha 21 de abril de 2020, dictada en causa Rol N° 31.756-2019, que confirmó el rechazo del recurso de protección por la Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol N° 1401-2019, reconociendo la legalidad del funcionamiento del sistema Intercajas y la facultad legal otorgada por el artículo 19 N°7 de la Ley N° 18.833 para actuar bajo convenios de mandato.

Tercero: Que, informando al tenor del recurso comparece don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando su rechazo por improcedente.

Expone que el recurso se funda en el descuento por planilla realizado en la liquidación de sueldo de noviembre de 2024, por la suma de $122.102, producto de la ejecución de un crédito suscrito por el actor.

Informa que Caja La Araucana es la acreedora del crédito N°134-000371027, solicitado el 18 de diciembre de 2019 por un monto de $2.128.457, pactado en 25 cuotas de $122.102, de las cuales actualmente se adeuda un saldo moroso de $1.959.804. Señala que, en virtud de dicha mora, se solicitó a su empleador, Unidad Coronaria Móvil S.A., que efectuara el descuento conforme a derecho.

Sostiene que el crédito social está regulado por la Ley N°18.833 y forma parte del régimen de prestaciones de seguridad social que las Cajas de Compensación administran sin fines de lucro. El crédito social se define como un beneficio de bienestar social destinado a cubrir necesidades esenciales de los afiliados, según lo dispone el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social de 2023.

Cita el artículo 22 de la Ley N°18.833, el artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, el artículo 22 de la Ley N°17.322, y el artículo 58 del Código del Trabajo, que establecen expresamente la obligación del empleador de deducir y remesar a la Caja acreedora las sumas correspondientes a los créditos sociales, sujetas a las mismas reglas de cobro y pago que las cotizaciones previsionales.

Agrega que los contratos válidamente celebrados obligan a su cumplimiento de buena fe, según los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, y que no consta declaración judicial de prescripción ni otro modo de extinguir la obligación conforme al artículo 1567 del mismo cuerpo legal. Cita el Dictamen SUSESO N°2659-2020, que ratifica que, en tanto no exista declaración judicial de prescripción, los descuentos deben seguir practicándose.

Invoca también la jurisprudencia de la Corte Suprema en causa Rol 61.103-2024, sentencia de 2 de abril de 2025, que valida expresamente el empleo del mecanismo del artículo 22 de la Ley N°18.833 para asegurar el financiamiento del fondo social mediante el cobro directo por planilla, sin que se exija plazo de caducidad para ejercerlo ni se haya invocado incumplimiento reglamentario.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia del descuento efectuado a su remuneración en diciembre de 2024, el que responde a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación y Asignación Familiar la Araucana en diciembre de 2019, y cuyas cuotas dejó de pagar. En este escenario y pese a que el recurrente no desconoce la existencia del préstamo, esgrime al efecto en sustento de su impugnación la falta de notificación previa y explicación del monto descontado, así como su fundamento legal, circunstancias que, a su juicio, tornarían en ilegal y arbitrario el descuento que se efectuó a su remuneración por este concepto.

Pese a lo afirmado por el actor, lo cierto es que, en cualquier caso, las acciones derivadas son en la actualidad exigibles siendo precisamente ellas las que justifican el descuento que se efectuó a su remuneración, dado que la prescripción de las acciones para cobrarlos no ha sido declarada judicialmente.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de la obligación que es causa del descuento, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Sexto: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro, por nombre reservado, en contra de la Cajas de Compensación y Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 26076-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra Lilian Leyton Varela, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.