nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°) Que nombre reservado, trabajador dependiente, deduce acción de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber ordenado y ejecutado descuentos compulsivos y directos en sus remuneraciones mensuales, específicamente por la suma de $244.643 bajo el concepto de “Crédito Personal Caja Los Andes”, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida ha procedido a efectuar dichos cobros de manera unilateral e intempestiva, sin mediar notificación previa y habiendo judicializado previamente la acreencia, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°24, por lo que solicita el cese de los descuentos y la restitución de los montos retenidos.

Expone que el 28 de octubre de 2016 suscribió pagaré N°170.RUT reservado en favor de la recurrida por un capital de $1.867.864, pactado en 36 cuotas, cuya mora se produjo a partir de febrero de 2017. La Caja de Compensación Los Andes inició en su contra un juicio ejecutivo el 2 de noviembre de 2017 ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-31330-2017, en el cual se dictó sentencia condenatoria, decisión que fue confirmada por esta Corte de Apelaciones, encontrándose actualmente archivada desde enero de 2019.

No obstante lo anterior, tras haber obtenido un nuevo empleo en octubre de 2025, advirtió que en su liquidación de sueldo de diciembre de 2025 se le descontó la suma referida, correspondiente a la supuesta cuota 5/36 de un crédito cuya totalidad ya había sido reclamada judicialmente años atrás.

Respecto a los fundamentos de derecho, sostiene que el proceder de la recurrida constituye un ejercicio abusivo de las facultades contenidas en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Al haber optado la Caja por la vía jurisdiccional para el cobro de la acreencia y haber operado la caducidad convencional del plazo (aceleración), carece de sustento legal para reactivar descuentos administrativos paralelos. La potestad de descuento por planilla es una facultad excepcional destinada al cobro oportuno, la cual no puede ser utilizada para revivir obligaciones tras un extenso lapso de inactividad y sin informar previamente al deudor, configurándose una modalidad de autotutela proscrita por el ordenamiento jurídico, que altera la certidumbre de sus remuneraciones.

En relación a la afectación de garantías, se estima que el acto impugnado vulnera de forma flagrante el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se priva al recurrente de una parte sustancial de sus remuneraciones líquidas, sobre las cuales tiene un dominio incorporal indiscutible, mediante un mecanismo que carece de causa jurídica lícita al ignorar el efecto de la judicialización previa y la falta de noticia sobre la reanudación de los cobros, perturbando así su patrimonio de manera arbitraria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar de inmediato todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones por concepto del crédito referido, restituir la totalidad de las sumas descontadas desde diciembre de 2025 hasta la fecha, incluyendo los descuentos que se verifiquen durante la tramitación de esta acción, y condenar expresamente en costas a la institución recurrida.

2°) Que, comparece a fojas 26 el representante de la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuando el informe de rigor solicitado por esta Ilustrísima Corte, mediante el cual solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Como fundamento de hecho, expone que la recurrente suscribió una operación de crédito social bajo el código N°17000167487, con fecha 28 de octubre de 2016, por un capital de $1.867.864, pagadero en 36 cuotas de $78.338 cada una. Indica que la deuda presenta una morosidad persistente desde la cuota número 7, correspondiente al mes de junio de 2017, hasta la cuota 36, con vencimiento en noviembre de 2019.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene la legalidad de su obrar amparándose en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el cual establece la obligación imperativa de las entidades empleadoras de deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Argumenta que la prescripción no ha sido declarada judicialmente, siendo la obligación plenamente exigible mientras no exista un pronunciamiento en sede de lato conocimiento.

Adicionalmente, afirma que el sistema de descuento por planilla es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social que no depende de la voluntad de la Caja, sino que constituye un mandato legal para el empleador.

No obstante, sin reconocer la extinción de la acreencia ni la concurrencia de una actuación arbitraria, informa que la recurrida ha dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas recibidas tras la reanudación del cobro, por lo que solicita el rechazo de la acción por haber perdido oportunidad (falta de objeto), citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

3°) Que, evacuando el traslado conferido a folio 14, la recurrente señala que, no es efectivo que han cesado los descuentos y tampoco se ha hecho la restitución de las sumas descontadas, toda vez que en el mes de enero de 2026 la recurrida realiza nuevo descuento en la remuneración por la suma de $294.614 y en el mes de febrero del presente año por la suma de $277.516.

4°) Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

5°) Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

6°) Que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N°18.833 establece: “[l]o adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, de lo que se sigue que se encuentra habilitada para perseguir el pago por las vías judiciales y/o administrativas que le provee la ley, lo que aconteció en la especie en un juicio ejecutivo que terminó sin cobro.

7°): Que, sin embargo, habrá que tener en cuenta que el acreedor, es dueño de su acreencia en termino de decidir su cobro o la renuncia al recupero conforme le reconoce el artículo 12 del Código Civil que es lo que acontece en la especie dado que ha manifestado expresamente que no proseguirá con el cobro, lo que implica una solución voluntaria en beneficio del deudor y por lo tanto no existe en la actualidad medida alguna que adoptar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-2607-2026.