nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

Al folio 18; a sus antecedentes.

Al folio 19; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que con fecha 12 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber realizado descuentos en su remuneración correspondiente al mes de noviembre de 2024, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que el cobro de dicha deuda se encuentra actualmente judicializado, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 N°24, por lo que solicita se declare ilegal el descuento y se ordene su cese inmediato, además de la restitución de las sumas ya descontadas.

Expone que el 10 de enero de 2020 suscribió en favor de la recurrida un pagaré N°036CON102800212 por la suma de $10.795.054, que incluía capital e intereses, a ser pagado en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $257.098. Debido a problemas financieros y la pérdida de su trabajo, solo pudo cumplir hasta la cuarta cuota, cayendo en mora desde la quinta en adelante.

Explica, que a raíz de este incumplimiento, la Caja de Compensación presentó una demanda ejecutiva que quedó radicada en el 10° Juzgado Civil de Santiago, causa rol C-958-2021, donde hizo uso de la cláusula de aceleración, exigiendo el total de la deuda. El recurrente fue notificado y requerido de pago el 17 de marzo de 2021, habiendo ejercido su derecho a defensa mediante la interposición de excepciones.

Destaca que dicho juicio se encuentra sin movimientos, fácticamente abandonado en su etapa probatoria, pues el ejecutante no cumplió con las cargas procesales impuestas por el tribunal en resolución del 1 de septiembre de 2022, derivando en el archivo de los autos el 16 de agosto de 2023. El 6 de diciembre de 2024, a través de su abogado, solicitó el abandono del procedimiento debido al largo transcurso del cuaderno principal sin movimientos.

Señala que, al obtener un nuevo trabajo, el 6 de diciembre de 2024 recibió el pago de su remuneración del mes de noviembre y al revisar la liquidación se percató de un descuento realizado por la Caja de Compensación ascendiente a $399.257, sin haber sido informado previamente.

Fundamenta su recurso en que, según jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, una vez que una Caja de Compensación opta por judicializar el cobro de una deuda, no puede hacer uso de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley N°18.833, ya que constituiría un doble cobro.

Sostiene que el actuar de la recurrida lo ha privado de usar, gozar y disponer de la cuota retenida mediante un acto arbitrario, unilateral, ilegal y carente de función social.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes documentos: 1) Ebook de la causa seguida ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, caratulados "Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado", rol C-958-2021; y 2) Copia de la liquidación de remuneraciones que entregó su empleador el día 6 de diciembre de 2024, donde consta el descuento realizado por la caja de compensación.

Solicita que se declare que el descuento es ilegal y arbitrario, que afecta su derecho de propiedad, se ordene a la recurrida abstenerse de seguir realizando descuentos y se le condene a la devolución de las cuotas ya descontadas, con reajustes e intereses, y al pago de las costas.

Segundo: Que, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, al evacuar el informe requerido, solicita el rechazo del recurso, señalando que con fecha 10 de enero de 2020 otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 036CON102800212, por un capital inicial de $10.795.054, a una tasa de interés mensual de 1.1%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $256.071, cuyo primer vencimiento correspondió al 29 de febrero de 2020.

Indica que las cuotas de los meses de febrero a junio de 2020, cuotas N° 1 a N° 5, fueron pagadas con fecha 10 de marzo al 10 de junio de 2020 y 09 de diciembre de 2024.

Agrega que a la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de julio 2020 a noviembre 2024, cuotas N° 6 a N° 58. Sostiene que en la especie se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas.

Explica que las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, las cuales cumplen funciones obligatorias y otras facultativas establecidas todas por la ley, siendo una de estas últimas el otorgamiento de créditos sociales. Cita el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece un mecanismo especial de pago para lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, mediante el descuento de la remuneración por la entidad empleadora.

Argumenta que el mecanismo de "descuento por planilla" posee características particulares: es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social; no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación; la obligatoriedad del descuento recae sobre el empleador, entendiéndose que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento; el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento; y es técnica y fácticamente imposible sostener que constituya una gestión de cobro.

Señala que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, citando los artículos 2492 y siguientes del Código Civil.

Agrega que la Superintendencia de Seguridad Social, en Dictamen Nº2659-2020, ha señalado que mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº24 de la Constitución, afirma que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento. Destaca que una C.C.A.F. solo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción.

Acompaña la recurrida al proceso el siguiente el expediente de crédito social otorgado al recurrente.

Solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la Caja en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, por lo pronto, acerca de la legalidad de la actuación impugnada, debe consignarse que el artículo 22 de la Ley N°18.833, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, para luego ser remesado a la Caja acreedora, la que está facultada para perseguir el cumplimiento de esa obligación.

Quinto: Que, en tales condiciones, debe descartarse la posibilidad de una actuar ilegal de parte de la respectiva Caja de Compensación, sea aquella que ejecuta el descuento como aquella que lo promueve, de modo que el asunto se circunscribe a determinar una eventual arbitrariedad en el proceder reprochado. El actor hace consistir tal imputación en la circunstancia de que indica que la Caja de Compensación, con fecha 26 de enero de 2021, interpuso una demanda de cobro de pesos, ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-958-2021, en el cual el abandono de procedimiento fue declarado, a solicitud del recurrente, el veintiséis de marzo del año en curso.

Sexto: Que, en lo inmediato, debe acentuarse que la recurrida es titular de un crédito social que debe recuperar para mantener el financiamiento del sistema y, luego, que tal acreencia no ha sido solucionada, de manera que en esas condiciones no se advierte obstáculo para que, en ejercicio de su derecho de prenda general, pueda realizar esos descuentos. Tampoco es impedimento para ello el solo hecho de haber presentado una demanda cuyo proceso, como ya se indicó, fue abandonado el presente año.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°26046-2024.

N°Protección-26046-2024.