Protección contra Colegio nombre reservado y de la Fundación nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, uno de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 35 y 36: téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que comparece nombre reservado en favor de nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado y de la Fundación nombre reservado, por haber procedido a la cancelación de la matrícula del estudiante para el año académico 2026 de forma arbitraria, así como imponerle la prohibición de participar en la gira de estudios correspondiente al año 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que dicha determinación resulta desproporcionada al fundarse en anotaciones de índole menor, prescinde por completo de la condición de alumno con necesidades educativas especiales del afectado y se comunica en una época del año en que las opciones de postulación en otros establecimientos de similares características se encuentran cerradas, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la vida y la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza, el derecho de reunión y el derecho de asociación, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se le otorgue y renueve la matrícula para el año escolar 2026.

En cuanto a los antecedentes fácticos que informan la presente acción, se expone que el afectado es un adolescente de quince años de edad que cursa el primer año de enseñanza media en la institución de educación recurrida. Sobre el particular, el libelo destaca que se trata de un estudiante plenamente integrado a su comunidad escolar, querido por sus pares y participante activo en las esferas deportiva, social y académica del plantel. Asimismo, se hace presente que el menor mantiene un rendimiento académico favorable, denotado por un promedio de calificaciones de 5,8 y la total ausencia de asignaturas reprobadas, no obstante lo cual se decretó con anterioridad la condicionalidad de su matrícula debido a un exceso de anotaciones negativas, motivo que sirvió de justificación al establecimiento para resolver la no renovación de su matrícula de cara al año académico 2026.

Sosteniendo el relato fáctico, la parte recurrente aclara que las referidas anotaciones desfavorables se circunscriben rigurosamente a conductas de relevancia menor y de índole puramente escolar, tales como comer en horario de clases, interrumpir la cátedra para bromear con sus compañeros o hacer abandono reiterado del aula, descartándose de manera categórica la incursión en actos de carácter violento o conductas que atenten contra la integridad física de las personas o la infraestructura del colegio. En este contexto, se enfatiza que la institución propuso un plan de acción específico que finalmente omitió ejecutar, contrastando con la diligente postura de la apoderada, quien asistió puntualmente a la totalidad de las citaciones, prestó toda la colaboración requerida y transparentó el abordaje terapéutico de la situación en todo momento.

Paralelamente, la actora detalla la existencia de un agravio simultáneo consistente en la prohibición impuesta al alumno para asistir a la gira de estudios del año 2025, actividad que se encuentra íntegramente pagada y financiada de forma particular para desarrollarse una vez concluido el período lectivo regular. Se denuncia que el establecimiento educacional obligó a los padres a suscribir una misiva manifestando su conformidad con la sanción, con el objeto de que la agencia de turismo procediera a remover al estudiante del viaje grupal, fundándose exclusivamente en su condición de alumno condicional.

Respecto a los fundamentos jurídicos compilados en la acción, se arguye que la resolución de no renovar la matrícula escolar deviene en un acto arbitrario e ilegal al desatender la calidad del menor como alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE), condición debidamente respaldada por su diagnóstico clínico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). De modo concomitante, se invoca el principio de proporcionalidad para sostener que la sanción aplicada resulta desmesurada en relación con la levedad de las faltas cometidas, configurándose además una doble e injustificada punición al privarlo de un viaje extraescolar privado, todo lo cual se ve agravado por la extemporaneidad de la medida, comunicada en el mes de diciembre cuando las ventanas ordinarias de postulación en otros colegios ya se encuentran cerradas.

En lo concerniente a la manera en que se materializa la afectación de las garantías constitucionales invocadas, el recurso sostiene que el actuar del colegio lesiona directamente el derecho a la vida y la integridad física y psíquica del menor al provocar un menoscabo severo en su estabilidad emocional, autoestima, seguridad personal y el indispensable sentido de pertenencia propio de su etapa formativa. De igual forma, se denuncia la infracción a la igualdad ante la ley por la aplicación de un trato discriminatorio y desproporcionado que ignora sus necesidades educativas especiales, lo que a su vez menoscaba la protección de la vida privada y la honra del estudiante y su familia a través de una descalificación institucional infundada.

Finalmente, la determinación vulnera la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza al truncar de modo abrupto la continuidad de su proceso educativo, en conjunción con los derechos de reunión y de asociación, al segregar e impedir arbitrariamente al adolescente participar de los espacios colectivos y de socialización natural junto al grupo de compañeros con el que se identifica y con quienes financió dicha actividad.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene al establecimiento recurrido otorgar y renovar la matrícula del estudiante nombre reservado para el año académico 2026, dejando sin efecto la medida de cancelación impugnada.

Segundo: Que al evacuar el informe ordenado el abogado Gian Carlo Lorenzini Rojas, en representación de la recurrida Fundación nombre reservado, solicita el rechazo íntegro y con costas de la acción de protección deducida por doña nombre reservado en favor del estudiante nombre reservado. La defensa afirma que las determinaciones adoptadas por el Colegio nombre reservado, consistentes en la no renovación de la matrícula para el año académico 2026 y la imposibilidad de participar en la gira de estudios del año 2025, no revisten carácter ilegal ni arbitrario, promoviendo inicialmente una serie de precisiones fácticas destinadas a exponer la realidad del proceso interno.

Con relación a los antecedentes de hecho, la recurrida aclara que la desvinculación del alumno no obedece a una resolución intempestiva, sino que constituye el resultado definitivo de un proceso disciplinario gradual y debidamente documentado a lo largo del período escolar 2025, bajo el amparo del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Durante dicho año, el establecimiento desplegó un seguimiento conductual continuo que incluyó una entrevista con la apoderada el 25 de abril, la notificación de precondicionalidad el 22 de julio, una entrevista con el menor el 25 de julio, y una reunión de condicionalidad formal el 8 de agosto de 2025, instancias donde se explicaron los compromisos y las consecuencias de su infracción, manteniéndose reuniones de seguimiento hasta el mes de noviembre.

En lo referente al comportamiento específico del estudiante, el informe revela un patrón sostenido de conductas contrarias a la convivencia, acumulando un total de treinta y mires de anotaciones en su hoja de vida, entre las que se contabilizan dos registros positivos, seis faltas leves, diez graves, doce muy graves y cuatro faltas gravísimas. Asimismo, el alumno fue objeto de tres medidas de suspensión de clases, dictadas la primera el 22 de mayo de 2025 por acumulación de antecedentes desfavorables, y la segunda el 14 de octubre de 2025 tras protagonizar un incidente consistente en lanzar trozos de pan a estudiantes de cursos superiores e incitar al desorden colectivo. Las transgresiones incluyeron interrupciones reiteradas de las cátedras, desobediencia manifiesta a las autoridades del plantel, faltas de respeto y la utilización fraudulenta de un dispositivo celular para copiar durante una evaluación, vulnerando de este modo los compromisos explícitos de respeto y honestidad académica suscritos formalmente en el mes de agosto.

Respecto a los puntos específicos cuestionados por la actora, la defensa precisa que la privación de asistir a la gira de estudios de ninguna manera constituye una doble sanción, sino el cumplimiento de una condición general y abstracta fijada expresamente en el reglamento interno, el cual prescribe que los alumnos bajo régimen de condicionalidad quedan inhabilitados de participar en actividades de dicha naturaleza fuera del plantel. De forma concomitante, frente al aludido diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad, se advierte que la documentación médica fue introducida tardíamente por la apoderada en la etapa de apelación, cuando el procedimiento se encontraba sustancialmente desarrollado, privando al colegio de la oportunidad de estructurar planes especiales de apoyo pedagógico oportunos, resaltando además que el propio informe de la especialista reconoce de manera explícita que tal condición de salud no exime al alumno de su responsabilidad disciplinaria.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la institución escolar argumenta la total inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que las medidas punitivas se aplicaron en estricta conformidad con el marco regulatorio del reglamento interno, el cual es plenamente conocido y fue aceptado formalmente por la familia al incorporarse a la institución. La medida extintiva del vínculo educativo responde al legítimo deber del establecimiento de asegurar un ambiente seguro y armónico para el resto de la comunidad estudiantil, sin menoscabar el derecho a la educación del afectado, a quien se le permitió finalizar, aprobar y ser promovido del año escolar 2025, conservando la libertad de continuar sus estudios en otro plantel. Para dar sustento a este razonamiento, se invoca el criterio jurisprudencial de esta misma Ilustrísima Corte plasmado en la sentencia de la causa Rol Número 17122-2023, la cual desestimó un recurso análogo al refrendar la legalidad de las facultades de comunicación y desvinculación oportuna ejercidas por la fundación escolar.

Como segunda defensa de fondo, la recurrida sostiene la inexistencia de un derecho indubitado que amerite la protección de urgencia de esta vía constitucional, argumentando que la pretensión de la recurrente exige que la judicatura se introduzca en la revisión, ponderación y reemplazo de criterios disciplinarios y pedagógicos internos de carácter opinable y debatible, lo cual excede los márgenes del recurso de protección. Unido a lo anterior, se controvierte la vulneración de las garantías fundamentales invocadas, denunciando que el libelo de protección se estructura sobre una enunciación puramente genérica de los numerales 1, 2, 4, 6, 11, 13 y 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental, omitiendo por completo explicar el nexo causal entre las decisiones disciplinarias institucionales y supuestas transgresiones a la integridad, igualdad, vida privada, honra, libertad de conciencia, libertad de enseñanza o los derechos de reunión y asociación.

Por último, el informe introduce dos excepciones esenciales consistentes en la vigencia de un procedimiento administrativo especial y en la pérdida de oportunidad del recurso. En relación con la primera de ellas, se hace constar que la apoderada interpuso de forma paralela una denuncia por los mismos hechos ante la Superintendencia de Educación, la cual se halla actualmente en tramitación y pendiente de resolución, circunstancia que obsta a la procedencia de la acción constitucional dado su carácter estrictamente subsidiario frente a vías administrativas idóneas y especializadas. En lo tocante a la segunda excepción, se argumenta que al encontrarse ya iniciado el año escolar correspondiente, la controversia ha perdido toda relevancia práctica y oportunidad de restablecimiento inmediato del derecho, lo que conduce inexorablemente a la improcedencia de la acción cautelar y a la necesidad de decretar su rechazo definitivo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que según consta en el Ordinario N° NUM000, de 25 de mayo de 2026, emitido por la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación e incorporado a estos antecedentes en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, el adolescente nombre reservado fue incorporado con fecha 1 de marzo de 2026 para cursar 2° medio A en el establecimiento educacional Colegio nombre reservado, de la comuna de Las Condes.

En estas condiciones, la pretensión vinculada a la no renovación o cancelación de matrícula para el año escolar 2026 ha perdido actualidad, desde que el propio antecedente informado por la autoridad educacional da cuenta de que el alumno se encuentra actualmente matriculado en otro establecimiento educacional, de modo que no se advierte, a esta altura, una medida cautelar útil que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en los términos pedidos por la recurrente.

Quinto: Que la misma conclusión se impone respecto del segundo hecho denunciado, esto es, la imposibilidad de participar en la gira de estudios del año 2025, toda vez que, según se expone en el recurso, aquella actividad comenzaba el día 15 de diciembre de 2025, fecha que ya ha transcurrido con creces, por lo que el objeto específico de tutela perseguido respecto de dicho evento se ha tornado enteramente inactual y, en consecuencia, no existe providencia eficaz que pueda ser dispuesta por esta vía cautelar en relación con ese punto.

Sexto: Que atendido lo razonado y teniendo especialmente en consideración la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, forzoso es concluir que la presente acción ha perdido oportunidad, conclusión que torna innecesario emitir pronunciamiento acerca del fondo de las restantes alegaciones formuladas por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en favor de nombre reservado y en contra del Colegio nombre reservado, Fundación nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N° 26.031-2025.