nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, treinta de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece el abogado Ángel Maidana Carvacho y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en realizar descuentos unilaterales en su remuneración para el cobro de un crédito social, por lo que solicita el cese de las retenciones, la restitución de los montos descontados y la condena en costas de la recurrida.

Relata que suscribió el 8 de mayo del año 2019 el pagaré número 008CON101504172, comprometiéndose a pagar la suma de $3.389.194 en 48 cuotas mensuales de $127.459 las cuales se pagaron hasta la N° 28 debido a que fue finiquitada de ese trabajo. Sin embargo, sigue el recurso, el año 2022 fue demandada por la recurrida en la causa Rol C-2360-2022 del Segundo Juzgado Civil de San Miguel, la que se archivó por falta de movimiento en 2025.

Indica que recibió su liquidación de remuneraciones de enero de 2025 en la cual le descontaron por orden de Caja Los Andes, la suma de $233.053 y menciona que la recurrida no ha solicitado el desarchivo de la causa antes mencionada, ni ha realizado acción tendiente al cobro de la deuda, no obstante, en un actuar arbitrario, informó del crédito al empleador quien en el mes de enero de 2025 comenzó a descontarle la cantidad señalada previamente.

En cuanto al derecho, alega vulnerada la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República y pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección, ordenándole a la recurrida cesar las retenciones efectuadas de las remuneraciones del actor, restituir las cuotas descontadas, con costas.

Segundo: Que evacuó informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andres, en el siguiente tenor.

Indica que el 8 de mayo de 2019, otorgó a la recurrente, la operación de crédito código N°008CON101504172, por un capital inicial de $3.389.194, a una tasa de interés mensual de 2.2%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $127.459, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de julio de 2019.

Menciona que, de dicho crédito, las mensualidades de julio de 2019 a agosto de 2022, cuotas de la N°1 a la N°38 (de 48), se pagaron entre el 19 de agosto de 2019 y el 13 de noviembre de 2025, encontrándose en mora, por las cuotas que van de septiembre de 2022 a junio de 2023, de la N°39 a la N°48 (de 48).

Sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria conforme a que los descuentos se realizaron conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, agregando que la deuda cuya acción de cobro se realizó no ha sido declara prescrita judicialmente.

No obstante, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime la recurrente en el presente recurso de protección, señala que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, menciona que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, haciendo presente que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, por lo que pide el rechazo de la presente acción de protección, por haber perdido oportunidad.

Tercero: Que atendido el tenor de lo informado por la recurrida se otorgó traslado a la recurrente, quien señaló que en enero y febrero de 2026 la recurrida descontó montos de su liquidación, a pesar de lo señalado en el informe.

Cuarto: Que la recurrida, a través de presentaciones de folios 15 y 19, señaló que mantiene paralizado todo descuento sobre el crédito social de la recurrente y que, además, dispuso la devolución de los montos descontados desde la dictación de la orden de no innovar, monto que se pagó con fecha 23 de febrero de 2025 (sic) por un monto de $1.537.916, quedando una cuota pendiente la que se encuentra disponible en caja pagadora.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Sexto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida desde el mes de enero de 2025 hasta diciembre de 2025.

Séptimo: Que de los documentos acompañados y de la revisión del sistema electrónico del Poder Judicial aparece que existe una demanda ejecutiva interpuesta contra el actor ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-2360-2022, la cual registra como último movimiento el 5 de octubre de 2022 consistente en la notificación al actor de dicha acción, constando además que la causa se encuentra archivada desde el 8 de septiembre de 2025.

Octavo: Que sobre el particular la recurrida reconoce haber realizado descuentos y que éstos se sustentarían en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 22 de la Ley N°18.883.

Sin perjuicio de lo indicado, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y expuso que dispondría la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, haciendo presente, a folio 19, que mantiene paralizado todo descuento sobre el crédito social y que dispuso el pago de los montos descontados desde la orden de no innovar decretada, el cual se encontraría a disposición de la recurrida por la suma de $1.537.916, entendiéndose desde el 23 de febrero de 2026, quedando una cuota pendiente la que se encuentra disponible en caja pagadora.

Noveno: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese y archívese.

N°Protección-26017-2025.