nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña Linda Quintero Mogollón, abogada, e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, contra de AFP Provida S.A. por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, el que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, expone que la recurrente es una profesional extranjera con residencia definitiva, quien en el marco de su contrato de trabajo pactó la exención de cotizaciones previsionales conforme al artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Refiere que el 11 de noviembre de 2025 la AFP rechazó su solicitud fundándose en la falta de apostilla de su certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -IVSS-, decisión que fue ratificada por la entidad previsional el 19 de noviembre de 2025, en respuesta al reclamo formulado ante la Superintendencia sectorial.

Argumenta que dicha exigencia es arbitraria dado que el sistema de seguridad social venezolano otorga las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidas por la ley chilena, lo cual puede ser verificado electrónicamente en el sitio web oficial del IVSS mediante el código de verificación contenido en el documento.

Sostiene que la conducta de la AFP constituye un formalismo excesivo frente a un caso fortuito o de fuerza mayor derivado de la situación diplomática actual, lo que impide obtener legalizaciones consulares.

Afirma que se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre los fondos de capitalización individual, además de infringir la igualdad ante la ley al imponer requisitos extralegales que generan una retención injustificada de su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a tramitar la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión en un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece la abogada María Herrera Brummer, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo, con costas.

Sostiene en primer lugar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, desde que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues la recurrente no cuenta con un derecho indubitado.

Acto seguido, expresa que su representada no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, ajustando su conducta a la Ley N° 18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Narra que el día 11 de noviembre de 2025 esa institución previsional negó la solicitud de devolución de fondos previsionales que la recurrente realizó al amparo de la Ley N° 18.156, debido a que la interesada no acompañó la constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, aportando únicamente una constancia de cotización electrónica sin firma, documento que resulta insuficiente según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones contenidas en el Oficio N° 5376 y las normas contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, precisa que las declaraciones juradas notariales no constituyen el medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el país de origen.

Concluye que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, limitándose a comprobar que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal -ilegalidad- o que sea producto del mero capricho -arbitrariedad-.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar -y retirar sus fondos según el artículo 7°- siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Al tratarse de una norma de excepción que autoriza el retiro anticipado de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente. Asimismo, se debe tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones -artículo 94 del D.L. N°3.500-, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

SEXTO: Que, en relación a la prueba de la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum. Para que dichos instrumentos emanados en el exterior produzcan efectos en Chile, ineludiblemente deben someterse a las reglas establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, o bien, a las disposiciones de la Convención de La Haya de 1961 sobre la Apostilla -Ley N° 20.711-, de la cual tanto Chile como Venezuela son Estados Parte.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa, y a la luz del marco normativo señalado, aparece de manifiesto que la recurrente no ha logrado acreditar debidamente los presupuestos exigidos por el legislador. En efecto, respecto a la cobertura previsional, la actora ha presentado una Constancia Electrónica emitida por el IVSS que carece de la respectiva Apostilla emanada por la autoridad competente de Venezuela. Así lo ha refrendado la Superintendencia de Pensiones -de forma específica para el caso de ciudadanos venezolanos ante el cierre consular- mediante el Oficio Ordinario N° 12.954, de 2025, al descartar explícitamente el uso de declaraciones juradas y de constancias electrónicas sin apostilla, ordenando a las Administradoras exigir la validación de la autoridad de origen.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto calificado de agraviante por parte de la Administradora recurrida no adolece de ilegalidad, desde que encuentra amparo expreso en los requisitos documentales de la Ley N° 18.156, los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y las normas obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Tampoco se vislumbra arbitrariedad, puesto que la decisión no obedece a un actuar antojadizo, desigual o caprichoso de AFP Provida S.A., sino al acatamiento estricto de la normativa aplicable de forma general para resguardar la legalidad en el retiro de fondos previsionales.

NOVENO: Que, corolario de lo anterior, al no haber dado la actora cabal cumplimiento a los requisitos legales previstos para la excepcionalidad que invoca, carece de un derecho indubitado que deba ser cautelado por esta vía de urgencia. Con todo, la negativa de la recurrida no cercena el derecho de propiedad de la recurrente -artículo 19 N° 24 de la Constitución Política-, pues los fondos permanecen a su haber en su cuenta de capitalización individual; tratándose, además, de una resolución administrativa susceptible de ser enmendada una vez que la interesada decida presentar, si así lo hiciere, una nueva solicitud acompañada de la documentación revestida con las solemnidades que exige el ordenamiento jurídico.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 26009-2025.