nombre reservado con PLAN VITAL S.A.

C.A.de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 05 de diciembre de 2025, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, según le fuera comunicado con fecha 19 de noviembre de 2025, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, propiedad y la seguridad jurídica del recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita la adopción de medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho y permitir el acceso a sus ahorros previsionales.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que su representado, quien mantiene residencia definitiva en el país y se desempeña como empleado, ha cotizado sistemáticamente en el sistema previsional chileno a pesar de haber pactado expresamente la cláusula de exención establecida en el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

En este contexto, el día 18 de octubre de 2025 solicitó la devolución de sus fondos a través del portal web de la AFP Planvital S.A., acompañando los antecedentes requeridos. No obstante, la recurrida procedió a anular el trámite argumentando que la constancia de previsión de su país de origen no se encontraba apostillada, además de alegar errores en los documentos de inicio y término de contratos de trabajo. Ante tal rechazo, el actor interpuso un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, sin obtener una solución concreta a su pretensión.

Afirma que la recurrente cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos, citando al efecto el artículo 45 del Código Civil.

Sostiene que la exigencia de apostilla constituye una traba formal desproporcionada, toda vez que la Ley N° 18.156 solo requiere acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero que cubra las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo cual se cumple mediante la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Dicho documento, según indica, posee un código de verificación alfanumérico que permite comprobar su autenticidad y vigencia de manera inmediata a través del sitio web oficial de la institución extranjera, por lo que su mérito probatorio no debería verse mermado por la falta de una formalidad administrativa de imposible obtención.

En lo concerniente a la afectación de las garantías fundamentales, la recurrente sostiene que el acto impugnado conculca, en primer término, el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al brindar un trato discriminatorio y desigual en comparación con otros cotizantes que han obtenido la devolución en situaciones análogas; asimismo, denuncia la transgresión del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por cuanto se le priva arbitrariamente del dominio sobre sus fondos previsionales, los cuales constituyen bienes incorporales de su exclusiva titularidad; y, finalmente, acusa la vulneración de la seguridad jurídica y la esencia de los derechos garantizada en el artículo 19 N° 26 del texto constitucional, al imponerse condiciones y requisitos extra-legales que impiden el libre ejercicio de sus facultades dominicales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida dejar sin efecto el rechazo de la solicitud de fecha 19 de noviembre de 2025, reconociendo como válida y suficiente la documentación acompañada por el recurrente, y procediendo, en consecuencia, a tramitar y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, a folio 5 del expediente electrónico, comparece don Víctor Manuel Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., quien evacua el informe de rigor solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Fundamenta su oposición señalando que, con fecha 2 de diciembre de 2025, el recurrente don nombre reservado presentó una solicitud de retiro de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, la cual fue denegada el 9 de diciembre de ese mismo año por adolecer de defectos en la documentación acompañada, específicamente respecto de la denominada 'Constancia Electrónica de Cotizaciones'.

Sostiene que, conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en su Oficio Ordinario N° 12.954 de fecha 15 de julio de 2025, para dar cumplimiento al requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, los trabajadores deben presentar certificaciones emitidas por la autoridad competente de su país de origen que acrediten fehacientemente los riesgos cubiertos, debiendo tales instrumentos constar debidamente apostillados o legalizados según las normas del Convenio de la Haya y el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Argumenta que las constancias electrónicas sin apostilla y las declaraciones juradas del afiliado carecen de valor probatorio suficiente para este trámite de excepción, el cual, por su naturaleza, exige una interpretación restrictiva de sus requisitos copulativos.

Asimismo, destaca que su actuar no es discrecional sino reglado, supeditándose a las normas generales obligatorias e interpretaciones técnicas de la Superintendencia de Pensiones, órgano de supervigilancia del sistema conforme al D.L. N° 3.500 y al D.F.L. N° 101.

Finalmente, aduce que el acto impugnado no reviste el carácter de terminal ni genera indefensión, toda vez que constituye una decisión subsanable que permite al interesado reingresar su solicitud cumpliendo las formalidades legales, citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 54783-2024).

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por el recurrente, la Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Artículo 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°26.008-2025.