nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera, comunicada con fecha 14 de noviembre de 2025, lo que importaría vulneración de las garantías contempladas en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales de la recurrente.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana, durante el tiempo que prestó servicios en Chile registró cotizaciones previsionales en AFP, salud y cesantía, pese a haber manifestado su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen, conforme a la Ley N°18.156.

Refiere que con fecha 13 de noviembre de 2025 ingresó ante AFP Provida solicitud de retiro de fondos previsionales como técnica extranjera, acompañando la documentación requerida, entre ella una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la que consta afiliación desde el 20 de septiembre de 2012.

Indica que mediante correo electrónico de 14 de noviembre de 2025 la recurrida rechazó la solicitud, fundándose en la falta de una constancia de afiliación vigente apostillada y en que el documento acompañado correspondería únicamente a una constancia de cotización.

Sostiene que dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que actualmente no existe representación consular venezolana en Chile y el sistema de apostilla electrónica de Venezuela no contempla la apostilla de este tipo de documentos, configurándose una imposibilidad material ajena a la voluntad de la recurrente.

Agrega que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales permite verificar electrónicamente la afiliación y cobertura previsional vigente de la recurrente, incluyendo prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por lo que se cumplirían los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

Afirma que el actuar de la recurrida vulnera su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y la igualdad ante la ley, al exigir formalidades no contempladas expresamente en la ley y efectuar una interpretación excesivamente restrictiva de la normativa aplicable.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Expone que la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros constituye una excepción al régimen general del Decreto Ley N°3.500 y que, en consecuencia, los requisitos contemplados en la Ley N°18.156 deben cumplirse de manera estricta y copulativa.

Señala que la solicitud presentada por la recurrente fue rechazada por cuanto la documentación acompañada no satisfacía las exigencias legales y administrativas vigentes, específicamente porque la denominada “Constancia electrónica de cotizaciones” no constituye un certificado de afiliación, no señala en forma específica las coberturas previsionales de la afiliada, no se encuentra firmada por autoridad competente y carece de apostilla o legalización.

Añade que la Superintendencia de Pensiones, mediante diversos oficios e instrucciones obligatorias para las Administradoras, ha establecido que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Expone asimismo que las declaraciones juradas otorgadas ante notario chileno tampoco constituyen medios idóneos para acreditar dicha circunstancia, atendido que la autoridad previsional extranjera es la única competente para certificar tales extremos.

Refiere que el actuar de la Administradora se ajustó íntegramente a la normativa vigente, al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa y judicial existente sobre la materia, citando diversos fallos de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos similares.

Finalmente, sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver una controversia relativa al cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156, desde que ello supone la existencia de un derecho discutido y no indubitado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En particular, Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-26007-2025.