Protección contra Clínica Dávila y Servicios Médicos S

Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Martín Francisco Hiriart Bertrand, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.P.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de aplicar la Ley de Urgencia al momento de su ingreso, lo que se tradujo en el cobro de gastos médicos excesivos y abusivos. Dicho actuar vulneraría sus derechos fundamentales, consagrados en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que, con fecha 19 de noviembre de 2025, la recurrida, a través de una empresa mandataria de cobranza, procedió al cobro de gastos médicos.

Señala que su representada ingresó de urgencia a la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI) de la Clínica Dávila con fecha 27 de julio de 2025 para estabilizar su enfermedad. Sostiene que el médico cirujano de ingreso no certificó la condición de urgencia de la paciente, a pesar de que esta se encontraba en una situación de riesgo vital, lo que significó que fuera atendida sin la aplicación de la Ley de Urgencia N°19.650.

Expone que su representada es una persona de 77 años de edad, con problemas físicos de movilidad y una dieta especial, que padecía fuertes dolores abdominales, ictericia y náuseas. Se le diagnosticó "ictericia no especificada" al ingreso, y al egreso "control hipertensión", "hepatitis viral no especificada sin coma hepático" (diagnóstico principal), "pólipo del colon" y "otras hemorroides especificadas". Argumenta que la omisión o negligencia de la Clínica Dávila al no certificar la condición de urgencia, pese a los diagnósticos y la necesidad de hospitalización en UTI, generó costos altísimos que su representada, dueña de casa de escasos recursos y paciente FONASA, no puede solventar.

Alega que la recurrida vulneró la Ley N°20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, especialmente sus artículos 4° (seguridad del paciente, errores en la atención) y 5° bis (atención preferente a personas mayores de 60 años). Critica que la evaluación de ingreso no fuera realizada por un médico especialista, contraviniendo la normativa y el principio de una atención de salud óptima.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que se afectó el artículo 19 N°1 (derecho a la vida e integridad física y psíquica) debido a la angustia y desesperación por el cobro, temiendo repercusiones en su salud. Asimismo, el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley) por un actuar discriminatorio al no aplicar la ley de urgencia de manera consistente con casos similares. Finalmente, el artículo 19 N°24 (derecho de propiedad) por el perjuicio económico que representa el cobro de gastos no correspondientes, afectando su patrimonio.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, declarando que la Clínica Dávila S.A. vulneró los derechos fundamentales del artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución, y que se ordene iniciar un nuevo procedimiento administrativo para aplicar la Ley de Urgencia y no perjudicar económicamente a la recurrente, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuo informe Clínica Dávila y Servicios Médicos S.P.A., por medio de su abogado Omar Matus de la Parra Sardá, pide el rechazo del recurso, con costas.

Alega que la acción de protección no es la vía procesal idónea ni la sede competente para resolver el asunto, ya que no existe un derecho indubitado, sino una controversia sobre la procedencia o improcedencia de la certificación de urgencia vital o secuela funcional grave en la atención médica brindada a la Sra. nombre reservadoel día 27 de julio de 2025, y la consecuente aplicación de la Ley de Urgencia y los cobros asociados.

Sostiene que tales hechos requieren ser probados a través de un procedimiento de lato conocimiento.

Manifiesta que la Clínica Dávila ha actuado en todo momento con estricto apego a las normas vigentes, sin incurrir en ningún actuar arbitrario ni ilegal. Detalla que la paciente fue evaluada al ingreso, encontrándose normotensa, normocárdica, afebril, con saturación de oxígeno del 97% y Glasgow 15, presentando ictericia marcada. El diagnóstico fue "ictericia en estudio", decidiéndose su hospitalización en UTI. Sin embargo, precisa que el diagnóstico final de "hepatitis aguda" no cumplía con los criterios de falla hepática aguda (que requiere encefalopatía y alteración de la coagulación), elementos copulativos no presentes en este caso.

Enfatiza que la condición de emergencia para la aplicación de la Ley N°19.650 no está sujeta al arbitrio del paciente o del médico del servicio de urgencias, sino que se encuentra objetivada y estrictamente regulada por el Decreto N°34 del Ministerio de Salud de 2021, cuyo artículo 23 especifica las condiciones clínicas generales. Conforme a dicho decreto, la condición clínica de la paciente no configuraba ninguna de las hipótesis señaladas, por lo que la atención se brindó bajo la modalidad de libre elección. Por tanto, la decisión de no certificar la condición de urgencia fue correcta y ajustada a la ley y su reglamento, y no puede considerarse ilegal ni arbitraria.

Argumenta que si lo discutido es el diagnóstico, esa es materia de otra sede, y que toda la atención médica se ajustó a la *lex artis* de la especialidad. Además, la obligación de pago de la cuenta corresponde a la paciente por las prestaciones recibidas, y un reclamo a FONASA no afecta la relación contractual con el prestador de salud. No existe normativa que obligue a la clínica a conceder prórrogas o no exigir el pago mientras se resuelve un reclamo con la aseguradora. Ello desnaturalizaría el sistema de cobros.

Solicita, en consecuencia, el rechazo del recurso de protección por no existir vulneración a garantías constitucionales ni un actuar ilegal o arbitrario por parte de la Clínica Dávila.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir las autoridades o los particulares. Así, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y que, además, este sea indubitado en su existencia. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura.

Cuarto: Que, el acto que la recurrente tacha de ilegal o arbitrario, corresponde a la omisión de la Clínica Dávila y Servicios Médicos S.P.A. en aplicar la denominada Ley de Urgencia a las atenciones recibidas por la Sra. nombre reservado y los cobros subsiguientes. En esencia, el debate entre las partes estriba en determinar si la situación de salud de la recurrente, al momento de su ingreso al centro asistencial, ameritaba la certificación necesaria para recibir los beneficios de la Ley de Urgencia N°19.650, en particular, conforme a los criterios objetivos establecidos en el artículo 23 del Decreto N°34 del Ministerio de Salud.

Quinto: Que, una pretensión de esa índole se traduce en último término en que esta Corte deba adjudicar un derecho cuya existencia es controvertida, para cuyo fin sería necesario elucidar una controversia caracterizada por presentar aspectos de hecho de entidad tal que exigen ser debatidos y demostrados en el procedimiento que corresponda, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes y con la posibilidad de rendir la prueba que sea necesaria.

La acción de protección, como se ha dicho reiteradamente, es una de emergencia y no constituye un juicio propiamente dicho, razón por la cual solo procede ante graves atentados a los derechos a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental y respecto de los cuales no se ha puesto en duda su existencia.

Sexto: Que, en consecuencia, al considerar que la recurrente sostiene que las atenciones otorgadas debieron ser certificadas bajo la Ley de Urgencia, mientras que la recurrida controvierte dicha calificación, argumentando la no concurrencia de los requisitos objetivos establecidos en el Decreto N°34 del Ministerio de Salud para tal certificación, se constata que en el caso de autos no existen derechos indubitados. Esta circunstancia impone el rechazo del presente arbitrio, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de Clínica Dávila y Servicios Médicos SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-25999-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón, conformada por la Ministra señora Lidia Poza Matus y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.