nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 18 de noviembre de 2025 la recurrida rechazó la solicitud de retiro de fondos previsionales presentada por el recurrente, argumentando que no se acreditó que hubiese estado cubierto durante toda su permanencia en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que otorgara prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, además de señalar que la documentación acompañada debía encontrarse apostillada o legalizada. Refiere que acompañó contrato de trabajo, anexo de contrato individual, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada de afiliación a dicho organismo y título profesional debidamente apostillado, antecedentes que, a su juicio, satisfacen íntegramente las exigencias previstas en la Ley N° 18.156, denunciando que la recurrida ha incorporado requisitos adicionales no contemplados en la normativa aplicable.

Agrega que la declaración de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue otorgada ante la embajada venezolana mientras ésta se encontraba operativa y posteriormente legalizada en Chile, siendo plenamente válida, pudiendo además verificarse electrónicamente la vigencia de las cotizaciones y afiliación mediante el código de validación contenido en la constancia emitida por dicho organismo. Sostiene que la recurrida incurre en un trato arbitrario al aceptar documentos similares respecto de otros solicitantes y rechazar, en cambio, la solicitud del actor, afectando su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados. Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho respecto de su solicitud de devolución de fondos previsionales.

Segundo: Que, Valentina Lagos Sánchez, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, sosteniendo, en primer término, la improcedencia de la presente acción cautelar, por cuanto no existiría un acto ilegal o arbitrario manifiesto, sino una controversia relativa al cumplimiento e interpretación de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, materia cuyo conocimiento corresponde a la Superintendencia de Pensiones conforme al artículo 3 del D.F.L. N° 101 de 1980. Añade que no existe un derecho indubitado que justifique la procedencia de esta acción constitucional.

Expone que la Ley N° 18.156 contempla un régimen excepcional, de manera que la devolución de fondos previsionales únicamente procede cuando el trabajador extranjero acredita íntegramente los requisitos copulativos establecidos en su artículo 1°, precisando que la interpretación administrativa de dichas exigencias corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Pensiones. Señala que la solicitud del recurrente fue rechazada por no acreditarse que hubiese estado cubierto durante toda su permanencia laboral en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que otorgara prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, particularmente respecto de cobertura integral de salud, agregando que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no contiene certificación expresa sobre dichas prestaciones.

Asimismo, refiere que la documentación acompañada no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada, exigencia que estima indispensable para conferir validez probatoria en Chile a instrumentos emitidos en el extranjero, citando al efecto jurisprudencia y diversos oficios de la Superintendencia de Pensiones. Agrega que el rechazo de la solicitud constituye una aplicación estricta de la normativa especial vigente y no una actuación arbitraria o ilegal, descartando además que circunstancias de fuerza mayor permitan eximir el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al beneficio previsto en la Ley N° 18.156. Solicita, en definitiva, el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, conforme aparece de los antecedentes acompañados, la recurrida, mediante comunicación de fecha 18 de noviembre de 2025, informó al actor el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N° 18.156, señalando, en síntesis, que no se acreditó “que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero”, precisando además que la cobertura debía comprender prestaciones frente a contingencias de “vejez, enfermedad, invalidez y muerte”, y que, tratándose de enfermedad, debía incluir “prestaciones médicas y pecuniarias”. Asimismo, se indicó que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales “no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias”, agregando además que dicho documento daba cuenta de una situación de “asegurado cesante con fecha de egreso 05 de octubre de 2013”, de manera que “no queda claro que usted haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada”. Finalmente, se requirió acompañar la documentación “debidamente apostillada o legalizada”.

Sexto: Que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite, bajo determinadas condiciones copulativas, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales respecto de trabajadores técnicos extranjeros, contemplando en su artículo 1°, letra a), la exigencia de acreditar afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sobre el particular, del mérito de los antecedentes aparece que la recurrida fundó su decisión en criterios emanados de la autoridad administrativa competente en materia previsional, particularmente de la Superintendencia de Pensiones, órgano encargado de interpretar administrativamente la normativa aplicable al sistema de pensiones, conforme a las facultades conferidas por el artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980 y demás disposiciones pertinentes. En efecto, en el informe evacuado se citan diversos oficios de dicha autoridad administrativa que exigen que la cobertura previsional extranjera sea acreditada mediante certificación expresa que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad, durante toda la permanencia laboral del solicitante en Chile.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no es posible estimar que la actuación de la recurrida haya importado una decisión caprichosa o carente de fundamento, desde que ésta aparece sustentada en la aplicación de la normativa especial vigente y en instrucciones impartidas por el órgano fiscalizador competente.

En particular, el rechazo de la solicitud se fundó en que la documentación acompañada no acreditaba de manera expresa que el recurrente hubiese contado durante toda su permanencia en Chile con cobertura integral de salud que comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que, en consecuencia, no advirtiéndose en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar, el presente recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°25.990-2025.