nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que, recurre de protección, la abogada señora Danitza Golborne González, en representación de don nombre reservado, en contra de Caja Compensación De Asignación Familiar De Los Andes por el acto arbitrario e ilegal, de efectuar descuentos de su remuneración lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos de su recurso, señala que en mayo del año 2012 el recurrente suscribió un mutuo de dinero con la recurrida pactado en 70 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Señala que los primeros meses cumplió con el pago íntegro de las cuotas, sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, ese mismo año fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos.

Expresa, que en forma posterior no tuvo trabajo estable, comenzando recién a trabajar bajo subordinación en el mes de julio de 2022 y a percibir remuneración y cotizaciones. De esa forma transcurrieron más de 10 años desde que se dejó de pagar el crédito, y más de 4 años desde el vencimiento de la última cuota. En consecuencia, no existiría título ejecutivo que no fuese susceptible de ser declarado prescrito al día de hoy. Sin embargo, su actual empleador con fecha 28 de febrero de 2023 le descontó la suma de $8.587, $28.530 y $135.338, los cuales dan la suma total de $172.455.

Indica que dicha situación deja a su representado en un estado de total indefensión, pues atendido el tiempo transcurrido, se le despoja de importante parte de su remuneración en forma totalmente arbitraria. En consecuencia, se pretende descontar de forma ilegal y arbitraria de la remuneración de su representado, una deuda claramente prescrita que asciende a $172.455 sin siquiera saber con certeza o claridad por cuántos meses más ocurrirá.

Señala que el acto es arbitrario e ilegal, toda vez que si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas, para efectuar descuentos por planilla, lo cierto es que han transcurrido más de cinco años desde que el crédito se dejó de pagar, por lo tanto su cobro resulta abusivo, toda vez que han transcurrido mas de 4 años de su ultimo vencimiento. Agrega que la recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección.

En razón de lo expuesto, solicita que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles, condenando en costas a la parte recurrida.

SEGUNDO: Que informa don Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, indicando en primer lugar, que se otorgó el crédito social N° RUT reservado, con fecha 8 de mayo de 2013, por la suma de $102.497 a una tasa de 2.07%, pagadero en un plazo de 24 meses, con una cuota de $5.684 cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio de 2013. Señala que las dos primeras cuotas se pagaron regularmente en el plazo establecido, las N°3 y N°4, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2013 se pagaron con fecha 10 septiembre de 2022 y la cuota N°5, correspondiente al mes de octubre de 2013 más un interés penal de $3.680.- se pagó con fecha 10 de marzo de 2023. Las cuotas restantes se encuentran en mora.

Agrega que con fecha 02 de mayo de 2012, su representado otorgó al señor nombre reservado un crédito 440194386-8 por la suma de $2.950.930.- a una tasa de 2.39%, pagadero en un plazo de 70 meses, con una cuota de $85.516.- cuyo primer vencimiento fue el 30 de junio de 2012. En cuanto a este crédito, las cuotas N°1 a N°14 se pagaron entre los meses de junio de 2012 a julio de 2013, sin embargo la cuota N°15 correspondiente al mes agosto de 2013, más un interés penal de $58.002 se pagó con fecha 10 de marzo de 2023. Las cuotas restantes se encuentran en mora.

Señala que la Caja se encuentra facultada para efectuar el cobro de un crédito cuyo cobro no ha sido declarado prescrito, conforme lo dispuesto por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser declarada judicialmente. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega que procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, razón por la cual niega la actuación arbitraria e ilegal.

Sin embargo, pese a lo informado sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde febrero 2023, respecto de los créditos RUT reservado, 440194386-8.

TERCERO: Que, como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados a la presente acción, consta que el 2 de mayo de 2012, se otorgó al señor nombre reservado, el crédito código 440194386-8, por la suma de $2.631.228 a una tasa de 2.39%, pagadero en un plazo de 70 meses. Que si bien el recurrido menciona la existencia de otro crédito N°RUT reservado, por la suma de $102.497.- a una tasa de 2.07%, pagadero en un plazo de 24 meses, no consta en el proceso antecedente que respalde aquella situación. Asimismo, el recurrente reconoce que por razones personales y laborales, dio cumplimiento parcial a las obligaciones.

QUINTO: Que, - aun considerando lo expuesto por la recurrida, en torno a la existencia de dos créditos - ha sido reconocido por la recurrida, que no inició acciones legales para solicitar el cobro compulsivo de los créditos otorgados en los años 2012 y 2013.

SEXTO: Que sobre el asunto planteado, tal como ha reconocido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (rol 2895-2018) el actuar de la recurrida resulta arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 Caja Los Andes intenta revivir una facultad que le permite cobrar en forma oportuna los créditos sociales, pero años después de la mora, sin que se realizara en dicho lapso alguna gestión eficaz tendiente al cobro de la deuda. En estas circunstancias el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones amparado por el Constituyente en el artículo 19 N° 24 de la Carta Política, de manera que corresponde adoptar las medidas conducentes a restaurar el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Andes debiendo abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al recurrente vía descuentos de sus remuneraciones y restituir aquellos montos descontados este año.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 2599-2023 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la ministra (S) señora Zúñiga, por ausencia.